Luz María Sandoval González

Expediente 214/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 12 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
214/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
16/06/2021

Partes del expediente

  • Luz María Sandoval González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Agréguese en autos el escrito signado por la quejosa *************; en atención a su contenido, expídasele copia simple de las constancias que indica, previo recibo que se deje en autos de su entrega; para que las reciba, deberá agendar una cita para acudir a este tribunal en el sitio https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales/citas

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que el presente asunto se encuentra totalmente concluido; por tanto, el original del cuaderno incidental de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se concedió la suspensión provisional, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo al artículo 20, fracción II, inciso a) del indicado instrumento normativo, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a partir de esta fecha.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión, en contra del auto de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, mediante el cual este órgano jurisdiccional sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio, sin que se haya hecho valer; por tanto, se declara firme dicho proveído. Notifíquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, toda vez que el presente juicio se sobreseyó, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el oficio signado por la Jueza Tercero Menor Civil de esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes, sin perjuicio de hacer nueva relación al celebrarse la audiencia constitucional. Ahora, de las constancias remitidas por la Juez responsable, a las cuales se les concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y de las mismas se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu, que textualmente establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; " A manera de preámbulo, conviene establecer que la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de la propia Ley de Amparo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o incluso, de la jurisprudencia. Por ello, el contenido de este numeral se debe interpretar en el sentido de que en sus primeras veintidós fracciones sólo se prevén algunos de los múltiples supuestos de improcedencia que operan en el juicio de amparo, de tal forma, que la actualización de estas hipótesis no se deben entender bajo un criterio limitativo, es decir, que los supuestos expresamente contenidos en las veintidós fracciones del aludido numeral 61 de la Ley de Amparo, no son los únicos casos en que este juicio debe estimarse improcedente. Más bien, la hipótesis normativa de la fracción XXIII del aludido precepto evidencia que la intención del legislador estribó en que las causas de improcedencia del amparo se pueden actualizar por motivos diversos a los establecidos taxativamente en el citado artículo 61. Supuestos que pueden tener su génesis tanto en la Constitución Política, en la ley o, incluso, en la jurisprudencia. A lo anterior sirve de apoyo la tesis LXXXVI/99, correspondiente a la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción." Por su parte, el citado numeral 107, fracción VI, prevé que procede el juicio de amparo indirecto contra actos en juicio que afecten a personas extrañas. En el caso, este supuesto habrá de interpretarse en el sentido de que si la quejosa carece de dicho carácter, el juicio de derechos humanos será improcedente. A fin de establecer si en el caso es procedente la instancia constitucional, habrá de dilucidarse si se satisfacen los requisitos legales, a saber: La existencia de un juicio propiamente dicho. Esto es, que el procedimiento en el que se dictó el acto controvertido se lleve ante un tribunal formalmente establecido y bajo una regulación emitida ad hoc. Que la quejosa tenga la calidad de tercera extraña a ese procedimiento. Pues bien, de las constancias que integran el informe justificado rendido por la Jueza Tercero Menor Civil de esta ciudad, se advierte que: ************ endosatario en propiedad de ***********, demando el pago de pesos de la aquí quejosa Luz María Sandoval González, en ejercicio de la acción cambiaria directa. Mediante proveído de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, el Juzgado Tercero Menor Civil de esta localidad, radicó la demanda de referencia registrándola como juicio ejecutivo mercantil ************. En la misma providencia la Juez responsable ordenó requerir de pago, así como el emplazamiento de la demandada *************, por lo que el ocho de abril hogaño, la actuaria adscrita a la Central de Actuarios de esta ciudad, levanto razón de oposición, ante la imposibilidad que tuvo para emplazar a la aquí quejosa. Lo anterior patentiza la existencia de un litigio, que se sigue ante una instancia jurisdiccional; además, que se trata de un juicio mercantil, por lo que la autoridad responsable debe acatar las disposiciones sustantivas y procesales expedidas para tales procedimientos. Por otra parte, desde el punto de vista de este operador jurídico, la parte quejosa carece del carácter de tercera extraña por equiparación, aunque argumente que la citación y emplazamiento que reclama son ilegales. Llegado a este punto, es necesario destacar que para los efectos del juicio de amparo persona extraña es, en principio, aquella que no aparece como parte en sentido material, en un juicio o procedimiento, según el caso, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones que ahí se pronuncien sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Asimismo, dentro de este concepto también se incluye, al tercero extraño por equiparación, que será la parte demandada en un juicio que no fue emplazada o que se le emplazó en forma incorrecta, acorde al criterio que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." No obstante, ya que la quejosa tiene conocimiento del juicio seguido en su contra, previamente al emplazamiento, es evidente que no le reviste el carácter de tercera extraña a juicio por equiparación, dado que esta calidad únicamente le corresponde a las personas que se enteran del procedimiento seguido en su contra después de dictada la sentencia, independientemente de que haya o no causado ejecutoria. Al caso es exactamente aplicable la jurisprudencia 47/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, cuyo rubro y contenido informan: TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." En ese sentido, si la quejosa tiene conocimiento del juicio incoado en su contra, el órgano jurisdiccional en el que esta tramitado dicho procedimiento y es parte material en el controvertido de origen, esta en aptitud de acudir ante la responsable para hacer interponer los medios de defesa ordinarios que estime procedentes; además, si la emplazan a juicio ningún perjuicio le traería, pues precisamente así podrá ofrecer pruebas, ser oída, alegar y hacer valer sus derechos. Aunque alegue que la citación y emplazamiento son contrarios a derecho, lo cierto es que al integrarse en la relación jurídico-procesal en el juicio ejecutivo mercantil ********* de la estadística del Juzgado Tercero Menor Civil de esta ciudad, tendrá a su alcance los recursos y medios de defensa que para tal efecto le confiere la legislación mercantil, para que, en su caso combata dichas notificaciones; a más de que estará en condiciones de entablar su defensa, si decide no hacerlo antes. Bajo ese panorama, es claro que si en el procedimiento en mención, la quejosa *********, es parte demandada, carece de la calidad de tercera extraña por equiparación, pues tiene conocimiento del juicio en su contra, no sólo antes de que se emita el fallo, incluso, previamente a su emplazamiento. Tal circunstancia, sin duda la coloca en aptitud de comparecer ante la autoridad responsable, para integrarse a la relación procesal y accionar los medios de defensa que estime procedentes. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora señalada en esta data para la celebración de la citada audiencia. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

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