LUZ PATRICIA CABRERA RAMOS y Otros.
Expediente 790/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 790/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- LUZ PATRICIA CABRERA RAMOS y Otros.
Actuaciones
- Principal
Autorizado de la parte quejosa interpone recurso de queja. Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta signado por Fabián García Cortés autorizado en términos amplios de la parte quejosa Luz Patricia Cabrera Ramos, por sí y en representación de las menores de edad de iniciales A.J.C.C., E.P.C.C. y A.I.C.C., y en atención a sus manifestaciones, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, téngasele interponiendo recurso de queja en contra del proveído de diecisiete de julio de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en el numeral 101, párrafo primero, de la ley de la materia, ríndase informe con justificación respecto a la materia de la queja en el sentido de que es cierto el acto impugnado, pues en el proveído que se impugna, este órgano de control constitucional desechó la demanda de amparo al considerar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 5°, fracción I, 6°, 107, fracción IV de la Ley de Amparo. Atento a lo expresado en el párrafo que precede, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito en Turno, con residencia en Guanajuato capital, copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el juicio en que actúa. Sin que sea el caso requerir a la parte recurrente, para que manifieste las constancias que en copia certificada habrán de remitirse para la substanciación del recurso de mérito, toda vez que en el ocurso de cuenta lo realizó.
- Principal
Se ordena protección de identidad de menores de edad. Con apoyo en el "Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos en que afecten a niñas, niños y adolescentes" (puntos 9 y 10, capítulo III, de las Reglas de actuaciones generales); así como en la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 16, párrafo I), Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 11.2); Directrices sobre la Justicia en Asuntos Concernientes a los Niños Víctimas y Testigos de Delitos (párrafos 8, inciso a), 26, 27 y 28), Manual sobre la Justicia en Asuntos Concernientes a los Niños Víctimas y Testigos de Delitos (Capítulo VII, p. 59 - 63), Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores también conocidas como Reglas de Beijing (Regla 8), este órgano jurisdiccional ordena salvaguardar la privacidad de toda participación infantil a través del resguardo de su identidad, sin importar la calidad con la que comparecen al presente juicio constitucional, esto es, si como quejosos o terceros interesados, lo anterior en aras de proteger su derecho fundamental a la privacidad e intimidad; para efecto de lo cual se deberá: a) Sustituir el nombre de los niños, niñas o adolescentes que participen en el presente procedimiento constitucional con sus iniciales, en las listas de acuerdos, diligencias, comunicaciones oficiales, autos, interlocutorias que se dicten a partir de este momento, y en sentencias definitivas, debiendo glosarse al expediente en sobre cerrado, hoja que contenga el nombre completo de los infantes. b) Las constancias que se agreguen al sumario con fecha posterior al presente acuerdo, y que contengan datos de identificación de menores de edad o cualquier otro dato sensible como imágenes de los infantes, deberán resguardarse en secreto en la secretaría del juzgado, haciendo los desgloses correspondientes; autorizándose únicamente la consulta de dicho material por parte de los autorizados en este juicio y directos quejosos o terceros interesados, sin posibilidad de reproducirlo ya sea a través de fotocopias o por medios electrónicos. Se desecha demanda de amparo. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del citado artículo, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. Aunado a que es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En ese contexto, se estima que con relación a los referidos actos reclamados, se surte de un modo manifiesto, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con los diversos 5°, fracción I y 6° del mismo cuerpo de normas invocado, pues el acto combatido no genera en la esfera de derechos de la aquí quejosa agravio personal y directo. En efecto, los dispositivos de mérito estatuyen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de Amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I.- El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" "6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." En términos de las disposiciones legales transcritas, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal o apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la Ley de Amparo. En este sentido, cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que el "perjuicio" es la base para promover el juicio de amparo, debiendo interpretarse "perjuicio" en el sentido de "ofensa" al derecho del quejoso, por lo que el mal debe ser real y efectivo para la procedencia del juicio constitucional, de modo que debe exigirse la comprobación por parte de éste, del derecho o interés que, en su concepto, ha sido afectado por el acto o actos que reclame de las autoridades responsables. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 3490, del Tomo LXXXII, de la quinta época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PERJUICIO BASE DEL AMPARO. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio constitucional sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, de lo que se sigue que el perjuicio es un elemento esencial que rige la precedencia del juicio de garantías; y como éste tiene por objeto proteger al quejoso en el goce de sus garantías individuales, volviendo las cosas al estado que tenían, antes de que se cometiera la violación, es claro que el perjuicio debe consistir en un mal real y efectivo, y no en apreciaciones doctrinarias". Lo anterior significa que sólo el quejoso directamente afectado con alguna determinación jurisdiccional es el que está en aptitud de demandar la protección de la Justicia Federal, ya que la promoción del juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir el agravio personal o directo, es decir, por quien figura como quejoso o por su representante legal, porque es el titular de la acción el único legitimado para decidir cuáles actos son los que en su concepto le causan perjuicio y de qué manera lesionan sus derechos fundamentales, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, con la salvedad de las excepciones previstas por los artículos 8°, 15, y 16, de la Ley de Amparo, ya que, al ser la titularidad de la acción de amparo un derecho personalísimo, en principio, no es disponible para que la ejerzan personas distintas a los quejosos o diversas a quienes legalmente los representen. Así, el agravio en cuestión debe ser material y susceptible de apreciarse objetivamente, entendiéndose por dicha afectación toda lesión u ofensa que la persona física o moral recibe en sus intereses jurídicos en lo individual como resultado de la emisión o ejecución del acto reclamado. Entonces, cuando esa afectación no proviene del acto reclamado sino que pudiese tener su origen en una fuente diversa, el juicio de amparo es improcedente para combatir sus efectos, pues sería desacertado el pretender instaurarlo para nulificar un acto que no es el que lesiona la esfera jurídica del particular, y así, aquél debe sobreseerse por lo que ve a tal suceso, ante la ausencia de un agravio personal y directo ocasionado por la emisión o ejecución del acto reclamado. En efecto, en la especie la parte quejosa, hace consistir el acto reclamado en el embargo del salario de Juventino Cortés Godínez (padre de las menores de iniciales A.J.C.C., E.P.C.C. y A.I.C.C.) derivado de un procedimiento judicial mercantil del índice del Juzgado Único Menor Mixto del Partido Judicial de San Francisco del Rincón, Guanajuato. En ese contexto, a la impetrante no le causa un agravio personal y directo para instar la presente queja constitucional por su propio derecho, por no ocasionar afectación o perjuicio los actos reclamados en su esfera de derechos, por no estar dirigidos a su persona. En mérito de todo lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 5°, fracción I, 6°, 107, fracción IV de la Ley de Amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo de actual vigencia, se desecha de plano la demanda de amparo. Por tanto, el incumplimiento de las condiciones necesarias para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos, por la promovente, no constituye en sí mismo, una denegación de justicia, dicho principio no implica que en cualquier juicio de amparo promovido en representación de un menor, el tribunal de amparo soslaye los presupuestos de procedencia del juicio de amparo, máxime que permitir el acceso en todo momento al juicio de amparo, generaría inseguridad jurídica en detrimento del propio derecho fundamental de acceso a la justicia. Cabe invocar la Tesis Constitucional, Común XXVII.3o.130 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 2390 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, página 2390, Décima Época, Registro digital 2018164, bajo el rubro y texto siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO NO IMPLICA SOSLAYAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-. Asimismo, el numeral 4o. constitucional, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 4 de diciembre de 2014, establecen el interés superior de la niñez como principio rector para todas las autoridades involucradas en asuntos de menores, bajo el cual deben tomar acciones y privilegiar los mecanismos que permitan a los infantes y adolescentes un crecimiento y desarrollo integral plenos y, en su caso, instrumentar las medidas de protección y de restitución integrales procedentes; sin embargo, dicho principio no implica que en cualquier juicio de amparo promovido por un menor, el tribunal de amparo soslaye los presupuestos de procedencia del juicio y deba resolver si niega o concede la protección solicitada, ya que ese proceder equivaldría a que se dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales, como los de seguridad jurídica e igualdad procesal, que rigen su función jurisdiccional, lo que origina un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio.". VII. Domicilio y autorizados. Como se solicita expresamente que las notificaciones se practiquen a la parte quejosa de manera electrónica; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones II y III, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se autoriza que se lleve a cabo la notificación electrónica de las determinaciones que se dicten en el presente juicio y que ameriten notificación personal, al usuario (********************), toda vez que se encuentra registrado con FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), por lo que satisface los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. En consecuencia, se comisiona a la oficial judicial A, para que aperture los campos necesarios para la notificación electrónica, en los términos apuntados con antelación. Asimismo, se tiene designando como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, en virtud de que cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos del citado numeral a las diversas personas que indica, por no encontrase en dicho supuesto, y por así haber sido solicitado. VIII. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. IX. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Comuníquese a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.
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