Ma. de Jesús Heredia Ruiz
Expediente 227/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 227/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ma. de Jesús Heredia Ruiz
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de marzo de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se advierte que por auto de cuatro d marzo del año en curso, se desechó la demanda que dio origen al expediente en que se actúa y de la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha determinación ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, archívese el presente asunto como totalmente concluido y una vez que transcurran tres años, transfiérase a la Dirección General de Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la anotación de que es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, décimo primero y vigésimo primero del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica al quejoso por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado el auto de cuatro de marzo de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.
- Principal
....Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, faculta al órgano jurisdiccional para examinar el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia desechar de plano. En el caso la parte quejosa en su escrito de demanda reclama lo siguiente: * La resolución dictada el seis de febrero pasado emitida dentro del expediente ST-JDC-4/2019 del índice del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con residencia en Toluca, Estado de México, misma que confirmó la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, la cual, determinó improcedente la reclamación realizada por la parte quejosa respecto a diversos pagos derivados del cargo que desempeñaba como regidora del ayuntamiento de Purépero, Michoacán. Po tanto, previo al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes, o bien, de oficio se advierta que se actualicen, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal como lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." La misma consideración se desprende de la jurisprudencia número 814 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 553 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que al respecto menciona: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese sentido, este juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IV, de la Ley de Amparo en relación con el artículo 99, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, en materia de análisis de la causal de improcedencia que en la especie se considera actualizada, es preciso traer a glosa el contenido del artículo 61, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece textualmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . IV. Contra resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; ." Por su parte, el artículo 99, cuarto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: " Art. 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. . Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre: ." Una vez precisado lo dispuesto por el artículo 61, fracción IV de la Ley de Amparo, así como lo establecido en el arábigo 99 de nuestra Carta Magna se permite apreciar que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos u omisiones dictados dentro de un juicio que conozca el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, tomando en consideración que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es el órgano competente para conocer y resolver en forma definitiva e inatacable, entre otros, los conflictos o diferencias laborales que surjan entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores, en el entendido de que, desde el punto de vista gramatical "inatacable", significa aquello que no puede ser impugnado, refutado o contradicho; y, "definitivo" alude a lo que decide, resuelve o concluye. En ese sentido, se llega a la conclusión que contra las resoluciones que emita el citado tribunal es improcedente cualquier medio de defensa que tenga por objeto modificarlas o revocarlas, incluso el juicio de amparo. Además, de que lo previsto en la Constitución Federal, lo anterior, se encuentra ratificado en el artículo 189, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y que es motivo de improcedencia del juicio de amparo, ya que radica que se ha conferido la decisión terminal de ciertos actos a órganos como el citado Tribunal Electoral. Sustenta lo anterior por contener el mismo tema, la tesis aislada P.X/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 170405, de rubro siguiente: "AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DICTADAS POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. De la interpretación histórica, teleológica, prospectiva y funcional, así como de la literalidad del artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral -con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 constitucional, que otorga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación competencia para resolver las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la no conformidad de las leyes electorales con la Ley Suprema-, y que las resoluciones que emita en los asuntos de su competencia serán definitivas e inatacables, se advierte que las resoluciones del indicado órgano jurisdiccional quedan al margen no sólo de los medios de impugnación ordinarios, sino también de los extraordinarios, como el juicio de garantías. En esa virtud, resulta improcedente el amparo directo que se promueva contra las resoluciones que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emita al resolver los asuntos de su competencia." Asimismo, la tesis aislada 214, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 921286, de rubro siguiente: "TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. LAS RESOLUCIONES QUE PRONUNCIE EN CONFLICTOS LABORALES QUE SE SUSCITEN ENTRE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL Y SUS SERVIDORES, SON DEFINITIVAS E INATACABLES, RESULTANDO IMPROCEDENTE CUALQUIER MEDIO DE DEFENSA, INCLUSO EL JUICIO DE AMPARO.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el órgano competente para conocer y resolver, en forma definitiva e inatacable, entre otros, los conflictos o diferencias laborales que surjan entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores. Ahora bien, como desde el punto de vista gramatical "inatacable" significa aquello que no puede ser impugnado, refutado o contradicho, y "definitivo" alude a lo que decide, resuelve o concluye; consecuentemente, del simple análisis literal de dicho precepto se llega a la conclusión de que contra las resoluciones que emita el citado tribunal al conocer de los mencionados conflictos, es improcedente cualquier medio de defensa que tenga por objeto modificarlas o revocarlas, incluso el juicio de amparo. Además, la inimpugnabilidad de esas resoluciones prevista en la propia Constitución Federal, ratificada en el artículo 189, fracción I, inciso h), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y que es motivo de improcedencia del juicio de garantías, radica en que se ha conferido la decisión terminal de ciertos actos a órganos como el citado Tribunal Electoral que, por su conformación o la trascendencia social de su actuación, no requieren ser revisados en cuanto a su legalidad o constitucionalidad por un órgano de control." Por todo lo anterior, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda que dio origen al expediente en que se actúa, por su notoria e indudable improcedencia. En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizada para tal efecto a la persona que designa, quien no podrá gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo por no habérselas conferido expresamente. Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante el Acuerdo General 49/2011. De acuerdo con el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales aun en horas y días inhábiles. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo, con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso sea señalado como autoridad responsable; caso en el cual, de no ser halladas en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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