Ma. Antonieta y/o María Antonieta Muñoz Muñoz

Expediente 665/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
665/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
21/06/2016

Partes del expediente

  • Ma. Antonieta y/o María Antonieta Muñoz Muñoz

Actuaciones

  1. Principal

    Vistos los presentes autos y tomando en consideración que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de nueve de junio de dos mil dieciséis (fojas 27 a 45), en el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado, para los efectos legales procedentes.

  2. Principal

    Vista, la demanda de amparo que promueve Ma. Antonieta Muñoz Muñoz, también conocida como María Antonieta Muñoz Muñoz, contra actos del Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl, San Pablo del Monte, Tlaxcala y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 665/2016-VI. Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de derechos fundamentales por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente el acto consistente en: El auto dictado el veinte de mayo de dos mil dieciséis, en el juicio ordinario civil reivindicatorio 493/2013 del Juzgado lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl, mediante el cual ordena admitir y desahogar pruebas de la parte demandada. Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta la parte quejosa deriva de que el acto reclamado consiste en el auto dictado el veinte de mayo de dos mil dieciséis, en el juicio ordinario civil reivindicatorio 493/2013 del Juzgado lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl, mediante el cual abrió el cuaderno de pruebas de la parte demandada, admitió y ordenó desahogar pruebas de ésta, la cual no produce efectos de imposible reparación a las partes, por no afectar materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Lo anterior, resulta relevante en este asunto, por analogía, pues el acto reclamado en el presente juicio consiste en el auto dictado el veinte de mayo de dos mil dieciséis, en el juicio ordinario civil reivindicatorio 493/2013 del Juzgado lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl, mediante el cual abrió el cuaderno de pruebas de la parte demandada, admitió y ordenó el desahogo de las probanzas ofrecidas por esta última, las que según se desprende del instructivo de notificación del referido auto, realizada el uno de junio de dos mil dieciséis, que anexó a su demanda de amparo, consisten en: la documental, la presuncional, la confesional y la declaración de partes, ambas a cargo de la quejosa, la testimonial, cinco inspecciones judiciales, y la pericial en agrimensura y topografía; por lo que, se afirma que el proveído reclamado tiene como efecto que se desahoguen las pruebas para la continuación del juicio de origen, por tanto, sólo tiene efectos meramente procesales y, por ende, no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que dichas pruebas influyan para el dictado de una sentencia adversa a los intereses de la parte aquí promovente, por lo que debe decirse que dicha determinación no tiene una ejecución de imposible reparación, dado que sus consecuencias no afectan materialmente algún derecho sustantivo contenido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Así, la materia de la resolución reclamada es un tema que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, pues únicamente tiene efectos procesales relacionados con el trámite del procedimiento de origen -pruebas-, que bien podría repararse si la sentencia definitiva resulta favorable a las pretensiones del inconforme. Además, cabe precisar que tal determinación no deja en estado de indefensión jurídica a la parte quejosa, pues en caso de que la sentencia resulte adversa a sus intereses, entonces esa violación procesal sería reclamable en amparo directo, en tanto se trata de una violación de reparación posible por no afectar derechos sustantivos. Asimismo, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio constitucional, partiendo de la base de determinar si el acto controvertido afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. En tales condiciones, en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sentido-; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales.

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