Ma. de los Ángeles González Perea

Expediente 508/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
508/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
11/07/2017

Partes del expediente

  • Ma. de los Ángeles González Perea

Actuaciones

  1. Principal

    El Secretario CERTIFICA: Que el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión, transcurrió del veintitrés de junio al seis de julio de dos mil diecisiete, sin que a la fecha se haya recibido escrito alguno; asimismo: Que al revisar el expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales. De igual forma, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión y no se exhibió billete de depósito o algún otro medio de garantía que amerite proveer su destino. Que no existen tomos de prueba por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, a once de julio de dos mil diecisiete. Doy fe. En la misma fecha, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, da cuenta a la Juez con la certificación que antecede. Conste. El Secretario. Zacatecas, Zacatecas, a once de julio de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, de la cual se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra el auto de veinte de junio del año en curso que decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además se determina que tanto el presente expediente como el original del incidente de suspensión SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, en razón de que en cuanto al primero se decretó el sobreseimiento y por lo que respecta al segundo se negó la suspensión definitiva; además de que este Juzgado considera que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; en consecuencia, el mencionado incidente glósese al presente expediente. OTRAS CONSIDERACIONES. Se advierte que ninguna de las partes allegó documento alguno que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por sus características amerite ser devuelto. De igual manera se hace la aclaración que en el juicio de amparo en el que se actúa, no se apertura incidente de suspensión y tampoco se exhibió billete o alguna otra garantía que amerite su devolución o proveer sobre su destino. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Ángeles

  2. Principal

    En veinte de junio de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, da cuenta a la Juez con el oficio y anexo registrado bajo el folio 8317. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veinte de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el informe justificado que rinde la autoridad responsable Subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (por conducto de la Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Zacatecas, personalidad que acredita con el instrumento notarial número 650 de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, expedido por el Notario Público número Uno, del Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, Distrito Bravos); asimismo, de conformidad con el numeral 9 de la Ley de la materia en consulta, ténganse como delegados de la citada autoridad a los profesionistas que menciona; y como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su comunicado. De igual forma, se le tiene por exhibiendo copia certificada del oficio D.E.Z./D.P.S.H/296/2017 de trece del mes y año en curso, firmado por la Química Farmacobiológa Rosa María Badillo Badillo Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Zacatecas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por medio del cual la oficiante manifiesta dar contestación a la petición que le fue formulada por la quejosa Ma. de los Ángeles González Perea, así como de la cédula de notificación de dicho comunicado a la impetrante del amparo de quince de junio del año actual. Como lo solicita la oficiante, se deja a su disposición el instrumento notarial que adjunta su comunicado, previo cotejo y compulsa que se realice con la copia fotostática que remitió, así como la antepuesta toma de razón y recibo que se deje en el sumario. Ahora, como lo impone el precepto 62 de la Ley de Amparo, se advierte la improcedencia del juicio de amparo, respecto al acto del que se duele la justiciable, consistente en la omisión en que ha incurrido la autoridad responsable, esto es, dar contestación al escrito de solicitud de pensión de viudez formulado por la quejosa Ma. de los Ángeles González Perea, el veintiséis de febrero del presente año; ya que al respecto se actualiza el supuesto previsto en la fracción XXI del precepto 61 de la Ley de Amparo, en lo que se reseña como la circunstancia de que han cesado los efectos del acto reclamado, como se explica enseguida. La disposición jurídica de que se habla, expresamente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La cesación de efectos del acto reclamado se traduce en que lo que dictó, ejecutó o pretende ejecutar la autoridad responsable, deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa al cesar su actuación, es decir, ello implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causal de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Luego, de la interpretación de los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio constitucional consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando las cosas han vuelto al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. En el caso que nos ocupa, de las constancias de cuenta, consistentes en copia certificada del oficio D.E.Z./D.P.S.H/296/2017 de trece del mes y año en curso, firmado por la Química Farmacobiológa Rosa María Badillo Badillo Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Zacatecas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se desprende que se citó a la quejosa Ma. de los Ángeles González Perea a las trece horas del dieciséis de junio del año que transcurre, en las instalaciones que ocupa el Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, a efecto de revisar su solicitud de pensión por viudez, así como la cédula de notificación del mencionado comunicado hecho a la aludida parte procesal de quince del mes y año actuales; a las que se le confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de copias certificadas expedidas por funcionario público en ejercicio de sus facultades y de las cuales se advierte que la omisión de pronunciarse respecto al tal solicitud, ha sido colmada por la autoridad responsable, al haber emitido las constancias antes aludidas. En relación a esta situación, conviene mencionar que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se materialice un supuesto de improcedencia y, que conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe ser manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con alguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por tanto, han cesado los efectos del acto reclamado, pues la autoridad responsable ha dado contestación a la petición formulada por la parte quejosa; esto es, la citó a las trece horas del dieciséis de junio de año en curso, en las instalaciones que ocupa la citada dependencia, a efecto de revisar su solicitud de pensión por viudez; en esa medida, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sirve de puntual apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis listada con el número 2a./J. 59/99, página 38, del Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas consideraciones, al haberse actualizado en la especie la causa de improcedencia en el presente juicio, se impone necesario sobreseer fuera de audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, se dejan sin efecto las nueve horas del veintidós de junio de dos mil diecisiete, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Ángeles

  3. Principal

    CUENTA. El veinticinco de mayo dos mil diecisiete, la secretaria licenciada María Elena Gómez Magaña da cuenta a la Juez con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por la quejosa Ma. de los Ángeles González Perea, registrada con el folio 6943, y copias de ésta que se adjuntan. La circunstancia de que los licenciados José Alberto Zarate Juárez, Ana Karina Reyna Rodríguez y Eduardo Hernández Ramírez, tienen sus cédulas profesionales número 2717879, 3173930 y 4449861, respectivamente, registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinticinco de mayo de dos mil diecisiete. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Ma. de los Ángeles González Perea, contra actos del Sub Delegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en ésta ciudad, por considerar que transgreden en su perjuicio el derecho fundamental consagrado en el artículo 8 constitucional. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 508/2017, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. ADMISIÓN. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 5, 35, 37, 107, 108, 112, 116 y relativos de la Ley de Amparo; se ADMITE a trámite la demanda de que se trata. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las NUEVE HORAS DEL VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Cabe precisar que la asignación de dicha data, está supeditada a las cargas laborales del juzgado. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. No se tramita incidente de suspensión por no haberse solicitado. INFORMES JUSTIFICADOS. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable, el cual deberá rendirlo por escrito dentro del término de quince días hábiles, plazo que se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de ese proveído, en el entendido que en dicho informe deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, en la inteligencia que de no hacerlo o no acompañar copia debidamente autorizada de las constancias que avalen la existencia del acto reclamado y que soporten su emisión, completas, legibles, foliadas y ordenadas en forma secuencial, con fundamento en el artículo 260, fracción II, y 238 de la actual Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se faculta a la autoridad responsable rendir su informe de ley vía fax al número 01 (492) 4914800 extensión 1243. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a la ahora denominada unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con apoyo en los numerales 9º, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse por delegados a las personas que, en su caso, nombre la autoridad responsable y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señalen. Sin que haya lugar a tener como autorizados para consultar expedientes y recibir documentos a las persona que mencione la responsable, toda vez que esa facultad está reservada para la parte quejosa y los terceros interesados; lo anterior, con excepción de los particulares señalados como autoridades responsables. PUNTUALIZACIÓN RESPECTO DE LA DENOMINACIÓN ERRÓNEA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del numeral 79, del ordenamiento invocado), se apercibe a la parte quejosa respecto de que si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, se le tendrá por inexistente, suspendiéndose toda comunicación con ésta y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en su denominación, tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y al principio de celeridad procesal. REQUERIMIENTO POR CONSTANCIAS SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64, de la Ley de la Materia, se requiere tanto a la autoridad señalada como responsable, como a la parte quejosa, para que comuniquen de inmediato a este juzgado si durante la secuela de este juicio se actualiza alguna causa de sobreseimiento. FORMA DE REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la autoridad responsable y a la que tenga el carácter de tercera interesada a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace del conocimiento de las partes que se les permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. PRUEBAS OFRECIDAS POR LA PARTE QUEJOSA. Con fundamento en lo establecido por el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase a la quejosa ofreciendo como prueba de su parte la documental que anexa a su ocurso, así como la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana que indica, mismas que dada su propia y especial naturaleza se tienen por admitidas y desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente y valorarlas en la etapa procesal que corresponda. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el promovente, se tienen como autorizados para oír y recibir notificaciones en los amplios término del artículo 12 de la ley de la materia a los licenciados José Alberto Zarate Juárez, Ana Karina Reyna Rodríguez y Eduardo Hernández Ramírez, toda vez que tienen sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente se tienen como autorizados para recibir notificaciones e imponerse de los autos a los licenciados Sofía Navarro García, Ivonne Rivera Rivero y María Sughey Hildam Poblano Ibarra y como domicilio para tal fin el ubicado en las oficinas de la Asesoría Jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública, ubicadas en el edificio que ocupa este juzgado. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. Se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no solo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. INTERVENCIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Con base en lo que establece el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que le confiere la ley corriéndole traslado con la copia de la demanda. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese por medio de oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Elena Gómez Magaña, Secretaria que autoriza y da fe. Karla

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