Luz María López Mendoza

Expediente 200/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 14 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
200/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
05/01/2022

Partes del expediente

  • Luz María López Mendoza
  • Juez Primero de lo Civil del distrito judicial del Centro, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de enero de dos mil veintidós. Del estado que guardan los autos y de la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que en el juicio de amparo 200/2021 del que deriva la presente incidencia se declaró que causó ejecutoria la sentencia dictada en ese sumario y se ordenó su archivo como asunto concluido; en el auto de dos de marzo de dos mil veintiuno, se concedió la suspensión provisional respecto de los actos reclamados y en la interlocutoria pronunciada el nueve de marzo posterior, se negó la medida cautelar definitiva en relación con las citadas actuaciones; y, en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión no existen documentos considerados como originales que las partes hayan exhibido, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado por los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Por otro lado, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo previsto por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva respecto de los actos reclamados en términos de lo establecido por los criterios de valoración a que alude el numeral séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 2, relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente incidente es susceptible de destrucción. En diverso aspecto, con fundamento en lo establecido por el arábigo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General citado se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. En otro punto, se estima que este incidente carece de relevancia documental, porque el acto reclamado en el juicio constitucional de donde deriva la presente incidencia no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que la inconforme interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que la disidente haya impugnado esa resolución a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo estatuido por los normativos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el fallo dictado en este asunto ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado por los ordinales 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este juicio constitucional como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo señalado por el precepto 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, salvo el contrato de arrendamiento original que la justiciable celebró con Eladio Santiago Miguel el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, y un recibo original expedido por la Comisión Federal de Electricidad que la disidente exhibió con su demanda de amparo, respecto de los cuales se proveerá sobre su devolución en los párrafos siguientes y como se sobreseyó en este juicio de amparo en términos de lo establecido por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del propio acuerdo, este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) del numeral 21 del acuerdo de observancia general invocado; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En diverso aspecto, en cuanto a los originales del contrato de arrendamiento que la justiciable celebró con Eladio Santiago Miguel el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, y del recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad que la disidente exhibió con su demanda de amparo, los cuales obran en este juicio constitucional, se provee: a) Tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que en el marco de la pandemia ocasionada por el virus Covid-19 representa no solo para el personal de este Juzgado, sino también para los promoventes que requieran realizar trámites en el interior de las instalaciones del edificio sede de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo establecido por el Acuerdo General 21/2020 y con fundamento en lo dispuesto por el precepto 280 del código adjetivo civil federal invocado, comuníquese a la quejosa que se dejan a su disposición esos documentos para que acuda a recogerlos dentro de un plazo de noventa días, previa copia fotostática simple que se deje en autos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, esas documentales serán destruidas. b) Para la entrega de esos instrumentos, la disconforme deberá generar una cita para la consulta del expediente, con la finalidad de que el día programado acuda a obtener los documentos correspondientes. c) En el entendido que deberá ajustarse al procedimiento indicado en los artículos 3 a 7 del acuerdo 21/2020 citado para generar un código QR individualizado, a fin de que asista un máximo de dos personas por cita, quienes deberán identificarse debidamente, someterse al control sanitario de ingreso y respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. En tal sentido, se autoriza a la disidente o a sus autorizados en términos restringidos del numeral 12 de la Ley de Amparo para recibir los documentos descritos, previa identificación y firma de recibo que se establezca en la constancia respectiva. Notifíquese; personalmente a la quejosa **** y por oficios a las autoridades responsables.

  3. Principal

    "S E N T E N C I A Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo indirecto 200/2021 promovido por Rosalba Echeverría Durán en contra de los actos de las autoridades que se precisaran más adelante. I. ANTECEDENTES De los hechos y las abstenciones que la titular de la acción de amparo manifestó en el escrito inicial bajo protesta de decir verdad que constituyen los antecedentes de los actos reclamados se advierte que señala que mediante un contrato de arrendamiento que celebró con********** el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, adquirió la posesión del bien raíz ubicado en la calle **********, Oaxaca; en ese sentido, la promovente aduce ser la arrendataria del inmueble descrito. La promovente asevera que el veinticinco de febrero del año en curso, una persona que se identificó como notificador de los Juzgados Civiles del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, se presentó ante ella e hizo de su conocimiento que un Juez Civil ordenó que desalojara ese bien raíz, por lo que indicó que tenía que sacar sus muebles y sus pertenencias, dado que el cuatro de marzo actual se llevaría a cabo una diligencia de desalojo en el predio señalado con el auxilio de la fuerza pública en el caso de que no desocupara el inmueble de manera voluntaria. La inconforme aduce que no tiene conocimiento del juicio de donde emanan esos actos ni sabe el número de expediente y tampoco figura como parte en la controversia donde se dictaron tales mandamientos, por lo que afirma que es una persona extraña al procedimiento, no obstante las actuaciones que combate afectan su esfera jurídica. La inconforme estima que los actos de los entes responsables vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE **************** promovió juicio de amparo indirecto mediante escrito presentado el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca. La justiciable señaló como autoridades responsables a los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, a quienes reclamó las órdenes de desalojo del inmueble ubicado en la calle *********, Oaxaca, y de los muebles y enseres que se encuentran en el interior de ese bien raíz, así como la ejecución de esos mandamientos con el auxilio de la fuerza pública. Por acuerdo de dos de marzo del año en curso, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto admitió a trámite la demanda, la cual registró bajo el expediente 200/2021; solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia de ley. En el proveído de treinta de marzo de dos mil veintiuno, se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en este juicio de amparo. Inconforme con esa determinación, la justiciable interpuso el recurso de revisión que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito bajo el toca *******; dicho medio de impugnación fue admitido y en la sesión de once de noviembre de dos mil veintiuno, el referido Tribunal Constitucional dictó la ejecutoria respectiva, en la que revocó el auto recurrido y ordenó la continuación del procedimiento del juicio constitucional para que la justiciable contara con una completa oportunidad de defensa. En acato a la citada ejecutoria, en el proveído de veintiséis de noviembre del año en curso, este Juzgado Federal dejó insubsistente el proveído de treinta de marzo del año en curso, en donde se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional y ordenó continuar con el trámite de este medio extraordinario de defensa, por lo que señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta data en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo señalado por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman unos actos que pretenden ejecutarse en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que la inconforme combate los actos siguientes: De los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, reclama: Las órdenes de desalojo del inmueble ubicado en la **********, Oaxaca, y de los muebles y enseres que se encuentran en el interior de ese bien raíz, así como la ejecución de esos mandamientos con el auxilio de la fuerza pública. V. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS No son ciertos los actos atribuidos a los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, consistentes en las órdenes de desalojo del inmueble ubicado en la calle ********, Oaxaca, y de los muebles y enseres que se encuentran en el interior de ese bien raíz, así como la ejecución de esos mandamientos con el auxilio de la fuerza pública. Se sostiene lo anterior, porque las mencionadas responsables en sus informes justificados negaron la existencia de esas actuaciones, como se advierte del cuadro siguiente: Autoridades responsables Actos reclamados Informe justificado Juez Primero Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. La orden de desalojo del inmueble ubicado en la calle *************, Oaxaca, y de los muebles y enseres que se encuentran en el interior de ese bien raíz, así como la ejecución de ese mandamiento con el auxilio de la fuerza pública. Negó el acto Juez Segundo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. La orden de desalojo del inmueble ubicado en la calle ***********, Oaxaca, y de los muebles y enseres que se encuentran en el interior de ese bien raíz, así como la ejecución de ese mandamiento con el auxilio de la fuerza pública. Negó el acto Juez Tercero Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. La orden de desalojo del inmueble ubicado en la calle ************* Oaxaca, y de los muebles y enseres que se encuentran en el interior de ese bien raíz, así como la ejecución de ese mandamiento con el auxilio de la fuerza pública. Negó el acto Juez, Cuarto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. La orden de desalojo del inmueble ubicado en la calle *****************, Oaxaca, y de los muebles y enseres que se encuentran en el interior de ese bien raíz, así como la ejecución de ese mandamiento con el auxilio de la fuerza pública. Negó el acto Juez Quinto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. La orden de desalojo del inmueble ubicado en la calle *************, Oaxaca, y de los muebles y enseres que se encuentran en el interior de ese bien raíz, así como la ejecución de ese mandamiento con el auxilio de la fuerza pública. Negó el acto Por otro lado, debe destacarse que la parte quejosa no desvirtuó tales negativas, porque no ofreció algún medio de convicción en el presente sumario con ese propósito, ya que las documentales que exhibió en todo caso tienen relación con el derecho de posesión que aduce tener sobre el inmueble que defiende y que en ese lugar se suministra el fluido eléctrico, pero no evidencian el presupuesto de la existencia de las actuaciones atacadas. En ese contexto, si la inconforme no desvirtuó las negativas que las referidas autoridades sostuvieron ni demostró con alguna prueba la intervención de esos entes públicos en los actos que les reprochó es inconcuso que se actualiza la hipótesis establecida por el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En esos términos, se actualiza el supuesto establecido por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo ante la inexistencia de los actos atribuidos a las referidas entidades públicas. VI. DECISIÓN En consecuencia, con fundamento en lo prescrito por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional en cuanto a los actos impugnados a los entes públicos responsables. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********** en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, por las consideraciones expuestas en el apartado V de esta sentencia. Notifíquese."

  4. Principal

    "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Ténganse por recibidos los instrumentos señalados en la cuenta para los efectos legales correspondientes. Acúsese recibo al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito de la recepción del testimonio de la ejecutoria de once de noviembre del año en curso, dictada en el toca del recurso de revisión 162/2021, así como de los autos originales del juicio constitucional 200/2021 del índice de este órgano jurisdiccional. En consecuencia, glósense al expediente del juicio de amparo devuelto las actuaciones originales del cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del envío de aquél. Ahora bien, del contenido de la citada ejecutoria se advierte que la Superioridad revocó el auto de treinta de marzo de dos mil veintiuno, en donde se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional y ordenó la continuación del trámite del juicio constitucional para que la justiciable cuente con una completa oportunidad de defensa. En consecuencia, se deja insubsistente el proveído de treinta de marzo del año en curso, en donde se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional. Ahora bien, en acato al fallo dictado por el Tribunal de alzada este órgano de control constitucional continua con el trámite de este medio extraordinario de defensa, por lo que se fija como hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional a las TRECE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Finalmente, remítanse a las autoridades responsables copias certificadas de la ejecutoria descrita para que tengan conocimiento de su contenido. Notifíquese personalmente."

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