Lydia Esther Rocha Martínez
Expediente 959/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 50 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 959/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 50
- Última actuación
- 09/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Lydia Esther Rocha Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 50.
- Principal
1. Promoción. Agréguese al expediente el oficio signado por el Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Finanzas, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, por medio del cual informa el cumplimiento dado al fallo protector. 1.1 Acuerdo. Sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento, toda vez que el cuatro de agosto de este año, se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido.
- Principal
1. Estado procesal. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés legal convenga sobre el cumplimiento que las autoridades responsables Secretaria de Acuerdo y Trámite del Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila de Zaragoza, y Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza, ambas con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, han dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este órgano constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede el análisis oficioso de dicho cumplimiento con base a las constancias que obran en el juicio. 2. Fijación de actos y protección constitucional. Los actos reclamados en esta instancia consistieron en: 4.- ACTOS RECLAMADOS: a) Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila y Presidenta de dicho Consejo: 1. La inconstitucionalidad del acuerdo C-110/2017 en el que autorizó un aumento de sueldo o ingreso a favor de los jueces de primera instancia en activo del Estado de Coahuila, que se ha reflejado, a partir del día 26 de mayo del 2017, con el concepto "APOYO POR EXCESO DE CARGA DE TRABJO" por la cantidad de $8,654.35 (OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.) mensual y del cual he sido injustamente excluida como juez pensionada o jubilada. 2. La falta de pago, aumento de pensión o aplicación del aumento de que fueron beneficiados los jueces en activo, con el concepto "APOYO POR EXCESO DE CARGA DE TRABAJO", por la cantidad de $8,654.35 (OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.) mensual, mismo que no se reflejó en el pago de la percepción neta [mensual de mayo de 2017 y subsecuentes) a que tenemos derechos como jueces jubilados o pensionados. 3. La falta u omisión de cumplimiento del Acuerdo C- 36/2005-C emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Coahuila, relativo al "Régimen especial para el otorgamiento de la remuneración constitucional de los Magistrados y Jueces del Poder judicial", publicado en el periódico oficial del Estado el 31 de mayo de 2005; dado que, a la fecha, no se ha incrementado la pensión acorde con el concepto "APOYO POR EXCESO DE CARGA DE TRABAJO" otorgado a los jueces en activo por la cantidad de $8,654.35 (OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.) mensual, no obstante que el acuerdo C-36/2005-C, en el dispositivo décimo se estableció que los jueces jubilados o pensionadas tendrían una percepción mensual que se integraría con las cantidades correspondientes a sueldo, incentivo, cantidad adicional y cualquier otra que nominalmente perciban los magistrados y jueces en activo. 4. El pago de las diferencias totales que debieron integrarse a la pensión neta mensual a que tenemos derechos como jueces jubilados, por el concepto "APOYO POR EXCESO DE CARGA DE TRABAJO" de la cantidad de $8,654.35 (OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.) mensual que se otorgó a los jueces en activo y que, de manera injustificada e inequitativamente, se me excluyó como juez pensionada o jubilada. b) Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila: El Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila, es la autoridad responsable, con el carácter de Autoridad ejecutora del acto del pago de mis prestaciones salariales, por lo que, como Juez jubilada del estado, le reclamo lo siguiente: a).- La vulneración de jubilación digna y decorosa, ante la omisión de otorgar a la suscrita, como Juez jubilada del Estado de Coahuila, la percepción salarial mensual, de manera total y oportuna, como si estuviera en activo, en los mismos términos, montos y plazos que lo reciben los jueces en activo, ya que no se me otorgó, en mi cuenta de nómina, ni el 26 de mayo, ni el 28 de junio pasado ni hasta la fecha, la cantidad de $8,654.35 (OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.) mensuales, tal y como se efectuó en forma general y compatible a todos los jueces en activo, tanto penales como civiles, mercantiles y familiares, del estado de Coahuila, en depósito a la cuenta de nómina bancaria, de cada uno, como complemento al ingreso ya otorgado, mensualmente, con la finalidad de incrementar su ingreso mensual, dada la inflación y el alto costo de la vida. Siendo de destacarse que el citado aumento no se reflejó en los CEDEFIS que se le extienden a los jueces en activo, lo cual se advierte de las copias de dichos documentos que anexo y que corresponden a dos jueces en activos de los meses de mayo y junio del presente año; la anterior circunstancia hace deducir que las autoridades responsables trataron de ocultar en lo posible que se conociera el incremento que se reclama para evitar pagarlo a los jueces jubilados, es por ello que mi pretensión la basé en el estado de cuenta bancario del juez en activo que se acompaña en esta demanda, así como el conocimiento que de manera verbal tengo, de que existe un acuerdo C- 110/2017, de fecha 26 de abril del presente año, dictado por el H. Consejo de la Judicatura del Estado, mismo que solicité con toda oportunidad a dicha autoridad señalada como responsable, sin que a la fecha me haya expensado las copias certificadas respectivas, exponiéndome de manera verbal por parte de la secretaria de dicho consejo, licenciada Perla Nájera Corpi y la señorita Margarita que faltaban firmas de algunos consejeros, por lo que no podían atender mi petición. Omisión que le es plenamente atribuible al Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de referencia, en virtud de que el pago de las percepciones salarias de la suscrita son con cargo a la partida del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, en términos del régimen de jubilación, concedido a la suscrita, establecido en el acuerdo de fecha C-247/2011, derivado del derivado del acuerdo C-36/2005-C, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado relativo al "Régimen para el otorgamiento de la Remuneración Constitucional de Magistrados y Jueces del Poder Judicial", que en su artículo Décimo, establece: "INTEGRACIÓN DE LA REMUNERACIÓN CONSTITUCIONAL.- En los casos de jubilación, pensión, retiro, incapacidad o fallecimiento, la remuneración a que tienen derecho los Magistrados y Jueces comprenderá la percepción neta mensual que reciban por prima vacacional, aguinaldo, seguro de gastos médicos y seguro de vida. La remuneración se continuará entregando en los mismos montos y plazos que reciban los jueces y magistrados que se encuentren en activo. - Para los efectos del presente artículo. la percepción neta mensual se integrará con las cantidades correspondientes a sueldo, incentivo, cantidad adicional y cualquier otra que nominalmente perciban Magistrados y Jueces en activo". Derecho que se estableció a la suscrita, en el Acuerdo que decretó mi jubilación, número C-247/2011, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, en la sesión celebrada el 16 de diciembre del 2011, en el que se decretó entre otras cosas, que la suscrita quejosa en mi calidad de Juez de Primera Instancia del Estado de Coahuila de Zaragoza, tengo derecho a ser jubilada y al pago de mi remuneración constitucional de conformidad con el artículo 153 de la Constitución Política del Estado, que consagra la garantía de la función jurisdiccional, "esa remuneración es irrenunciable, se otorgará con todas las prestaciones y en igual cantidad como si estuviese en activo..." No obstante lo anterior el Secretario de Finanzas, el 26 de mayo y 28 de junio del 2017, omitió otorgarme y en consecuencia depositarme en mi cuenta de nómina bancaria, la cantidad de $8,654.35 (OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.), que se les depositó a todos los jueces activos (a todos), tanto penales como civiles, mercantiles y familiares. a quienes les fue otorgada a partir de la señalada fecha, la cantidad ya referida, la cual se reflejó en un depósito a la cuenta de nómina de cada juez en activo del Estado, a quienes según se les informó, va a hacerse mensualmente, como parte del ingreso precisamente mensual del que ya venían percibiendo tal y como había sido prometido por el Ejecutivo del Estado, desde el inicio del año próximo pasado, sin embargo, a la suscrita no se me otorgó, ya que no se me depositó la mencionada cantidad en mi cuenta de nómina, ni el 26 de mayo, ni 28 de junio, ni hasta la fecha, a finales de cada mes, como se dijo se haría con los jueces en activo. b).- También reclamo de esta autoridad, el haber llevado a cabo los actos a que me refiero en el inciso que antecede, sin competencia constitucional para ello y además de mutuo propio; o arbitrariamente, esto último, porque no existe mandamiento escrito alguno debidamente fundado y motivado, dictado y firmado por autoridad competente en algún trámite seguido en forma de juicio y en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, que le autorice a que no se otorguen las prestaciones salariales de la suscrita como juez jubilada, como si estuviese en activo, en los mismos términos, montos y plazos que reciban los jueces en activo. c). - Por último, le reclamo cualquier orden o acto autoritario que expresa o implícitamente hayan emitido o vayan a emitir, y con el cual de plano afecten mi esfera jurídica al incumplirse el acuerdo bajo el régimen constitucional, por el cual fui jubilada, C-36/2005-C, conforme se determinó en mi resolución de jubilación C-247/2011, antes citados y al haber emitido dicho acto sin fundamento ni motivo alguno y sin cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento." La protección constitucional se concedió para los efectos siguientes: Efectos de la concesión del amparo. Con fundamento en lo dispuesto en el arábigo 77 de la Ley de Amparo, la protección de la Justicia Federal se concede para que el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila de Zaragoza: a) Deje insubsistentes los acuerdos C-302-K/2017 y C-342/2017, de treinta y uno de octubre y dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, respectivamente, con los que negó el pago de la prestación reclamada a la aquí quejosa. b) Emita uno nuevo en que se incluya la prestación denominada "apoyo por exceso de carga de trabajo" a que se refiere el artículo C-110/2017, en la remuneración constitucional que le corresponde a Lydia Esther Rocha Martínez, y en lo subsecuente le sea pagada como parte integral de su pensión. c) Ordene a la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, que realice el pago a la quejosa de los montos que desde el veintiséis de mayo de dos mil diecisiete -en que se comenzó a pagar a los jueces en activo-, no le han sido liquidados. 3. Análisis del cumplimiento. Atento a lo anterior, las autoridades responsables Secretaria de Acuerdo y Trámite del Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila de Zaragoza, y Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza, ambas con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, remitieron constancias relacionadas con el cumplimiento de la sentencia constitucional, documentales a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°. Con ello, mediante proveídos de catorce de mayo, seis y doce de julio, todos del año en curso, se dio vista a las partes para que en el plazo de tres días expresaran lo que a su derecho conviniera, sin que hubieran señalado nada al respecto. 3.1 Primer efecto. De las constancias remitidas se advierte que en cumplimiento a la sentencia constitucional, el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, emitió el acuerdo C-048/2021, en el que se determinó dejar insubsistentes los diversos C-302-K/2017 y C-3042/2017, de treinta y uno de octubre y dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, respectivamente, con los que negó el pago de la prestación reclamada a la aquí quejosa. Además, dicho Pleno del Consejo de la Judicatura determinó que se incluyera la prestación denominada "apoyo por exceso de carga de trabajo" a que se refiere el artículo 1-110/2017, en la remuneración constitucional que le corresponde a la aquí quejosa, como parte integral de su pensión. En atención a lo anterior, ordenó a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, a fin de que realice las gestiones necesarias para el debido cumplimiento de dicho acuerdo y se realice el pago a la parte quejosa del estímulo económico "apoyo por exceso de carga de trabajo" y de los montos desde el veintiséis de mayo de dos mil diecisiete. 3.2 Segundo efecto. Por su parte, el Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, el treinta de junio de dos mil veintiuno, por medio del folio número 6574, de nómina extraordinaria, fue transferida al Poder Judicial del Estado de Coahuila, por ser a quien le corresponde realizar dicho pago a la parte quejosa, acompañando copia del oficio SSEYA/DGAP/001907/2021, de cinco de julio de este año, firmado por el Director General de Administración de Personal, de Saltillo, Coahuila de Zaragoza. 4. Decisión. Del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo y los oficios remitidos por las autoridades responsables Secretaria de Acuerdo y Trámite del Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila de Zaragoza, y Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza, ambas con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, se concluye que las responsables atendieron total y exactamente los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; por consiguiente, se tiene por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo 5. Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 6. Valoración. Toda vez que se concedió la protección constitucional en el juicio de amparo, se considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), fracción I del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. 7. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del presente asunto, como lo establece penúltimo párrafo del mencionado artículo 18. En el entendido que concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Una vez que termine el proceso de depuración, en términos del último párrafo del artículo 18 del mencionado Acuerdo General, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 8. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control; y una vez que transcurran tres años, deberá realizarse la depuración y transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. 10. Promoción. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el escrito signado por la quejosa ...por medio del cual refiere que se ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades responsables. 10.1 Acuerdo. Sin embargo, es innecesario hacer mayor pronunciamiento, en virtud de lo acordado en párrafos precedentes.
- Principal
Queda notificada la parte quejosa por medio de lista del auto de doce de julio de dos mil veintiuno, al no haber comparecido a notificarse de manera personal.
- Principal
1. Promoción. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdo y Trámite del Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el cual informa el cumplimiento al fallo protector dictado en este juicio de amparo, remitiendo copia certificada de diversas constancias. 1.1. Acuerdo. Sin que resulte necesario emitir especial pronunciamiento al respecto, toda vez que mediante proveído de seis de julio de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el presente oficio y se acordó lo conducente.
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