Ma. Consuelo Soria Gil

Expediente 86/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
86/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
19/08/2022

Partes del expediente

  • Ma. Consuelo Soria Gil
  • Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Diecisiete

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de agosto de dos mil veintidós.************************************************************Vista la cuenta precedente, se tiene a ********************, como autorizado de la parte tercera interesada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que sí tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, con el número de registro único ****************************************Ahora bien, el autorizado de la parte tercera interesada solicita copia certificada de diversas constancias que obran dentro del presente juicio.****************************************En tal virtud, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica, previo recibo que se deje en autos, autorizando en forma indistinta para recogerlas a las personas que menciona en su escrito de cuenta.****************************************Finalmente, y toda vez la práctica de diligencias presenciales se encuentran restringidas; se requiere al autorizado de la parte tercereara interesada, para en que en su oportunidad genere su código QR, en los términos establecidos en el Acuerdo General 21/2020, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, a efecto de ingresar ante las instalaciones de este juzgado para recoger las citadas copias.****************************************Notifíquese por lista.****************************************Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de ocho de agosto de dos mil veintidós, en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/3443/2022 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de ocho de junio de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con veinte minutos del ocho de junio de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 86/2022, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales que anexó a su informe el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, así como con las que adjuntó la parte quejosa a su demanda. De iual forma, se da cuenta con el estado de autos, del que se advierte que mediante proveído de veinticinco de febrero del año en curso, se ordenó reservar lo conducente respecto de la prueba testimonial ofrecida por la parte quejosa a cargo de dos personas que se comprometió a presentar. Al respecto, el juez acuerda: En primer orden, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas, aportadas por la autoridad responsable y por la parte quejosa. Por otro lado, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se desecha la prueba testimonial que ofrece la parte quejosa, toda vez que conforme al citado precepto legal, dicho medio de convicción debe ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, plazo que no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional. Sin embargo, dentro del presente juicio la citada audiencia se fijó para el uno de marzo de dos mil veintidós, por lo que el último día para presentar la petición correspondiente lo fue el veintiuno de febrero del año en curso y la quejosa presentó su escrito el veintidós de febrero siguiente, de ahí que su ofrecimiento resulte extemporáneo. Aunado a lo anterior, conforme lo dispone el diverso numeral 75 de la propia ley, las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el veintiséis de enero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, Ma. Consuelo Soria Gil, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, con residencia en Morelia, Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1º, 4º, 14, 16, 17 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que se registró bajo expediente 86/2022 y en proveído de uno de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite, se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, se señaló fecha y hora para el verificativo de la audiencia constitucional. Posteriormente, en auto de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, se reconoció el carácter de terceros interesados a Eulogio y Ma. De la Luz, ambos de apellidos Soria Gil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, por lo que se ordenó su emplazamiento. Finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional correspondiente, la cual se llevó a cabo con el resultado consignado en el acta que antecede; y ahora se procede a resolver en términos de las siguientes CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que los actos reclamados se atribuyen a una autoridad con residencia en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, de observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P.VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados, el acto reclamado por la quejosa al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, es: El trámite de la controversia agraria 323/2018, que sobre sucesión intestamentaria a bienes de Leobardo Soria Ciprés, en donde se determinó que Eulogio Soria Gil es el nuevo titilar de los derechos agrarios que pertenecieron al de cujus. Tercera. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, con residencia en Morelia, Michoacán, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con la prueba documental que acompañó a su informe la referida autoridad responsable, consistente en copia autorizada de las constancias que integran el expediente agrario 323/2018 [un tomo de pruebas]. Probanzas con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, y que permite tener por acreditado el acto reclamado. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarta. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Falta de interés. El Magistrado responsable en su informe justificado aduce que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, porque la comparecencia de la quejosa al expediente de origen constituye una mera expectativa de derecho y no afecta derechos adquiridos, aunado a que no expresa argumentos tendientes a destruir la sentencia y el juicio impugnado, por lo que se trata de actos que no afectan sus intereses. Dicha causal es infundada. Es así, porque la quejosa reclama el trámite del juicio agrario de origen aduciendo que se vulneraron sus derechos en cuanto coheredera de los bienes que pertenecieron a su padre Leobardo Soria Ciprés, y que fueron materia de controversia en el juicio agrario de origen, lo cual evidentemente afecta su esfera de derechos y le da interés para comparecer a solicitar la tutela constitucional; de ahí que no se actualice la causal invocada. Actos consentidos. Sin embargo, este juzgador advierte -de oficio- que en la especie se actualiza la diversa causal prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. [.]" La fracción invocada establece que el juicio de amparo es improcedente contra los actos consentidos expresamente, o bien, por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. En ese sentido, el juicio de amparo es improcedente cuando existe consentimiento expreso del acto reclamado o acatamiento consciente del mismo porque, por una parte, no es posible jurídicamente que el acto reclamado sea tachado de inconstitucional y, por otra, se acepte sin reservas su ejecución. Apoya lo expuesto, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J. 148/2006 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 289, Tomo XXIV, Octubre de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro número 174120, de rubro y texto siguientes: "CONSENTIMIENTO EXPRESO COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EL QUEJOSO SE ACOGE A UN BENEFICIO ESTABLECIDO A SU FAVOR, CUYO NACIMIENTO ESTÁ CONDICIONADO, POR LA OBLIGACIÓN O PERJUICIO QUE LE OCASIONA EL ACTO RECLAMADO. El artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, lo cual debe entenderse como el acatamiento consciente a una ley o acto que cause un agravio o perjuicio presente y actual al quejoso. En esas condiciones, si el acto o la ley reclamada en el amparo establece diversas prescripciones, entre las que se encuentra un beneficio en favor del particular afectado, cuyo nacimiento está condicionado necesariamente a la aceptación de un perjuicio, una vez que el quejoso se haya acogido a aquél, dicha conducta supone también la aceptación de este último, por lo que el juicio de amparo resulta improcedente en los términos del precepto citado." Ahora, si bien en dicha jurisprudencia se interpretó la fracción XI, de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece; ello no es impedimento para que en el caso se invoque su contenido, ya que éste y el de la fracción XIII de la Ley de Amparo vigente, que se considera actualizada, es sustancialmente el mismo. En ese sentido, como quedó precisado con antelación, la quejosa reclama de la autoridad responsable Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, con residencia en Morelia, Michoacán, el trámite del expediente 323/2018, sobre sucesión intestamentaria a bienes de Leobardo Soria Ciprés, donde se determinó que Eulogio Soria Gil, es el nuevo titular de los derechos agrarios que petenecieron al de cujus, quien refiere la quejosa, era su padre. Luego, de las constancias del citado expediente se advierte que el referido trámite fue admitido en proveído de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho y mediante notificación personal de diecisiete de mayo siguiente, la aquí quejosa Ma. Consuelo Soria Gil y otra, fueron emplazadas a la controversia en cuanto coherederas. Seguido el trámite correspondiente, a las diez horas del día veintidós de mayo de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, en la que la aquí quejosa compareció personalmente y designó como asesor legal al licenciado Francisco Irianda Gómez. De igual manera, consta en la citada actuación que en la etapa de demanda y excepciones, Ma. Consuelo Soria Gil y diversa coheredera, por conducto del referido asesor legal, manifestaron lo siguiente: "En este acto y a nombre de mis representadas manifiesto que no existe caución ni motivo alguno que impida que repudiemos el derecho que nos pudiera corresponder en cuanto a los derechos agrarios que pertenecieron a nuestro padre Leobardo Soria Ciprés, en el ejido que nos ocupa, por lo cual no tenemos inconveniente alguno en que nuestro hermano Eulogio Soria Gil se quede con dichos derechos que se encuentran ubicados dentro del ejido El Tizate, municipio de Ziracuaretiro, Michoacán, siendo todo lo que tenemos que manifestar en este acto." La diligencia en comento fue firmada por todos los intervinientes y dicho trámite concluyó con sentencia de cinco de junio de dos mil dieciocho, en el que se declaró procedente y fundada la acción de sucesión intestamentaria que promovió Eulogio Soria Gil, y se le tuvo como nuevo posesionario y titular de los derechos que amparen las parcelas 52 y 345 ubicadas en el poblado de "El Tizate", municipio de Ziracuaretiro, Michoacán, y que pertenecieron al extinto Leobardo Soria Ciprés. Lo anterior evidencia que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues como se dijo, la parte quejosa reclama lo determinado en el expediente 323/2018 que sobre sucesión intestamentaria promovió el tercero interesado Eulogio Soria Gil. Sin embargo, como se advierte de lo narrado en párrafos precedentes, la peticionaria del amparo conoció del trámite del referido juicio, cuando menos desde que fue emplazada el diecisiete de mayo de dos mil dieciocho y compareció personalmente al referido contradictorio a la audiencia de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, por lo que en ese sentido, se sometió expresamente a lo resuelto en ese juicio por el Magistrado del Tribunal Agrario responsable. Por tanto, el consentimiento libre y voluntario de la peticionaria del amparo, de comparecer y someter la solución del conflicto planteado -en este caso, el expediente de controversia agraria por sucesión intestamentaria 323/2018- ante la autoridad jurisdiccional agraria, implica la libre aceptación de los hechos materia de su reclamo o que, al menos, no los cuestione. En ese estado de cosas, resulta evidente que si con motivo de su emplazamiento a la controversia agraria la quejosa conoció en su totalidad las pretensiones de Eulogio Soria Gil, y además, al comparecer ante el Magistrado responsable a la audiencia de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, por conducto de su asesor legal manifestó su conformidad con el repudio de los derechos que le pudieran corresponder respecto de los bienes que en vida pertenecieron al de cujus, es evidente que no puede ahora inconformarse con lo resuelto en dicha controversia. Lo anterior, al margen de lo que aduce la quejosa en el sentido de que junto con su hermana repudiaron su derecho hereditario agrario en favor de su hermano Eulogio Soria Gil, con la única finalidad de volver más práctico y expedito el juicio, porque existía un acuerdo entre hermanos de hacerlo así, pero una vez resuelto el asunto harían las fracciones físicas y reales de las parcelas controvertidas, lo que nunca les cumplió; incluso lo encaró el seis de enero de dos mil veintidós, donde se percató que la intención del aquí tercero interesado siempre fue desposeerla de lo que le corresponde. Pues el consentimiento se actualizó en aquel momento, por lo que ahora en este medio de control no puede analizarse de fondo dicho acto. Esto es, a través del juicio de amparo no se puede controvertir un acto que hace años consintió, bajo la circunstancia de que ahora evidentemente no lo consienta. De suerte que por lo anterior, se reitera, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, y por tanto, procede sobreseer en el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Apoya lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, del Volumen 139-144, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Séptima Época, registro 232527, que dice lo siguiente: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad." En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Quinta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio promovido por Ma. Consuelo Soria Gil, por su propio derecho, respecto del acto reclamado al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, por los motivos expuestos en la consideración cuarta de esta sentencia. Segundo. Publíquese el presente fallo en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese por lista, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, agréguese a los autos el oficio del secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, por medio del cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 122/2022, y al efecto adjunta la constancia que acredita el emplazamiento de los terceros interesados Eulogio y Ma. de la Luz ambos de apellidos Soria Gil, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se les tiene por emplazados al presente juicio. Ahora bien, y toda vez que la parte tercera interesada no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, se ordena notificar por medio de lista el presente auto, así como las subsecuentes de carácter personal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hasta en tanto señalen diverso domicilio. Finalmente, se comisiona al actuario tome nota de lo anterior a efecto de que lleva a cabo las notificaciones personales que resulten del presente expediente a la referida parte tercera con interés por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

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