Ma. Cruz Campos Diaz

Expediente 848/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
848/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
09/02/2021

Partes del expediente

  • Ma. Cruz Campos Diaz

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de febrero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio y anexo signado por el secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el expediente de amparo en que se actúa y copia certificada de la resolución de veintitrés de diciembre de dos mil veinte pronunciada dentro de la queja civil 104/2020, en la que se advierte que dicho tribunal de alzada declaró infundado el recurso de queja promovido por la parte quejosa contra el auto que desechó la demanda de amparo. Acúsese recibo. En virtud de lo anterior, resulta innecesario glosar a los autos el cuaderno que se formó con motivo de la remisión del expediente original al Tribunal Colegiado, por lo que se ordena destruir desde ahora el mismo, previa integración al juicio de las constancias originales que obren en éste, toda vez que el principal ya fue devuelto a este juzgado y dicho cuaderno no se considera de antecedentes al contar con los autos originales. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio del Presidente de la Junta Especial Número 30 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, quien en cumplimiento al requerimiento realizado dentro del presente juicio informa que se fijaron las trece horas del treinta de noviembre de dos mil veinte, para que tenga lugar la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Por tanto, con fundamento en el artículo 193, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad en cita en vías de cumplimiento al fallo constitucional. Atento lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, para que el treinta de noviembre de dos mil veinte, informe a este juzgado si se lleva a cabo el desahogo de la mencionada diligencia; lo anterior, a efecto de tener cumplida la sentencia emitida dentro del presente juicio, en la que se le requirió lo siguiente: " a) En caso de que se encuentre señalada fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, fuera del termino de quince días previsto en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo; proceda a dejar sin efectos la misma, señalando nueva fecha en la que cumpla con lo previsto en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, proveyendo todos los trámites que correspondan a efecto de que sin mayores dilaciones, se esté en condiciones de celebrar la referida audiencia. b) En el entendido de que la ejecutoria de amparo no se declarará cumplida hasta que la junta responsable celebre en sus términos dicha audiencia; de ahí que, deberá realizar todos los actos tendentes a verificarla sin mayores dilaciones." Lo anterior, apercibido que en caso de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá multa de conformidad con el artículo 192, segundo párrafo, en relación con los diversos 237 fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo. Además, se remitirá el expediente al tribunal colegiado competente o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación del puesto del titular de la autoridad responsable y su consignación ante la autoridad judicial. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad Responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    El diecisiete de noviembre de dos mil veinte se da cuenta al Juez, con una demanda registrada con el número11021, para formar el juicio de amparo 848/2020Conste. Morelia, Michoacán, diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Vista la cuenta procedente, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Ma. Cruz Campos Díaz, por propio derecho, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número I-848/2020-EDG. Ahora bien, por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia previstas en el aludido precepto podrán analizarse aun de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda. Analizada íntegramente la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: - La resolución interlocutoria de cuatro de noviembre de dos mil veinte, en la que se resolvió el recurso de revocación interpuesto contra el auto de dos de octubre del presente año, que negó admitir el recurso de apelación interpuesto contra el proveído de dieciocho de septiembre del año en curso, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 712/2019, en el que la autoridad responsable señaló que resulta improcedente la petición de la parte actora, en el sentido de que se adjudique de manera directa el inmueble embargado (el cual se acordó otorgar a la JAVIER MORALES GUZMAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2e.60 28/09/21 14:52:34 parte actora en pago), dado que eso sería procedente siempre y cuando la parte demandada no cumpliera con lo señalado en el convenio celebrado entre las partes el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, convenio que se decretó en estado de ejecución, para ahora revocar el auto impugnado y admitir dicho recurso contra el acto que negó la adjudicación del inmueble embargado en autos. De lo anterior, se advierte que el acto reclamado se encuentra directamente vinculado con la adjudicación del inmueble embargado en autos, en etapa de ejecución del convenio celebrado en el juicio de origen, lo que se equipara a un procedimiento de remate. Ahora bien, el artículo 61, fracciones I a XXII, de la Ley de Amparo, se mencionan enunciativamente los diversos supuestos en los que resulta improcedente el juicio de amparo, mientras que la fracción XXIII instituye que también resultará improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo, lo que deja abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo. Al respecto, el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, instituye que cuando se reclaman actos en los procedimientos de remate, o bien, como el presente en etapa de ejecución de convenio, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución, que es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del segundo párrafo de dicho numeral. Asimismo, en relación con el tema que aborda el artículo JAVIER MORALES GUZMAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2e.60 28/09/21 14:52:34 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido jurisprudencia por contradicción de tesis, en la que dejó definido que se debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación, por lo que basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 13/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro 2011474, de rubro y texto siguientes: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el JAVIER MORALES GUZMAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2e.60 28/09/21 14:52:34 juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Por tanto, interpretada en sentido contrario dicha disposición (artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo), el juicio de amparo resultará improcedente cuando se advierta que no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de remate respectivo, que es aquélla que en forma indistinta y definitiva, ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento. Lo anterior, significa que si la parte quejosa no reclama la última resolución en la fase de ejecución de convenio como aquí acontece, en relación con el inmueble embargado en autos, el cual acordaron sería entregado a la parte actora en pago, es decir, aquélla determinación que ordene otorgar la escritura en rebeldía o su adjudicación o entrega de la posesión del bien, el amparo indirecto resultará improcedente, ya que la intención del legislador fue la de evitar la proliferación de un número indefinido de amparos promovidos contra resoluciones JAVIER MORALES GUZMAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2e.60 28/09/21 14:52:34 intermedias en la fase de ejecutiva, limitando a la última resolución la oportunidad para solicitar la protección federal. Lo expuesto permite sostener que la determinación impugnada de ninguna manera constituye la última resolución en la fase ejecutiva del juicio, resolución que debe ser entendida como aquélla en la que de manera indistinta se ordene otorgar la escritura de adjudicación, o bien, entregar la posesión del bien inmuebles respectivo. Por tanto, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa, por su notoria e indudable improcedencia. Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizadas para tal efecto a las personas que designa, quienes no podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que no les fueron conferidas expresamente. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles. Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c) de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal. JAVIER MORALES GUZMAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2e.60 28/09/21 14:52:34 En ese mismo sentido se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como responsable; caso en el cual de no ser hallados en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe. JAVIER MORALES GUZMAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2e.60 28/09/21 14:52:34 Yuni*/

  4. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ÉSTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, ASÍ COMO EN EL SISTEMA SISE EL PROVEÍDO DE DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.

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