Ma. de los Ángeles Olmos Díaz

Expediente 1773/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1773/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
23/11/2015

Partes del expediente

  • Ma. de los Ángeles Olmos Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    En la misma fecha, se da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintitrés de noviembre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el Secretario adscrito este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el treinta de octubre de dos mil quince, que sobreseyó el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, esa circunstancia hágase del conocimiento de las partes; y en atención a que el fallo de que se trata no requiere ejecución material; previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el juicio de amparo en que se actúa ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de haberse decretado el sobreseimiento, toda vez que éste Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Por tanto, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, siendo las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 1773/2015, estando en audiencia pública el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de la licenciada REBECA ISABEL MEDINA BECERRA, Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo vigente, procedió a su celebración, sin contar con la asistencia personal de las partes. Acto seguido, la Secretaria da lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, en aplicación a la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En relación con lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por leídas las mismas y por rendido el informe justificado. Enseguida, se declara abierta la ETAPA DE PRUEBAS, y se da cuenta con la documental que anexa a su demanda de amparo la quejosa, así como con las documentales que remitió la autoridad responsable, en apoyo a su informe justificado. Al respecto, el juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, las pruebas que anexaron las autoridades responsables, desde este momento, dada su propia y especial naturaleza, y se tomarán en consideración al dictarse sentencia en el presente juicio de amparo; con lo anterior, se declara cerrado el período probatorio. En el periodo de alegatos, la Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló, como tampoco la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción presentó pedimento. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, ni pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se le levanta la presente Acta en términos del artículo 124, de la Ley de Amparo vigente, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1773/2015; y, R E S U L T A N D O: 1°. Demanda de amparo. En escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, MA. DE LOS ÁNGELES OLMOS DÍAZ, formuló demanda de amparo indirecto, contra la autoridad y acto, que a continuación se precisan: III. AUTORIDAD RESPONSABLE - Enlace Administrativo de la Unidad de Servicios Generales de la Coordinación Estatal de Zacatecas de la Policía Federal. IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA. - La falta de respuesta o resolución a mi petición de fecha 21de julio de 2015, como se aprecia del sello de recibo de la misma fecha en la que solicito se realice el trámite correspondiente a efecto de que se corrija mi nombre en el "DOCUMENTO DE ELECCIÓN" Formato para ejercer el derecho de optar por el régimen del artículo 10° Transitorio de la Ley del ISSSTE o por el bono de pensión" de fecha de emisión 12 de noviembre de 2008 y misma fecha de recepción." 2°. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que, su Titular en auto de veintidós de septiembre de dos mil quince, ordenó su admisión y registro bajo expediente 1773/2015; se pidió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, y se fijó día y hora para celebrar la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O: I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 54, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y existencia del acto reclamado. II. 1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y al observar con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de una lectura íntegra del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: La falta de respuesta al escrito de veintiuno de julio de dos mil quince, en el que solicitó la quejosa se realice el trámite correspondiente a efecto de que se corrija mi nombre en el "DOCUMENTO DE ELECCIÓN" Formato para ejercer el derecho de optar por el régimen del artículo 10° Transitorio de la Ley del ISSSTE o por el bono de pensión" de fecha de emisión doce de noviembre de dos mil ocho. II. 2. Inexistencia, certeza o prevención de los actos reclamados. Una vez determinado cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II.2.1. Certeza: El encargado de Enlace Administrativo de la Unidad de Servicios Generales de la Coordinación Estatal de Zacatecas de la Policía Federal, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado que se le atribuye, en razón a que el veintitrés de septiembre del año en curso, se le informó a la Policía Primero Ma. de los Ángeles Olmos Díaz, mediante oficio PF/DSR/CEZ/EZ/1233/2015, que a fin de obtener la constancia solicitada, es necesario que acuda personalmente a la Delegación del ISSSTE área de Pensionissste; sin embargo, esa negativa de la autoridad responsable queda desvirtuada, virtud a que al veintiuno de septiembre del año en curso, en que la quejosa presentó ante la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, su escrito de demanda de garantías que motivó el origen de este juicio de amparo, aún no se le daba respuesta a la solicitud de la impetrante de garantías; por lo que se tiene dicho acto como cierto. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza del acto reclamado, se corrobora con la copia del escrito de diez de marzo del año en curso, signado por la ahora quejosa y dirigido al Director del Instituto Tecnológico de Zacatecas, por medio del cual se solicita la expedición de la hoja Única de Servicios. III. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Del presente juicio de garantías, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, mismos que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Fracción XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Fijado lo anterior, es menester señalar que dentro del juicio de garantías en que se actúa, han cesado los efectos del acto reclamado, por las siguientes consideraciones: De una correcta interpretación del contenido de los artículos 61, fracción XXI, 63 fracción IV y 77, de la Ley de Amparo se desprende que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado se actualice, no basta que la autoridad responsable en su caso, derogue, revoque o nulifique el acto que se le reclame sino que es necesario que los actos, consecuencias y efectos emanados con motivo del reclamo constitucional, queden superados en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del quejoso, o en su defecto, que habiéndolo transgredido, la cesación que sobrevenga no deje huella alguna, puesto que la razón que justifica la improcedencia a que se ha hecho mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá porque ya no existe, además de que no dejó secuela alguna en la esfera jurídica del impetrante de garantías que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Así las cosas, la parte quejosa señaló como acto reclamado, la falta de respuesta al escrito de veintiuno de julio de dos mil quince, en el que solicitó la quejosa se realice el trámite correspondiente a efecto de que se corrija mi nombre en el "DOCUMENTO DE ELECCIÓN" Formato para ejercer el derecho de optar por el régimen del artículo 10° Transitorio de la Ley del ISSSTE o por el bono de pensión" de fecha de emisión doce de noviembre de dos mil ocho. Y de las constancias que remite la autoridad responsable Enlace Administrativo de la Unidad de Servicios Generales de la Coordinación Estatal de Zacatecas de la Policía Federal, se advierte que el veintitrés de septiembre del año en curso, se le informó a la Policía Primero Ma. de los Ángeles Olmos Díaz, mediante oficio PF/DSR/CEZ/EZ/1233/2015, que a fin de obtener la constancia solicitada, es necesario que acuda personalmente a la Delegación del ISSSTE área de Pensionissste, como se advierte a fojas quince del presente juicio de amparo. Así las cosas, las consideraciones expuestas ponen de relieve que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado, tomando en consideración que el veintitrés de septiembre del año en curso, se le informó a la Policía Primero Ma. de los Ángeles Olmos Díaz, mediante oficio PF/DSR/CEZ/EZ/1233/2015, que a fin de obtener la constancia solicitada, es necesario que acuda personalmente a la Delegación del ISSSTE área de Pensionissste, lo cual constituyó el acto reclamado; por tanto, es inconcuso que ello se traduce en que la impetrante de garantías fue restituida en el pleno goce de las garantías individuales que estimó vulneradas en su perjuicio; y por ende, debe concluirse que en el caso a estudio cesaron los efectos del acto impugnado en esta instancia constitucional. Motivo por el cual con fundamento en el artículo 63, fracción IV, del cuerpo de leyes invocado, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO en el presente juicio. Sirven de sustento a lo anterior, las Jurisprudencias de los rubros y textos siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACION DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. " "CESACION DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal ." Sin que pase inadvertido para quien resuelve, el contenido de la tesis del rubro "JUSTICIA EXPEDITA. SI EN EL AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE LAS AUTORIDADES DEL TRABAJO DE TRAMITARLO DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NO PROCEDE SOBRESEERLO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO O CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, SINO CONCEDERSE EL AMPARO PARA QUE EN LO SUBSECUENTE SE RESPETEN"; la cual contendió en la contradicción 219/2006-SS resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que derivaron las tesis 2ª./J.44/2007 y 2ª./J.45/2007, en virtud de que en el presente caso el acto reclamado únicamente se hizo consistir en el acuerdo de diez de enero de dos mil catorce, en el cual se señalaron las diez horas del ocho de abril del presente año, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, dictado dentro del juicio laboral 238/2013, promovido por la aquí quejosa; aduciendo que el término para señalar la fecha para la celebración de la audiencia de referencia, era excesivo, por lo que no se cumplía con los plazos y términos que marca la Ley Federal del Trabajo, transgrediendo así las garantías contenidas en el artículo 17 Constitucional, la cual fue celebrada el ocho de mayo del presente año; por lo que se estima al caso concreto aplicar la tesis del rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". En virtud, de que la citada tesis abandona el criterio sostenido en la diversa 2ª./J.45/2007, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 124, de la nueva Ley de Amparo, R E S U E L V E ÚNICO. SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO DE GARANTIAS, promovido por MA. DE LOS ÁNGELES OLMOS DÍAZ, contra el acto reclamado al Director del Instituto Tecnológico de Zacatecas, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta resolución. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES Y A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES POR OFICIO. Así lo resolvió y firma el licenciado MANUEL AUGUSTO CASTRO LÓPEZ, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado quien autoriza y da fe.- DOY FE.

  3. Principal

    En veinte de octubre de dos mil quince, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Juez con un escrito con registro 20719.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veinte de octubre de dos mil quince. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el licenciado Eduardo Hernández Ramírez, en su carácter de autorizado de la quejosa Ma. de los Ángeles Olmos Díaz, en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo vigente; y en atención a su contenido, téngasele por desahogando la vista respecto del informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable, haciendo las manifestaciones que vierte, en vía de alegatos, conforme al numeral 124 de la ley de la materia en consulta, las que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En veintidós de septiembre de dos mil quince, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con la demanda de amparo registrada con el número 18743, con dos copias que se adjuntan.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de septiembre de dos mil quince. Vista la demanda de amparo promovida por MA. DE LOS ÁNGELES OLMOS DÍAZ, contra actos del ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA COORDINADORA ESTATAL DE ZACATECAS DE LA POLICÍA FEDERAL, CON SEDE EN ESTA CIUDAD; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1773/2015, que por su orden progresivo le corresponde. En tales condiciones, se provee: Con fundamento en los artículos 112, 115, 116 y 117, de la Ley de Amparo vigente, se admite la presente demanda de garantías. Solicítese a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del término de QUINCE DÍAS contados a partir de la notificación del presente proveído, en el cual expondrá las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad legal del acto reclamado, acompañando en su caso, copia certificada de las constancias que hubiera tomado en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional, o de no serle posible, manifieste el impedimento legal que tenga para remitirlas. Ahora bien, dado que la impartición de justicia debe ser pronta y expedita, en términos del artículo 17 de la Carta Magna, se apercibe a la autoridad responsable que si alguna de las constancias que remita en apoyo de su informe, está incompleta o ilegible, total o parcialmente, lo rinde sin remitir constancias necesarias para apoyarlo o no manifiesta el impedimento legal que tuviese para tal efecto, se estará a las consecuencias que implica su falta en términos del artículo 117 ya citado. Asimismo, hágase saber a las partes que, cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten; ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Amparo vigente. Con fundamento en el numeral 29, de la ley que rige la materia, notifíquese al Agente del Ministerio Público adscrito, el trámite del presente asunto por medio de lista, quedando a su disposición copia de la demanda en la Secretaría de este Juzgado. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis que enseguida se transcribe, aplicada por las razones que la informan. "NOTIFICAClONES AL MINISTERIO PÚBLICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DEBEN HACERSE POR LISTA. En los términos del artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo de la competencia de los juzgados de Distrito, se harán al Ministerio Público por medio de lista que se fijará en lugar visible en el juzgado; por tanto, si de las constancias del juicio se observa que la notificación del auto admisorio se realizó por medio de lista al representante social, tal notificación debe considerarse ajustada a derecho. Consecuentemente, resulta infundada la argumentación que se hace consistir en que la referida notificación debió hacerse por oficio o en forma personal, dado que no hay ninguna disposición en la Ley de Amparo que así lo establezca". Se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Para evitar dilaciones innecesarias respecto de la imposibilidad que pudiese tener el Actuario Judicial para llevar a cabo las notificaciones personales que se susciten dentro del presente procedimiento, con fundamento en el artículo 282, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le habilitan días y/u horas inhábiles para que realice las notificaciones que fueren necesarias, sin necesidad de acuerdo respectivo, previa constancia actuarial en que se asiente esa circunstancia. Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo vigente, ténganse por ofrecidas como pruebas de la parte quejosa la documental que se anexa al escrito de demanda, consistente en la solicitud de veintiuno de julio de dos mil quince, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, mismas que dada su propia y especial naturaleza se tienen por desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente y valorarlas en la etapa procesal correspondiente. Se tienen como autorizados de la quejosa para oír y recibir notificaciones, con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados José Alberto Zárate Juárez (2717879) y Eduardo Hernández Ramírez (4449681), toda vez que se encuentran registradas sus cédulas profesionales, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente como autorizadas para oír y recibir notificaciones de carácter personal e imponerse de los autos, a las licenciadas María Hildam Sughey Poblano Ibarra y Sofía Navarro García y como domicilio para tal fin en las Oficinas del Instituto Federal de Defensoría Pública, ubicadas en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación, calle Lateral 1202, Torre "B", piso uno, planta baja, colonia Cerro del Gato, Ciudad Gobierno, en esta ciudad. No se tramita incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Finalmente, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo vigente, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del Secretario que autoriza, licenciado José de Jesús Martínez Torres.- DOY FE. L/F/R.

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