Luz María Fabela de León
Expediente 592/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 592/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Procurador General de Justicia del Estado de Guanajuato
- Luz María Fabela de León
Actuaciones
- Principal
León, Guanajuato, quince de junio de dos mil veintidós. I. Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se ordena destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que: Se desechó de plano la demanda de amparo. Hágase anotación de archivo y remítase al lugar de su guarda. III. Devolución de documentos. Se previene a la quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda ante este Juzgado Federal a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo, en su momento dichas documentales tendrán el mismo destino que este expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así, lo proveyó y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, jueza Tercera de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, quien actúa asistida de Carla Adriana Gallardo Rojas, Secretaria del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 15 DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "I. Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se ordena destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que: Se desechó de plano la demanda de amparo. Hágase anotación de archivo y remítase al lugar de su guarda. III. Devolución de documentos. Se previene a la quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda ante este Juzgado Federal a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo, en su momento dichas documentales tendrán el mismo destino que este expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación."
- Principal
Desechamiento. Del contenido de la demanda de amparo se obtiene que la parte impetrante señala como actos reclamados la orden privativa de libertad emitida en su contra, así como su ejecución. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo transcrito, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ello obedece a que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, la Ley de Amparo o la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En tal virtud, analizado el acto reclamado descrito en la demanda, se advierte la actualización de la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5°, fracción I y 6°, todos de la Ley de Amparo, estos últimos interpretados en sentido contrario. Dichos numerales textualmente disponen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De los preceptos trascritos se infiere que la facultad para acudir al amparo está reservada a quien resienta un agravio, daño o perjuicio con motivo de un acto de autoridad en uno de sus derechos legítimamente tutelados en la Constitución Federal. La mera transgresión a un derecho constitucionalmente protegido, por parte de un acto de autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente a demandar el cese de dicha transgresión y solicitar la restitución en el goce del derecho violado, esto es, lo legitima para acudir al amparo, siendo ese derecho protegido lo que constituye, precisamente, el interés jurídico previsto constitucionalmente para la procedencia del juicio de amparo, o bien, cuando esa afectación derive de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico -interés legítimo-. De esta manera, la legitimación para acudir al amparo está determinada por los siguientes aspectos: a) El amparo es un juicio que solo puede iniciarse a instancia de parte facultada para ello. b) Dicha facultad está determinada en función a dos aspectos: Al ser el objeto y fin del juicio de amparo la protección de los derechos constitucionalmente protegidos en favor del gobernado, la persona facultada para promoverlo debe ser, en primer término, titular de dichos derechos. Esa persona debe resentir un perjuicio o agravio de manera personal y directa, o bien, por su especial situación frente al orden jurídico, en alguno de esos derechos para poder acudir al amparo, lo que constituye su legítimo interés jurídico o legítimo para hacerlo. En tanto, por su estrecha vinculación, es conveniente citar los preceptos 10, 11, 14 y 15 de la ley de la materia, que disponen: "Artículo 10. La representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en juicio en los términos previstos en esta Ley. En los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Cuando se trate del Ministerio Público o cualquier otra autoridad, se aplicarán las reglas del artículo anterior." "Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada. La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter con que se ostenta." "Artículo 14. Para el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia penal bastará que el defensor manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter. En este caso, la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá al juez o tribual que conozca del asunto, que le remita la certificación correspondiente. (.)" "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. (.)" Por su parte, el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Articulo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. (.)" Como se precisó, uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio de amparo consiste en que siempre debe ser promovido a instancia de parte agraviada, por ello la representación de quien acude ante esta vía de amparo, es un presupuesto que tendrá que acreditarse en términos de lo que establecen los dispositivos arriba anotados. En el caso, no se está en presencia de alguno de los actos referidos en los párrafos anteriores, ni el acto se ubica en los supuestos de excepción previstos en el artículo 22 constitucional, o bien, el numeral 15 de la Ley de Amparo. Lo anterior se pone de manifiesto, toda vez que en la demanda de amparo promovida por Doroteo Sierra Sánchez en representación de Luz María Fabela de León, no se advierte dato alguno del cual pueda válidamente inferirse que la directa quejosa se encuentre imposibilitada para promover el juicio de amparo, que el promovente tenga reconocido el carácter de defensor en autos de la causa penal de origen, ni que sea mandatario de la directa quejosa; por tanto, no se está en presencia de alguno de los supuestos a que aluden los multicitados artículos, para la procedencia de la presentación de la demanda por conducto de un tercero, pues si bien el artículo 6 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo podrá ser promovido por conducto de representante, lo cierto es, que dicho concepto no debe atenderse de manera aislada, sino vinculado con los artículos 10, 11, 14 y 15 de la ley de la materia. Cabe destacar que en materia penal existen tres supuestos en que la demanda puede promoverse por persona distinta al quejoso: Cuando el representante acredite debidamente esa calidad, en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo. Por los defensores, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento penal (artículo 14). Por cualquier persona, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; pero, con la salvedad de que el agraviado se encuentre imposibilitado para promoverlo (artículo 15). Así, de la demanda de amparo se advierte que en el presente caso no se concretiza ninguno de los supuestos, aunado a que no se aprecia que la quejosa se encuentra impedida para promover en esta instancia constitucional por sí misma; además, no reclama ningún acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni por el diverso 15 de la Ley de Amparo; con independencia de que exista alguna orden privativa de la libertad librada en su contra, en virtud de que esa circunstancia por sí sola no la imposibilita para signar la demanda de amparo por su propio derecho. Lo anterior es así, porque en el particular no existe dato alguno de que la quejosa esté incomunicada, que se encuentre detenida o en un estado de desventaja o vulnerabilidad, pues de las manifestaciones vertidas por el promovente en la demanda no se desprende que la quejosa se halle incomunicada o con alguna imposibilidad física o mental para suscribir la demanda de amparo por sí misma, tales como estado de inconciencia, o algún padecimiento físico que le impida firmar o estampar su huella digital o nombre, sino por el contrario se advierte que la directa quejosa se encuentra en libertad y que la única razón por la que no signa la demanda lo es por el temor fundado a ser aprehendida o detenida, la cual se estima insuficiente para hacer procedente la admisión de la demanda en cuestión, ya que por la razones antes reseñadas se estima que la directa amparista está en aptitud de promover el juicio de amparo por su propio derecho y, por ende, no existe motivo jurídico y material que la imposibilite para firmar la misma. De ahí que, si en el caso, la directa agraviada se encuentra jurídica y materialmente en posibilidades de promover por sí misma la demanda de amparo y no lo hizo, es patente que no se cumple con el principio de acción de parte agraviada que rige el juicio de amparo. Suma a lo anterior, que el firmante de la demanda no refiere ser representante legal de la quejosa, tan es así que no realiza manifestación alguna en ese sentido, ni exhibe documento alguno que lo acredite como apoderado o representante legal de la supuesta quejosa, o bien, defensor de ella en algún procedimiento penal; de ahí que para efectos de la tramitación de este juicio, quien suscribe la demanda no está legitimado para promover el juicio de amparo a nombre o representación de la quejosa. Adicionalmente, como ya se dijo, tampoco se reclaman actos inminentes que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, pues los actos reclamados se hacen consistir en la orden privativa de libertad emitida en su contra, así como su ejecución, razón por la que se estima que no se materializan los extremos contemplados en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a las anteriores consideraciones, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, Enero de 1991, página 272, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO EN MATERIA PENAL POR FALTA DE LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA PARA PROMOVERLO. Uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, lo es el de la iniciativa o instancia de parte agraviada previsto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República, en relación con el 4o. de la Ley de Amparo, establece que el juicio de garantías únicamente puede promoverse por el gobernado a quien perjudique el acto que se le reclama, sin que pueda hacerlo persona distinta a él; sin embargo, en materia penal existen tres disyuntivas por virtud de las cuales se puede promover ese juicio, a nombre del quejoso: a) cuando el representante acredite debidamente esa calidad, en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia; b) por los defensores, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento judicial (artículo 16 de la Ley de Amparo), y c) por cualquier persona, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos, por el artículo 22 constitucional, siempre y cuando "el agraviado se encuentre imposibilitado para" promoverlo según el artículo 17 de la ley reglamentaria. En estas condiciones, si en el caso concreto, el promovente hizo valer el juicio constitucional en favor de un hermano, sin que se encuentre en alguno de los supuestos referidos, puesto que reclama la orden de aprehensión emitida por autoridad judicial y no demostró ser el mandatario exhibiendo el documento respectivo, ni tampoco defensor del indicado, ni se está en los supuestos del artículo 17 del ordenamiento invocado, debe considerarse que el solicitante carece de legitimación procesal activa para intentar la acción constitucional, por actualizarse la causa de improcedencia que prevé la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o., de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales.". Sin que en el caso sea necesario requerir a Luz María Fabela de León para efecto de que manifieste si ratifica o no la demanda de amparo promovida en su favor, puesto que ello únicamente se ordena en caso de duda, esto es, a fin de saber si efectivamente fue voluntad de la peticionaria del amparo que una interpósita persona presentara demanda de amparo en su nombre y representación, lo que no se actualiza en el presente asunto, o cuando se está en el supuesto de incomunicación o desaparición forzada o cualquiera de los actos prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Federal, lo que tampoco acontece en la especie. Por ende, se resuelve que en este caso la acción constitucional es notoriamente improcedente al actualizarse de manera indudable la causal de improcedencia en estudio; en tal virtud, con fundamento en el artículo 113 de la ley en la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, de rubro que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." V. Domicilio, autorizados y acceso a expediente electrónico. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que refiere en su escrito de demanda, y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 y el correlativo 24, ambos de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, por no contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Del mismo modo, se le autoriza el acceso al expediente electrónico en el presente juicio de amparo, toda vez que el nombre de usuario que proporciona (abogadosierra), se encuentra registrado con FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), por lo que satisface los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. En consecuencia, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se comisiona a la oficial judicial "A", para que aperture los campos necesarios para la consulta electrónica del presente expediente a la parte quejosa. Por otro lado, téngase a la parte impetrante proporcionando correo electrónico y número telefónico, con la finalidad de entablar comunicaciones no procesales; lo anterior, en razón a la contingencia derivada del virus COVID-19. VI. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VII. Se exhorta a las partes. Por otra parte, a fin de cumplir con lo establecido en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. VIII. Instrucción para practicar notificación personal. En términos del artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda notificación que se ordene de manera personal en este asunto, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. IX. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.
- Principal
Cuenta. En treinta de mayo de dos mil veintidós, la licenciada Norma Rojas López, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, en cumplimiento a lo ordenado en el auto inicial de demanda, hago constar que la presente promoción, con número de registro 8749, se ubica en la hipótesis del inciso c) acuses de recibo, por lo que resulta inútil el dictado de acuerdo. Conste.
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