Ma. Barbara Y/O Maria Barbara Haro

Expediente 1383/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 8 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1383/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
02/03/2023

Partes del expediente

  • Ma. Barbara Y/O Maria Barbara Haro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, dos de marzo de dos mil veintitrés. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, en el presente juicio, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicho auto para todos los efectos legales procedentes.  Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido.  Valoración del expediente. Destruible. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, POR HABERSE SOBRESEÍDO FUERA DE AUDIENCIA EL JUICIO. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase el expediente. Destrúyase el juicio principal dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior; debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. En ese contexto, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes para devolución de documentos al no constar en autos. Devolución de constancias. Por otra parte, devuélvase al Presidente y Representante de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, las constancias que remitió como apoyo a su informe justificado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de las presentes actuaciones, en específico del análisis integral de la demanda de amparo que dio origen al juicio en que se actúa, se advierte que la parte quejosa hizo consistir esencialmente el acto reclamado en: "La omisión del Presidente Ejecutor de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, de cumplir con los plazos y términos (.) dictando las medidas que sean necesarias solicitadas para lograr se dé cumplimiento al laudo (.) la omisión del Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de dictar el acuerdo correspondiente, respecto a la petición formulada mediante escrito presentado el dos de mayo de dos mil veintidós, en el expediente laboral ********************de su índice, tendente a la ejecución del laudo. Ahora, del informe justificado rendido por el Presidente y Representante de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Estado de Tlaxcala, refirió que el acto reclamado no es cierto, toda vez que el seis de octubre de dos mil veintidós -antes de la presentación de la demanda de amparo indirecto- dictó el acuerdo correspondiente dentro del expediente laboral ********************de su índice (foja 30), respecto de la petición que se le formuló por escrito presentado el dos de mayo de dos mil veintidós. Lo que acreditó con las copias certificadas del expediente laboral ********************de su índice, que remitió como justificación de sus actos, documentales a las que se concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Lo anterior, pone de manifiesto que al momento de la presentación de la demanda de amparo -treinta de noviembre de dos mil veintidós- no existía el acto reclamado por la parte quejosa, consistente en la omisión de dictar el acuerdo correspondiente, respecto a la petición formulada mediante escrito presentado el dos de mayo de dos mil veintidós, en el expediente laboral ********************de su índice, tendente a la ejecución del laudo; de ahí que no se puede considerar que la responsable ha sido omisa en su emisión. Resulta pertinente destacar que la interpretación sistemática de los artículos 1°, fracción I, 63, fracción IV, y 75 de la Ley de Amparo, revela que el juicio de garantías es procedente contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, por lo que antes de estudiar otras cuestiones, el juzgador de amparo debe analizar el acervo probatorio y determinar oficiosamente si con él se acredita o no la existencia de los actos reclamados, pues sólo en caso de que así sea, podrá proceder al estudio de las causas de improcedencia respecto del caso concreto y, eventualmente, del fondo del asunto. Tal como lo corrobora la tesis aislada CXLVII/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 439 del tomo XXVI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a octubre de 2007 de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. LA OMISIÓN DEL JUZGADOR DE AMPARO DE PRONUNCIARSE SOBRE SU EXISTENCIA, DEBE REPARARLA OFICIOSAMENTE EL TRIBUNAL REVISOR. De los artículos 74, fracción IV, 77, fracciones I y II, y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, se advierte que es obligación del juzgador de garantías apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la sentencia relativa para tener por acreditada o no la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia. En ese tenor, ante la omisión de realizar ese pronunciamiento en la sentencia recurrida, el tribunal revisor debe subsanarla -aun cuando no exista agravio alguno en tal sentido- y emitir una determinación al respecto, porque no sería jurídicamente congruente abordar en sede de revisión causas de improcedencia o el fondo del asunto si no está probada la existencia de los actos reclamados en el juicio de amparo." Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente el quejoso, no podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea en el amparo. Al respecto, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado; sin embargo, de las constancias que remitió el Presidente y Representante de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Estado de Tlaxcala, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Cobra aplicación la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J. 49/2017 (10a.), con número de Registro Digital 2015699, cuyo contenido se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación sistemática del contenido de los artículos comprendidos del 117 al 124 de la Ley de Amparo, se obtienen las reglas del procedimiento que deben respetarse durante el trámite del juicio de amparo indirecto, de donde se obtiene que rendidos los informes justificados por las autoridades responsables, con ellos debe darse vista a las partes, debiendo mediar un plazo de ocho días entre la fecha en que se ponen en su conocimiento y la diversa señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lapso en que deberán aportar las pruebas que consideren necesarias de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 119 de la ley de la materia para acreditar sus pretensiones; tal prerrogativa resulta de mayor relevancia para la parte quejosa, porque cuando la autoridad responsable niega el acto reclamado, le genera una carga procesal probatoria, de la que debe hacer uso para controvertir el informe respectivo; para ello se requiere que el juicio se agote en todas sus etapas y que por tanto, la audiencia constitucional se celebre, porque ése es el último momento procesal en que puede aportar medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de la autoridad y alegar lo que a su derecho convenga para demostrar que el acto sí existe y que es violatorio de sus derechos fundamentales; de manera que, por regla general, sobreseer en el juicio antes de que esa actuación ocurra, implica contrariar las reglas del procedimiento, pero sobre todo dejar en completo estado de indefensión a la parte quejosa, lo que indefectiblemente llevará a reponer el procedimiento respectivo, porque no constituye generalmente una justificación válida, el argumento de que se actúa así en aras de una impartición de justicia pronta y expedita conforme a lo que dispone el artículo 17 Constitucional, puesto que está por encima el derecho de defensa del actor constitucional que le otorga la posibilidad de contar con un recurso efectivo, como lo previene el propio numeral constitucional invocado y el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." Como puede verse, durante el trámite del juicio de amparo indirecto, cuando rinden los informes justificados las autoridades responsables, debe darse vista a las partes, debiendo mediar un plazo de ocho días entre la fecha en que se ponen en su conocimiento y la diversa señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lapso en que deberán aportar las pruebas que consideren necesarias de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 119 de la ley de la materia para acreditar sus pretensiones. Tal prerrogativa resulta de mayor relevancia para la parte quejosa, porque cuando la autoridad responsable niega el acto reclamado, le genera una carga procesal probatoria, de la que debe hacer uso para controvertir el informe respectivo; para ello se requiere que el juicio se agote en todas sus etapas y que por tanto, la audiencia constitucional se celebre, porque ése es el último momento procesal en que puede aportar medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de la autoridad y alegar lo que a su derecho convenga para demostrar que el acto sí existe y que es violatorio de sus derechos fundamentales. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que de las constancias que remitió el Presidente y Representante de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Estado de Tlaxcala, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis prevista en el artículo 63, fracción IV, Ley de Amparo, ya que de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado, pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda. Asimismo, independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado. Lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De esa manera, si la omisión de dictar el acuerdo correspondiente, respecto a la petición formulada mediante escrito presentado el dos de mayo de dos mil veintidós, en el expediente laboral ********************del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Estado de Tlaxcala, tendente a la ejecución del laudo, en su emisión constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional, se dictó el seis de octubre de dos mil veintidós, es evidente que la omisión reclamada es inexistente pues a la fecha de presentación de la demanda de amparo relativa -treinta de noviembre de dos mil veintidós-, no existía la referida omisión reclamada, circunstancia que resulta suficiente para decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo por inexistencia del acto reclamado, ya que la existencia del acto debe acreditarse respecto a la fecha de presentación de la demanda. Corrobora lo anterior la tesis sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, XIII.1o.P.T.4 K (10a.), cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado". De igual manera, la tesis de los Tribunales Colegiados de Circuito, I.16o.T.7 K (10a.), de rubro y contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CUANDO EL MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, ES NOTORIO, MANIFIESTO E INDUDABLE. Del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio cuando: 1) de las constancias de autos se advierta que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; por lo que, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que al actualizarse, excepcionalmente, la primera de las hipótesis, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia, si resulta patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada; es decir, cuando su materialización sea tal que ninguna prueba pueda servir para concluir lo contrario. Conforme a lo anterior, cuando ese motivo de sobreseimiento sea notorio, manifiesto e indudable, de manera que con ninguna prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional". En tal virtud, al haberse acreditado la inexistencia del acto reclamado consistente en la omisión del Presidente Ejecutor de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, de dictar el acuerdo correspondiente, respecto a la petición formulada mediante escrito presentado el dos de mayo de dos mil veintidós, en el expediente laboral ********************de su índice, tendente a la ejecución del laudo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos de lo establecido en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido para este juzgador federal que la parte quejosa, mediante escrito presentado ante este órgano jurisdiccional el dos de enero del año curso (fojas 35 a 37), realizó diversas manifestaciones en vía de alegatos, consistente en que no se le notificó personalmente el acuerdo de seis de octubre de dos mil veintidós, dictado en el juicio de origen ********************del índice de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, a través del cual se le dio respuesta al escrito que presentó ante dicha autoridad el dos de mayo de dos mil veintidós. Sin embargo, debe decirse que se encuentran expeditos sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que estime pertinentes, a través del medio de impugnación que corresponda, respecto a la ilegal notificación que se le practicó, como puede ser el incidente de nulidad de actuación que señala la ley de la materia que rige el juicio de origen. Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con dos minutos del uno de febrero de dos mil veintitrés), por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés: Apizaco, Tlaxcala, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de las presentes actuaciones, en específico del análisis integral de la demanda de amparo que dio origen al juicio en que se actúa, se advierte que la parte quejosa hizo consistir esencialmente el acto reclamado en: "La omisión del Presidente Ejecutor de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, de cumplir con los plazos y términos (.) dictando las medidas que sean necesarias solicitadas para lograr se dé cumplimiento al laudo (.) la omisión del Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de dictar el acuerdo correspondiente, respecto a la petición formulada mediante escrito presentado el dos de mayo de dos mil veintidós, en el expediente laboral ********************de su índice, tendente a la ejecución del laudo. Ahora, del informe justificado rendido por el Presidente y Representante de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Estado de Tlaxcala, refirió que el acto reclamado no es cierto, toda vez que el seis de octubre de dos mil veintidós -antes de la presentación de la demanda de amparo indirecto- dictó el acuerdo correspondiente dentro del expediente laboral ********************de su índice (foja 30), respecto de la petición que se le formuló por escrito presentado el dos de mayo de dos mil veintidós. Lo que acreditó con las copias certificadas del expediente laboral ********************de su índice, que remitió como justificación de sus actos, documentales a las que se concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Lo anterior, pone de manifiesto que al momento de la presentación de la demanda de amparo -treinta de noviembre de dos mil veintidós- no existía el acto reclamado por la parte quejosa, consistente en la omisión de dictar el acuerdo correspondiente, respecto a la petición formulada mediante escrito presentado el dos de mayo de dos mil veintidós, en el expediente laboral ********************de su índice, tendente a la ejecución del laudo; de ahí que no se puede considerar que la responsable ha sido omisa en su emisión. Resulta pertinente destacar que la interpretación sistemática de los artículos 1°, fracción I, 63, fracción IV, y 75 de la Ley de Amparo, revela que el juicio de garantías es procedente contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, por lo que antes de estudiar otras cuestiones, el juzgador de amparo debe analizar el acervo probatorio y determinar oficiosamente si con él se acredita o no la existencia de los actos reclamados, pues sólo en caso de que así sea, podrá proceder al estudio de las causas de improcedencia respecto del caso concreto y, eventualmente, del fondo del asunto. Tal como lo corrobora la tesis aislada CXLVII/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 439 del tomo XXVI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a octubre de 2007 de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. LA OMISIÓN DEL JUZGADOR DE AMPARO DE PRONUNCIARSE SOBRE SU EXISTENCIA, DEBE REPARARLA OFICIOSAMENTE EL TRIBUNAL REVISOR. De los artículos 74, fracción IV, 77, fracciones I y II, y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, se advierte que es obligación del juzgador de garantías apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la sentencia relativa para tener por acreditada o no la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia. En ese tenor, ante la omisión de realizar ese pronunciamiento en la sentencia recurrida, el tribunal revisor debe subsanarla -aun cuando no exista agravio alguno en tal sentido- y emitir una determinación al respecto, porque no sería jurídicamente congruente abordar en sede de revisión causas de improcedencia o el fondo del asunto si no está probada la existencia de los actos reclamados en el juicio de amparo." Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente el quejoso, no podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea en el amparo. Al respecto, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado; sin embargo, de las constancias que remitió el Presidente y Representante de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Estado de Tlaxcala, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Cobra aplicación la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J. 49/2017 (10a.), con número de Registro Digital 2015699, cuyo contenido se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación sistemática del contenido de los artículos comprendidos del 117 al 124 de la Ley de Amparo, se obtienen las reglas del procedimiento que deben respetarse durante el trámite del juicio de amparo indirecto, de donde se obtiene que rendidos los informes justificados por las autoridades responsables, con ellos debe darse vista a las partes, debiendo mediar un plazo de ocho días entre la fecha en que se ponen en su conocimiento y la diversa señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lapso en que deberán aportar las pruebas que consideren necesarias de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 119 de la ley de la materia para acreditar sus pretensiones; tal prerrogativa resulta de mayor relevancia para la parte quejosa, porque cuando la autoridad responsable niega el acto reclamado, le genera una carga procesal probatoria, de la que debe hacer uso para controvertir el informe respectivo; para ello se requiere que el juicio se agote en todas sus etapas y que por tanto, la audiencia constitucional se celebre, porque ése es el último momento procesal en que puede aportar medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de la autoridad y alegar lo que a su derecho convenga para demostrar que el acto sí existe y que es violatorio de sus derechos fundamentales; de manera que, por regla general, sobreseer en el juicio antes de que esa actuación ocurra, implica contrariar las reglas del procedimiento, pero sobre todo dejar en completo estado de indefensión a la parte quejosa, lo que indefectiblemente llevará a reponer el procedimiento respectivo, porque no constituye generalmente una justificación válida, el argumento de que se actúa así en aras de una impartición de justicia pronta y expedita conforme a lo que dispone el artículo 17 Constitucional, puesto que está por encima el derecho de defensa del actor constitucional que le otorga la posibilidad de contar con un recurso efectivo, como lo previene el propio numeral constitucional invocado y el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." Como puede verse, durante el trámite del juicio de amparo indirecto, cuando rinden los informes justificados las autoridades responsables, debe darse vista a las partes, debiendo mediar un plazo de ocho días entre la fecha en que se ponen en su conocimiento y la diversa señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lapso en que deberán aportar las pruebas que consideren necesarias de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 119 de la ley de la materia para acreditar sus pretensiones. Tal prerrogativa resulta de mayor relevancia para la parte quejosa, porque cuando la autoridad responsable niega el acto reclamado, le genera una carga procesal probatoria, de la que debe hacer uso para controvertir el informe respectivo; para ello se requiere que el juicio se agote en todas sus etapas y que por tanto, la audiencia constitucional se celebre, porque ése es el último momento procesal en que puede aportar medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de la autoridad y alegar lo que a su derecho convenga para demostrar que el acto sí existe y que es violatorio de sus derechos fundamentales. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que de las constancias que remitió el Presidente y Representante de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Estado de Tlaxcala, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis prevista en el artículo 63, fracción IV, Ley de Amparo, ya que de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado, pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda. Asimismo, independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado. Lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De esa manera, si la omisión de dictar el acuerdo correspondiente, respecto a la petición formulada mediante escrito presentado el dos de mayo de dos mil veintidós, en el expediente laboral ********************del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Estado de Tlaxcala, tendente a la ejecución del laudo, en su emisión constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional, se dictó el seis de octubre de dos mil veintidós, es evidente que la omisión reclamada es inexistente pues a la fecha de presentación de la demanda de amparo relativa -treinta de noviembre de dos mil veintidós-, no existía la referida omisión reclamada, circunstancia que resulta suficiente para decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo por inexistencia del acto reclamado, ya que la existencia del acto debe acreditarse respecto a la fecha de presentación de la demanda. Corrobora lo anterior la tesis sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, XIII.1o.P.T.4 K (10a.), cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado". De igual manera, la tesis de los Tribunales Colegiados de Circuito, I.16o.T.7 K (10a.), de rubro y contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CUANDO EL MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, ES NOTORIO, MANIFIESTO E INDUDABLE. Del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio cuando: 1) de las constancias de autos se advierta que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; por lo que, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que al actualizarse, excepcionalmente, la primera de las hipótesis, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia, si resulta patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada; es decir, cuando su materialización sea tal que ninguna prueba pueda servir para concluir lo contrario. Conforme a lo anterior, cuando ese motivo de sobreseimiento sea notorio, manifiesto e indudable, de manera que con ninguna prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional". En tal virtud, al haberse acreditado la inexistencia del acto reclamado consistente en la omisión del Presidente Ejecutor de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, de dictar el acuerdo correspondiente, respecto a la petición formulada mediante escrito presentado el dos de mayo de dos mil veintidós, en el expediente laboral ********************de su índice, tendente a la ejecución del laudo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos de lo establecido en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido para este juzgador federal que la parte quejosa, mediante escrito presentado ante este órgano jurisdiccional el dos de enero del año curso (fojas 35 a 37), realizó diversas manifestaciones en vía de alegatos, consistente en que no se le notificó personalmente el acuerdo de seis de octubre de dos mil veintidós, dictado en el juicio de origen ********************del índice de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, a través del cual se le dio respuesta al escrito que presentó ante dicha autoridad el dos de mayo de dos mil veintidós. Sin embargo, debe decirse que se encuentran expeditos sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que estime pertinentes, a través del medio de impugnación que corresponda, respecto a la ilegal notificación que se le practicó, como puede ser el incidente de nulidad de actuación que señala la ley de la materia que rige el juicio de origen. Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con dos minutos del uno de febrero de dos mil veintitrés), por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, diez de enero de dos mil veintitrés. Autoridad cumple requerimiento. Agréguese el oficio signado por el Presidente y Representante de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en proveído de quince de diciembre de dos mil veintidós, remite copia certificada del expediente laboral C.D.T. 103/2009-5. Vista a las partes. Con el contenido del oficio y anexos de cuenta, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído. Pruebas Por otro lado, con apoyo en el artículo 119. de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, ofreciendo las documentales antes señaladas, mismas que se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de ser relacionadas nuevamente en la audiencia de ley. Se ordena formar tomo de pruebas. Ahora, dada la naturaleza de las constancias remitidas por la autoridad responsable, fórmese un tomo de pruebas por separado, en el cual deberá elaborarse la carátula respectiva. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.

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