Ma. de la Luz Medina Miranda
Expediente 372/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 28 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 372/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 18/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Ma. de la Luz Medina Miranda
- Subdirección Especializada de Atención Al Público de Pensionissste, Con Sede En la Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
El dieciocho de enero de dos mil diecisiete, la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del cuatro al diecisiete de enero del año en curso, sin contar los días siete, ocho, catorce y quince de enero (por ser inhábiles); sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, dentro del juicio de amparo número 372/2016-3; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; Que no existen constancias que devolver a la autoridad responsable. Que no se aperturó incidente de suspensión por separado, por tanto no se exhibió billete de depósito o alguna otra garantía respecto de la cual se tenga que proveer sobre su destino. CONSTE. En la misma fecha se da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por la secretaria adscrita a este tribunal federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, y este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 372/2016-3; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el tres de marzo de dos mil dieciséis ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Ma. de la Luz Medina Miranda, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra un acto del Titular de la Subdirección Especializada en Atención al Público en Zacatecas de PENSIONISSSTE, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, que consideró violatorio del derecho fundamental previsto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que su Titular mediante proveído de cuatro de marzo del presente año, ordenó su admisión bajo el registro de expediente 372/2016-3; se pidió informe justificado a las autoridades responsables; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y, se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos omisivos atribuidos a una autoridad que tiene su residencia en la demarcación territorial asignada a este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados, para lo cual se examinan la demanda de amparo, los conceptos de violación y demás constancias de autos, a fin de resolver la cuestión planteada; de lo que se deduce que la quejosa reclamó de: Titular de la Subdirección Especializada en Atención al Público en Zacatecas de PENSIONISSSTE, con residencia en esta ciudad. Jefe de Servicios de Oficina de la Subdirección Especializada de Atención al Público del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (PENSIONISSSTE), con residencia en la Ciudad de México: La negativa de liberación, disposición y entrega de recursos de las cuentas SAR-ISSSTE, de acuerdo al impacto en "DATA MART" reflejado en la Base de Datos de ese Fondo y al documento de la concesión de pensión por "Concubinato" y "Orfandad" otorgadas por el ISSSTE, a pesar de que fueron solicitadas previamente y de que la responsable Jefe de Servicios en Oficina de la Subdirección Especializada de Atención al Público del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (PENSIONISSSTE), mediante oficio número 170 177.2/026/2016, de fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis, señaló que se llevaría a cabo la disposición de los recursos en la forma indicada. Sobre este punto se invoca el criterio jurisprudencial número mil trescientos cuarenta y siete, sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil quinientos once del Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, del Apéndice 1917 a septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, con registro electrónico 1003226, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En el mismo sentido, rige lo considerado el criterio aislado P.VI/2004 emitido por el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco del Tomo XIX, abril de dos mil cuatro, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, con registro electrónico 181810, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". TERCERO. Certeza del acto reclamado. Una vez determinado cuál es el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará su inexistencia, presunción o certeza, como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACION LOGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." La autoridad responsable Jefe de Servicios de Atención a Oficina del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (PENSIONISSSTE), órgano desconcentrado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, (ISSSTE); por sí y en representación de la Subdirección Especializada de Atención al Público Pensionissste, ambos con sede en la Ciudad de México, en su informe justificado, no fue claro en manifestar si es cierto o no el acto que se les atribuye, sin embargo, de su contenido se advierte su existencia virtud a que la entrega de recursos por pensión no le fue realizada a la quejosa. Lo anterior, se corrobora con las constancias que remitió el Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad; documentales públicas a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, según lo dispone el artículo 2° de esta última legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226 del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Procedencia del Juicio de Amparo. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, quien aquí resuelve considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII en relación con el 5°, fracción I, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo vigente. En efecto, los artículos 61, fracción XII y 5°, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo vigente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." y "Artículo Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Conforme a tales preceptos, debe precisarse que por interés jurídico debe entenderse el derecho que le asiste a un particular para reclamar en un juicio de amparo algún acto que es violatorio de garantías individuales que afecta sus derechos sustantivos protegidos por las normas legales. Por ello, quien resiente esa lesión, es el único legitimado para ejercer tal derecho ante los Tribunales Federales. Sobre el tema, es de invocarse la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO.- De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías." Así como la diversa jurisprudencia siguiente del texto literal: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE.- El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Así pues, el interés jurídico para promover el juicio debe derivar directamente de los efectos que produce, en la esfera jurídica del gobernado, la emisión del acto reclamado, pues sólo la existencia de una afectación directa e inmediata en los derechos del quejoso, lo faculta a impugnar las violaciones que a su criterio genera el mencionado acto así como, en su caso, el proceso que le dio origen; de manera tal que no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa cuestión se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad, para que realice determinada conducta o se abstenga de la misma; por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, que por el solo hecho de serlo, pretenda que las leyes se cumplan. Por consiguiente, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación, por parte de la autoridad responsable. Ahora bien, procede evidenciar, por qué los actos reclamados, a saber, la falta de liberación, disposición y entrega de recursos de las cuentas SAR-ISSSTE, de acuerdo al impacto en "DATA MART" reflejado en la Base de Datos de ese Fondo y al documento de la concesión de pensión por "Concubinato" y "Orfandad" otorgadas por el ISSSTE, a pesar de que fueron solicitadas previamente, no afectan la esfera de interés jurídico de la parte quejosa. Así, para una mejor intelección al asunto, y establecer un panorama de referencia, conviene destacar los antecedentes de los actos reclamados, mismas que se desprenden particularmente del oficio número 170.177.2/026/2016 y en esencia son: Por escrito presentado ante la Subdirección Especializada de atención al Público Zacatecas (SEAP-Zacatecas) Ma. de la Luz Medina Miranda, solicitó el retiro de recursos por beneficiarios por el ISSSTE con folio 000314040, en relación al extinto trabajador Anastacio Román Muñoz. Mediante oficio número 170 177.2/026/2016, el Jefe de Servicios de Oficina de la Subdirección Especializada de Atención al Público del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado dio respuesta a la petición de la quejosa en los siguientes términos: El extinto trabajador omitió designar por escrito beneficiarios en los términos previstos por el artículo 49 del Reglamento, en caso de muerte, los recursos que administra el PENSIONISSSTE deberán de entregarse a las personas que señala el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo. La entrega deberá efectuarse en partes iguales a todos los beneficiarios concurrentes, a falta de disposición específica en contrario en el Título Noveno de la Ley Federal del Trabajo. Como señala en su escrito que existe "Concubinato", no es posible liberar los recursos de acuerdo con lo establecido en el Artículo 78 de la Ley del ISSSTE y se llevará a cabo, la disposición de recursos de acuerdo al impacto en "DATAMART" reflejado en la Base de Datos de este Fondo y al documento de la concesión de pensión por "Concubinato" y "Orfandad" otorgadas por el ISSSTE. Determinación que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. En otro aspecto, a fin de evidenciar el porqué la responsable ha arribado a la determinación tomada, resulta pertinente destacar que la quejosa Ma. de la Luz Medina Miranda, en su escrito de demanda aduce que estuvo unida en matrimonio con el trabajador fallecido Anastacio Román Muñoz de quien dijo, se divorció y durante su matrimonio procrearon dos hijos de nombre Oscar Daniel y Angel René ambos de apellidos Román Medina, además, el trabajador fallecido, luego del divorcio estuvo unido en concubinato con otra mujer de nombre Norma Griselda Martínez Murillo. Aunado a lo anterior, la Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, mediante oficio D.E.Z../U.J./1484/2016 (foja 120), remitió a este Juzgado, copias certificadas de los documentos donde constan las pensiones por "concubinato" y "orfandad" procedentes del fallecimiento del derechohabiente Anastacio Román Muñoz, dentro de las cuales se tienen: a) Concesión de pensión en favor del familiar derechohabiente MARTÍNEZ MURILLO NORMA GRISELDA, en su calidad de concubina por muerte del trabajador ROMAN MUÑOZ ANASTACIO, folio ISSSTE 32000855953701, clave del tipo de beneficio 210 (foja 121). b). Resolución dictada en las diligencias de información Ad Perpetuam promovidas por Norma Griselda Martínez Murillo para acreditar la existencia de un concubinato con Anastacio Román Muñoz (fojas 138 a 144). c). Concesión de pensión en favor del familiar derechohabiente de nombres ROMAN MEDINA ANGEL RENE Y ROMÁN MEDINA OSCAR DANIEL, cuyo beneficio lo es de orfandad por muerte del trabajador ROMAN MUÑOZ ANASTACIO, folio ISSSTE 32000846708101, clave del tipo de beneficio 209 (foja 145). Virtud a lo expuesto, tenemos que los menores de edad Angel Rene Roman Medina y Oscar Daniel Román Medina, al ubicarse en la hipótesis de orfandad por muerte del trabajador Anastacio Roman Muñoz, son a quienes, en su caso, la falta de liberación, disposición y entrega de recursos de las cuentas SAR-ISSSTE, de acuerdo al impacto en "DATA MART" reflejado en la Base de Datos de ese Fondo y al documento de la concesión de pensión por "Concubinato" y "Orfandad" otorgadas por el ISSSTE; afectaría su interés jurídico y no así a la quejosa Ma. de la Luz Medina Miranda, quien promovió por su propio derecho, por lo que en todo caso debió hacerlo en representación de sus menores hijos. Bajo este marco jurídico, deviene lógica, natural, jurídica y consecuentemente palpable la actualización de la causal de improcedencia que se encuentra contemplada por el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo vigente, por falta de interés jurídico de la quejosa para promover el juicio de amparo en que se actúa, por tanto, con fundamento en el diverso numeral 63, fracción V, del cuerpo de leyes en consulta, se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Ma. de la Luz Medina Miranda, por su propio derecho. Así las cosas, al haberse actualizado la causa de improcedencia antes citada, resulta innecesario el estudio de las diversas causales invocadas por la autoridad responsable, ya que su estudio no variaría el sentido de la presente resolución. "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA.- Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." En mérito de lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos, 73, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo en vigor, se resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE, en el juicio de amparo número 372/2016-3, promovido por Ma. de la Luz Medina Miranda, por los motivos indicados en el considerando último de esta resolución. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por vacaciones de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial, en sesión celebrada el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, según oficio CCJ/ST/7984/2016, signado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistida del Secretario con quien actúa, licenciado Juan García Trejo, hoy treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en que las labores del Juzgado permitieron concluir el dictado de esta sentencia.- DOY FE.
- Principal
En ocho de diciembre de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada Alva Miranda Ramírez doy cuenta a la Juez con el estado de autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a ocho de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado de autos se advierte que en proveído de cinco de diciembre del presente año, se reservó acordar lo conducente a la notificación del auto de uno de diciembre del presente año a la tercero interesada Norma Griselda Martínez Murillo, hasta en tanto transcurriera el término de tres días que para ello se le concedió en auto de veinticuatro de noviembre del presente año, sin que lo hubiera hecho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento señalado en el citado proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, y se ordena notificarle el proveído de mérito, así como las subsecuentes de carácter de personal, por medio de lista, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, de la Ley de Amparo vigente. Notifíquese por medio de lista. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe. en atencion a lo anterior, se notifica por medio de lista a la tercero interesada norma griselda martinez murillo, el contenido del auto dictado en unode diciembre de dos mil dieciséis, el cual dice lo siguiente: "Zacatecas, Zacatecas, a uno de diciembre de dos mil dieciséis, la licenciada Luz Adriana Puga Magaña, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas CERTIFICA: Que se encuentran fijadas las diez horas con cincuenta minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. Lic. Luz Adriana Puga Magaña. En la misma fecha, la Secretaria licenciada Luz Adriana Puga Magaña da cuenta a la Juez con la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, uno de diciembre de dos mil dieciséis. Ahora, vista la certificación que antecede de la que se advierte que encuentran fijadas las diez horas con cincuenta minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, sin embargo, de autos se advierte que el treinta de noviembre del presente año, se emplazó por lista a la tercero interesada Norma Griselda Martínez Murillo, por tanto, con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables dese vista a la referida tercero interesada para que se imponga de dichos comunicados y manifieste lo que a su interés legal convenga, hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. En tales condiciones, para dar oportunidad a que transcurra el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la citada tercero interesada se imponga del contenido de dichos informes y no se le deje en estado de indefensión, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy y se fijan las NUEVE HORAS DEL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS para que tenga verificativo. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes. Finalmente, conviene acotar que el citado criterio jurisprudencial se comparte por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en esta ciudad de Zacatecas, en la ejecutoria emitida en sesión de catorce de mayo de dos mil quince, en el amparo en revisión 421/2015. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, PERSONALMENTE A LA TERCERO INTERESADA DE QUE SE HABLA Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Luz Adriana Puga Magaña, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En cinco de diciembre de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada Luz Adriana Puga Magaña, doy cuenta a la Juez con la razón actuarial asentada el dos del presente mes y año.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a cinco de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la razón asentada el dos de diciembre de dos mil dieciséis, por el Actuario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que no le fue posible notificar a la tercero interesada Norma Griselda Martínez Murillo, el auto de uno del mes y año en curso, dictado por este Juzgado Federal, toda vez que no obra domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones; no obstante de haber sido emplazado al presente juicio de garantías. Ahora bien, toda vez que se encuentra transcurriendo el término de tres días concedido a la tercero interesada de que se trata mediante proveído de veinticuatro de noviembre del presente año para que señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, por tanto, resérvese acordar lo relativo a la notificación del acuerdo señalado en el párrafo anterior, hasta en tanto transcurra dicho término. Notifíquese por medio de lista. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Luz Adriana Puga Magaña, Secretaria que autoriza y da fe.
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