M. Concepcion Valencia Palma

Expediente 610/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
610/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
09/09/2021

Partes del expediente

  • M. Concepcion Valencia Palma

Actuaciones

  1. Principal

    Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de veinticuatro de agosto del presente año, por el que se desechó la demanda promovida por ***********, no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos los efectos legales conducentes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Devolución de documentos. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales, al no haberse exhibido en autos.

  2. Principal

    Recepción de incompetencia. Por recibido el oficio de cuenta que suscribe el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Guanajuato al que anexó: 1. Oficio 9931/2021 del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Guanajuato; 2. Juicio de amparo 751/2021, del índice del juzgado oficiante; y, 3. Seis copias de la demanda de amparo promovida por ********. Competencia de este juzgado para conocer del asunto y acuse de recibo correspondiente. En otro aspecto, se advierte que el tribunal oficiante remitió la demanda de amparo presentada por ********, al juez de Distrito en turno en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, y que correspondió conocer a este órgano judicial; al estimar que carece de competencia legal para atender del mismo. Lo anterior, puesto que la parte quejosa acude a solicitar la protección federal y reclama de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el estado, con residencia en Guanajuato capital, la resolución de cinco de julio del año en curso, en el toca ********, en la que se ordenó la reposición del procedimiento a efecto de que la juez Segundo Civil de Partido, con sede en esta ciudad, señale día y hora para el desahogo de la prueba testimonial a cargo de los testigos ********, ******** e ********. Del análisis de la demanda en cuestión, y anexos que se le acompañaron, se advierte que el acto reclamado se ejecuta dentro del municipio de Celaya, Guanajuato, sobre el cual, éste juzgado ejerce jurisdicción; en ese orden de ideas, compete conocer del asunto a este Juzgado de Distrito con residencia en Celaya, que por razón de turno correspondió, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el citado precepto y el diverso, 37 de la ley de la materia, se acepta la competencia declinada. Comuníquese lo anterior al Juez declinante, para su conocimiento y efectos legales procedentes, vía interconexión. Fórmese expediente y regístrese en el libro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), bajo el consecutivo 610/2021-II. Acúsese recibo a la superioridad a través del Sistema de Seguimiento de Expedientes y recábese la constancia electrónica que evidencie su envío. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto transcrito, se desprende que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de cuenta, con fundamento en los artículos 1°, 107, fracción V y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Es así, pues de lo manifestado por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda de cuenta (manifestación que adquiere eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por el numeral 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2º), se desprenden los siguientes antecedentes en lo que interesa: a) El catorce de mayo de del presente año, se dictó sentencia de primera instancia en el juicio ordinario civil número ******** del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido en Celaya, Guanajuato, promovido por ******** en contra de ******** ahora quejosa, sobre la prescripción positiva del bien inmueble consistente en el vehículo motor. En dicha determinación se estableció lo siguiente: b) Inconformes con la anterior determinación tanto la parte demandada (quejosa) como la actora presentaron sendos recursos de apelación. c) El cinco de julio de dos mil veintiuno, en el toca de apelación ********, la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Guanajuato, resolvió los recursos de apelación mencionados, determinando lo siguiente: Este es el acto reclamado. Respecto del acto controvertido, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la ley adjetiva, en relación con los artículos 107, fracción V del mismo ordenamiento legal, este último aplicado a contrario sensu relacionados con los actos que no se consideran de imposible reparación. Preceptos que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" De esas disposiciones emerge que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Estos son, acorde al precepto, aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; en sentido contrario, de no revestir dicha característica, el juicio de derechos fundamentales es improcedente. Esa premisa normativa fue desarrollada por el Pleno de la Suprema Corte determinó que para ser calificados como irreparables -los actos reclamados- necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce -acotó el Pleno de la Corte- de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto en contra de actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consideraciones que, en su conjunto, se encuentran contenidas en la jurisprudencia por contradicción de criterios número P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, libro 7, junio de 2014, tomo I, décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006589, de rubro y contenido siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Luego, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. Ahora bien, tratándose de reposiciones del procedimiento, existe diversidad de criterios en el sentido de que debe analizarse si las consecuencias que conlleva la reposición son o no de imposible reparación; lo anterior para estar en posibilidad de estudiar la procedencia del juicio de amparo, pues en caso de no afectar de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo, acorde con lo que dispone el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, se está ante una violación procedimental, reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse en contra de la sentencia definitiva. Así se desprende de la jurisprudencia 576, visible en el Apéndice de 2011, tomo II, procesal constitucional 1, común primera parte-SCJN, quinta sección-procedencia del amparo indirecto, página 640, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICIÓN, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo." Ahora bien, una vez analizados los actos contra los que procede excepcionalmente el juicio de amparo indirecto, es factible concluir que el magistrado responsable ordenó la reposición del procedimiento a efecto de que el juez Segundo Civil de Partido, con sede en esta ciudad, señale día y hora para el desahogo de la prueba testimonial a cargo de los testigos ********, ******** e ********, se traduce en una cuestión procesal -que dicho sea de paso, no tiene más objetivo que respetar los derechos de otra de las partes y darle oportunidad de ser oída en el juicio- lo que únicamente vulnera derechos adjetivos, en oposición a sustantivos, en la medida en que se trata de una actuación de carácter procedimental con consecuencias de esa naturaleza. En efecto, se advierte que no existe de manera irremediable alguna violación a un derecho sustantivo, razón por la cual es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlo mediante el juicio de amparo directo, ante el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, una vez agotado el medio de defensa ordinario. En esta condición, el acto reclamado descrito con anterioridad, no puede estimarse como de imposible reparación, toda vez que no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte quejosa, como puede ser entre otros, la vida, la libertad, los derechos patrimoniales o el estado civil. Sin que puede estimarse que el haber obtenido sentencia favorable la promovente del amparo, por sí, implique la adquisición de un derecho sustantivo; es así toda vez que tal circunstancia solo implica, en todo caso, una expectativa de derecho sujeta a la eventualidad de que sea o no recurrida, o bien, que cause firmeza legal por ministerio de ley, circunstancia que entonces sí hace surgir un derecho positivo en favor de la parte vencedora consistente en la obtención del derecho a ejecutar la sentencia firme y obtener lo que en esta se haya definido. Lo que no ocurrió en la determinación reclamada, pues dicha determinación no implica en ningún momento decidir cuestión alguna de fondo, lo que hace patente que tal situación no redunda en menoscabo de derechos sustantivos de la parte demandada, hoy agraviada, ya que no se emitió pronunciamiento en torno a los derechos de las prestaciones que se demandaron en el juicio civil, génesis del acto reclamado, pues se ordenó la reposición del procedimiento para que se lleven a cabo actos meramente procesales. Además el hecho de que una de las partes obtenga sentencia favorable en primera instancia, no puede ser criterio suficiente para establecer como regla general que la reposición de un procedimiento tiene el carácter de un acto imposible reparación violatorio de derechos sustantivos; lo anterior, en virtud de que generalmente todo procedimiento de primera instancia, que culmina con una sentencia, siempre habrá una parte vencedora; de ahí que tal criterio no puede ser determinante para en automático fijar como de imposible reparación la reposición del procedimiento de primera instancia. Lo anterior permite reiterar que no se está en presencia de un acto de imposible reparación que traiga aparejada una ejecución que lesione materialmente derechos sustantivos de los aquí peticionarios del amparo. Es de invocarse en apoyo de lo que antecede, la tesis I.8º. C. 22C (10ª.), con registro 2008458, legible en la página 2674, libro 15, febrero de 2015, tomo III, en Materia Civil de la Décima Época, de rubro y texto: "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida." Ahora bien, no pasa inadvertida la jurisprudencia 2a./J. 87/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, de rubro y texto: "RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Si bien la reposición del procedimiento implica volver a poner el proceso en la etapa o fase procesal en que se cometió un error o defecto de sustanciación del juicio, a partir de lo cual podría afirmarse que la resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento tiene efectos meramente procesales o adjetivos, establecer una regla general y absoluta implicaría propiciar un margen de error en las decisiones jurisdiccionales, pues no puede soslayarse que habrá casos en los que los efectos de una reposición del procedimiento sí pueden afectar derechos sustantivos que ameriten un análisis inmediato a través del juicio de amparo. De esta manera, el análisis de la procedencia del juicio de amparo en cuanto al reclamo de una resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, implica un examen ponderado sobre los efectos concretos y específicos que produce en éste, así como en las cosas y en las personas, lo cual no puede llevarse a cabo en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, porque en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en ese escrito y, en su caso, los anexos que se exhiban. Por tanto, el juzgador no está en aptitud legal de desecharla de inmediato bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa éste no es evidente, claro y fehaciente, pues necesariamente se requerirá un análisis de las constancias de autos para determinar su improcedencia, el que, por técnica de amparo, es propio de la sentencia definitiva." Tal criterio, en principio, impide el desechamiento de la demanda al tratarse de reposición del procedimiento; sin embargo, no se erige como una prescripción lisa y llana, sino que la condiciona a la imposibilidad para analizar las consecuencias de la reposición, en la medida en que al momento de la presentación de la demanda de amparo no se cuenta con constancias suficientes. Esto, en el caso no acontece, pues la parte promovente allegó copia de la resolución reclamada, de la que se desprenden las razones que sustentaron el acto reclamado y que permiten avisorar que la afectación a derechos es meramente adjetiva, pues se ordenó la reposición del procedimiento a efecto de que el juez Segundo Civil de Partido, con sede en esta ciudad, señale día y hora para el desahogo de la prueba testimonial a cargo de los testigos Elizabeth López Bravo, Andrea Valencia López e Ismael Contreras Figueroa, lo que se insiste, se traduce en una cuestión procesal, lo que únicamente vulnera derechos adjetivos, en oposición a sustantivos, en la medida en que se trata de una actuación de carácter procedimental con consecuencias de esa naturaleza, lo cual no podrá variar con la tramitación del presente juicio; lo que torna de forma notoria e indudable la improcedencia desde este momento. Además, debe señalarse que de un examen a dicha documental se evidencia que no hubo condena en costas en ninguna de las instancias. En efecto, de lo reseñado se desprende que en la resolución de primera instancia, en particular en el resolutivo quinto, opera la compensación entre las partes, de manera que cada uno deberá asumir los gastos erogados; por su parte, en la resolución de segunda instancia (acto reclamado) en el considerando segundo se puntualizó que no se hacía condena en costas, en virtud de que no se resolvió el fondo del asunto. Por otro lado, no se soslaya la dilación en impartición de justicia, esto es, que la reposición del procedimiento pudiera afectar en perjuicio de la inconforme, el derecho para la protección de sus derechos humanos, reconocidos en el artículo 17 constitucional, en virtud de que toda reposición del procedimiento implica necesariamente una dilación del juicio civil en mayor o menor medida; sin embargo, el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta. Apoya lo anterior la jurisprudencia 23/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 593, tomo XXVII, febrero de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta." De ahí que, el acto reclamado solo trastoca derechos del orden procesal, cuya afectación es susceptible de remediarse en caso de obtener una sentencia favorable, supuesto en el que dicha infracción no trascendería al resultado del veredicto. Por tanto, en el particular al reclamarse actos dentro de un procedimiento que no son de imposible reparación, con las constancias obrantes, se advierte que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********, en esta ciudad. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******** e ********, toda vez que de la certificación que antecede se advierte que cuentan con su cédula profesional registrada ante el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

  3. Principal

    Por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, que establece: "Recepción de incompetencia. Por recibido el oficio de cuenta que suscribe el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Guanajuato al que anexó: 1. Oficio 9931/2021 del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Guanajuato; 2. Juicio de amparo 751/2021, del índice del juzgado oficiante; y, 3. Seis copias de la demanda de amparo promovida por ********. Competencia de este juzgado para conocer del asunto y acuse de recibo correspondiente. En otro aspecto, se advierte que el tribunal oficiante remitió la demanda de amparo presentada por ********, al juez de Distrito en turno en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, y que correspondió conocer a este órgano judicial; al estimar que carece de competencia legal para atender del mismo. Lo anterior, puesto que la parte quejosa acude a solicitar la protección federal y reclama de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el estado, con residencia en Guanajuato capital, la resolución de cinco de julio del año en curso, en el toca ********, en la que se ordenó la reposición del procedimiento a efecto de que la juez Segundo Civil de Partido, con sede en esta ciudad, señale día y hora para el desahogo de la prueba testimonial a cargo de los testigos ********, ******** e ********. Del análisis de la demanda en cuestión, y anexos que se le acompañaron, se advierte que el acto reclamado se ejecuta dentro del municipio de Celaya, Guanajuato, sobre el cual, éste juzgado ejerce jurisdicción; en ese orden de ideas, compete conocer del asunto a este Juzgado de Distrito con residencia en Celaya, que por razón de turno correspondió, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el citado precepto y el diverso, 37 de la ley de la materia, se acepta la competencia declinada. Comuníquese lo anterior al Juez declinante, para su conocimiento y efectos legales procedentes, vía interconexión. Fórmese expediente y regístrese en el libro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), bajo el consecutivo 610/2021-II. Acúsese recibo a la superioridad a través del Sistema de Seguimiento de Expedientes y recábese la constancia electrónica que evidencie su envío. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto transcrito, se desprende que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de cuenta, con fundamento en los artículos 1°, 107, fracción V y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Es así, pues de lo manifestado por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda de cuenta (manifestación que adquiere eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por el numeral 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2º), se desprenden los siguientes antecedentes en lo que interesa: a) El catorce de mayo de del presente año, se dictó sentencia de primera instancia en el juicio ordinario civil número ******** del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido en Celaya, Guanajuato, promovido por ******** en contra de ******** ahora quejosa, sobre la prescripción positiva del bien inmueble consistente en el vehículo motor. En dicha determinación se estableció lo siguiente: b) Inconformes con la anterior determinación tanto la parte demandada (quejosa) como la actora presentaron sendos recursos de apelación. c) El cinco de julio de dos mil veintiuno, en el toca de apelación ********, la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Guanajuato, resolvió los recursos de apelación mencionados, determinando lo siguiente: Este es el acto reclamado. Respecto del acto controvertido, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la ley adjetiva, en relación con los artículos 107, fracción V del mismo ordenamiento legal, este último aplicado a contrario sensu relacionados con los actos que no se consideran de imposible reparación. Preceptos que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" De esas disposiciones emerge que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Estos son, acorde al precepto, aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; en sentido contrario, de no revestir dicha característica, el juicio de derechos fundamentales es improcedente. Esa premisa normativa fue desarrollada por el Pleno de la Suprema Corte determinó que para ser calificados como irreparables -los actos reclamados- necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce -acotó el Pleno de la Corte- de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto en contra de actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consideraciones que, en su conjunto, se encuentran contenidas en la jurisprudencia por contradicción de criterios número P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, libro 7, junio de 2014, tomo I, décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006589, de rubro y contenido siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Luego, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. Ahora bien, tratándose de reposiciones del procedimiento, existe diversidad de criterios en el sentido de que debe analizarse si las consecuencias que conlleva la reposición son o no de imposible reparación; lo anterior para estar en posibilidad de estudiar la procedencia del juicio de amparo, pues en caso de no afectar de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo, acorde con lo que dispone el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, se está ante una violación procedimental, reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse en contra de la sentencia definitiva. Así se desprende de la jurisprudencia 576, visible en el Apéndice de 2011, tomo II, procesal constitucional 1, común primera parte-SCJN, quinta sección-procedencia del amparo indirecto, página 640, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICIÓN, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo." Ahora bien, una vez analizados los actos contra los que procede excepcionalmente el juicio de amparo indirecto, es factible concluir que el magistrado responsable ordenó la reposición del procedimiento a efecto de que el juez Segundo Civil de Partido, con sede en esta ciudad, señale día y hora para el desahogo de la prueba testimonial a cargo de los testigos ********, ******** e ********, se traduce en una cuestión procesal -que dicho sea de paso, no tiene más objetivo que respetar los derechos de otra de las partes y darle oportunidad de ser oída en el juicio- lo que únicamente vulnera derechos adjetivos, en oposición a sustantivos, en la medida en que se trata de una actuación de carácter procedimental con consecuencias de esa naturaleza. En efecto, se advierte que no existe de manera irremediable alguna violación a un derecho sustantivo, razón por la cual es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlo mediante el juicio de amparo directo, ante el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, una vez agotado el medio de defensa ordinario. En esta condición, el acto reclamado descrito con anterioridad, no puede estimarse como de imposible reparación, toda vez que no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte quejosa, como puede ser entre otros, la vida, la libertad, los derechos patrimoniales o el estado civil. Sin que puede estimarse que el haber obtenido sentencia favorable la promovente del amparo, por sí, implique la adquisición de un derecho sustantivo; es así toda vez que tal circunstancia solo implica, en todo caso, una expectativa de derecho sujeta a la eventualidad de que sea o no recurrida, o bien, que cause firmeza legal por ministerio de ley, circunstancia que entonces sí hace surgir un derecho positivo en favor de la parte vencedora consistente en la obtención del derecho a ejecutar la sentencia firme y obtener lo que en esta se haya definido. Lo que no ocurrió en la determinación reclamada, pues dicha determinación no implica en ningún momento decidir cuestión alguna de fondo, lo que hace patente que tal situación no redunda en menoscabo de derechos sustantivos de la parte demandada, hoy agraviada, ya que no se emitió pronunciamiento en torno a los derechos de las prestaciones que se demandaron en el juicio civil, génesis del acto reclamado, pues se ordenó la reposición del procedimiento para que se lleven a cabo actos meramente procesales. Además el hecho de que una de las partes obtenga sentencia favorable en primera instancia, no puede ser criterio suficiente para establecer como regla general que la reposición de un procedimiento tiene el carácter de un acto imposible reparación violatorio de derechos sustantivos; lo anterior, en virtud de que generalmente todo procedimiento de primera instancia, que culmina con una sentencia, siempre habrá una parte vencedora; de ahí que tal criterio no puede ser determinante para en automático fijar como de imposible reparación la reposición del procedimiento de primera instancia. Lo anterior permite reiterar que no se está en presencia de un acto de imposible reparación que traiga aparejada una ejecución que lesione materialmente derechos sustantivos de los aquí peticionarios del amparo. Es de invocarse en apoyo de lo que antecede, la tesis I.8º. C. 22C (10ª.), con registro 2008458, legible en la página 2674, libro 15, febrero de 2015, tomo III, en Materia Civil de la Décima Época, de rubro y texto: "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida." Ahora bien, no pasa inadvertida la jurisprudencia 2a./J. 87/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, de rubro y texto: "RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Si bien la reposición del procedimiento implica volver a poner el proceso en la etapa o fase procesal en que se cometió un error o defecto de sustanciación del juicio, a partir de lo cual podría afirmarse que la resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento tiene efectos meramente procesales o adjetivos, establecer una regla general y absoluta implicaría propiciar un margen de error en las decisiones jurisdiccionales, pues no puede soslayarse que habrá casos en los que los efectos de una reposición del procedimiento sí pueden afectar derechos sustantivos que ameriten un análisis inmediato a través del juicio de amparo. De esta manera, el análisis de la procedencia del juicio de amparo en cuanto al reclamo de una resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, implica un examen ponderado sobre los efectos concretos y específicos que produce en éste, así como en las cosas y en las personas, lo cual no puede llevarse a cabo en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, porque en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en ese escrito y, en su caso, los anexos que se exhiban. Por tanto, el juzgador no está en aptitud legal de desecharla de inmediato bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa éste no es evidente, claro y fehaciente, pues necesariamente se requerirá un análisis de las constancias de autos para determinar su improcedencia, el que, por técnica de amparo, es propio de la sentencia definitiva." Tal criterio, en principio, impide el desechamiento de la demanda al tratarse de reposición del procedimiento; sin embargo, no se erige como una prescripción lisa y llana, sino que la condiciona a la imposibilidad para analizar las consecuencias de la reposición, en la medida en que al momento de la presentación de la demanda de amparo no se cuenta con constancias suficientes. Esto, en el caso no acontece, pues la parte promovente allegó copia de la resolución reclamada, de la que se desprenden las razones que sustentaron el acto reclamado y que permiten avisorar que la afectación a derechos es meramente adjetiva, pues se ordenó la reposición del procedimiento a efecto de que el juez Segundo Civil de Partido, con sede en esta ciudad, señale día y hora para el desahogo de la prueba testimonial a cargo de los testigos Elizabeth López Bravo, Andrea Valencia López e Ismael Contreras Figueroa, lo que se insiste, se traduce en una cuestión procesal, lo que únicamente vulnera derechos adjetivos, en oposición a sustantivos, en la medida en que se trata de una actuación de carácter procedimental con consecuencias de esa naturaleza, lo cual no podrá variar con la tramitación del presente juicio; lo que torna de forma notoria e indudable la improcedencia desde este momento. Además, debe señalarse que de un examen a dicha documental se evidencia que no hubo condena en costas en ninguna de las instancias. En efecto, de lo reseñado se desprende que en la resolución de primera instancia, en particular en el resolutivo quinto, opera la compensación entre las partes, de manera que cada uno deberá asumir los gastos erogados; por su parte, en la resolución de segunda instancia (acto reclamado) en el considerando segundo se puntualizó que no se hacía condena en costas, en virtud de que no se resolvió el fondo del asunto. Por otro lado, no se soslaya la dilación en impartición de justicia, esto es, que la reposición del procedimiento pudiera afectar en perjuicio de la inconforme, el derecho para la protección de sus derechos humanos, reconocidos en el artículo 17 constitucional, en virtud de que toda reposición del procedimiento implica necesariamente una dilación del juicio civil en mayor o menor medida; sin embargo, el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta. Apoya lo anterior la jurisprudencia 23/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 593, tomo XXVII, febrero de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta." De ahí que, el acto reclamado solo trastoca derechos del orden procesal, cuya afectación es susceptible de remediarse en caso de obtener una sentencia favorable, supuesto en el que dicha infracción no trascendería al resultado del veredicto. Por tanto, en el particular al reclamarse actos dentro de un procedimiento que no son de imposible reparación, con las constancias obrantes, se advierte que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********, en esta ciudad. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******** e ********, toda vez que de la certificación que antecede se advierte que cuentan con su cédula profesional registrada ante el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita."

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