Lydia Esther Rocha Martínez

Expediente 20/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 27 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
20/2020
Año
2020
Actuaciones
27
Última actuación
06/01/2022

Partes del expediente

  • Lydia Esther Rocha Martínez
  • Secretario de Finanzas del Estado de Coahuila. Saltillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    1. Promociones. Agréguense a los autos los oficios remitidos por la Secretaria de Acuerdo y Trámite del Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Directora de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Poder Judicial del Estado, ambos con sede en Saltillo, por medio de los cuales informan el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. 1.1. Acuerdo. Sin que haya necesidad de dictar mayor proveído, toda vez que mediante acuerdo de trece de octubre de dos mil veintiuno, se declaró cumplida la sentencia constitucional y se ordenó el archivo correspondiente.

  2. Principal

    1. Estado procesal. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, ha dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento con base a las constancias que obran en el juicio. 2. Fijación de actos y protección constitucional. El acto reclamado en esta instancia constitucional consistió en: La omisión del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial y del Secretario de Finanzas, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, de cumplir con el Acuerdo C-0247/2011, mediante el cual se concedió a la quejosa suspensión por antigüedad genérica, por no brindar las prestaciones correspondientes al depósito de los incentivos realizados a los jueces en activo en el mes de diciembre, desde 2011 al 2019. La protección constitucional se concedió para los efectos siguientes: i) Atento a los lineamientos de esta sentencia, den cumplimiento al Acuerdo C- 247/2011, y provean el pago a la quejosa, Lydia Esther Rocha Martínez, de la percepción denominada "apoyo por el desempeño de la función judicial", relativo al año dos mil diecinueve. ii) Para lo que deberá ordenar a la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, que realice el pago a la quejosa del monto correspondiente.3. Análisis del cumplimiento. Atento a lo anterior, la responsable Director General de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas del Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, remitió constancias relacionadas con el cumplimiento de la sentencia constitucional, documentales a las que se concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º. 3. Análisis del cumplimiento. Atento a lo anterior, la responsable Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, remitió constancias relacionadas con el cumplimiento de la sentencia constitucional, documentales a las que se concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º. Con ello, mediante proveídos de veintisiete y veintiocho de septiembre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días expresara lo que a su derecho conviniera, sin que haya manifestado nada al respecto. 3.1 Primer efecto. De las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que en cumplimiento a la sentencia constitucional, mediante oficio 1558/2021, de veintiuno de septiembre del presente año, giró oficio al Oficial Mayor del Poder Judicial del Estado, con sede en Saltillo, para que en el ámbito de su competencia, girara las instrucciones necesarias a fin de que el plazo de veinticuatro horas, se realizará el pago correspondiente a la quejosa. 3.2 Segundo efecto. A través del comunicado citado en el párrafo que antecede, comunicó a este órgano jurisdiccional que en relación a ordenar al Secretario de Finanzas para que realizara el referido pago, éste le corresponde al Poder Judicial del Estado de Coahuila. Además, mediante diverso oficio 1586/2021, de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, informó a este Juzgado de Distrito, que el veintitrés del mismo mes y año, se efectuó a la quejosa el pago de $75,943.96 (setenta y cinco mil novecientos cuarenta y tres pesos 96/100 moneda nacional), correspondiente al apoyo por el desempeño de la función judicial, anexando al efecto constancias relativas a la operación bancaria realizada. 4. Decisión. Del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo y las constancias remitidas por la responsable, se concluye que atendió los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; por consiguiente, se tiene por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5. Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 6. Valoración. Toda vez que se sobreseyó y se concedió la protección constitucional en el juicio de amparo, se considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), fracción I del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. 7. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del presente asunto, como lo establece penúltimo párrafo del mencionado artículo 18. En el entendido que concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Una vez que termine el proceso de depuración, en términos del último párrafo del artículo 18 del mencionado Acuerdo General, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 8. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control; y una vez que transcurran tres años, deberá realizarse la depuración y transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  3. Principal

    Queda notificada la parte quejosa por medio de lista de los autos de veintisiete y veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, al no haber comparecido a notificarse de manera personal.

  4. Principal

    1. Promoción. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio y anexo signado por la Secretaria de Acuerdo y Trámite del Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, a través del cual informa el cumplimiento dado al fallo protector. 2. Vista a la parte quejosa. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con la anterior circunstancia dése vista a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su interés convenga.

Quedan 23 actuaciones en este expediente

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