M. Dolores Jamaica Torres
Expediente 495/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 495/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- M. Dolores Jamaica Torres
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de once de junio de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho auto queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. En ese sentido, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho, contra actos del Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social en Durango, Durango y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 495/2018-IV. Se precisa que lo que el quejoso reclama de las autoridades responsables, es: De la encargada de Pensiones Subdelegacional de Gómez Palacio, Durango, del Instituto Mexicano del Seguro Social, la resolución número 17/100143 de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, la cual le niega su solicitud de pensión de viudez por existir otra persona que contrajo enlace matrimonial con su finado esposo **********. Del Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social en Durango, Durango, la resolución de dos de marzo de dos mil dieciocho, emitida dentro del recurso de inconformidad número CC-DGO-020/2018, que confirma la negativa de pensión por viudez número 17/100143 de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete. Ahora bien, respecto del acto reclamado precisado en el inciso a, la demanda resulta improcedente, en atención a lo establecido en el artículo 61 -fracción XXI- de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Bajo ese contexto, este Juzgado de Distrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improceder prevista en la referida fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 1 -fracción I- de la Ley de Amparo. Así se considera, en razón de que, como se advierte de párrafos precedentes la quejosa también señala como acto reclamado, la resolución de dos de marzo de dos mil dieciocho, dictada por el Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social en Durango, Durango, que confirma la negativa de pensión por viudez número 17/100143 de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, emitida por la encargada de Pensiones Subdelegacional de Gómez Palacio, Durango, de la citada dependencia, lo cual, evidencia que cesaron los efectos de la determinación dictada por la última de las mencionadas, en razón de haber sido legalmente substituida por la resolución citada en primer término. Ahora bien, respecto al acto citado en el inciso b de la presente, consistente en la resolución de dos de marzo de dos mil dieciocho, dictada por el Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social en Durango, Durango, dentro del recurso de inconformidad número CC-DGO-020/2018, que confirma la negativa de pensión por viudez número 17/100143 de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 -fracción XXIII- en relación con los diversos 1 -fracción I y último párrafo- así como el 5 -fracción II- de la Ley de Amparo, en virtud de que dicho acto no es considerado como un acto de autoridad. El artículo 1 -fracción I- del citado ordenamiento legal, establece que el juicio de amparo tiene como finalidad resolver toda controversia por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, el artículo 5 -fracción II- de la Ley de Amparo, establece que autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; asimismo, señala que los particulares tendrán dicha calidad cuando realicen actos equivalentes de autoridad. En ese orden, todo acto de autoridad tiene que ver con la privación de derechos o la imposición de obligaciones a los gobernados. Hay acto de autoridad cuando concurren las siguientes características: 1) Unilateralidad, porque para su existencia y eficacia no requiere de la anuencia o colaboración del gobernado frente al cual se realiza o ejecuta. 2) La voluntad del particular queda sometida a dicho acto. 3) Coercitividad, porque constriñe al gobernado a observarlo y acatarlo. 4) La creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas al gobernado en su esfera jurídica. De lo anterior, se desprende que un acto de autoridad es toda actuación de funcionarios o empleados de organismos estatales o descentralizados o particulares que con fundamento en la ley emitan actos unilaterales a través de los cuáles crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del gobernado con motivo de sus funciones oficiales, ya sea modificando obligaciones existentes o limitando derechos. Una característica que distingue a este tipo de actos, de cualquier otro, es la relación de supra a subordinación entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social, cuya relación se caracteriza por la unilateralidad, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Para explicarlo, debe tenerse en cuenta que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos humanos y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105 -fracciones I y II- de la Constitución Federal. En esas condiciones, para definir el concepto de autoridad responsable es necesario tomar en cuenta la distinción de las relaciones jurídicas, para corroborar si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que la promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. En ese sentido, de la lectura de los artículos 2, 5, 5 A -fracciones IX, XI, XII, XIII y XIV-, 6, 7, 11, 12 -fracción I- 251 -fracción I- y 295 de la Ley del Seguro Social, se desprende que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter, el primero, de organismo fiscal autónomo cuando ejerce sus facultades de recaudación, administración y liquidación de cuotas obrero patronales; y, el segundo, de asegurador respecto de los seguros y prestaciones que otorga la Ley del Seguro Social. También, se advierte que la seguridad social se encuentra a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social; está dirigida, en un primer nivel, a la protección de los trabajadores, y en un nivel ulterior a sus beneficiarios, quienes para ser acreedores a las prestaciones de seguridad social deberán satisfacer los requisitos previstos por la ley relativa y sus reglamentos. Y finalmente, que las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre las prestaciones que la propia ley otorga, serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. De lo anterior, se concluye que cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social emite u omite actos relativos a las prestaciones a las que tiene derecho el asegurado o sus beneficiarios, no actúa como autoridad responsable, puesto que la relación que surge entre ambos es de coordinación: las controversias que surjan entre ellos serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje juicio en el que, evidentemente, el instituto no puede acudir como autoridad. En el caso, como se estableció en párrafos que anteceden la quejosa señala como acto reclamado: la resolución de dos de marzo de dos mil dieciocho, dictada por el Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social en Durango, Durango, dentro del recurso de inconformidad número CC-DGO-020/2018, que confirmó la negativa de pensión por viudez número 17/100143 de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete. De ahí que se concluya que tal determinación, se encuentra íntimamente vinculada con la función del instituto como ente asegurador, porque no está ejerciendo sus facultades de recaudación, administración y liquidación de cuotas obrero patronales. Puesto que, en ese supuesto el Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social en Durango, Durango, no se encuentra investido de facultades de imperio que caracteriza a las autoridades, ya que la relación que surge entre ambos es de igualdad (coordinación), en virtud de que su actuación únicamente confirma la negativa de pensión por viudez solicitada por la quejosa, esto es, únicamente resuelve lo conducente respecto a una prestación aducida por la quejosa en su calidad de beneficiaria. Consecuentemente, al quedar plenamente demostradas las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 -fracciones XXI y XXIII- la última relación con los diversos 1 -fracción I y último párrafo- así como el 5 -fracción II- todos de la Ley de Amparo, respecto a los actos reclamados por la quejosa y citados en los inciso a y b de la presente, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otra parte, téngase a la quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su demanda de amparo, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *********, en virtud de que cuentan con su cédula profesional número ********, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 21 -tercer párrafo- de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 -fracción I, incisos b y c- de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA:Vista la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho, contra actos del Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social en Durango, Durango y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 495/2018-IV. Se precisa que lo que el quejoso reclama de las autoridades responsables, es: De la encargada de Pensiones Subdelegacional de Gómez Palacio, Durango, del Instituto Mexicano del Seguro Social, la resolución número 17/100143 de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, la cual le niega su solicitud de pensión de viudez por existir otra persona que contrajo enlace matrimonial con su finado esposo **********. Del Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social en Durango, Durango, la resolución de dos de marzo de dos mil dieciocho, emitida dentro del recurso de inconformidad número CC-DGO-020/2018, que confirma la negativa de pensión por viudez número 17/100143 de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete. Ahora bien, respecto del acto reclamado precisado en el inciso a, la demanda resulta improcedente, en atención a lo establecido en el artículo 61 -fracción XXI- de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Bajo ese contexto, este Juzgado de Distrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improceder prevista en la referida fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 1 -fracción I- de la Ley de Amparo. Así se considera, en razón de que, como se advierte de párrafos precedentes la quejosa también señala como acto reclamado, la resolución de dos de marzo de dos mil dieciocho, dictada por el Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social en Durango, Durango, que confirma la negativa de pensión por viudez número 17/100143 de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, emitida por la encargada de Pensiones Subdelegacional de Gómez Palacio, Durango, de la citada dependencia, lo cual, evidencia que cesaron los efectos de la determinación dictada por la última de las mencionadas, en razón de haber sido legalmente substituida por la resolución citada en primer término. Ahora bien, respecto al acto citado en el inciso b de la presente, consistente en la resolución de dos de marzo de dos mil dieciocho, dictada por el Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social en Durango, Durango, dentro del recurso de inconformidad número CC-DGO-020/2018, que confirma la negativa de pensión por viudez número 17/100143 de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 -fracción XXIII- en relación con los diversos 1 -fracción I y último párrafo- así como el 5 -fracción II- de la Ley de Amparo, en virtud de que dicho acto no es considerado como un acto de autoridad. El artículo 1 -fracción I- del citado ordenamiento legal, establece que el juicio de amparo tiene como finalidad resolver toda controversia por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, el artículo 5 -fracción II- de la Ley de Amparo, establece que autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; asimismo, señala que los particulares tendrán dicha calidad cuando realicen actos equivalentes de autoridad. En ese orden, todo acto de autoridad tiene que ver con la privación de derechos o la imposición de obligaciones a los gobernados. Hay acto de autoridad cuando concurren las siguientes características: 1) Unilateralidad, porque para su existencia y eficacia no requiere de la anuencia o colaboración del gobernado frente al cual se realiza o ejecuta. 2) La voluntad del particular queda sometida a dicho acto. 3) Coercitividad, porque constriñe al gobernado a observarlo y acatarlo. 4) La creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas al gobernado en su esfera jurídica. De lo anterior, se desprende que un acto de autoridad es toda actuación de funcionarios o empleados de organismos estatales o descentralizados o particulares que con fundamento en la ley emitan actos unilaterales a través de los cuáles crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del gobernado con motivo de sus funciones oficiales, ya sea modificando obligaciones existentes o limitando derechos. Una característica que distingue a este tipo de actos, de cualquier otro, es la relación de supra a subordinación entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social, cuya relación se caracteriza por la unilateralidad, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Para explicarlo, debe tenerse en cuenta que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos humanos y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105 -fracciones I y II- de la Constitución Federal. En esas condiciones, para definir el concepto de autoridad responsable es necesario tomar en cuenta la distinción de las relaciones jurídicas, para corroborar si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que la promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. En ese sentido, de la lectura de los artículos 2, 5, 5 A -fracciones IX, XI, XII, XIII y XIV-, 6, 7, 11, 12 -fracción I- 251 -fracción I- y 295 de la Ley del Seguro Social, se desprende que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter, el primero, de organismo fiscal autónomo cuando ejerce sus facultades de recaudación, administración y liquidación de cuotas obrero patronales; y, el segundo, de asegurador respecto de los seguros y prestaciones que otorga la Ley del Seguro Social. También, se advierte que la seguridad social se encuentra a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social; está dirigida, en un primer nivel, a la protección de los trabajadores, y en un nivel ulterior a sus beneficiarios, quienes para ser acreedores a las prestaciones de seguridad social deberán satisfacer los requisitos previstos por la ley relativa y sus reglamentos. Y finalmente, que las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre las prestaciones que la propia ley otorga, serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. De lo anterior, se concluye que cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social emite u omite actos relativos a las prestaciones a las que tiene derecho el asegurado o sus beneficiarios, no actúa como autoridad responsable, puesto que la relación que surge entre ambos es de coordinación: las controversias que surjan entre ellos serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje juicio en el que, evidentemente, el instituto no puede acudir como autoridad. En el caso, como se estableció en párrafos que anteceden la quejosa señala como acto reclamado: la resolución de dos de marzo de dos mil dieciocho, dictada por el Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social en Durango, Durango, dentro del recurso de inconformidad número CC-DGO-020/2018, que confirmó la negativa de pensión por viudez número 17/100143 de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete. De ahí que se concluya que tal determinación, se encuentra íntimamente vinculada con la función del instituto como ente asegurador, porque no está ejerciendo sus facultades de recaudación, administración y liquidación de cuotas obrero patronales. Puesto que, en ese supuesto el Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social en Durango, Durango, no se encuentra investido de facultades de imperio que caracteriza a las autoridades, ya que la relación que surge entre ambos es de igualdad (coordinación), en virtud de que su actuación únicamente confirma la negativa de pensión por viudez solicitada por la quejosa, esto es, únicamente resuelve lo conducente respecto a una prestación aducida por la quejosa en su calidad de beneficiaria. Consecuentemente, al quedar plenamente demostradas las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 -fracciones XXI y XXIII- la última relación con los diversos 1 -fracción I y último párrafo- así como el 5 -fracción II- todos de la Ley de Amparo, respecto a los actos reclamados por la quejosa y citados en los inciso a y b de la presente, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otra parte, téngase a la quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su demanda de amparo, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *********, en virtud de que cuentan con su cédula profesional número ********, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 21 -tercer párrafo- de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 -fracción I, incisos b y c- de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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