M. Antonia Juárez García

Expediente 1137/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1137/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • M. Antonia Juárez García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de autos, particularmente las constancias recibidas el diecisiete de noviembre del año en curso (fojas 52 y 53), consistentes en las copias certificadas que remitió la autoridad responsable Encargada del Despacho del Director del Hospital Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, cuyo análisis da lugar a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, de conformidad con la jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por contradicción de Tesis 26/2002-PL, visible en la página 386, Tomo VII, Marzo 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Para evidenciar tal aserto, precisa acotar que en este caso, el acto reclamado se hizo consistir en la negativa de la mencionada autoridad responsable de otorgarle cita a la directa quejosa para la realización del estudio denominado ********************, el cual le fue prescrito por el médico especialista en ******************** a fin de darle seguimiento a su padecimiento consistente en ********************. Ahora bien, en el presente asunto se concedió la suspensión de plano para efecto de que a la quejosa ********************, se le realizara el estudio prescrito por su médico tratante y/o en su caso, se le practicara el estudio que resultara necesario para dar seguimiento al padecimiento que le aqueja o lo que resultara de la valoración médica que en cumplimiento a la medida cautelar se le practicara, para lo cual debería dictar las medidas tendentes a garantizar su salud y que salvaguardaran su vida. Así las cosas, de las constancias remitidas por la autoridad responsable durante la prosecución del juicio de amparo en que se actúa, se colige que -con posterioridad a la presentación de la demanda- a la impetrante se le otorgó cita en el servicio de imagenología diagnóstica y terapéutica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con sede en esta ciudad, para la realización del estudio ********************, mismo que se llevó a cabo el diez de noviembre del año curso (fojas 53 y 53 vuelta), lo que de suyo actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". Se afirma lo anterior, porque con relación a la negativa de otorgarle cita para la realización del mencionado estudio, la responsable acreditó con constancia fehaciente que a la directa quejosa le fue asignada cita para la realización del mismo y que éste se verificó el diez de noviembre del año en curso. Constancia a la que se le concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2; y, con la cual se acredita la actualización de la causal de improcedencia antes invocada. Se asevera lo anterior, porque si se toma en consideración que "cesar", en su sentido etimológico y gramatical, quiere decir suspender o acabarse una cosa; o bien dejar de hacer lo que se está haciendo; y, "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. En esa virtud, se puede afirmar que han cesado los efectos de los actos reclamados, cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga, esto es así cuando la autoridad emisora lo hace desaparecer haciéndolo insubsistente. Así pues, conviene precisar que para que sea aplicable la causal de improcedencia aludida es necesario, esencialmente, que los actos reclamados y los efectos que hayan producido, sean totalmente revocados o derogados por las autoridades responsables. Asimismo, es pertinente recordar que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, en consecuencia, para considerar, estrictamente, que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar destruido. En conclusión, únicamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a la parte promovente del amparo en el goce del derecho violado. Bajo lo antes expuesto, podemos concluir que, para que en el juicio de amparo se actualice la causal de improcedencia por cesación de efectos se requiere: a) que el acto reclamado sea revocado o derogado, b) que la cesación sea inmediata y no surja a condición de ninguna especie; y, c) que la parte quejosa sea restituida en el goce del derecho subjetivo que consideró vulnerado. Causal que en el caso se estima actualizada, si se toma en cuenta que lo que constituye materia de reclamo constitucional, lo es la negativa de otorgarle cita para la realización del estudio denominado ********************, el cual le fue prescrito por el médico especialista en ******************** a fin de darle seguimiento a su padecimiento consistente en ********************; y, la potestad responsable acreditó que con posterioridad a la presentación de la demanda, brindó la atención médica correspondiente a la materia de reclamo, tal y como se puso de manifiesto en acápites precedentes; lo que se suyo hace que los efectos de dicho acto hayan cesado, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto combatido no hubieran invadido la esfera jurídica de la impetrante. Ello es así, en atención a que los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca, lo que da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes de su nacimiento; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una nueva situación que destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce del derecho violado, por lo que se determina que en el caso cesaron los efectos de los actos combatidos. Sirve de apoyo a lo anterior, jurisprudencia 2ª./J. 59/99 que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, resulta aplicable el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." En virtud de lo anterior, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, se decreta el sobreseimiento en el presente asunto fuera de audiencia. Suma a lo anterior, las manifestaciones aseveradas por ********************, autorizada en términos amplios de la parte quejosa, en el sentido de que la autoridad responsable ha restituido a su representada en el goce de su derecho humano a la salud (foja 50), circunstancia que reafirma la determinación asumida en párrafos anteriores. No es óbice para lo antepuesto, el hecho de que a la fecha en que se decreta el sobreseimiento de este juicio de amparo, aún no haya tenido verificativo la audiencia constitucional, pues ello no irroga perjuicio alguno a la parte quejosa, debido a que no se le priva del derecho de defensa que le corresponde por derivar el sobreseimiento de una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, como en el caso acontece, por haber cesado en sus efectos el acto reclamado, de tal suerte que ni aún con la celebración de la audiencia constitucional podría desvirtuarse tal hecho jurídico con prueba alguna; de ahí que resulte innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, resolver el presente juicio de amparo hasta el momento que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia por contradicción 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulada: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Por tanto, hágase saber a las partes la presente determinación para los efectos legales a que hubiere lugar; asimismo, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional; háganse las anotaciones en el libro respectivo. Se ordena generación de versión pública de sentencia. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública de la presente resolución, para que pueda ser consultable por el público en general.

  2. Principal

    Autoridad responsable informa seguimiento a suspensión de plano y cumple requerimiento. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, incorpórese a los autos para que obren como corresponda, los oficios y anexo remitidos por la Encargada de Despacho de la Dirección del Hospital Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, mediante los cuales en seguimiento a la suspensión de plano decretada en autos, así como al requerimiento que se le formuló el trece de noviembre del año en curso, remite copia certificada del formato de interpretación de estudios de imagenología relativa a la tomografía practicada a la parte quejosa el diez de los actuales. Consecuentemente téngasele por informando y acreditando el seguimiento dado a la suspensión de plano decretada en autos, para los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada, dada su especial naturaleza, la documental que anexa la oficiante de trato, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional.

  3. Principal

    Manifestaciones. Agréguese el escrito presentado por ********************, autorizada en términos amplios de la parte quejosa, y en atención a su contenido, téngasele por realizando las manifestaciones versadas en el mismo, en el sentido de que la autoridad responsable ha restituido a su representada en el goce de su derecho humano a la salud, las que se tomarán en consideración en el momento procesal oportuno.

  4. Principal

    Efectos de control. Agréguese a los autos únicamente para efectos de control y sin mayor acuerdo, el oficio signado por el Director del Hospital Regional León del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, dado que en proveído de trece de los actuales, se acordó lo correspondiente a su contenido. Cúmplase.

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