Ma. de Lourdes Márquez de Ávila

Expediente 708/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 10 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
708/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
13/09/2019

Partes del expediente

  • Ma. de Lourdes Márquez de Ávila

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    El trece de septiembre de dos mil diecinueve, la Secretaria CERTIFICA: El término de quince días que prevé el artículo 202 de la Ley de Amparo, transcurrió: para la parte quejosa del ********************, sin que hubiera interpuesto recurso de inconformidad en contra la resolución que declaró el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Se realizó una búsqueda en el libro de promociones recibidas por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta Ciudad, así como en la Oficialía de Partes de este Juzgado, ya sea física o electrónicamente a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin que se haya localizado alguna por medio de la cual se interponga el recurso correspondiente. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a trece de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución que declaró el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2 de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito de demanda y de la sentencia emitida, por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Diana Jaimes Villanueva, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. HGO.

  2. Principal

    veinte de agosto de dos mil diecinueve CERTIFICACIÓN. El veinte de agosto de dos mil diecinueve, el Secretario certifica: Que el término de tres días que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo, concedido a la parte quejosa por auto de doce de agosto actual (foja 289), para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, respecto del cumplimiento realizado por la autoridad responsable en relación a la ejecutoria dictada en el presente juicio, transcurrió del quince al diecinueve de agosto de la presente anualidad, sin que lo hubiere hecho. Doy fe. El Secretario. CUENTA. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veinte de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de la que se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, el cual se otorgó en auto de doce de agosto del año en curso (foja 289), para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, respecto de los actos realizados por la autoridad responsable en relación con el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, sin que lo hubiere hecho; en consecuencia, se analizará si dicha resolución se encuentra cumplida. Ahora bien, en la ejecutoria de fecha quince de agosto de dos mil dieciocho (fojas 180 a 207), pronunciada por este Juzgado, se sobreseyó, negó y concedió el amparo solicitado, para los efectos siguientes: "a) El Decreto número 109, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en específico los artículos 78 a 90, así como los artículos transitorios tercero y cuarto de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas; y, el Decreto número 272, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, en específico el artículo 1 numerales 1.8.1 y 1.8.2 de la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas, para el Ejercicio Fiscal 2018, sean desincorporados de la esfera jurídica de la parte quejosa, tanto en el presente como en el futuro; por lo que ninguna autoridad podrá volver a aplicarlos en su perjuicio, mientras se encuentren vigentes en los términos analizados. b) En consecuencia, el Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas devuelva las contribuciones erogadas por la parte quejosa por el impuesto adicional para infraestructura y el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, con fundamento en las disposiciones anteriores en los recibos fiscales exhibido por la solicitante del amparo, lo que debe incluir la actualización fiscal e intereses correspondientes a ese primer acto de aplicación; y, de existir subsecuentes actos de aplicación que en su caso hubieren realizado, demostrados ante este órgano jurisdiccional, la devolución de tales pagos, así como de las actualizaciones de estos últimos." Sin embargo, contra la negativa del amparo la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual se resolvió mediante ejecutoria de cuatro de julio de dos mil diecinueve (fojas 247 a 263), en los términos siguientes: "PRIMERO. En materia de la revisión, se revoca el fallo impugnado. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ma. De Lourdes Márquez de Ávila, en contra del artículo 99 de la Ley de Hacienda para el Estado de Zacatecas, reclamado al Congreso, Gobernador Constitucional y Secretario de Finanzas, todos del Estado de Zacatecas, para los fines precisados en el último considerando de esta ejecutoria." Como se aprecia, la superioridad modificó la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, como se estableció en auto de once de julio de dos mil diecinueve (fojas 264 a 266), concediendo el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto: "Bajo esta perspectiva, procede conceder la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la autoridad que sea vinculada por razones de sus funciones al cumplimiento de este fallo, no aplique a la parte impetrante del amparo, en lo presente ni en lo futuro, el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas. Asimismo, la autoridad responsable recaudadora Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, deberá devolver a la parte quejosa la cantidad cubierta que haya erogado por concepto del derecho de control vehicular, devolución que deberá hacer previa actualización". Virtud a ello, el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas por oficio PF/2225/2019, informó que se abstendrá de aplicar a la quejosa el Decreto 109, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en específico los artículos 78 a 90 y 99 así como los artículos transitorios tercero y cuarto de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas; y, el Decreto número 272, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, en específico el artículo 1 numerales 1.8.1 y 1.8.2 de la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho; por lo que respecta al ejercicio fiscal en cita y hasta en tanto no sea reformado tal marco normativo. Asimismo, exhibió entre otros documentos, copia certificada del cheque 0001055 de veintitrés de julio del año en curso, por la cantidad de $3,359.70 (tres mil trescientos cincuenta y nueve pesos 70/100 M.N.), relativos al pago realizado a la quejosa por los conceptos de impuesto adicional para la infraestructura, impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas y derecho de control vehicular, correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, el que se advierte lo recibió el siete de agosto actual (fojas 287). Además, agregó las hojas que contienen las operaciones aritméticas relativas al factor de actualización aplicado, de lo que se advierte que entre lo erogado por la quejosa y lo devuelto por la responsable con la debida actualización, resulta lo siguiente: CONCEPTO (Ejercicio fiscal 2018) CANTIDADES Recibo 185614 CANTIDADES Recibo 185615 Impuesto Adicional Infraestructura $ 423.00 $ 423.00 Impuesto UAZ $ 92.00 $ 92.00 Derecho de Control Vehicular $ 822.00 $ 822.00 Total Pagado $1,337.00 $1,337.00 Diferencia con actualización $ 342.85 $ 342.85 Importe Devuelto $1,679.85 $1,679.85 SUMA TOTAL = $3,359.70 Con tales cantidades, la autoridad responsable afirmó cubrió el pago por concepto de impuesto adicional para la infraestructura, impuesto a la Universidad Autónoma de Zacatecas y derecho de control vehicular, con la debida actualización e intereses correspondientes, por el ejercicio fiscal dos mil dieciocho. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera, sin que hiciera manifestación alguna al respecto. En ese contexto, se desprende que la autoridad responsable se abstendrá de aplicar los artículos declarados inconstitucionales y que devolvió lo erogado con la actualización fiscal e intereses, en relación al pago por concepto de impuesto adicional para la infraestructura, impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas y derecho de control vehicular, en relación con los recibos fiscales 185614 y 185615 relativo al ejercicio fiscal dos mil dieciocho, expedidos por la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas (foja 284). Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Hugo Gutiérrez Osuna, secretario que autoriza y da fe. DJV* 22155, 22156 y 22157

  3. Principal

    El doce de agosto de dos mil diecinueve, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 11298 y anexos que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, doce de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacateas, con sede en esta ciudad, por el que envía las constancias correspondientes a las actuaciones tendentes al cumplimiento a la sentencia. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que, dentro del plazo de tres días, manifiesten lo que estimen pertinente, bajo apercibimiento que de no hacerlo, de oficio, este juzgado resolverá lo conducente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma José Luis Cuevas Nolasco, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2770/2019 de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", ante Hugo Gutiérrez Osuna, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. DJV*

  4. Principal

    Juicio de Amparo: 708/2018 El once de julio de dos mil diecinueve, María de los Ángeles Saldaña Hernández, secretaria de juzgado CERTIFICO: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que sí existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En el presente juicio de derechos, no se tramitó incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Que no existen constancias por devolver a las autoridades responsables. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con la promoción registrada con folio 10005. Conste. Zacatecas, Zacatecas, once de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio signado por la secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña testimonio de la resolución pronunciada el cuatro de julio del año en curso, en el amparo en revisión administrativo número 774/2018; así como los autos del juicio de amparo 708/2018, acúsese recibo. Consecuentemente, glósese el cuaderno de antecedentes que se encontraba formado al presente expediente previa extracción de las copias fotostáticas con las que se formó, las que deberán destruirse y realícense las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado Federal. Hágase del conocimiento de las partes que la Superioridad mediante la ejecutoria de mérito revocó en materia de la revisión la sentencia de quince de agosto de dos mil dieciocho (fojas 180 a 207), dictada por este Juzgado Federal; por otra parte se aprecia que la sentencia del Tribunal Revisor fue en el sentido de modificar la sentencia recurrida; por tanto, para efectos estadísticos, regístrese la modificación de la sentencia pronunciada por este órgano jurisdiccional; ello en virtud que quedaron firmes los considerandos tercero y quinto que rigen el resolutivo primero, que sobreseyó el presente juicio de amparo; así como el considerando octavo que rige el resolutivo segundo, únicamente en la parte que contiene la negativa del amparo contra el artículo primero transitorio del decreto número 109, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas, el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis; y, finalmente los considerandos noveno y décimo que rigen el resolutivo tercero que concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal solicitados. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase únicamente a la autoridad responsable secretario de Finanzas del Gobierno del estado, residente en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, dé cabal cumplimiento a la resolución protectora en los siguientes términos: Sentencia de quince de agosto de dos mil dieciocho, dictada por este Juzgado Federal: "a) El Decreto número 109, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en específico los artículos 78 a 90, así como los artículos transitorios tercero y cuarto de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas; y, el Decreto número 272, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, en específico el artículo 1 numerales 1.8.1 y 1.8.2 de la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas, para el Ejercicio Fiscal 2018, sean desincorporados de la esfera jurídica de la parte quejosa, tanto en el presente como en el futuro; por lo que ninguna autoridad podrá volver a aplicarlos en su perjuicio, mientras se encuentren vigentes en los términos analizados. b) En consecuencia, el Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas devuelva las contribuciones erogadas por la parte quejosa por el impuesto adicional para infraestructura y el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, con fundamento en las disposiciones anteriores en los recibos fiscales exhibidos por la solicitante del amparo, lo que debe incluir la actualización fiscal e intereses correspondientes a ese primer acto de aplicación; y, de existir subsecuentes actos de aplicación que en su caso hubieren realizado, demostrados ante este órgano jurisdiccional, la devolución de tales pagos, así como de las actualizaciones de estos últimos." Sentencia del Tribunal Revisor: "Bajo esta perspectiva, procede conceder la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la autoridad que sea vinculada por razones de sus funciones al cumplimiento de este fallo, no aplique a la parte impetrante del amparo, en lo presente ni en lo futuro, el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas. Asimismo, la autoridad responsable recaudadora Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, deberá devolver a la quejosa la cantidad cubierta que haya erogado por concepto del derecho de control vehicular, devolución que deberá hacer previa actualización". Asimismo, remita las constancias que así lo acrediten, con el apercibimiento que de no hacerlo en dicho término o sin causa justificada, se le impondrá una multa que en su momento se determinará y además se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, para seguir el trámite de inejecución. Sin que en el presente caso sea necesario requerir a las autoridades responsables Congreso del estado y Gobernador, ambas con sede en esta ciudad, que participaron en el proceso legislativo del acto reclamado en cuanto a su creación se refiere; lo anterior, en términos del artículo 192, de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable al respecto la tesis de clave siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." Finalmente, en virtud de que obran agregados documentos originales exhibidos por la parte quejosa; con fundamento en lo dispuesto por el punto décimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se pone a su disposición dichos documentos por el término de noventa días a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que los recoja, apercibida que de no hacerlo dentro de dicho término, los mismos seguirán la suerte del expediente en que se actúa. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante María de los Ángeles Saldaña Hernández, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. /Ale Aguilar

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