Luz María Sánchez Guzmán
Expediente 79/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 14 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 79/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 08/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Luz María Sánchez Guzmán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Ejecutoria. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia en la que este tribunal decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Asimismo, en atención al sentido de la resolución mencionada en líneas precedentes, resulta innecesario hacer el cómputo para la totalidad de las partes; toda vez que en la misma se decretó el sobreseimiento en el juicio; por tanto, dicha determinación no les irroga perjuicio. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, incisos a) y c), del citado acuerdo general, el presente expediente y el cuaderno original del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción una vez que trascurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó sentencia en la que se decretó el sobreseimiento en el cuaderno principal, y se negó la suspensión provisional y definitiva en el cuaderno incidental. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Devolución de documentos y constancias. Sin que resulte necesario ordenar la devolución de documentos originales, atento a que no fueron ofrecidos por las partes. Devolución de tomos. Finalmente, por lo que respecta al tomo de pruebas que allegó a su informe justificado la autoridad responsable, devuélvasele al resultar innecesaria su retención. Finalmente, por lo que respecta al tomo de pruebas que allegó a su informe justificado la autoridad responsable, devuélvasele al resultar innecesaria su retención.
- Principal
VISTOS para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo indirecto número 79/2021, promovido por ******, por su propio derecho, en contra de actos del juez Primero Civil de Partido de esta ciudad y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el ocho de febrero de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad de Celaya, turnado el ocho de marzo siguiente a este Juzgado, en atención a la circular SECNO/13/2021 y al Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia, ******, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de actos de los jueces Primero a Quinto Civiles de Partido, jueces Primero a Sexto Menores Civil y del jefe de la Oficina Central de Actuarios por conducto del actuario designado, todos de esta ciudad, que hizo consistir en: "IV.- ACTO O ACTOS RECLAMADOS: ÚNICO.- La ilegal orden, auto y/o acuerdo dictado en mi contra, donde se decrete por la Autoridad Responsable Ordenadora y tratada de cumplirse o ejecutarse por la Autoridad ejecutora, tendiente a la DESOCUPACIÓN y/o DESPOSESIÓN MATERIAL y/o DESOCUPACIÓN Y ENTREGA MATERIAL y/o DESALOJO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA *****, GTO., lo anterior en ejecución del acto reclamado de las autoridades señaladas." En ese ocurso la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados, los contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato. Por auto de nueve de marzo de dos mil veintiuno, formó el expediente y lo registró bajo el número 79/2021; además, requirió a la promovente para que exhibiera tres copias más de su escrito de demanda. Una vez desahogado lo anterior, por auto de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, se admitió la demanda; solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento. Asimismo, reconoció el carácter de tercero interesado a Manuel Cornejo Medina quien fue emplazado al presente juicio el siete de abril de dos mil veintiuno. Finalmente, señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello es así, pues lo reclamado tiene ejecución en esta ciudad, en la que ejerce jurisdicción esta potestad. Lo anterior, aunado a que el procedimiento de origen se tramita en esta ciudad, en la que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De este modo, se establece que en el presente juicio el acto reclamado lo constituye la orden de poner en posesión en favor de ****** de esta ciudad en favor de ******, dictada el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, en los autos del juicio ordinario civil ****** del índice del Juzgado Primero Civil de Partido de esta ciudad, así como su ejecución. 1 Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de 2004, página 255. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables jueces Segundo (foja 25), Tercero (foja 28), Cuarto (foja 18) y Quinto (foja 29) Civiles de Partido, así como los jueces Primero (foja 30), Segundo (foja 20), Tercero (foja 21), Cuarto (foja 24), Quinto (foja 22) y Sexto (foja 19) Menores Civiles, todos de esta ciudad, al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia del acto que se les atribuye, sin que la parte quejosa desvirtuara con medio de convicción alguno dichas negativas. Por tanto, si la inconforme no ofreció prueba para desvirtuar las negativas de las autoridades de que se trata, es procedente aceptarlas en sus términos, pues en el sumario no existe elemento de convicción idóneo que demuestre lo contrario. Por tanto, ante la inexistencia de los actos reclamados a las citadas autoridades responsables -en este considerando- con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio, por lo que a tales actos y autoridades se refiere. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2842, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". 2 Sexta Época del Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección- Improcedencia y sobreseimiento, página 305. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. El juez Primero Civil de Partido (foja 33) y la directora de la Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común, en representación del actuario responsable (foja 37), ambos de esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado aceptaron la existencia de los actos que se les atribuyeron. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que además se corrobora con las constancias que remitió el juez responsable, consistentes en copias certificadas del juicio ordinario civil número ******; documental a la que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Con el objeto de realizar el estudio del presente asunto, conviene primeramente relatar los antecedentes del acto reclamado, siendo los siguientes: 1. ****** demandó en la vía ordinaria civil, en ejercicio de la acción plenaria de posesión, a ******, a quien reclamó las siguientes prestaciones: 3 Quinta Época, número de registro 1002815, del Apéndice de 2011, tomo II. Procesal constitucional 1. Común primera parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, página 830. ".I.- La declaración judicial, en sentencia definitiva, de que el suscrito ******, tengo mejor derecho que la demandada para poseer el inmueble ubicado en ******, Guanajuato, que consta de una superficie de 180.00 metros cuadrados, y las siguientes medidas y colindancias: Al Norte: 18.00 metros y colinda con Leopoldo A.; Al Sur: 18.00 metros con el suscrito ******; Al Oriente: 10.00 metros con Privada Revolución; y Al Poniente: 10.00 metros con ******. II.- Como consecuencia de la prestación citada en el punto inmediato anterior, la entrega física y material del bien inmueble que se describe en el punto anterior." (fojas 2 a 4 del tomo de pruebas). 2. De dicho ocurso, conoció por turno, el Juzgado Primero Civil de Partido de esta ciudad, quien por auto de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, registró el expediente con el número ******, admitió la demanda y ordenó el emplazamiento de la demandada (fojas 9 y 10 ídem). 3. La demandada, ahora quejosa, compareció al juicio y contestó la demanda incoada en su contra (fojas 15 a 21 ídem). 4. Seguida la secuela procesal, el cinco de junio de dos mil veinte, el juez responsable dictó sentencia en la que determinó lo siguiente (fojas 175 a 185 ídem): ".PRIMERO.- Este Tribunal es competente para conocer y resolver el conflicto expuesto, así como la Vía Ordinaria Civil es la idónea. SEGUNDO.- El actor acreditó su acción y la demanda no acreditó sus excepciones. TERCERO.- Se declara que el ciudadano ****** es poseedor civil y absoluto del bien inmueble descrito en el contrato privado de compraventa de fecha 04 de Septiembre del 2001 dos mil uno, consistente en predio rústico denominado ******, el cual tiene una superficie de 180.00 metros cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- 18.00 metros con *****.; AL SUR.- 18.00 metros con *****; AL ORIENTE.- 10.00 metros con Privada Revolución y AL PONIENTE.- 10.00 metros con *****, en términos de los Considerandos Cuarto y Quinto. CUARTO.- Se condena a la Ciudadana ****** a la desocupación y entrega material en favor del antes citado del inmueble, entrega que deberá realizarse con todos sus frutos y accesiones; para lo que se concede el término improrrogable de 15 días naturales contados a partir del día siguiente al en que cause ejecutoria la presente resolución, en términos del considerando Quinto." 5. En contra de la anterior determinación, la ahora quejosa interpuso recurso de apelación (fojas 189 a 202 ídem). 6. Del citado medio de impugnación conoció, por turno, la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, quien lo registró con el número de toca ***** y por resolución de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve confirmó la determinación apelada (fojas 219 a 225 ídem). 7. En contra de lo anterior, la ahora quejosa promovió juicio de amparo directo, del cual conoció el Primero Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, quien lo registró bajo el número 888/2019 y por resolución de quince de julio de dos mil veinte, negó el amparo solicitado (foja 212 ídem). 8. Por auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, el juez responsable, previa petición de la parte actora, ordenó poner en posesión material el inmueble materia de la controversia en favor de ******; además, autorizó el uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras, para el caso de que sea necesario (fojas 247 ídem). Resolución que es el acto reclamado en la presente instancia constitucional. SEXTO. Análisis de las causales de improcedencia. Establecida la existencia del acto en el considerando tercero, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación4 del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, porque la autoridad federal, aun de oficio, debe ocuparse de aquélla, por ser de orden público en el juicio de garantías." En la especie, este juzgado federal estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, pues la demanda de amparo resulta extemporánea. Para demostrar lo anterior, es necesario atender al contenido de los artículos 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, numerales que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido 4 Quinta Época, con número de registro 279970, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XXII, página 201. amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del primer precepto legal se aprecia que el juicio constitucional es improcedente en contra de actos consentidos tácitamente, reputados como tales los reclamados fuera de los plazos previstos en la ley. A su vez, de la interpretación sistemática de los diversos numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo se obtiene como regla general, que el juicio constitucional debe instarse dentro del término de quince días, que se contabilizarán a partir del día siguiente: I. Al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto reclamado, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; o, II. Al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto; o, III. Al en que se haya ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución. Lo anterior encuentra sustento, en la parte conducente, de la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación5, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA 5 Registro número 163172, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, enero de 2011, página 5. FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." De lo anterior, se desprende que la Ley de Amparo prevé tres formas específicas para computar el término de quince días, dentro de los cuales ha de presentarse la demanda, todas con características propias, pues, de acuerdo con el criterio del Alto Tribunal de Justicia, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio constitucional fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de donde se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Con base en este marco normativo, el acto reclamado - la orden de poner en posesión en favor de Manuel **** el inmueble ubicado en la *****, dictada el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, en los autos del juicio ordinario civil ***** se ubica dentro de la primera regla antes enunciada, esto es, a la quejosa se le hizo de su conocimiento dicho auto desde el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, momento en que se le notificó por medio de lista dicho acuerdo. Es así, pues de las constancias que integran el juicio de origen, se advierte que el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, se notificó por medio de lista el proveído de dieciocho de ese mes y año, en los siguientes términos: "LA RESOLUCIÓN ANTERIOR SE NOTIFICÓ A LAS PARTES POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN EL TABLERO DE AVISOS DE ESTE JUZGADO A LAS 9:00 NUEVE HORAS DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020 DOS MIL VEINTE. DOY FE." (Foja 247 vuelta del tomo de pruebas). Así, con base en lo dispuesto por el artículo 330 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato6, dicha notificación surtió sus efectos el veintitrés de noviembre del mismo año, esto es, al día hábil siguiente en que se publicó en los estrados del juzgado responsable; notificación que debe considerarse válida en términos del artículo 328 de la legislación procesal 6 Artículo 330. Toda notificación surtirá sus efectos el día siguiente al en que se practique. civil citada, al no existir declaración de su nulidad dictada por autoridad competente. Motivo por el cual, se considera que el plazo de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo para la promoción del juicio de amparo en contra del auto reclamado ha fenecido, toda vez que éste comenzó a contar al día siguiente al en que surtió sus efectos la notificación realizada el diecinueve de noviembre de dos mil veinte; por lo que dicho plazo empezó a transcurrir desde el veinticuatro de noviembre y feneció el quince de diciembre de dos mil veinte, descontándose los días veinte, veintiocho y veintinueve de noviembre, así como cinco, seis, ocho, doce y trece de diciembre, de esa anualidad, por ser sábados y domingos; días inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Además, debe destacarse que en dicho plazo no se incluyó el día ocho de diciembre de dos mil veinte, pues dicha fecha es inhábil para las autoridades pertenecientes al Poder Judicial del estado de Guanajuato, con residencia en Celaya8. Por tanto, si la demanda de amparo fue presentada hasta el ocho de febrero de dos mil veintiuno, debe considerarse que se presentó de forma extemporánea, por no estar dentro del plazo de quince días hábiles que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, sin que en el caso nos encontremos en alguna de las excepciones que contempla 7 Artículo 328. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre la declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse, sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse sin haber pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que este sea resuelto. 8 https://www.poderjudicial-gto.gob.mx/pdfs/calendario2020.pdf dicho numeral; por ende, el auto reclamado fue consentido tácitamente por la quejosa. En tal virtud, en la especie se actualiza la causal de improcedencia invocada, al ser notoriamente extemporánea la presentación de la demanda. Por tal motivo, al actualizarse la hipótesis normativa contenida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los normativos 17, 18 y 19, todos de la Ley de Amparo, con apoyo en el diverso 63, fracción V, de este cuerpo normativo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Sin que sea óbice para arribar a la presente determinación la manifestación de la quejosa en el sentido de que tuvo conocimiento de los actos reclamados el veintiséis de enero de dos mil veintiuno, fecha en la cual se presentaron en su domicilio una persona a bordo de un vehículo con un logotipo del Poder Judicial y tres elementos de policía municipal; sin embargo, se reitera, la notificación realizada por medio de lista del auto que contiene la orden de desposesión debe considerarse válida, pues hasta el momento no se ha declarado su nulidad por la autoridad competente. En la inteligencia de que el sobreseimiento impide a este órgano jurisdiccional estudiar los conceptos de violación, de conformidad con la jurisprudencia 5099, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías 9 Séptima Época, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995, tomo VI, página 335. individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******, respecto de los actos precisados en el considerando segundo; por los motivos expuestos en los considerandos tercero y sexto de la presente resolución.
- Principal
Por este medio se notifica a la parte quejosa la resolución de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, que dice: "VISTOS para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo indirecto número 79/2021, promovido por ******, por su propio derecho, en contra de actos del juez Primero Civil de Partido de esta ciudad y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el ocho de febrero de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad de Celaya, turnado el ocho de marzo siguiente a este Juzgado, en atención a la circular SECNO/13/2021 y al Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia, ******, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de actos de los jueces Primero a Quinto Civiles de Partido, jueces Primero a Sexto Menores Civil y del jefe de la Oficina Central de Actuarios por conducto del actuario designado, todos de esta ciudad, que hizo consistir en: "IV.- ACTO O ACTOS RECLAMADOS: ÚNICO.- La ilegal orden, auto y/o acuerdo dictado en mi contra, donde se decrete por la Autoridad Responsable Ordenadora y tratada de cumplirse o ejecutarse por la Autoridad ejecutora, tendiente a la DESOCUPACIÓN y/o DESPOSESIÓN MATERIAL y/o DESOCUPACIÓN Y ENTREGA MATERIAL y/o DESALOJO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA *****, GTO., lo anterior en ejecución del acto reclamado de las autoridades señaladas." En ese ocurso la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados, los contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato. Por auto de nueve de marzo de dos mil veintiuno, formó el expediente y lo registró bajo el número 79/2021; además, requirió a la promovente para que exhibiera tres copias más de su escrito de demanda. Una vez desahogado lo anterior, por auto de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, se admitió la demanda; solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento. Asimismo, reconoció el carácter de tercero interesado a ********** quien fue emplazado al presente juicio el siete de abril de dos mil veintiuno. Finalmente, señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello es así, pues lo reclamado tiene ejecución en esta ciudad, en la que ejerce jurisdicción esta potestad. Lo anterior, aunado a que el procedimiento de origen se tramita en esta ciudad, en la que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De este modo, se establece que en el presente juicio el acto reclamado lo constituye la orden de poner en posesión en favor de ****** de esta ciudad en favor de ******, dictada el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, en los autos del juicio ordinario civil ****** del índice del Juzgado Primero Civil de Partido de esta ciudad, así como su ejecución. Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de 2004, página 255. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables jueces Segundo (foja 25), Tercero (foja 28), Cuarto (foja 18) y Quinto (foja 29) Civiles de Partido, así como los jueces Primero (foja 30), Segundo (foja 20), Tercero (foja 21), Cuarto (foja 24), Quinto (foja 22) y Sexto (foja 19) Menores Civiles, todos de esta ciudad, al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia del acto que se les atribuye, sin que la parte quejosa desvirtuara con medio de convicción alguno dichas negativas. Por tanto, si la inconforme no ofreció prueba para desvirtuar las negativas de las autoridades de que se trata, es procedente aceptarlas en sus términos, pues en el sumario no existe elemento de convicción idóneo que demuestre lo contrario. Por tanto, ante la inexistencia de los actos reclamados a las citadas autoridades responsables -en este considerando- con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio, por lo que a tales actos y autoridades se refiere. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2842, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Sexta Época del Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección- Improcedencia y sobreseimiento, página 305. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. El juez Primero Civil de Partido (foja 33) y la directora de la Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común, en representación del actuario responsable (foja 37), ambos de esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado aceptaron la existencia de los actos que se les atribuyeron. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que además se corrobora con las constancias que remitió el juez responsable, consistentes en copias certificadas del juicio ordinario civil número ******; documental a la que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Con el objeto de realizar el estudio del presente asunto, conviene primeramente relatar los antecedentes del acto reclamado, siendo los siguientes: 1. ****** demandó en la vía ordinaria civil, en ejercicio de la acción plenaria de posesión, a ******, a quien reclamó las siguientes prestaciones: Quinta Época, número de registro 1002815, del Apéndice de 2011, tomo II. procesal constitucional 1. Común primera parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, página 830. ".I.- La declaración judicial, en sentencia definitiva, de que el suscrito ******, tengo mejor derecho que la demandada para poseer el inmueble ubicado en ******, Guanajuato, que consta de una superficie de 180.00 metros cuadrados, y las siguientes medidas y colindancias: Al Norte: 18.00 metros y colinda con Leopoldo A.; Al Sur: 18.00 metros con el suscrito ******; Al Oriente: 10.00 metros con Privada Revolución; y Al Poniente: 10.00 metros con ******. II.- Como consecuencia de la prestación citada en el punto inmediato anterior, la entrega física y material del bien inmueble que se describe en el punto anterior." (fojas 2 a 4 del tomo de pruebas). 2. De dicho ocurso, conoció por turno, el Juzgado Primero Civil de Partido de esta ciudad, quien por auto de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, registró el expediente con el número ******, admitió la demanda y ordenó el emplazamiento de la demandada (fojas 9 y 10 ídem). 3. La demandada, ahora quejosa, compareció al juicio y contestó la demanda incoada en su contra (fojas 15 a 21 ídem). 4. Seguida la secuela procesal, el cinco de junio de dos mil veinte, el juez responsable dictó sentencia en la que determinó lo siguiente (fojas 175 a 185 ídem): ".PRIMERO.- Este Tribunal es competente para conocer y resolver el conflicto expuesto, así como la Vía Ordinaria Civil es la idónea. SEGUNDO.- El actor acreditó su acción y la demanda no acreditó sus excepciones. TERCERO.- Se declara que el ciudadano ****** es poseedor civil y absoluto del bien inmueble descrito en el contrato privado de compraventa de fecha 04 de Septiembre del 2001 dos mil uno, consistente en predio rústico denominado ****, el cual tiene una superficie de 180.00 metros cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- 18.00 metros con *****.; AL SUR.- 18.00 metros con *****; AL ORIENTE.- 10.00 metros con Privada Revolución y AL PONIENTE.- 10.00 metros con *****, en términos de los Considerandos Cuarto y Quinto. CUARTO.- Se condena a la Ciudadana ****** a la desocupación y entrega material en favor del antes citado del inmueble, entrega que deberá realizarse con todos sus frutos y accesiones; para lo que se concede el término improrrogable de 15 días naturales contados a partir del día siguiente al en que cause ejecutoria la presente resolución, en términos del considerando Quinto." 5. En contra de la anterior determinación, la ahora quejosa interpuso recurso de apelación (fojas 189 a 202 ídem). 6. Del citado medio de impugnación conoció, por turno, la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, quien lo registró con el número de toca ***** y por resolución de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve confirmó la determinación apelada (fojas 219 a 225 ídem). 7. En contra de lo anterior, la ahora quejosa promovió juicio de amparo directo, del cual conoció el Primero Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, quien lo registró bajo el número 888/2019 y por resolución de quince de julio de dos mil veinte, negó el amparo solicitado (foja 212 ídem). 8. Por auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, el juez responsable, previa petición de la parte actora, ordenó poner en posesión material el inmueble materia de la controversia en favor de ******; además, autorizó el uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras, para el caso de que sea necesario (fojas 247 ídem). Resolución que es el acto reclamado en la presente instancia constitucional. SEXTO. Análisis de las causales de improcedencia. Establecida la existencia del acto en el considerando tercero, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación4 del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, porque la autoridad federal, aun de oficio, debe ocuparse de aquélla, por ser de orden público en el juicio de garantías." En la especie, este juzgado federal estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, pues la demanda de amparo resulta extemporánea. Para demostrar lo anterior, es necesario atender al contenido de los artículos 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, numerales que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido Quinta Época, con número de registro 279970, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XXII, página 201. amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del primer precepto legal se aprecia que el juicio constitucional es improcedente en contra de actos consentidos tácitamente, reputados como tales los reclamados fuera de los plazos previstos en la ley. A su vez, de la interpretación sistemática de los diversos numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo se obtiene como regla general, que el juicio constitucional debe instarse dentro del término de quince días, que se contabilizarán a partir del día siguiente: I. Al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto reclamado, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; o, II. Al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto; o, III. Al en que se haya ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución. Lo anterior encuentra sustento, en la parte conducente, de la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación5, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA Registro número 163172, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, enero de 2011, página 5. FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." De lo anterior, se desprende que la Ley de Amparo prevé tres formas específicas para computar el término de quince días, dentro de los cuales ha de presentarse la demanda, todas con características propias, pues, de acuerdo con el criterio del Alto Tribunal de Justicia, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio constitucional fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de donde se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Con base en este marco normativo, el acto reclamado - la orden de poner en posesión en favor de Manuel **** el inmueble ubicado en la *****, dictada el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, en los autos del juicio ordinario civil ***** se ubica dentro de la primera regla antes enunciada, esto es, a la quejosa se le hizo de su conocimiento dicho auto desde el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, momento en que se le notificó por medio de lista dicho acuerdo. Es así, pues de las constancias que integran el juicio de origen, se advierte que el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, se notificó por medio de lista el proveído de dieciocho de ese mes y año, en los siguientes términos: "LA RESOLUCIÓN ANTERIOR SE NOTIFICÓ A LAS PARTES POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN EL TABLERO DE AVISOS DE ESTE JUZGADO A LAS 9:00 NUEVE HORAS DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020 DOS MIL VEINTE. DOY FE." (Foja 247 vuelta del tomo de pruebas). Así, con base en lo dispuesto por el artículo 330 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato6, dicha notificación surtió sus efectos el veintitrés de noviembre del mismo año, esto es, al día hábil siguiente en que se publicó en los estrados del juzgado responsable; notificación que debe considerarse válida en términos del artículo 328 de la legislación procesal 6 Artículo 330. Toda notificación surtirá sus efectos el día siguiente al en que se practique. civil citada, al no existir declaración de su nulidad dictada por autoridad competente. Motivo por el cual, se considera que el plazo de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo para la promoción del juicio de amparo en contra del auto reclamado ha fenecido, toda vez que éste comenzó a contar al día siguiente al en que surtió sus efectos la notificación realizada el diecinueve de noviembre de dos mil veinte; por lo que dicho plazo empezó a transcurrir desde el veinticuatro de noviembre y feneció el quince de diciembre de dos mil veinte, descontándose los días veinte, veintiocho y veintinueve de noviembre, así como cinco, seis, ocho, doce y trece de diciembre, de esa anualidad, por ser sábados y domingos; días inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Además, debe destacarse que en dicho plazo no se incluyó el día ocho de diciembre de dos mil veinte, pues dicha fecha es inhábil para las autoridades pertenecientes al Poder Judicial del estado de Guanajuato, con residencia en Celaya. Por tanto, si la demanda de amparo fue presentada hasta el ocho de febrero de dos mil veintiuno, debe considerarse que se presentó de forma extemporánea, por no estar dentro del plazo de quince días hábiles que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, sin que en el caso nos encontremos en alguna de las excepciones que contempla. Artículo 328. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre la declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse, sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse sin haber pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que este sea resuelto. https://www.poderjudicial-gto.gob.mx/pdfs/calendario2020.pdf dicho numeral; por ende, el auto reclamado fue consentido tácitamente por la quejosa. En tal virtud, en la especie se actualiza la causal de improcedencia invocada, al ser notoriamente extemporánea la presentación de la demanda. Por tal motivo, al actualizarse la hipótesis normativa contenida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los normativos 17, 18 y 19, todos de la Ley de Amparo, con apoyo en el diverso 63, fracción V, de este cuerpo normativo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Sin que sea óbice para arribar a la presente determinación la manifestación de la quejosa en el sentido de que tuvo conocimiento de los actos reclamados el veintiséis de enero de dos mil veintiuno, fecha en la cual se presentaron en su domicilio una persona a bordo de un vehículo con un logotipo del Poder Judicial y tres elementos de policía municipal; sin embargo, se reitera, la notificación realizada por medio de lista del auto que contiene la orden de desposesión debe considerarse válida, pues hasta el momento no se ha declarado su nulidad por la autoridad competente. En la inteligencia de que el sobreseimiento impide a este órgano jurisdiccional estudiar los conceptos de violación, de conformidad con la jurisprudencia 5099, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías 9 Séptima Época, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995, tomo VI, página 335. individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******, respecto de los actos precisados en el considerando segundo; por los motivos expuestos en los considerandos tercero y sexto de la presente resolución."
- Principal
Recepción de oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio que remite la juez Primero Civil de Partido en esta ciudad, al que anexa las constancias de emplazamiento realizadas al tercero interesado ****. En razón de lo anterior, se deja sin efecto el apercibimiento que fue realizado a la autoridad en comento en auto de veinticuatro de marzo pasado. Apersonamiento de tercero interesado. Por otra parte, glósese al sumario el escrito presentado por el tercero interesado ****, con el que se le tiene apersonándose al presente juicio de amparo. Así mismo, se tienen por vertidas las manifestaciones que realiza en vía de alegatos, los que podrán ser tomados en consideración al resolver el presente asunto, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, con ellos dese vista a las partes. De igual forma, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ***, y como autorizado en términos restringidos del numeral 12 de la ley de la materia, a la persona que refiere, por así haberlo solicitado expresamente. Finalmente, se advierte que el promovente solicita a esta potestad federal dar vista al Ministerio Público Federal, con los hechos que narra la quejosa en su escrito de demanda; en razón de lo anterior, con tales manifestaciones dese vista a la fiscal Federal de la adscripción para los efectos legales a que haya lugar. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2014917, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de dos mil diecisiete, tomo I, página 5, de rubro y texto siguientes: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato."
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