M. Cleofas Moncada Canchola y Otros.

Expediente 639/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
639/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
07/07/2022

Partes del expediente

  • M. Cleofas Moncada Canchola y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa *************, quien según refiere el promovente, es albacea de los bienes de su difunto hermano **************; así como mandatario judicial de *************, como coheredera y albacea de la sucesión a bienes de su difunto esposo *************, legatario de los bienes de *************, no interpuso recurso de queja en contra del auto de veintisiete de junio del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que presentó; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21 inciso d) del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el escrito signado por ***************, mandatario judicial de *****************, quien según refiere el promovente, es albacea de los bienes de su difunto hermano ********** y apoderada de J******************; así como mandatario judicial de *************, como coheredera y albacea de la sucesión a bienes de su difunto esposo ******************, legatario de los bienes de ************, en el juicio sucesorio testamentario ********* del índice del Juzgado Único Civil de Primera Instancia del Partido Judicial de Salvatierra, Guanajuato; calidad que acredita en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, con la copia certificada de las constancias en las que consta ese nombramiento ante dicho órgano jurisdiccional; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento de diecisiete de junio del año en curso. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(.)" "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "(.)" De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. Asimismo, se advierte que se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos meramente adjetivos o procesales; hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, la admisión de la prueba pericial contable ofrecida por la contraparte de quien se vaya a revisar la documentación, la pericial en genética, etcétera. Por ello, de no afectarse materialmente derechos sustantivos, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, se itera, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que el acto reclamado en la presente instancia constitucional consiste en: La resolución de trece de junio de dos mil veintidós, dictada en el Juicio Sucesorio Testamentario ******************, por el Juez Único Civil del Partido Judicial de Salvatierra, Guanajuato, al resolver el recurso de revocación que hizo valer el mandatario judicial en contra del auto de dieciséis de mayo del año en curso, el cual fue confirmado. Al respecto tenemos que, en dicho auto de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, se tuvo a ************ en representación de los menores de iniciales G. O. M. B. y A. V. M. B., apersonándose a la sucesión, al haber sido llamados a juicio a deducir sus derechos hereditarios que le corresponden al finado legatario ******************. Mientras que el promovente del amparo sostiene que ************ ni sus menores hijos, han acreditado tener derecho legalmente reconocido mediante las pruebas idóneas, ni la personalidad para constituirse en el juicio de origen. Bajo esa tesitura, se considera que la determinación reclamada no constituye un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales que afecten derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la sentencia que ponga fin al juicio de origen, si ésta es favorable a los intereses del accionante y, en caso contrario, de resultar adversa, puede reclamarla en el juicio de amparo directo como violación procesal, en términos de las fracciones III y XII del artículo 172 de la ley de la materia. Lo anterior es así, pues en la especie, como acto de imposible reparación no se le puede considerar, en virtud de que sus consecuencias no afectan materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación podría repararse, se itera, si obtiene sentencia favorable en el juicio de origen. Por tanto, queda de manifiesto que la violación procesal que aduce la parte quejosa, dada su naturaleza, no es de modo alguno irreparable, merced que no se le afecta derecho sustantivo alguno, siendo precisamente este supuesto en que sería procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto en el artículo 107, fracción V, de la citada ley de la materia. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS A LA PARTE QUEJOSA: Glósese a los autos el escrito firmado por *****************, quien aduce ser mandatario judicial de ****************, albacea de los bienes de su difunto hermano ***************, de la misma manera como apoderada de ****************, así como mandatario judicial de ********************, como coheredera y albacea de la sucesión a bienes de su difunto esposo ************, legatario de los bienes de ***************, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención efectuada el diecisiete de junio del año en curso, donde se le requirió para que, por escrito y con copias suficientes para correr traslado a cada una de las partes, realizara lo siguiente: Acreditara con documento fehaciente la representación que dice tener, respecto de cada uno de los directos quejosos nombrados en el proemio del presente acuerdo, con la que se ostenta al presente juicio. Analizado el contenido del escrito de cuenta, se advierte que el promovente pretende acreditar su personalidad adjuntando los acuses de recibo del escrito de denuncia del juicio sucesorio testamentario promovido por ***************, así como el de apersonamiento a juicio por parte de ********************, dentro de los cuales se le nombra como mandatario judicial; asimismo, adjunta el acuse de recibo de un escrito a través del cual solicitó copias certificadas al Juez Único de Primera Instancia Civil de Partido Judicial de Salvatierra, Guanajuato, respecto de las actas de ratificación de mandato. No obstante, esos acuses resultan insuficientes para acreditar la calidad de mandatario judicial que dice tener reconocido ante la autoridad responsable, pues no exhibe alguna actuación o constancia de la que se advierta tal reconocimiento. Es por ello que subsiste la prevención realizada en auto de diecisiete de junio del año en curso, en el sentido de que deberá acreditar con documento fehaciente, la representación que dice tener como mandatario judicial de los directos quejosos, reconocido ante la autoridad responsable. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, no se tiene por cabalmente cumplida la prevención de que se trata, por lo que subsiste el apercibimiento decretado en el referido auto de diecisiete de junio del año en curso; en el entendido de que, en caso de no atender la prevención que nos ocupa, dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado numeral. Ahora bien, como el promovente del amparo pretendió atender la prevención de mérito antes de que comenzara a transcurrir el término concedido para ello, hágasele saber que cuenta con el plazo de cinco días para dar cumplimiento a lo solicitado; el cual se computará a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación de este auto, así como que continúa vigente el apercibimiento formulado en el auto aludido.

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por *******************, quien aduce ser mandatario judicial de *******************, albacea de los bienes de su difunto hermano ***************, de la misma manera como apoderada de *******************, así como mandatario judicial de *********************, como coheredera y albacea de la sucesión a bienes de su difunto esposo *****************, legatario de los bienes de **************, contra actos del Juez Único de Primera Instancia Civil del Partido Judicial de Salvatierra Guanajuato; con apoyo en lo establecido en los Acuerdos Generales 7/2022 y 9/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reforma, Adiciona y Deroga el similar 21/2020, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, en relación al Periodo de Vigencia y las Facultades de la Comisión Especial; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado con el número de expediente 639/2022-VII. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción III del invocado numeral, en relación con el artículo 108, fracción I, de la ley de la materia que dispone: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; . El requisito en comento adquiere importancia y relevancia para la tramitación legal del juicio de amparo, además de ser necesario para saber quién es el gobernado que está promoviendo y con qué calidad jurídica lo hace. Este requisito de la demanda tiene estrecha relación con el numeral 6° de la legislación en consulta, que establece: "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." Del análisis conjunto de los aludidos artículos, se obtiene que la personalidad constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, el cual si está plenamente satisfecho el juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio y en caso contrario prevenir a quien ocurra a nombre de otro a presentar la demanda de amparo, lo que se encuentra previsto en el artículo 11 de la Ley de Amparo, según el cual, cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas. En el caso concreto, de la lectura integra de la demanda de amparo, se advierte que *****************, aduce ser mandatario judicial de *******************, albacea de los bienes de su difunto hermano ***************, de la misma manera como apoderada de ******************, así como mandatario judicial de ******************, como coheredera y albacea de la sucesión a bienes de su difunto esposo ***************, legatario de los bienes de ***************, y que con dicho carácter promueve el juicio de amparo de que se trata, así como también refiere que dicha calidad la tiene reconocida ante el Juez Civil responsable; sin embargo, no adjunta documento alguno con el que acredite dicho presupuesto, por lo que es incuestionable que no se cumple con el requisito a que se ha hecho alusión en capítulos anteriores. De ahí que la demanda de amparo se torne obscura e irregular, pues la parte quejosa no exhibe algún documento con el que acredite el carácter con el que se ostenta. Entonces, al constituir la personería un presupuesto procesal de análisis oficioso debe quedar completamente satisfecha desde la radicación de la demanda, como se estatuye en la jurisprudencia P./J. 23/2009, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 7, Tomo XXIX, Abril de 2009, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE." Conclusivamente, con fundamento en los artículos artículo 108, fracción I, en relación con el 114, fracciones II y III, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase a la promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con copias suficientes para correr traslado a cada una de las partes: Acredite con documento fehaciente la representación que dice tener, respecto de cada uno de los directos quejosos nombrados en el proemio del presente acuerdo, con la que se ostenta al presente juicio. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." En otro orden, como lo solicita el gestionante, con fundamento en los numerales 27, fracción III, inciso a), en relación con el 29 de la Ley de Amparo, la presente determinación, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Finalmente, se instruye a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que cuando practiquen notificaciones personales, acaten el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,190 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano