Ma. de la Luz Rivera Beltrán
Expediente 68/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 68/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 29/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Ma. de la Luz Rivera Beltrán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
ZACATECAS, ZACATECAS, VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por la Secretaria adscrita a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de siete de abril del año en curso, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia por haber cesado los efectos de los actos reclamados; en tal virtud, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes; y en atención a que el proveído de que se trata no requiere ejecución material, con fundamento en el ordinal 214, de la Ley de la Materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y del auto que puso fin al juicio por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales consiguientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA Y MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado, en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza y da fe. Olivia
- Principal
En siete de abril de dos mil dieciséis, se da cuenta a la Juez con un escrito registrado con el número 6835.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, SIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS. Visto el escrito signado por el licenciado Javier Cárdenas Acosta, en su carácter de autorizado de la quejosa Ma. de la Luz Rivera Beltrán, mediante el cual en relación con la vista que se le dio en proveído de dieciocho de marzo del año en curso, manifiesta que la omisión que constituyó el acto reclamado dentro del presente sumario ya fue superada al haberle entregado a la mencionada quejosa, la autoridad responsable Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado, sus tres certificados parcelarios que amparan las parcelas 407, 149 y 150. Atendiendo a lo anterior, la suscrita resolutora advierte que durante la tramitación del juicio en que se actúa ha cobrado vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual en lo conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la demanda de garantías se advierte que la quejosa MA. DE LA LUZ RIVERA BELTRÁN, reclamó del Delegado Federal del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, la omisión de expedirle los certificados parcelarios que amparan las parcelas 407, 149 y 150. Por su parte, la autoridad responsable en su oficio 000648, de diecisiete de marzo pasado (F. 29), informó a este Juzgado que para esa fecha, obraban en la delegación de su cargo, los certificados parcelarios 1023762 y 1023817, para entregárselos a la aquí quejosa, por lo que remitió copia certificada de los mismos, de los que se desprende que amparan las parcelas 149 y 150 a que alude la propia quejosa; y, en lo referente al certificado 293355, la propia responsable dijo que ya había sido entregado a la impetrante del amparo, lo que se corrobora con el escrito presentado por dicha amparista (F. 20), en el que manifestó que únicamente se le había entregado ese certificado, que ampara la parcela 407, del que exhibió copia simple. Así las cosas, las consideraciones expuestas ponen de relieve que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado, tomando en consideración que de las constancias aludidas se advierte que durante la substanciación del presente juicio constitucional y antes de la celebración de la audiencia constitucional, la autoridad responsable entregó a la aquí quejosa sus tres certificados parcelarios 1023762, 1023817 y 293355, mismos que amparan las parcelas 149, 150 y 407, respectivamente, por lo que debe concluirse que en el caso a estudio cesaron los efectos del acto de omisión impugnado en esta instancia constitucional. Lo anterior encuentra apoyo por analogía en la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie durante la tramitación de este juicio constitucional cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria en consulta, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías; lo anterior, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA Y MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza y da fe. Olivia
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE 07 DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS (2016), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "Visto el escrito signado por el licenciado Javier Cárdenas Acosta, en su carácter de autorizado de la quejosa Ma. de la Luz Rivera Beltrán, mediante el cual en relación con la vista que se le dio en proveído de dieciocho de marzo del año en curso, manifiesta que la omisión que constituyó el acto reclamado dentro del presente sumario ya fue superada al haberle entregado a la mencionada quejosa, la autoridad responsable Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado, sus tres certificados parcelarios que amparan las parcelas 407, 149 y 150. Atendiendo a lo anterior, la suscrita resolutora advierte que durante la tramitación del juicio en que se actúa ha cobrado vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual en lo conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la demanda de garantías se advierte que la quejosa MA. DE LA LUZ RIVERA BELTRÁN, reclamó del Delegado Federal del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, la omisión de expedirle los certificados parcelarios que amparan las parcelas 407, 149 y 150. Por su parte, la autoridad responsable en su oficio 000648, de diecisiete de marzo pasado (F. 29), informó a este Juzgado que para esa fecha, obraban en la delegación de su cargo, los certificados parcelarios 1023762 y 1023817, para entregárselos a la aquí quejosa, por lo que remitió copia certificada de los mismos, de los que se desprende que amparan las parcelas 149 y 150 a que alude la propia quejosa; y, en lo referente al certificado 293355, la propia responsable dijo que ya había sido entregado a la impetrante del amparo, lo que se corrobora con el escrito presentado por dicha amparista (F. 20), en el que manifestó que únicamente se le había entregado ese certificado, que ampara la parcela 407, del que exhibió copia simple. Así las cosas, las consideraciones expuestas ponen de relieve que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado, tomando en consideración que de las constancias aludidas se advierte que durante la substanciación del presente juicio constitucional y antes de la celebración de la audiencia constitucional, la autoridad responsable entregó a la aquí quejosa sus tres certificados parcelarios 1023762, 1023817 y 293355, mismos que amparan las parcelas 149, 150 y 407, respectivamente, por lo que debe concluirse que en el caso a estudio cesaron los efectos del acto de omisión impugnado en esta instancia constitucional. Lo anterior encuentra apoyo por analogía en la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie durante la tramitación de este juicio constitucional cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria en consulta, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías; lo anterior, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes. "
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5890 dieciocho de marzo de dos mil dieciséis El dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, la licenciada María Concepción García Jacobo, da cuenta a la Juez con un oficio registrado con el número 5890, con anexo que se acompaña. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a dieciocho de marzo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta suscrito por el Delegado en el Estado del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de ocho de marzo actual, adjunta copia certificada de los certificados parcelarios 1023762 y 1023817; con su contenido, dése vista a la parte quejosa para que se imponga de su contenido, hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, téngase por hecha la manifestación de la citada autoridad en el sentido de que por lo que se refiere al certificado parcelario 293355, no se encuentra en condiciones de proporcionar copia certificada ya que dicho documento fue entregado a su titular en veintinueve de febrero del año en curso, lo cual demuestra con copia certificada del citatorio-recibo correspondiente Notifíquese personalmente a la quejosa. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza y da fe. Olivia 5890 dieciocho de marzo de dos mil dieciséis
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