Ma. de los Ángeles Salcedo Amezcua
Expediente 1220/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1220/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 13/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ma. de los Ángeles Salcedo Amezcua y Otros.
- Juan Manuel Gámez Farias
- Juan José Segura Guerra
- Ma. de los Ángeles Salcedo Amezcua
- Letica Diaz González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de marzo de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, de la que se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido del fallo, hubiese interpuesto recurso de revisión contra dicha resolución con engrose catorce de febrero de dos mil veintitrés, en la que se NEGÓ el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos ******************** y otros.********************DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. SE ORDENA ARCHIVO. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede de la que se advierte que en este juicio no existe actuación pendiente por desahogar; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. RELEVANCIA DOCUMENTAL. En otro aspecto, acorde a lo dispuesto por los artículos 12 y 18 fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente asunto es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo, ya que se trata de un juicio en el que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. INCIDENTE No se hace pronunciamiento en relación al incidente de suspensión en razón de que no se solicitó la medida cautelar. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Glósense al principal las actuaciones que obran en el cuadernillo relativo y háganse las anotaciones en el libro de gobierno para los fines estadísticos correspondientes. Finalmente, como de autos se desprende que no se notificó la sentencia a la parte tercero interesada y, dado que el sentido de fallo emitido en este juicio, únicamente afecta a la parte quejosa, con el oficio que se le gire a la tercero con interés para notificarse esta determinación, remítasele copia autorizada de la sentencia, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
V I S T O S para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo número 1220/2022-IV, promovido por Juan José Segura Guerra, José Antonio Cervantes Ceja, Leticia Díaz González, Juan Manuel Gamez Farías, José Sa********************, contra actos que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el tres de noviembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Morelia, Michoacán, turnado a este juzgado al día siguiente, Juan José Segura Guerra, José Antonio Cervantes Ceja, Leticia Díaz González, Juan Manuel GAmez Farías, José Sa********************, acudieron a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclaman del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en los términos siguientes: "ACTO RECLAMADO.- El acuerdo dictado por la autoridad responsable el día 26 de septiembre del año 2022, dentro de los autos que integran el juicio ordinario laboral número 747/2015, en el cual determina de manera dolosa y por demás ilegal no ha lugar a despachar ejecución". En ese ocurso, la quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, se formó el expediente y se registró bajo el número 1220/2022, el cual se admitió el siete de noviembre de dos mil veintidós; solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se fijó día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se desahogó en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán es legalmente competente por territorio, materia y grado para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y el diverso 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Toda vez que se impugna un acto emitido por una autoridad laboral materialmente jurisdiccional, cuyos efectos se concretan dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano federal, con competencia mixta, tiene jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: El proveído emitido el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, por el Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, dentro del juicio número 747/2015, en el que se determinó que por el momento no procedía despachar auto de ejecución hasta en tanto se aperture y resuelva el incidente de liquidación ordenado en el laudo. TERCERO. Certeza de la omisión reclamada. Del contenido del informe justificado rendido por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, al rendir su informe justificado admitió parcialmente la omisión reclamada. Lo que se corrobora con las constancias que la responsable exhibió en apoyo a su informe con justificación, consistentes en copias fotostáticas certificadas del juicio de origen. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Antecedentes. Previo a realizar el estudio de fondo, se estima necesario realizar una breve reseña de lo acontecido en el juicio de origen. 1. En uno de marzo de dos mil veintiuno, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, dictó laudo en el que condenó a la demandada a la reinstalación en el empleo de los actores; así como al pago total por la cantidad de $3,214,532.92 (tres millones doscientos catorce mil quinientos treinta y dos pesos noventa y dos centavos), y se ordenó la apertura del incidente de liquidación a efecto de cuantificar en forma clara los incrementos salariales generados y/o que se pudieron haber generado en el cargo que venía desempeñando los actores desde la fecha en que se encontraron separados de su empleo hasta la fecha en que sean reinstalados el mismo. Incidencia en la cual deberán comparecer para aportar los elementos que creyeran pertinentes a efecto de probar los elementos para poder cuantificar los incrementos salariales, así como lo reclamado por el artículo 81 de las Condiciones Generales del Trabajo, por lo que de no hacerlo a partir de la notificación de ese laudo, perderán su derecho a deducir la cantidad correspondiente. 2. Por auto de veintiuno de abril de dos mil veintidós, a petición de la parte actora, la autoridad responsable despachó auto de ejecución. 3. El veintitrés de agosto de dos mil veintidós, la parte quejosa presentó escrito donde solicitó: a) Se fijara fecha nueva para la diligencia de reinstalación de los actores; b) Despachara auto de ejecución, requerimiento de pago y embargo por la suma actualizada de salarios caídos y prestaciones, hasta la fecha de la reinstalación; y, c) Devolvieran los documentos originales de los actores. 4. El veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, el Tribunal responsable emitió dos acuerdos, donde determinó: [.] Dígasele a la licenciada .., en cuanto apoderada jurídica de la parte actora, que por el momento no ha lugar a despachar auto de ejecución, hasta en tanto se aperture y sea resuelto el incidente de liquidación, que fue ordenado en el resolutivo quinto del laudo en cumplimiento de ejecutoria de fecha 1º primero de marzo del 2021 dos mil veintiuno, a fin de estar en posibilidades de poder determinar si hubo incrementos salariales y una vez hecho lo anterior, se acordará lo procedente. [.]" Y en diverso auto de esa misma data, señaló las once horas del dos de diciembre de dos mil veintidós, para la diligencia de reinstalación". QUINTO. Conceptos de violación. Este juzgado considera innecesario transcribir los conceptos de violación, debido a que, para colmar los requisitos de congruencia y exhaustividad, exigidos por la Ley de Amparo, basta con realizar el examen de los argumentos vertidos en la demanda de garantías, atendiendo tales exigencias. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia que se transcribe en seguida: Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SEXTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación formulados por el quejoso son infundados, por las razones que a continuación se exponen: En el único concepto de violación, el peticionario del amparo alega que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje vulnera sus derechos fundamentales, porque con su actuar sólo busca proteger los intereses de la demandada, dado que los quejosos en ningún momento solicitaron la apertura del incidente de liquidación; aunado a que la responsable en el laudo determinó el salario base para fijar la condena a que resultó condenado el Ayuntamiento Constitucional de Jiquilpan de Juárez Michoacán, esto es, salarios caídos y prestaciones que no fueron motivo de incidente de liquidación, por lo que la responsable contaba con elementos suficientes para cuantificar el monto adecuado a los quejosos, lo que fue así, porque condenó a la demandada a pagar a los quejosos la cantidad de $3,214,532.92 (tres millones doscientos catorce mil quinientos treinta y dos mil pesos 92/100 moneda nacional). Que de igual forma, en auto de veintiuno de abril de dos mil veintidós, se actualizó la liquidación, incluyendo los salarios caídos que el Ayuntamiento demandado les adeuda, por lo que consideran resulta procedente la ejecución, requerimiento de pago y embargo, incluyendo salarios caídos y demás prestaciones; lo anterior porque no existe interés de los quejosos en solicitar la apertura del incidente de liquidación para la actualización de los aumentos salariales. En esos términos, aducen que con su actuar la responsable "pisotea" sus derechos de justicia efectiva consagrado en el artículo 17 Constitucional, al no ordenar la ejecución y dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán, coludiéndose así con la demandada por omisión. El anterior concepto de violación resulta como se había anunciado, infundado. Ello, en primer lugar, porque contrario a lo señalado, de la narrativa de antecedentes se puede advertir que la responsable ha instado el cumplimiento del laudo, puesto que a instancia de la parte actora ha realizado diversas actuaciones a efecto de llevar a cabo su ejecución, tal es el caso de señalar fecha para la reinstalación, puesto que el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós también fijó día y hora para la reinstalación de los quejosos. Ahora, si bien es cierto que en el laudo se condenó a la demandada a pagar a los quejosos la cantidad de $3,214,532.92 (tres millones doscientos catorce mil quinientos treinta y dos mil pesos 92/100 moneda nacional), y en auto de veintiuno de abril de dos mil veintidós se determinó una actualización de los salarios caídos, lo cierto es que en dicho auto no se contempla la actualización del incremento salarial. Por lo tanto, acorde a lo determinado por el Tribunal, por razones de seguridad jurídica, es necesario cuantificar los incrementos salariales en el incidente que se aperture para tal efecto, dado que en el laudo firme se condenó al patrón a pagar el monto ya anotado en párrafos anteriores, por diversas prestaciones y salarios caídos; así como incrementos salariales. Aunado a lo anterior, cabe destacar que en la solicitud realizada por escrito de veintitrés de agosto de dos mil veintidós ante el Tribunal responsable, la parte quejosa solicitó expresamente la ejecución del laudo a que resultó condenado el patrón, actualizándose la liquidación incluyendo salarios caídos y todas las prestaciones, sin hacer exclusión o puntualizar que las cantidades cuya ejecución solicitaba eran las precisadas o cuantificadas en el laudo o en el acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintidós. Antes bien, precisó que eran las sumas actualizadas por los citados conceptos. En esos términos, se estima justificable que el Tribunal responsable haya determinado que no procedía la ejecución del laudo, en razón de que para la procedencia del mismo, resulta necesaria la tramitación de incidente de liquidación a efecto de actualizar los incrementos salariales, incluso la prestación económica del día de reyes, día del niño y del empleado municipal, de lo cual se hizo mención en el punto II.4.9 del laudo. Lo anterior sí se toma en consideración que el Tribunal responsable se encuentra constreñido a cumplir con el principio de seguridad jurídica en la ejecución del laudo, puesto que la tramitación de la incidencia también implica garantizar la igualdad procesal del trabajador frente al patrón en el juicio; además, como se previó en el laudo firme (resolutivo quinto) la obligación de aportar probanzas no sólo corresponde al patrón, sino a cualquier autoridad o persona ajena al juicio laboral que tenga en su poder documentos relacionados con los hechos controvertidos que puedan contribuir a esclarecerlos, entre ellos los incrementos salariales. Por lo tanto, ningún perjuicio le repara la determinación adoptada por el Tribunal, y por el contrario, en dicha incidencia estará en aptitud de comparecer a aportar los elementos que crea pertinentes a efecto de probar que existieron incrementos al salario al puesto que venían desempeñando, así como los diversos para determinar las prestaciones económicas del día de reyes, día del niño y del empleado municipal, de lo cual se hizo mención en el punto II.4.9 del laudo. Ahora, si bien señalan que en ningún momento instaron la tramitación del incidente, lo cierto es que dentro de las constancias remitidas no obra determinación en el sentido de que los quejosos hayan expresado ante la responsable su conformidad con los montos establecidos en el laudo, sin la respectiva cuantificación por los incrementos salariales o las relativas a la cuantificación de las diversas por concepto de prestación económica del día de reyes, día del niño y del empleado municipal. Más aún que en el laudo se determinó con categoría de cosa juzgada que debía realizarse la apertura del incidente referido, precisamente para aportar pruebas para cuantificar en forma clara los incrementos salariales generados desde su separación hasta la reinstalación. En consecuencia, ante lo infundado del concepto de violación, lo procedente es negar el amparo solicitado por Juan José Segura Guerra, José Antonio Cervantes Ceja, Leticia Díaz González, Juan Manuel Gamez Farías, José Sa********************, respecto de la omisión reclamada. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 37, 73, 74, 107, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Juan José Segura Guerra, José Antonio Cervantes Ceja, Leticia Díaz González, Juan Manuel Gamez Farías, José Sa********************, en contra del acto reclamado y por la autoridad señalada como responsable en el último considerando de esta sentencia, por los motivos expuestos en el mismo. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy catorce de febrero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.
- Principal
POR MEDIO DE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA LO SIGUIENTE; V I S T O S para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo número 1220/2022-IV, promovido por Juan José Segura Guerra, José Antonio Cervantes Ceja, Leticia Díaz González, Juan Manuel Gamez Farías, José Sa********************, contra actos que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el tres de noviembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Morelia, Michoacán, turnado a este juzgado al día siguiente, Juan José Segura Guerra, José Antonio Cervantes Ceja, Leticia Díaz González, Juan Manuel GAmez Farías, José Sa********************, acudieron a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclaman del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en los términos siguientes: 124 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Juan José Segura Guerra, José Antonio Cervantes Ceja, Leticia Díaz González, Juan Manuel Gamez Farías, José Sa********************, en contra del acto reclamado y por la autoridad señalada como responsable en el último considerando de esta sentencia, por los motivos expuestos en el mismo. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy catorce de febrero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.
- Principal
Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo 1220/2022 promovido por Ma. de los Ángeles Salcedo Amezcua, Juan José Segura Guerra, José Antonio Cervantes Ceja, Leticia Díaz González, Juan Manuel Gámez Farías, José Salvador Cortés Pompa, Manuel Alcázar Bautista, Ma. de los Ángeles Salcedo Amezcua y José Antonio Olloqui Valdovinos contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo le resultó el carácter de tercero interesado al Ayuntamiento de Jiquilpan, Michoacán, quien fue debidamente emplazado al presente juicio, mediante oficio, como se corrobora de las constancias que obran en autos. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que obran en autos las documentales que la autoridad señalada como responsable adjuntó como sustento de su informe justificado y al diverso oficio de nueve de diciembre de dos mil veintidós, mismas que se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Al no existir más pruebas alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que únicamente los formuló la parte quejosa mediante escrito presentado el veintidós de diciembre de dos mil veintidós. EL JUEZ: Con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por reproducidos dichos alegatos; en consecuencia, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. MARBELLA JUÁREZ GARCÍAsvm Con fundamento en el artículo 26 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, el que suscribe Secretaria Marbella Juárez García CERTIFICA Y HACE CONSTAR que la presente audiencia quedó integrada, en la hora y fecha señaladas; empero, tales datos no coincidan con aquellos en que se firma electrónicamente dicha acta y la resolución correspondiente; virtud del proceso interno para la confección y firma electrónica de las actuaciones, así como la carga de trabajo de este juzgado constitucional; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Enseguida se pasan los autos a la Actuaria de la adscripción. Conste.
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