Luz María Puga Herrera

Expediente 1046/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1046/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
05/10/2023

Partes del expediente

  • Luz María Puga Herrera

Actuaciones

  1. Principal

    Juzgado Federal no insiste en declinar competencia. Agréguese a los autos el oficio remitido por el secretario del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual informa que no insiste en declinar competencia. Valoración de destino y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    Recepción de incompetencia. Ténganse por recibidos el oficio y anexos de cuenta que remite el secretario del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a través de los cuales envía los autos originales del juicio de amparo 1472/2023-II, de su índice, así como cuatro copias de la demanda de amparo promovida por Luz María Puga Herrera, contra actos de los magistrados integrantes de la Sala Regional del Centro IV del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Silao, Guanajuato, juicio de amparo en el que declinó la competencia en favor del Juzgado de Distrito en el Estado, con sede en León, en turno, y en atención a ello, correspondió a este Juzgado Tercero de Distrito su recepción. No se acepta competencia. Con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito determina devolver los autos que integran el juicio de amparo 1472/2023-II y anexos, enviados por el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, y, por ende, no acepta la competencia planteada, en virtud de las consideraciones que enseguida se exponen: En principio, es menester precisar que el Juzgado oficiante determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, basando sus argumentos en el artículo 37 de la Ley de Amparo, a fin de concluir que la autoridad competente para conocer de la misma es aquélla con residencia en el lugar en el que tendrá ejecución material el acto reclamado, consistente en la resolución interlocutoria dictada el diecinueve de junio del año en curso, dentro del expediente 1932/22-30-01-1, que declaró procedente pero infundada la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia definitiva emitida el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, en el expediente de origen, derivado de lo cual considera que la pretensión de la quejosa se traduce en que se le dé cumplimiento a la referida sentencia definitiva, esto es, que la autoridad demandada atienda a los incrementos de su pensión precisados en la misma, lo que asevera se ejecutará en el domicilio de la solicitante de amparo, por ser el lugar en donde se materializará el pago del beneficio de su pensión, el cual estima que se ubica en avenida La Laja, número 124, colonia Jardines del Moral de esta ciudad, por el hecho de haber sido señalado por la impetrante como su domicilio procesal, esto es, para oír y recibir notificaciones dentro del juicio de amparo. Lo que sustentó en la jurisprudencia PC.XVI.A. J/23 A (10a.), de la Décima Época, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, página 1397, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADA LA QUEJA POR DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO DE NULIDAD QUE CONDENÓ AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO A CUANTIFICAR LA PENSIÓN CON LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS. CORRESPONDE AL JUEZ EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. La locución "ejecución material" es el común denominador de las tres hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito, la cual debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o por virtud de sus efectos y consecuencias. Así, de no ser ejecutable, el acto reclamado se regirá por el tercer párrafo del precepto invocado (cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda) y, si lo es, habrá que distinguir si se ejecuta en un lugar o en diferentes para efecto de ubicarlo en los párrafos primero (es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse se esté ejecutando o se haya ejecutado) o segundo (si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda). De acuerdo con lo anterior, la resolución que declara infundada la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada en un juicio de nulidad, que condenó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cuantificar la pensión con los incrementos respectivos, por su forma de expresión, constituye un acto negativo, a través del cual, la autoridad rechaza la pretensión ejercida en la queja, pero cuyos efectos son positivos, por ende, ejecutables, pues de manera directa deja firme, en la instancia jurisdiccional ordinaria, la determinación dictada por el Instituto citado en cumplimiento a la sentencia de nulidad e indirectamente permite la ejecución de dicha determinación, lo que se traduce en el pago de la pensión de acuerdo con los incrementos fijados por el propio Instituto, lo que se materializa en el ámbito privado de los pensionados, el cual se desenvuelve en su domicilio. En ese sentido, cuando en el juicio constitucional se reclama aquella resolución, se actualiza la regla de competencia establecida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme a la cual, la competencia por territorio para conocer del juicio corresponde al juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, pues además de que atiende al lugar en donde el acto reclamado deba tener ejecución, con ello respeta el derecho de acceso a la jurisdicción." Sentados los antecedentes, y previo a explicar las razones jurídicas que dan sustento al criterio de incompetencia de este Juzgado, es preciso traer a colación el contenido de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, que son del tenor siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) "VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia." "Artículo 37. Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del artículo citado en último término se desprenden tres reglas para fijar la competencia territorial de los jueces de Distrito: 1) Será competentes el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito, o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, y se atenderá al criterio de prevención en el conocimiento de la demanda, es decir, la competencia se fincará en el órgano ante el cual se presente la misma; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda. Por tanto, si bien el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dispone que será competente el juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución el acto reclamado, el cual en el presente asunto se hace consistir en la resolución interlocutoria dictada el diecinueve de junio del año en curso, dentro del expediente 1932/22-30-01-1, que declaró procedente pero infundada la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia definitiva emitida el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, en el expediente de origen, lo que asevera el Juzgado declinante se ejecutará en el domicilio de la solicitante de amparo, por ser el lugar en donde se materializará el pago de la pensión, el cual estima que se ubica en avenida La Laja, número 124, colonia Jardines del Moral de esta ciudad, por el hecho de haber sido señalado por la impetrante como su domicilio procesal, esto es, para oír y recibir notificaciones dentro del juicio de amparo. Sin embargo, lo cierto es que en la demanda de amparo no obra dato alguno que revele dónde se ubica la residencia particular de la quejosa, al únicamente haber señalado como domicilio procesal, esto es, para oír y recibir notificaciones dentro del juicio constitucional, el ubicado en avenida La Laja, número 124, colonia Jardines del Moral de esta ciudad; derivado de lo cual, no se comparte el criterio del tribunal declinante de tener dicho domicilio procesal, a su vez, como el lugar de residencia de la impetrante del amparo, al no obrar dato alguno que revele dicha circunstancia, sin que sea factible aceptar la competencia declinada, en base a meras presunciones, ya que no se tiene la certeza de que el domicilio procesal que señaló la quejosa en su libelo de amparo, constituya a su vez su lugar de residencia, al existir la posibilidad de que el mismo solo sea el domicilio de los profesionistas que contrató para tramitar el juicio constitucional, el cual además es factible que no se ubique en la misma localidad o ciudad de residencia de la quejosa. Por tanto, lo cierto es que de la demanda de amparo no se advierte en dónde se ubica el domicilio en el que reside la impetrante, esto es, cuál es su domicilio particular, en el que asevera el Juzgado declinante que se materializará el pago de la pensión, al tratarse de un acto que se lleva a cabo en el ámbito privado de los pensionados, el cual se desenvuelve en su domicilio, sin que pueda considerarse como tal, el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones en el juicio de amparo, al tratarse únicamente de un domicilio procesal, esto es, señalado exclusivamente para oír y recibir notificaciones, sin que el mismo pueda además tenerse como el domicilio particular de la quejosa, al no haberlo manifestado así expresamente, ni obrar dato alguno en el libelo de amparo que revele lo anterior; máxime si se tiene en cuenta que la demanda de amparo fue signada en la ciudad de Celaya, Guanajuato, y en la parte superior de dicha foja aparece la palabra "Romita", el cual es el nombre de otro de los municipios del Estado de Guanajuato. En consecuencia, al no tenerse la certeza de que la impetrante del amparo reside dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional, se determina que se carece de competencia para conocer del presente asunto. Por tanto, fórmese cuadernillo de antecedentes y devuélvanse los autos originales del juicio de amparo, al Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, solicitando sirva acusar recibo correspondiente y comunicar la determinación que tenga a bien asumir en el mismo. IV. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. V. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en observancia de lo dispuesto en el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones de carácter personal en el presente juicio principal, como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que reforma el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace del conocimiento de las partes que las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al Secretario judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Se ordena generación de versión pública de sentencia o determinación. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública de la presente determinación, para que pueda ser consultable por el público en general.

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