Lydia Esther Rocha Martínez

Expediente 120/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 35 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
120/2019
Año
2019
Actuaciones
35
Última actuación
01/07/2021

Partes del expediente

  • Lydia Esther Rocha Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Principal

    1. Promoción. Visto lo de cuenta, agréguense únicamente para que conste el oficio signado por el Coordinador General de Asuntos Jurídicos, en representación del Secretario de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, a través del cual informa las gestiones relativas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 1.1 Acuerdo. Sin necesidad de proveer al respecto, toda vez que mediante proveído de cinco de marzo del año en curso, se tuvo por cumplido el fallo protector y se ordenó el archivo como asunto concluido.

  2. Principal

    1. Estado procesal. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que las autoridades Secretaria de Acuerdos y Trámite del Consejo de la Judicatura y Oficial Mayor del Poder Judicial, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, han dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento con base a las constancias que obran en el juicio. 2. Fijación de actos y protección constitucional. El acto reclamado en esta instancia constitucional consistió en: La conducta omisiva del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial y del Secretario de Finanzas, ambos del estado de Coahuila de Zaragoza, pues aduce que no le fue entregado el pago por concepto de bono navideño, estímulo económico, estímulo de la función judicial, etc, que les fue pagado como estímulo económico, a los jueces en activo en los meses de diciembre de los años contemplados del dos mil doce al dos mil dieciocho. 2.1 Resolución del Tribunal Colegiado. Mediante proveído de veintitrés de octubre de dos mil veinte, se tuvo por recibida la ejecutoria pronunciada por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, el catorce de agosto del año próximo pasado, en los autos del amparo en revisión administrativo 844/2019, en la que en confirmó la sentencia pronunciada por este Juzgado de Distrito. La protección constitucional se concedió para el efecto de que la autoridad responsable Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila de Zaragoza: i) Atento a los lineamientos de ésta sentencia, den cumplimiento al Acuerdo C-247/2011, y provean el pago a la quejosa Lydia Esther Rocha Martínez, de las percepciones denominadas "estímulo económico" (2012, 2013, 2014), "estímulo por el desempeño de la función judicial" (2015), "apoyos por el desempeño de la función judicial" (2016 y 2017) y "apoyo por tramitación de juicios" (2018), relativo a los periodos comprendidos entre los años dos mil doce a dos mil dieciocho. ii) Para lo que deberá ordenar a la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, que realice el pago a la quejosa de los montos correspondientes. 3. Análisis del cumplimiento. Atento a lo anterior, la Secretaria de Acuerdos y Trámite del Consejo de la Judicatura y Oficial Mayor del Poder Judicial, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, remitieron constancias relacionadas con el cumplimiento de la sentencia constitucional. Documentales a las que se concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º. Con ello, mediante proveídos de quince de enero y dieciocho de febrero del año en curso, se dio vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días expresara lo que a su derecho conviniera; en respuesta a lo anterior, mediante escrito recibido el veintiséis de enero del presente año, el autorizado de la quejosa señaló que las responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo en sus términos. 3.1 Efecto. De las constancias remitidas por las autoridades se advierte que en cumplimiento a la sentencia constitucional, mediante oficio CJ-103/2021, de trece de enero del año en curso, se tuvo a la Secretaria de Acuerdos y Trámite del Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, informando que la Directora de Recursos Financieros, por instrucciones del Oficial Mayor del Poder Judicial del Estado de Coahuila, llevó a cabo el pago a la aquí quejosa Lydia Esther Rocha Martínez, de la cantidad de $524,270.08 (quinientos veinticuatro mil doscientos setenta pesos 08/100 moneda nacional), por concepto de pago de estímulo económico otorgado en los años 2012, 2013 y 2014; estímulo por el desempeño de la función judicial otorgado en el 2015, apoyos por el desempeño de la función judicial autorizados en el 2016 y 2017, y apoyo por tramitación de juicios proporcionado en el 2018; cantidad que fue transferida a la cuenta 014075565076805546 del banco Santander, donde aparece la quejosa como titular. 4. Decisión. Del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo y los oficios remitidos por la Secretaria de Acuerdos y Trámite del Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, se concluye que las responsables atendieron total y exactamente los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; además, aunado a la manifestación del autorizado de la quejosa, se tiene por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 5. Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 6. Valoración. Toda vez que se concedió la protección constitucional en el juicio de amparo, se considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), fracción I del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. 7. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del presente asunto, como lo establece penúltimo párrafo del mencionado artículo 18. En el entendido que concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Una vez que termine el proceso de depuración, en términos del último párrafo del artículo 18 del mencionado Acuerdo General, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 8. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control; y una vez que transcurran tres años, deberá realizarse la depuración y transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  3. Principal

    1. Promoción. Visto lo de cuenta, agréguense a los autos los oficios signados por el Oficial Mayor del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza y Secretaria de Acuerdo y Trámite del Consejo de la Judicatura del Estado, ambos con sede en Saltillo, y anexo, a través de los cuales informan el cumplimiento que dieron al fallo protector. 1.1 Vista a las partes. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con la anterior circunstancia dése vista a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su interés convenga.

  4. Principal

    El día de hoy queda notificada la parte quejosa *** y sus autorizados, por medio de la presente lista de acuerdos, del auto de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio de amparo 120/2019, por no haberse presentado a recibir la notificación de manera personal al local de este Juzgado de Distrito.

Quedan 31 actuaciones en este expediente

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