Ma. Adriana Flores Maldonado

Expediente 195/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
195/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
27/03/2017

Partes del expediente

  • Ma. Adriana Flores Maldonado

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de siete de marzo de dos mil diecisiete (fojas 13 a 18), en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Ma. Adriana Flores Maldonado; con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes.

  2. Principal

    NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSA MA. ADRIANA FLORES MALDONADO, EL CONTENIDO DE LA DETERMINACIÓN DE SIETE DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, DICTADAS DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 195/2017-VIII, QUE ESTABLECEN: "Vista la demanda de amparo que promueve Ma. Adriana Flores Maldonado, contra los actos de la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 195/2017-VIII. Una vez precisado lo anterior, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. En el caso se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" De los numerales transcritos se desprende que el juicio de amparo, en los supuestos en los que se reclamen actos dictados en ejecución de sentencia, procede únicamente en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo en ese momento reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Dicha previsión legal parte de la premisa de que no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada, al ser posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la última resolución, pues de demostrarse que hubo la infracción legal y que dejó sin defensa al quejoso, tendrá que reponerse el procedimiento a partir de esa violación y, de ser infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una ejecutoria, lo que equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de amparo, que no permite ser utilizado como instrumento para retardar la administración de justicia. Debe destacarse que la razón que inspiró la creación de esta regla de procedencia fue impedir que el juicio de amparo sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, de la que se presume que la sociedad está interesada en que la ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible; y la certidumbre de que la violación que entrañe una afectación meramente adjetiva a las defensas de un sujeto, sólo conllevará perjuicio si es que la resolución final con la que culmina el procedimiento es adversa a sus intereses. Por tal motivo, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el mismo que hubieran afectado las defensas de la parte quejosa. No obstante, conviene señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la jurisprudencia 108/2010, al analizar la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia -previsto en la Ley de Amparo abrogada-, determinó que de manera excepcional la norma que regulaba la procedencia del amparo contra actos dictados dentro de juicio, dada su amplitud, podía aplicarse por analogía para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto, en aquellos supuestos en los que existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Consecuentemente, se estima que tratándose de actos intraprocesales dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, de manera excepcional podrá determinarse la procedencia del juicio de amparo en aquellos supuestos en los que se actualice el supuesto normativo previsto en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, conforme a la cual el juicio constitucional resulta procedente respecto de actos dentro del juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados tanto en la Constitución Federal como en los tratados internaciones celebrados por el Estado Mexicano. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, ha sostenido que para que proceda el juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento, resulta necesario que se actualicen dos condiciones: Que produzcan una afectación material a derechos sustantivos, lo que implica que sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el libre ejercicio de un derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y Que los derechos afectados materialmente revistan la categoría de sustantivos, y no solo de naturaleza formal o adjetiva o procesal, pues en éstos la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, por lo que será en la resolución definitiva el momento en el cual se consumaran en forma efectiva. Sentado lo anterior, para mejor claridad en el sentido de la presente resolución, es necesario señalar los antecedentes descritos por la quejosa de los cuales se desprende lo siguiente: El cuatro de julio de dos mil trece, la quejosa Ma. Adriana Flores Maldonado, presentó escrito en la Oficialía de Partes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, promoviendo juicio ordinario laboral en contra del Organismo Público Autónomo Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. Mediante auto de quince de julio de dos mil trece, se admitió dicha demanda, asignándole el número de expediente laboral C.D.T. 339/2013-9 del índice de la Junta responsable. Seguido el trámite correspondiente, el treinta de mayo de dos mil dieciséis, se emitió el laudo en el citado expediente laboral. Inconforme con el laudo de referencia, el veinte de junio de dos mil dieciséis, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, promovió amparo directo en contra del laudo dictado en el expediente laboral de origen, cuyo conocimiento corresponde al Tribunal Colegiado del vigésimo Octavo Circuito, con sede en la Ciudad de Tlaxcala registrándolo con el número 871/2016, mismo que se encuentra pendiente de resolución. El uno de julio de dos mil dieciséis, la quejosa presentó escrito en la oficialía de partes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, en el que solicita, entre otras cosas, requerir el pago y embargo correspondiente. Por lo que la autoridad responsable contestó que no ha lugar dictar auto de requerimiento de pago y embargo, ello en virtud de encontrarse pendiente de resolver el amparo directo 871/2016, el cual fue interpuesto por la parte demandada en el juicio de origen, a quien a su vez le fue concedida la suspensión solicitada. De lo anterior se advierte que el acto reclamado consiste en el retardo en la ejecución de sentencia solicitada mediante escrito presentado el uno de julio de dos mil dieciséis, dentro del expediente laboral C.D.T. 339/2013-9 del índice de la Junta responsable, el cual ya fue contestado por dicha autoridad. Lo anterior permite concluir que en el caso el juicio de amparo en que se actúa es improcedente, pues el acto reclamado consiste en la omisión dentro del procedimiento de ejecución de sentencia -laudo-, que no constituye la última resolución, pues no aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, ni declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, así como tampoco ordena el archivo definitivo del expediente, ni aprueba el remate o la adjudicación del bien embargado. Por tanto, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el diverso numeral 113 de la ley de la materia, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por Ma. Adriana Flores Maldonado."

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