Luz María Juárez Trejo

Expediente 818/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
818/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
15/07/2016

Partes del expediente

  • Luz María Juárez Trejo

Actuaciones

  1. Principal

    En quince de julio de dos mil dieciséis, se da cuenta a la Juez con un escrito registrado con el número 13020.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, quince de julio de dos mil dieciséis. Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por la quejosa LUZ MARÍA JUÁREZ TREJO; en atención a su contenido, con fundamento en lo establecido por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvasele los documentos que adjuntó al escrito inicial de demanda, previa certificación que en su lugar se deje, y toma de razón que por su recibo se asiente en autos, tendiendo como autorizados para recibirlos a las personas que al efecto designa. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza y da fe. Bjm

  2. Principal

    En catorce de julio de dos mil dieciséis, la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, ----------------------------------------------------------------------------------------- C E R T I F I C O:------------------------Que el término de cinco días que prevé el artículo 98, de la Ley de Amparo vigente, para interponer el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de esa propia legislación, en contra del auto dictado por este Juzgado el uno de julio del año en curso, dentro del juicio de amparo en que se actúa, transcurrió del día siete al trece del propio mes y año.- Doy fe. En la misma fecha la Secretaria licenciada María Concepción García Jacobo, doy cuenta a la Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, catorce de julio de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por la Secretaria adscrita a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término de cinco días señalado por el artículo 98, de la Ley de Amparo en vigor, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de esa propia legislación, en contra del auto dictado por este Juzgado el uno de julio de dos mil dieciséis, en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por LUZ MARÍA JUÁREZ TREJO; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente en que se actúa, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que se desechó la demanda de amparo con que se formó el mismo; además de que este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico, ni es de relevancia documental que amerite su conservación. Una vez que transcurran los tres años que establece el Primer Párrafo del Punto Décimo Primero del Acuerdo en cita, remítase el presente expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. En razón de que el indicado proveído no requiere ejecución material, con apoyo en el numeral 214, de la Ley de Amparo en vigor, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza y da fe. Bjm

  3. Principal

    En uno de julio de dos mil dieciséis, se da cuenta a la Juez con la demanda de amparo registrada con el número 12196, anexos y copias que se adjuntan.- Conste. ZACATECAS, ZACATECAS, UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS. Vista la demanda de garantías promovida por LUZ MARÍA JUÁREZ TREJO, contra actos del Ayuntamiento de Jerez de García Salinas, Zacatecas, como autoridad ordenadora y otras, como autoridades ejecutoras, los que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 5, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 818/2016-1 que por su orden le corresponde, y en atención a su contenido, este Juzgado emite el siguiente pronunciamiento. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que dice: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado, consistente en el despedido injustificado en contra de la aquí quejosa por parte del Ayuntamiento de Jerez, Zacatecas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Los preceptos y fracciones mencionados de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.]". A fin de tener por actualizada la causal de improcedencia de mérito, cabe destacar como antecedentes del acto reclamado, los siguientes: Que la quejosa Luz María Juárez Trejo, durante nueve años laboró en el Ayuntamiento de Jerez, Zacatecas, desempeñándose como asesor Jurídico de la Procuraduría de la Defensa del Menor de Jerez, Zacatecas, dependiente del Desarrollo Integral de la Familia en ese municipio, y que el día quince de dos mil dieciséis, mediante oficio 188/2016, el Presidente Municipal del citado municipio le notificó su despido. Aspectos que claramente demuestran que se está en presencia de un acto de naturaleza laboral, consistente en el despido; asimismo, tal acto es considerado como de aquellos que realiza la dependencia (Ayuntamiento del Municipio de Jerez, Zacatecas), como patrón. En esta tesitura, se tiene que respecto del citado acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5° de la propia legislación, toda vez que la quejosa señala como autoridades responsables al Ayuntamiento de Jerez, Zacatecas, representado por su Sindico y Presidente del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, Presidente Municipal y Jefa de Recursos Humanos, ambos del Municipio antes citado, a quienes les reclama el despido injustificado. De lo que se evidencia, que, en el caso particular, las citadas autoridades responsables no tienen la calidad jurídica a que se refiere el artículo 5° de la Ley de la Materia, para los efectos del juicio de amparo, lo anterior es así, tomando en consideración que conforme al invocado precepto legal, se considera como autoridad la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado, en el caso específico, no se está en ese supuesto, en virtud de que dada la naturaleza del acto reclamado, carecen de la facultad de coercitibidad necesaria para hacer cumplir sus determinaciones, pues dichas autoridades guardaban una relación laboral con la hoy quejosa y no se surte entre ellos una relación de supra a subordinación que es lo que caracteriza el acto de autoridad; además de que el acto que reclama, se surte en un plano de relación de coordinación, entre la trabajadora y las citadas autoridades responsables como patrón; situación ésta que no debe reclamarse en esta instancia, ya que la misma se ocupa de declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos de autoridad planteados; en consecuencia, como el acto que se combate, constituye una situación enmarcada en el ámbito laboral, es de concluir que las responsables a quienes se les imputa, no tienen la calidad jurídica de autoridades para los efectos del amparo, en términos del artículo 5° de la Ley de Amparo, por ello, dicho acto reclamado en tanto modificatoria de la situación que imperaba en el desarrollo de una relación de trabajo, debe ser ventilado ante el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje y no por la vía constitucional del juicio de amparo. En ese aspecto, se pronunció el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 42, que aparece publicada en la página 31, del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en 2000, que a la letra dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. De igual forma, resulta congruente con lo expuesto la tesis que a la letra dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ORGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTUAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito." Se afirma lo anterior, porque los artículos 1, 2, 3, 9 y 146 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, disponen: "ARTÍCULO 1. La presente ley tiene por objeto: normar la relación de trabajo entre los Poderes del Estado, dependencias del Poder Ejecutivo, municipios, entidades paramunicipales, y las de la administración pública paraestatal a que se refiere la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, con sus respectivos trabajadores". "ARTÍCULO 2. Para los efectos de esta ley, se entiende por: I. Relación de trabajo: La establecida entre las entidades públicas, a través de sus titulares así como las y los trabajadores a su servicio.II. Tribunal: El Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje.III. Entidades públicas: los poderes del Estado, dependencias del Poder Ejecutivo, municipios, entidades paramunicipales, y las de la administración pública paraestatal." "ARTÍCULO 3. Las y los trabajadores son todo servidor público que presta un trabajo personal subordinado, físico o intelectual, o de ambos géneros, en virtud de nombramiento expedido, o por figurar en las nóminas de salario de las y los trabajadores temporales". "ARTÍCULO 9.- Son trabajadoras y trabajadores de base las y los que tengan las categorías que con esta clasificación se consigne en el catálogo de puestos de cada entidad pública. "Artículo 146. Los conflictos de trabajo de su competencia serán resueltos por el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje". De una interpretación armónica y sistemática a las disposiciones antes transcritas se colige, que atendiendo a los actos que se reclaman a las autoridades mencionadas con anterioridad y, pertenecientes al Municipio de Jerez, Zacatecas; los mismos no actúan como autoridades, sino en su carácter de patrones, como consecuencia del vínculo laboral habido entre la ahora quejosa y aquéllos, caso en el cual, se actúa en un plano de igualdad como una relación patrón-trabajador; en la que se ubican en un nivel de coordinación y no de supra a subordinación, lo que constituye un requisito esencial para la procedencia del juicio constitucional. Por consiguiente, los funcionarios señalados como autoridades responsables, no tienen ese carácter cuando realizan actos positivos, negativos u omisivos, que tiene su origen una relación jurídica con sus trabajadores; lo que significa que la parte quejosa, de estimarlo conveniente, antes de ocurrir a este juicio de garantías, debe acudir ante el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje competente, para dirimir la controversia aludida, lo anterior en términos del artículo 146 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas. En ese tenor de ideas, es aplicable la jurisprudencia del epígrafe y contenido siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Del criterio invocado pueden advertirse los cuatro elementos esenciales para que un acto pueda ser considerado como de autoridad para los efectos del juicio constitucional, lo que conlleva a deducir que a falta de cualquiera de ellos, no debe ser considerado como tal en virtud de carecer de esos elementos esenciales. Razonar de forma distinta llevaría al extremo de nulificar el área procesal del derecho laboral, la cual es la encargada de regular los diversos procesos que han de incoarse al ocurrir las diversas hipótesis planteadas en las normas laborales. Es decir, que la concepción tradicional de autoridad responsable establecida en el artículo 5° de la Ley de Amparo ha sido objeto de diversas reflexiones por parte del Supremo Tribunal Constitucional del estado Mexicano como se aprecia en supralíneas, así como en la diversa Jurisprudencia, que refiere: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Si bien es cierto, en el asunto planteado se observa que la quejosa se duele del despido injustificado que le fue notificado por oficio por parte del Presidente Municipal de Jerez, Zacatecas; también lo es que esa decisión emana de la relación de coordinación y no de supra a subordinación, tan es así que el legislador creó órganos competentes para conocer de los conflictos laborales suscitados entre instituciones empleadoras y trabajadores de las diversas dependencias, como aquella a la que pertenecía la quejosa, siendo en el caso en particular competencia del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje el encargado de dirimir los conflictos de los servidores públicos pertenecientes a la entidad pública municipal, como lo es el Presidente Municipal de Jerez, Zacatecas. Orienta lo anterior, en lo que aquí interesa, la Jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA POR MATERIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA SEPARACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO DE CARRERA POR INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES. CONFORME A LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, SE SURTE EN FAVOR DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ESPECIALIZADOS EN MATERIA LABORAL. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 24/2009, de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS.", determinó que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Entonces, cuando en el juicio de amparo se reclaman actos relativos a la separación del servidor público de carrera por incumplimiento de sus obligaciones, conforme al artículo 60, fracción IV, de la Ley citada, es evidente que se cuestionan actos laborales, ya que la separación ahí prevista le es atribuible en su carácter de trabajador del Estado (es decir, derivan del incorrecto desempeño de su labor); lo cual se corrobora al considerar que el artículo 77 del Reglamento de la mencionada Ley se refiere al incumplimiento de las obligaciones establecidas en ésta y en los ordenamientos aplicables en materia laboral o en cualquier otro ordenamiento aplicable; y que en el marco del procedimiento de separación, el artículo 81 del indicado Reglamento faculta al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para autorizar o negar la separación que determine el Comité Técnico de Profesionalización, demostrando la naturaleza laboral de este tipo de actos. Consecuentemente, la competencia para conocer de la demanda relativa se surte en favor de los órganos jurisdiccionales especializados en materia laboral." Atento a lo anterior, resulta patente y manifiesto que el juicio de amparo que se promueve contra el acto reclamado precisado con antelación es improcedente toda vez que el juicio de amparo solo procede contra actos de autoridades, en los términos del artículo 103 constitucional y 5º de la Ley de Amparo vigente; lo que significa que la parte quejosa, de estimarlo conveniente, antes de ocurrir a este juicio de garantías, debe acudir ante la autoridad laboral, a efecto de hacer valer sus derechos como trabajadora. Resulta aplicable al caso, la Tesis, cuyo rubro y texto siguiente: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ANTES DE OCURRIR AL AMPARO, DEBEN HACERLO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE. Cuando los trabajadores del Estado se vean afectados por actos de los titulares de las dependencias en que presten sus servicios, si desean reclamar tales actos deben ocurrir al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje a proponer sus correspondientes quejas, antes de promover el juicio de garantías pues si en lugar de agotar dicho medio de defensa legal ocurren directamente al juicio de amparo, éste debe sobreseerse." De lo que se colige que es ante el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en donde la parte quejosa debe hacer valer sus derechos que estime pertinentes contra la institución pública a la que prestó sus servicios y no ante esta instancia constitucional. En consecuencia, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia analizada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedentes es DESECHAR DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda promovida por LUZ MARÍA JUÁREZ TREJO. Se tienen como autorizados para oír y recibir notificaciones, con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo vigente, a los licenciados Norma Patricia González Valdez (2479477) y José Jaime Mireles Juárez (2160140), quienes cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y como domicilio para ese fin el ubicado en Avenida California número 49-B, Sección California, Rincón Colonial en Guadalupe, Zacatecas. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza y da fe. Bjm

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