Ma. de la Luz Rodríguez Valenzuela

Expediente 1799/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1799/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
28/09/2015

Partes del expediente

  • Ma. de la Luz Rodríguez Valenzuela

Actuaciones

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: "En veintiocho de septiembre de dos mil quince, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con la demanda de garantías promovida por MA. DE LA LUZ RODRÍGUEZ VALENZUELA; registrada con el folio 18999; y cuatro copias que se adjuntan. CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. Vista la demanda de amparo que promueve MA. DE LA LUZ RODRÍGUEZ VALENZUELA, contra actos del Juez Segundo del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital, con sede en esta ciudad; que estima violatorios en su perjuicio de las garantías que consagran los artículos 14, 16 y 20; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1799/2015, que por su orden le corresponde; y en atención a su contenido, este Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, considera que carece de competencia legal para conocer del presente asunto, en atención a las consideraciones siguientes: En la especie, del contenido de la demanda de garantías, se advierten como antecedentes del acto reclamado, los siguientes: 1. Por demanda presentada ante el Juzgado Segundo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital, con sede en esta ciudad, el licenciado Juan Patrocinio Cabrera Sánchez, en su carácter de endosatario en procuración de Delia Santoyo Sánchez, ejerció acción cambiaria directa en contra de la ahora quejosa Ma. de la Luz Rodríguez Valenzuela, por el pago de setenta y tres mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N. (73,864.00); lo cual dio origen al juicio ejecutivo mercantil 598/2013. 2.- El veintiuno de marzo de dos mil catorce, la demandada Ma. de la Luz Rodríguez Valenzuela, dio contestación a la demanda entablada en su contra, oponiendo las defensas y excepciones que estimó convenientes; y se ofrecieron diversas pruebas de su parte. 3.- El veintinueve de enero de dos mil quince, se emitió la sentencia definitiva, en la cual se condenó a la ahora quejosa al pago de la cantidad de setenta y tres mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N. (73,864.00), más gastos y costas. 4. Sentencia que fue notificada a la hoy quejosa Ma. de la Luz Rodríguez Valenzuela, el diez de septiembre de dos mil quince, y que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. A fin de determinar el motivo de la incompetencia de este Tribunal Federal, lo procedente es destacar el contenido del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; y VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Pues bien, conforme a lo anterior, tenemos que en el presente asunto el acto reclamado lo es la sentencia pronunciada el treinta y uno de agosto de dos mil quince, por el Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de la Capital, con sede en esta ciudad, dentro del juicio mercantil ejecutivo 598/2013, promovido por el licenciado Juan Patrocinio Cabrera Sánchez, en su carácter de endosatario en procuración de Delia Santoyo Sánchez; por tanto, se está en presencia de una sentencia definitiva. A fin de justificar lo anterior, es pertinente precisar el contenido de los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio reformado y vigente a la fecha de la notificación de la sentencia reclamada: "CÓDIGO DE COMERCIO (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 2012) (ACTUALIZADO EN SU MONTO, D.O.F. 26 DE DICIEMBRE DE 2014) Art. 1,339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $562,264.43 (Quinientos sesenta y dos mil doscientos sesenta y cuatro pesos 43/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. N. DE E. EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. (ADICIONADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 2012) Corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación el monto expresado en pesos en el párrafo anterior y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de diciembre de cada año. N. DE E. EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. (ADICIONADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 2012) Para estos efectos, se basará en la variación observada en el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre la última actualización de dicho monto y el mes de noviembre del año en cuestión. N. DE E. EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. (REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 2012) Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. (REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2008) Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. (REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2008) El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. (REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2008) Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley. (REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2008) La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto, interlocutoria o resolución, dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en el término de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. (REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2008) Los agravios que hayan de expresarse en contra del auto, interlocutoria o resolución, cuando se trate de apelaciones de tramitación inmediata o de sentencia definitiva, se expresarán al interponerse el recurso de apelación. Los agravios que en su caso se deban expresar en contra de resoluciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva se expresarán en la forma y términos previstos en el artículo 1344 de este Código. N. DE E. EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO SEGUNDO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. (REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 2012) (ACTUALIZADO EN SU MONTO, D.O.F. 26 DE DICIEMBRE DE 2014) Art. 1,340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $562,264.43 (Quinientos sesenta y dos mil doscientos sesenta y cuatro pesos 43/100 M.N.) por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339." Se afirma que se está en presencia de una sentencia definitiva, ya que la norma aplicable para determinar la procedencia del recurso de apelación en razón de la cuantía por concepto de suerte principal a que se alude en los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, a la fecha de presentación de la demanda que originó el juicio ejecutivo mercantil 598/2013; luego, como quedó precisado en líneas precedentes, la apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $562,264.43 (Quinientos sesenta y dos mil doscientos sesenta y cuatro pesos 43/100 M.N.); entonces, en el caso concreto, se está en presencia de una sentencia definitiva que no puede ser recurrida a través del recurso de apelación, ya que la cuantía del negocio por concepto de suerte principal, es por la cantidad de setenta y tres mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N. ($73,864.00); de ahí, que resulte procedente el amparo directo, por tratarse de una resolución definitiva respecto de la cual no procede ya recurso ordinario, mediante el que pueda ser modificado o revocado, en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo vigente. Además, es de indicarse que la sentencia impugnada, no encuadra en las hipótesis de excepción que derivan: 1) De las normas transitorias de los decretos de reformas a tales preceptos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril y el 30 de diciembre de 2008, respectivamente, donde el legislador dispuso expresamente que las nuevas reglas no serían aplicables a juicios cuya demanda se hubiera admitido con anterioridad a la entrada en vigor del primer decreto (90 días después de su publicación); y, 2) Del derecho adquirido por las partes que, antes de la reforma publicada en el mismo medio de difusión oficial el 9 de enero de 2012, hubieran interpuesto y se les hubiera admitido recurso de apelación preventiva, pues con esto se generó en su favor el derecho de apelar contra la sentencia definitiva, del cual no puede privárseles con la nueva regla que incrementa el importe mínimo del negocio para admitir el recurso respectivo, porque entonces ésta sería retroactiva en perjuicio de los interesados. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "APELACIÓN EN EL JUICIO MERCANTIL. PARA LA PROCEDENCIA DE DICHO RECURSO POR RAZÓN DE LA CUANTÍA DEBE ATENDERSE, POR REGLA GENERAL, A LA NORMA VIGENTE AL MOMENTO DE APELAR, SALVO QUE EXISTAN DERECHOS ADQUIRIDOS O DISPOSICIONES TRANSITORIAS QUE PREVEAN UNA VIGENCIA ESPECÍFICA DEL SUPUESTO NORMATIVO.- La norma aplicable para determinar la procedencia del recurso de apelación en razón de la cuantía del juicio, prevista en los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, debe ser la vigente al momento de actualizarse el supuesto respectivo, al ser de carácter procesal, es decir, cuando llegue el momento de apelar la sentencia, como regla general. Lo anterior, porque de acuerdo con las teorías de los derechos adquiridos y de los componentes de la norma, en las cuales se ha apoyado esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar la vigencia de las leyes en el tiempo, las facultades y cargas procesales de las partes se concretan en la etapa para la cual están previstas, de suerte que mientras no se actualice el supuesto normativo, el derecho no se ha adquirido sino sólo constituye una expectativa de derecho, y si la norma cambia antes de llegar a la etapa correspondiente, una vez actualizada ésta debe regir la nueva norma. Y lo mismo puede sostenerse bajo la teoría de los componentes de la norma, porque hasta que el procedimiento llega a cierta etapa tiene lugar el supuesto y, por tanto, también su consecuencia. Sin embargo, sobre dicha norma general se advierten dos excepciones que derivan: 1) de las normas transitorias de los decretos de reformas a tales preceptos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril y el 30 de diciembre de 2008, respectivamente, donde el legislador dispuso expresamente que las nuevas reglas no serían aplicables a juicios cuya demanda se hubiera admitido con anterioridad a la entrada en vigor del primer decreto (90 días después de su publicación); y, 2) del derecho adquirido por las partes que, antes de la reforma publicada en el mismo medio de difusión oficial el 9 de enero de 2012, hubieran interpuesto y se les hubiera admitido recurso de apelación preventiva, pues con esto se generó en su favor el derecho de apelar contra la sentencia definitiva, del cual no puede privárseles con la nueva regla que incrementa el importe mínimo del negocio para admitir el recurso respectivo, porque entonces ésta sería retroactiva en perjuicio de los interesados. Lo anterior, en el entendido de que el juzgador no debe desconocer la facultad de las partes de renunciar a los recursos a que tienen derecho, en términos del artículo 1053, fracción IV, en relación con los diversos 1051 y 1052 del Código de Comercio." Así las cosas, atendiendo a la naturaleza de la resolución que se impugna en esta vía constitucional, el suscrito resolutor considera que no se actualiza ninguno de los supuestos que establece el invocado artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, sino que se trata de una sentencia definitiva respecto de la cual no procede ya recurso ordinario, mediante el que pueda ser modificado o revocado, en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo vigente. En atención a las consideraciones expuestas, éste órgano jurisdiccional declara carecer de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo número 1799/2015, promovido por MA. DE LA LUZ RODRÍGUEZ VALENZUELA, lo anterior, en términos del artículo 47 de la Ley de Amparo, por lo que, remítanse los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, para que sea dicho Órgano Colegiado quien determine lo que en derecho corresponda y en su caso se avoque al conocimiento del asunto, debiendo formarse el cuaderno de antecedentes con las constancias conducentes. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE. Lo proveyó y firma el licenciado MANUEL AUGUSTO CASTRO LÓPEZ, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretario que autoriza, licenciado José de Jesús Martínez Torres.- DOY FE. *Rosy."

  2. Principal

    En veintiocho de septiembre de dos mil quince, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con la demanda de garantías promovida por MA. DE LA LUZ RODRÍGUEZ VALENZUELA; registrada con el folio 18999; y cuatro copias que se adjuntan. CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. Vista la demanda de amparo que promueve MA. DE LA LUZ RODRÍGUEZ VALENZUELA, contra actos del Juez Segundo del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital, con sede en esta ciudad; que estima violatorios en su perjuicio de las garantías que consagran los artículos 14, 16 y 20; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1799/2015, que por su orden le corresponde; y en atención a su contenido, este Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, considera que carece de competencia legal para conocer del presente asunto, en atención a las consideraciones siguientes: En la especie, del contenido de la demanda de garantías, se advierten como antecedentes del acto reclamado, los siguientes: 1. Por demanda presentada ante el Juzgado Segundo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital, con sede en esta ciudad, el licenciado Juan Patrocinio Cabrera Sánchez, en su carácter de endosatario en procuración de Delia Santoyo Sánchez, ejerció acción cambiaria directa en contra de la ahora quejosa Ma. de la Luz Rodríguez Valenzuela, por el pago de setenta y tres mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N. (73,864.00); lo cual dio origen al juicio ejecutivo mercantil 598/2013. 2.- El veintiuno de marzo de dos mil catorce, la demandada Ma. de la Luz Rodríguez Valenzuela, dio contestación a la demanda entablada en su contra, oponiendo las defensas y excepciones que estimó convenientes; y se ofrecieron diversas pruebas de su parte. 3.- El veintinueve de enero de dos mil quince, se emitió la sentencia definitiva, en la cual se condenó a la ahora quejosa al pago de la cantidad de setenta y tres mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N. (73,864.00), más gastos y costas. 4. Sentencia que fue notificada a la hoy quejosa Ma. de la Luz Rodríguez Valenzuela, el diez de septiembre de dos mil quince, y que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. A fin de determinar el motivo de la incompetencia de este Tribunal Federal, lo procedente es destacar el contenido del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; y VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Pues bien, conforme a lo anterior, tenemos que en el presente asunto el acto reclamado lo es la sentencia pronunciada el treinta y uno de agosto de dos mil quince, por el Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de la Capital, con sede en esta ciudad, dentro del juicio mercantil ejecutivo 598/2013, promovido por el licenciado Juan Patrocinio Cabrera Sánchez, en su carácter de endosatario en procuración de Delia Santoyo Sánchez; por tanto, se está en presencia de una sentencia definitiva. A fin de justificar lo anterior, es pertinente precisar el contenido de los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio reformado y vigente a la fecha de la notificación de la sentencia reclamada: "CÓDIGO DE COMERCIO (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 2012) (ACTUALIZADO EN SU MONTO, D.O.F. 26 DE DICIEMBRE DE 2014) Art. 1,339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $562,264.43 (Quinientos sesenta y dos mil doscientos sesenta y cuatro pesos 43/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. N. DE E. EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. (ADICIONADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 2012) Corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación el monto expresado en pesos en el párrafo anterior y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de diciembre de cada año. N. DE E. EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. (ADICIONADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 2012) Para estos efectos, se basará en la variación observada en el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre la última actualización de dicho monto y el mes de noviembre del año en cuestión. N. DE E. EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. (REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 2012) Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. (REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2008) Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. (REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2008) El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. (REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2008) Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley. (REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2008) La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto, interlocutoria o resolución, dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en el término de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. (REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2008) Los agravios que hayan de expresarse en contra del auto, interlocutoria o resolución, cuando se trate de apelaciones de tramitación inmediata o de sentencia definitiva, se expresarán al interponerse el recurso de apelación. Los agravios que en su caso se deban expresar en contra de resoluciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva se expresarán en la forma y términos previstos en el artículo 1344 de este Código. N. DE E. EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO SEGUNDO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. (REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 2012) (ACTUALIZADO EN SU MONTO, D.O.F. 26 DE DICIEMBRE DE 2014) Art. 1,340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $562,264.43 (Quinientos sesenta y dos mil doscientos sesenta y cuatro pesos 43/100 M.N.) por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339." Se afirma que se está en presencia de una sentencia definitiva, ya que la norma aplicable para determinar la procedencia del recurso de apelación en razón de la cuantía por concepto de suerte principal a que se alude en los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, a la fecha de presentación de la demanda que originó el juicio ejecutivo mercantil 598/2013; luego, como quedó precisado en líneas precedentes, la apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $562,264.43 (Quinientos sesenta y dos mil doscientos sesenta y cuatro pesos 43/100 M.N.); entonces, en el caso concreto, se está en presencia de una sentencia definitiva que no puede ser recurrida a través del recurso de apelación, ya que la cuantía del negocio por concepto de suerte principal, es por la cantidad de setenta y tres mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N. ($73,864.00); de ahí, que resulte procedente el amparo directo, por tratarse de una resolución definitiva respecto de la cual no procede ya recurso ordinario, mediante el que pueda ser modificado o revocado, en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo vigente. Además, es de indicarse que la sentencia impugnada, no encuadra en las hipótesis de excepción que derivan: 1) De las normas transitorias de los decretos de reformas a tales preceptos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril y el 30 de diciembre de 2008, respectivamente, donde el legislador dispuso expresamente que las nuevas reglas no serían aplicables a juicios cuya demanda se hubiera admitido con anterioridad a la entrada en vigor del primer decreto (90 días después de su publicación); y, 2) Del derecho adquirido por las partes que, antes de la reforma publicada en el mismo medio de difusión oficial el 9 de enero de 2012, hubieran interpuesto y se les hubiera admitido recurso de apelación preventiva, pues con esto se generó en su favor el derecho de apelar contra la sentencia definitiva, del cual no puede privárseles con la nueva regla que incrementa el importe mínimo del negocio para admitir el recurso respectivo, porque entonces ésta sería retroactiva en perjuicio de los interesados. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "APELACIÓN EN EL JUICIO MERCANTIL. PARA LA PROCEDENCIA DE DICHO RECURSO POR RAZÓN DE LA CUANTÍA DEBE ATENDERSE, POR REGLA GENERAL, A LA NORMA VIGENTE AL MOMENTO DE APELAR, SALVO QUE EXISTAN DERECHOS ADQUIRIDOS O DISPOSICIONES TRANSITORIAS QUE PREVEAN UNA VIGENCIA ESPECÍFICA DEL SUPUESTO NORMATIVO.- La norma aplicable para determinar la procedencia del recurso de apelación en razón de la cuantía del juicio, prevista en los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, debe ser la vigente al momento de actualizarse el supuesto respectivo, al ser de carácter procesal, es decir, cuando llegue el momento de apelar la sentencia, como regla general. Lo anterior, porque de acuerdo con las teorías de los derechos adquiridos y de los componentes de la norma, en las cuales se ha apoyado esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar la vigencia de las leyes en el tiempo, las facultades y cargas procesales de las partes se concretan en la etapa para la cual están previstas, de suerte que mientras no se actualice el supuesto normativo, el derecho no se ha adquirido sino sólo constituye una expectativa de derecho, y si la norma cambia antes de llegar a la etapa correspondiente, una vez actualizada ésta debe regir la nueva norma. Y lo mismo puede sostenerse bajo la teoría de los componentes de la norma, porque hasta que el procedimiento llega a cierta etapa tiene lugar el supuesto y, por tanto, también su consecuencia. Sin embargo, sobre dicha norma general se advierten dos excepciones que derivan: 1) de las normas transitorias de los decretos de reformas a tales preceptos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril y el 30 de diciembre de 2008, respectivamente, donde el legislador dispuso expresamente que las nuevas reglas no serían aplicables a juicios cuya demanda se hubiera admitido con anterioridad a la entrada en vigor del primer decreto (90 días después de su publicación); y, 2) del derecho adquirido por las partes que, antes de la reforma publicada en el mismo medio de difusión oficial el 9 de enero de 2012, hubieran interpuesto y se les hubiera admitido recurso de apelación preventiva, pues con esto se generó en su favor el derecho de apelar contra la sentencia definitiva, del cual no puede privárseles con la nueva regla que incrementa el importe mínimo del negocio para admitir el recurso respectivo, porque entonces ésta sería retroactiva en perjuicio de los interesados. Lo anterior, en el entendido de que el juzgador no debe desconocer la facultad de las partes de renunciar a los recursos a que tienen derecho, en términos del artículo 1053, fracción IV, en relación con los diversos 1051 y 1052 del Código de Comercio." Así las cosas, atendiendo a la naturaleza de la resolución que se impugna en esta vía constitucional, el suscrito resolutor considera que no se actualiza ninguno de los supuestos que establece el invocado artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, sino que se trata de una sentencia definitiva respecto de la cual no procede ya recurso ordinario, mediante el que pueda ser modificado o revocado, en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo vigente. En atención a las consideraciones expuestas, éste órgano jurisdiccional declara carecer de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo número 1799/2015, promovido por MA. DE LA LUZ RODRÍGUEZ VALENZUELA, lo anterior, en términos del artículo 47 de la Ley de Amparo, por lo que, remítanse los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, para que sea dicho Órgano Colegiado quien determine lo que en derecho corresponda y en su caso se avoque al conocimiento del asunto, debiendo formarse el cuaderno de antecedentes con las constancias conducentes. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE. Lo proveyó y firma el licenciado MANUEL AUGUSTO CASTRO LÓPEZ, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretario que autoriza, licenciado José de Jesús Martínez Torres.- DOY FE. *Rosy.

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