Ma. de los Ángeles Rodríguez Cárdenas

Expediente 1163/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1163/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
09/12/2016

Partes del expediente

  • Ma. de los Ángeles Rodríguez Cárdenas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    En nueve de diciembre de dos mil dieciséis, el licenciado Juan García Trejo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98, de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de esa propia legislación, transcurrió del uno al siete de diciembre del presente año, sin que se haya interpuesto recurso alguno en contra del auto dictado por este Juzgado el veintitrés de noviembre del año en curso, dentro del juicio de amparo 1163/2016-3; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; Que no existen constancias que devolver a la autoridad responsable. Que no aperturó incidente de suspensión por separado, por lo que no se exhibió billete de depósito o alguna otra garantía respecto de la cual se tenga que proveer sobre su destino. CONSTE. En la misma fecha el Secretario licenciado Juan García Trejo, doy cuenta a la Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a nueve de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término de cinco días señalado por el artículo 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de esa propia legislación, en contra del auto dictado por este Juzgado el veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por MA. DE LOS ÁNGELES RODRÍGUEZ CÁRDENAS; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. En atención a lo anterior, en razón de que el auto de que se trata no requiere ejecución material, con apoyo en el numeral 214, de la Ley de Amparo en vigor, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente en que se actúa, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que se desechó la demanda de amparo con que se formó el mismo; además de que este Juzgado considera que no reviste valor jurídico ó histórico, ni es de relevancia documental que amerite su conservación. Una vez que transcurran los tres años que establece el Primer Párrafo del Punto Décimo Primero del Acuerdo en cita, remítase el presente expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretario que autoriza licenciado Juan García Trejo.- DOY FE.

  2. Principal

    En veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada Luz Adriana Puga Magaña, doy cuenta a la Juez con un escrito con registro 19493 y anexos que se adjuntan.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el escrito signado por la quejosa Ma. de los Ángeles Rodríguez Cárdenas, mediante el cual da cumplimiento a las prevenciones formuladas en proveído de ocho del presente mes y año; en atención a lo anterior, se provee: Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113. El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." En el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, toda vez que esta resolutora considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. La fracción XXIII del artículo 61 citado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley". La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis o de la Carta Magna. Por tanto, las causas de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas; por el contrario, tienen carácter enunciativo, al poder derivar la improcedencia del juicio de cualquier otra disposición normativa de la Ley de Amparo que así lo establezca. Por su parte, la fracción IV del artículo 107 de la ley de la materia establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". El precepto transcrito establece la procedencia del juicio de amparo contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido. Así, en general, el juicio procede contra los actos realizados fuera de juicio o después de concluido. No obstante, existen reglas particulares respecto de dos actos específicos: (a) actos en ejecución de sentencia; y (b) actos de remate. (a) En tratándose de actos de ejecución de sentencia, el amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la quejosa. (b) En tratándose de remates, sólo procede el amparo contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, caso en el cual también se podrán hacer valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la quejosa. De lo antes transcrito se advierte que el juicio de amparo es procedente contra actos, entre otros, de los tribunales judiciales, fuera de juicio o después de concluido éste, y que tratándose del primer supuesto, solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento, o que ordena el archivo definitivo de expediente. Sin embargo, existen casos de excepción, en los que no debe esperarse a promover el juicio de amparo hasta que se emita la última resolución dictada en la fase de cumplimiento de sentencia, como son aquellos actos que gozan de autonomía por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural (por ejemplo, cuando se trate de incidentes de liquidación para cuantificar la condena), ya que por esa razón estos actos no forman parte de la etapa de ejecución. Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterio en el sentido de que incluso en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto es procedente excepcionalmente cuando se promueva contra actos que afecten de manera directa derechos sustantivos, siempre y cuando éstos sean ajenos a la cosa juzgada en el juicio de origen; es decir, que no sean consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; teniendo como condición que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto de manera definitiva, pues al adquirir la condena la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. El criterio invocado se encuentra contenido en la tesis de jurisprudencia P./J. 108/2011, visible página 5, tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." El criterio anterior resulta aplicable de conformidad con el artículo 6° transitorio de la Ley de Amparo vigente, dado que interpretan disposiciones que guardan identidad con las actuales. Sobre la base de lo expuesto, debe concluirse que las determinaciones tendentes a conseguir la ejecución de un juicio no constituyen actos autónomos a la etapa de ejecución del procedimiento, puesto que dichos actos inciden en la materia de cumplimiento de ejecutoria, al ser consecuencia directa e inmediata de la condena objeto de la sentencia en ejecución. Por tanto, el juicio de amparo resulta improcedente contra la orden de desocupación y entrega del bien inmueble que señala la quejosa en su escrito de demanda en ejecución de un juicio, pues se trata de un acto procesal tendente a dar cumplimiento de la condena decretada, y en ese caso el juicio de derechos únicamente procede contra la última resolución que dicte en dicho procedimiento; siempre y cuando no se afecten derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. En la presente instancia constitucional, en concreto, la parte quejosa reclama la orden de desocupación y entrega de la finca urbana ubicada en calle Ramón López Velarde número 12, colonia Bellavista de la comunidad denominada San Marcos del municipio de Loreto, Zacatecas, derivada del juicio civil ordinario 156/2014 del índice del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, en cuya sentencia se condenó a la aquí quejosa a la desocupación de dicho inmueble resolución que fue confirmada por la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, dentro del Toca A.C. 436/2016, así como su ejecución. Del análisis integral de la demanda se advierte que la diligencia reclamada tiene como origen el cumplimiento de la ejecución de sentencia emitida dentro del juicio ordinario civil 156/2014 promovido por J. Félix Delgado Amador, en contra de la aquí quejosa. De manera que se trata de un acto llevado a cabo con posterioridad al juicio, respecto del cual la quejosa es parte formal y material (al ser parte demandada en dicho procedimiento). Así, al integrarse el acto reclamado por una diligencia de requerimiento de desocupación y entrega de un bien inmueble, es evidente que la finalidad de tal actuación es dar cumplimiento a una sentencia. Por tanto, el acto reclamado forma parte del procedimiento natural tendente a la ejecución de la condena realizada contra la parte demandada. De tal suerte que el acto reclamado forma parte de un procedimiento de ejecución de sentencia, por lo que, como se expuso, el juicio de amparo únicamente procede contra la resolución definitiva de dicho trámite (supuesto en el que se pueden alegar todas las violaciones que hubieran acontecido durante la substanciación del mismo). Apoya lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 28/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio". Por tanto, al combatirse la orden de desocupación y entrega del inmueble de que se trata realizada en ejecución del juicio natural, la presente instancia constitucional resulta improcedente, porque no se trata de la resolución definitiva del procedimiento de ejecución involucrado. Lo anterior, tomando en cuenta que en el caso no se encuentran involucrados derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, debido a que la inconformidad base de la demanda de amparo se centra en la orden de desocupación y entrega realizada, que tiene como finalidad la ejecución de la sentencia dictada en el juicio natural (cosa juzgada), respecto del cual fue parte material la quejosa; lo que revela la relación directa del acto reclamado con lo determinado en dicha resolución. Sin perjuicio de que en el momento en que se emita dicha resolución se puedan hacer valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. En conclusión, al no tratarse de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, el presente juicio de amparo resulta notoriamente improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA DE PLANO la demanda de derechos promovida por Ma. de los Ángeles Rodríguez Cárdenas, en términos del artículo 113 de dicha legislación. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Luz Adriana Puga Magaña, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO POR ÉSTE ÓRGANO JURISDICCIONAL EN FECHA VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: "En veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada Luz Adriana Puga Magaña, doy cuenta a la Juez con un escrito con registro 19493 y anexos que se adjuntan.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el escrito signado por la quejosa Ma. de los Ángeles Rodríguez Cárdenas, mediante el cual da cumplimiento a las prevenciones formuladas en proveído de ocho del presente mes y año; en atención a lo anterior, se provee: Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113. El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." En el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, toda vez que esta resolutora considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. La fracción XXIII del artículo 61 citado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley". La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis o de la Carta Magna. Por tanto, las causas de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas; por el contrario, tienen carácter enunciativo, al poder derivar la improcedencia del juicio de cualquier otra disposición normativa de la Ley de Amparo que así lo establezca. Por su parte, la fracción IV del artículo 107 de la ley de la materia establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". El precepto transcrito establece la procedencia del juicio de amparo contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido. Así, en general, el juicio procede contra los actos realizados fuera de juicio o después de concluido. No obstante, existen reglas particulares respecto de dos actos específicos: (a) actos en ejecución de sentencia; y (b) actos de remate. (a) En tratándose de actos de ejecución de sentencia, el amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la quejosa. (b) En tratándose de remates, sólo procede el amparo contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, caso en el cual también se podrán hacer valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la quejosa. De lo antes transcrito se advierte que el juicio de amparo es procedente contra actos, entre otros, de los tribunales judiciales, fuera de juicio o después de concluido éste, y que tratándose del primer supuesto, solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento, o que ordena el archivo definitivo de expediente. Sin embargo, existen casos de excepción, en los que no debe esperarse a promover el juicio de amparo hasta que se emita la última resolución dictada en la fase de cumplimiento de sentencia, como son aquellos actos que gozan de autonomía por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural (por ejemplo, cuando se trate de incidentes de liquidación para cuantificar la condena), ya que por esa razón estos actos no forman parte de la etapa de ejecución. Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterio en el sentido de que incluso en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto es procedente excepcionalmente cuando se promueva contra actos que afecten de manera directa derechos sustantivos, siempre y cuando éstos sean ajenos a la cosa juzgada en el juicio de origen; es decir, que no sean consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; teniendo como condición que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto de manera definitiva, pues al adquirir la condena la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. El criterio invocado se encuentra contenido en la tesis de jurisprudencia P./J. 108/2011, visible página 5, tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." El criterio anterior resulta aplicable de conformidad con el artículo 6° transitorio de la Ley de Amparo vigente, dado que interpretan disposiciones que guardan identidad con las actuales. Sobre la base de lo expuesto, debe concluirse que las determinaciones tendentes a conseguir la ejecución de un juicio no constituyen actos autónomos a la etapa de ejecución del procedimiento, puesto que dichos actos inciden en la materia de cumplimiento de ejecutoria, al ser consecuencia directa e inmediata de la condena objeto de la sentencia en ejecución. Por tanto, el juicio de amparo resulta improcedente contra la orden de desocupación y entrega del bien inmueble que señala la quejosa en su escrito de demanda en ejecución de un juicio, pues se trata de un acto procesal tendente a dar cumplimiento de la condena decretada, y en ese caso el juicio de derechos únicamente procede contra la última resolución que dicte en dicho procedimiento; siempre y cuando no se afecten derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. En la presente instancia constitucional, en concreto, la parte quejosa reclama la orden de desocupación y entrega de la finca urbana ubicada en calle Ramón López Velarde número 12, colonia Bellavista de la comunidad denominada San Marcos del municipio de Loreto, Zacatecas, derivada del juicio civil ordinario 156/2014 del índice del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, en cuya sentencia se condenó a la aquí quejosa a la desocupación de dicho inmueble resolución que fue confirmada por la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, dentro del Toca A.C. 436/2016, así como su ejecución. Del análisis integral de la demanda se advierte que la diligencia reclamada tiene como origen el cumplimiento de la ejecución de sentencia emitida dentro del juicio ordinario civil 156/2014 promovido por J. Félix Delgado Amador, en contra de la aquí quejosa. De manera que se trata de un acto llevado a cabo con posterioridad al juicio, respecto del cual la quejosa es parte formal y material (al ser parte demandada en dicho procedimiento). Así, al integrarse el acto reclamado por una diligencia de requerimiento de desocupación y entrega de un bien inmueble, es evidente que la finalidad de tal actuación es dar cumplimiento a una sentencia. Por tanto, el acto reclamado forma parte del procedimiento natural tendente a la ejecución de la condena realizada contra la parte demandada. De tal suerte que el acto reclamado forma parte de un procedimiento de ejecución de sentencia, por lo que, como se expuso, el juicio de amparo únicamente procede contra la resolución definitiva de dicho trámite (supuesto en el que se pueden alegar todas las violaciones que hubieran acontecido durante la substanciación del mismo). Apoya lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 28/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio". Por tanto, al combatirse la orden de desocupación y entrega del inmueble de que se trata realizada en ejecución del juicio natural, la presente instancia constitucional resulta improcedente, porque no se trata de la resolución definitiva del procedimiento de ejecución involucrado. Lo anterior, tomando en cuenta que en el caso no se encuentran involucrados derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, debido a que la inconformidad base de la demanda de amparo se centra en la orden de desocupación y entrega realizada, que tiene como finalidad la ejecución de la sentencia dictada en el juicio natural (cosa juzgada), respecto del cual fue parte material la quejosa; lo que revela la relación directa del acto reclamado con lo determinado en dicha resolución. Sin perjuicio de que en el momento en que se emita dicha resolución se puedan hacer valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. En conclusión, al no tratarse de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, el presente juicio de amparo resulta notoriamente improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA DE PLANO la demanda de derechos promovida por Ma. de los Ángeles Rodríguez Cárdenas, en términos del artículo 113 de dicha legislación. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Luz Adriana Puga Magaña, Secretaria que autoriza y da fe."

  4. Principal

    En ocho de noviembre de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, doy cuenta a la Juez con la demanda de amparo registrada con el número 18397, con anexo y copias que se adjuntan.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. Vista la demanda de amparo promovida por MA. DE LOS ÁNGELES RODRÍGUEZ CÁRDENAS, contra el acto que reclama de la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad; que estima violatorios en perjuicio de las garantías que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales. Fórmese y regístrese el expediente en el libro de gobierno bajo el número 1163/2016-3; y en atención a su contenido, se acuerda: El artículo 114, fracción IV, 108, fracción V de la Ley de Amparo a la letra dicen: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: [ . ] IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado. Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; ". Con apoyo en los preceptos legales invocados, se determina requerir a la promovente para que dentro del término de CINCO días contados a partir de la legal notificación de este proveído, además de exhibir original y cuatro copias del escrito aclaratorio para correr traslado a las demás partes, aclare su demanda de amparo en cuanto a los aspectos que enseguida se precisan. En principio, es de indicarse que del contenido de la demanda de amparo se advierte que la quejosa señala como actos reclamados: "IV. ACTO RECLAMADO: Reclamo de la Autoridad Ordenadora lo siguiente: La orden de entrega de la finca urbana ubicada en Calle Ramón López Velarde No. 12 de la Col bella vista de la comunidad denominada san marcos perteneciente al municipio de Loreto, Zac derivada del Juicio Civil Ordinario número 156/2014 decretado por la c. Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Loreto, Zac., así como por la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del H. Tribunal Superior de Justicia del Edo. Dentro del Toca A.C. 436/2016. De la Autoridad ejecutora La ejecución de la orden emitida por la autoridad ordenadora mediante la cual fue clausurado y soldadas las puertas de acceso a mi vivienda." En tales condiciones, se requiere a la garante para que cumpla con lo siguiente: Manifieste a qué autoridad le atribuye el carácter de ejecutora, ya que en su escrito de demanda únicamente señala autoridades ordenadoras; sin embargo en el apartado relativo al acto reclamado indica que de la autoridad ejecutora reclama la ejecución de la orden emitida por la ordenadora; lo cual resulta necesario para fijar la litis y estar en condiciones de solicitar el informe justificado a las autoridades responsables. Bajo protesta de decir verdad, precise la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado ya que en el apartado V, de su demanda manifiesta que tuvo conocimiento del acto reclamado el treinta de octubre de dos mil trece, y del capítulo relativo al acto reclamado se advierte que los mismos derivan del juicio civil ordinario 156/2014, lo cual resulta confuso. Indique en qué sentido se resolvió el juicio civil ordinario 156/2014, del índice del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, así como el toca A.C. 436/2016, radicado en la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad. Precise cuál es la sentencia que reclama en esta instancia constitucional, ya que en el segundo de los antecedentes manifiesta que interpone el amparo en relación a la sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, y en la última parte del segundo de los conceptos de violación indica que la misma fue dictada el diez de junio del presente año; ambas dictadas dentro del juicio civil ordinario 156/2004; o bien, si reclama ambas sentencias, y a qué autoridad se las atribuye. Manifieste si también señala como acto reclamado la falta de emplazamiento al juicio ordinario civil 156/2014, ya que en el segundo de los conceptos de violación manifiesta que en ningún momento ha sido emplazada o notificada del referido juicio; y de ser así, precise a qué autoridad le atribuye dicho acto. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 871, Tomo III, marzo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente contenido literal: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS.- De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." Se apercibe a la quejosa que de no dar cumplimiento en los términos indicados dentro del plazo concedido, por lo que respecta a lo referido en los incisos a), b) y c), se tendrá por no presentada la demanda; y por lo que ve a los incisos d) y e), se tendrá como acto reclamado únicamente el señalado en el capítulo respectivo de su libelo constitucional; lo anterior, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tienen como autorizados de la impetrante para oír y recibir notificaciones, con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Gerardo de la Rosa Soto y Manuel Hernández Ramírez, toda vez que cuentan con cédula profesional 8189608 y 1711492, registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y como domicilio para tal fin el ubicado en Crucero Donato Guerra número 110, Zona Centro de esta ciudad. Por otra parte, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo vigente, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. LEY DE TRANSPARENCIA. Atendiendo a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, Secretario que autoriza y da fe.

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