M. Ana Torres Arellano
Expediente 394/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 394/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 09/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- M. Ana Torres Arellano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Agréguese el oficio signado por el actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, mediante el cual informa que el proveído de veintitrés de mayo de dos mil veintidós -que desechó el amparo directo 267/2022, promovido por ***********, remitido por incompetencia por este órgano jurisdiccional-, causó estado; de lo que se toma conocimiento. Por otra parte, devuélvase a la superioridad los autos originales del expediente 394/2022 que adjuntó al oficio de cuenta; en razón de que dichas actuaciones le fueron remitidas con motivo de la incompetencia planteada por este juzgado, por ende, forma parte integral de su expediente.
- Principal
Oficio de cuenta Agréguese al presente cuaderno de antecedentes el oficio que remite el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, del que se advierte implícitamente que el órgano de su adscripción aceptó la competencia declinada por este juzgado federal, dado que en proveído de veintitrés de mayo pasado, desechó por extemporánea la demanda de la que derivó el presente cuaderno de antecedentes. En ese sentido, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado federal. Archivo y valoración del expediente Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso j) del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se declaró la incompetencia para conocer del asunto.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se desprende que la celebración de la audiencia constitucional se encontraba programada para esta data; sin embargo, mediante proveído de diecisiete de los actuales, este órgano jurisdiccional declinó la competencia para conocer del presente juicio al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, en turno; por tanto, se deja sin efectos la celebración de la citada audiencia.
- Principal
Informe justificado Agréguese a los autos el oficio que suscribe el magistrado titular del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 53 con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado en el que acepta el acto reclamado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con fundamento en lo establecido por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad en comento, la documental pública que allegó con su informe de ley, consistente en el juicio número **********, probanza que se admite y se tiene por desahogada dada su naturaleza. Dado lo voluminoso de las constancias remitidas por la responsable, para un mejor manejo del expediente judicial en que se actúa, se ordena formar un tomo de pruebas que se llevará por cuerda separada, debiendo identificarse con el número I. Asimismo, se le tiene señalando el correo electrónico y número telefónico del tribunal de su adscripción. De igual manera, se le tiene por formulando alegatos en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo. Incompetencia. Ahora bien, del contenido de la demanda y de las constancias que anexa la responsable en apoyo a su informe justificado, se advierte que este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer del presente asunto, ello de conformidad con los artículos 47, primer párrafo, 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda". "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional." De los numerales trascritos se aprecia que si ante un Juzgado de Distrito se presenta una demanda de amparo en la que se señale como acto reclamado una sentencia definitiva o resolución que da por concluido el juicio de origen, debe rechazar su competencia y remitirla al Tribunal Colegiado de Circuito para que ante este se ventile el juicio de amparo, el que decidirá en última instancia, si va a conocer y resolver ese juicio de amparo o se declara incompetente. En el presente caso, del análisis del libelo constitucional y de las constancias que allegó el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 53, residente en esta ciudad, se advierte que el acto reclamado lo constituye la resolución de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, que ordenó el archivo del juicio 488/2019 de su estadística, como asunto concluido, por falta de interés de la parte actora, en razón de su inasistencia a la audiencia señalada para dicha fecha. Asimismo, es de destacarse que la quejosa es la que figura como parte actora dentro del juicio agrario de origen. Luego, con independencia de que la ley común contemple o no, un recurso ordinario por virtud del cual puede ser modificada o revocada la resolución reclamada, lo cierto es que ésta concluye el juicio de origen, es decir, pone fin a la instancia, por tanto, si la parte quejosa optó por promover juicio de amparo para impugnarla, se considera que la vía idónea para ello es la uniinstancial; por lo que, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para seguir conociendo de la demanda promovida por M. Ana Torres Arellano, en nombre y representación de Luis Jaime Hernández. Por analogía, es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 139/2002, de rubro y texto: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO AGRARIO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO QUE LA DECRETA, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De la interpretación sistemática de los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se concluye que el amparo directo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito es procedente contra la resolución que declara la caducidad por inactividad procesal en términos del artículo 190 de la Ley Agraria, en virtud de que ese acto importa la emisión de una resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, dictada por un tribunal administrativo, como lo es un Tribunal Unitario Agrario, respecto de la cual, las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno por el que dicha resolución pueda ser modificada o revocada, de manera que en ese supuesto resultará improcedente el recurso de revisión en materia agraria contenido en el numeral 198 de la Ley Agraria, e inaplicable la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional relativa prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." Así como la jurisprudencial P./J. 6/2015 (10a.), de rubro y texto: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Por lo anterior, se concluye que la resolución que ordenó el archivo como asunto concluido del juicio agrario 488/2019 del índice de la autoridad responsable Tribunal Unitario Agrario del Distrito 53, con sede en esta ciudad, puso fin a dicha instancia, por lo que resulta evidente, que la determinación reclamada únicamente es susceptible de ser combatida por medio del juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, en términos de lo dispuesto en el artículo 170 de la Ley de Amparo. Por tanto, de conformidad con los numerales 34 párrafo primero y 170 fracción I, de la citada ley, y 38 fracción I, inciso b), de la ley orgánica del poder judicial de la federación, la competencia para conocer de la presente demanda se surte en favor del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, en turno. En consecuencia, con fundamento en el artículo 47 párrafo primero de la Ley de Amparo, este juzgado se declara legalmente incompetente para seguir conociendo de la demanda formulada por **********, en nombre y representación de **********. Determinaciones administrativas Ante las consideraciones expuestas, en términos del artículo 47 de la Ley de Amparo se ordena: 1. Remitir el presente asunto, así como las constancias remitidas por la autoridad responsable al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato capital, para lo que a bien tenga acordar. 2. Solicitar comedidamente remita el acuse de recibo correspondiente, informando si acepta la competencia planteada. 3. Formar el cuaderno de antecedentes respectivo, con copia de la demanda y un tanto más en original del presente proveído; y, 4. Realizar las anotaciones respectivas tanto en el libro de gobierno correspondiente, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
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