Luz María Figueroa Morelos y Otros.

Expediente 704/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
704/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
18/03/2021

Partes del expediente

  • Luz María Figueroa Morelos y Otros.
  • Luz María Figueroa Morelos
  • Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que la inconforme interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que la disidente haya impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo estatuido por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la sentencia dictada en este asunto ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado por los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este juicio constitucional como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo señalado por el precepto 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y como se sobreseyó en este juicio de amparo, de acuerdo con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del propio acuerdo, este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) del numeral 21 del acuerdo de observancia general invocado; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. El Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y en observancia de los requisitos y el trámite establecidos por la Ley de Amparo dicta la siguiente: S E N T E N C I A Mediante la cual resuelve el juicio de amparo indirecto 704/2020 promovido por Luz María Figueroa Morelos, en contra de las omisiones de dar respuesta a las solicitudes contenidas en los escritos que envió electrónicamente el seis, el veintiuno, el veinticuatro y el veintiocho, todos de agosto de dos mil veinte, en donde pidió que se expidiera a su favor una constancia por triplicado, en la que se especificara su experiencia profesional en la materia laboral y de manera expresa se indicara el cargo que desempeñó como secretaria de la Junta Especial o de acuerdos y las fechas en las que inició a desempeñar esos cargos y en las que causó baja, así como que dichos instrumentos se enviaran a su domicilio o al correo electrónico que proporcionó, o bien, que se expidiera una constancia electrónica que tuviera los requerimientos de autenticidad utilizados para la emisión de los documentos oficiales en la vía electrónica, así como que se informara el motivo por el cual no le fueron enviadas las citadas constancias, las cuales atribuye a la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, al Coordinador General de Administración y a la Presidenta, las dos últimas autoridades de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. El problema jurídico planteado en el presente asunto exige analizar, en el caso de que se cumplan los presupuestos procesales correspondientes para el dictado de una sentencia de fondo, si los actos impugnados vulneran en perjuicio de la parte quejosa los derechos fundamentales de petición, de legalidad y de seguridad jurídica reconocidos por los numerales 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. I. ANTECEDENTES 1. Primera solicitud. El seis de agosto de dos mil veinte, Luz María Figueroa Morelos envió un escrito al buzón electrónico de contacto ciudadano de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en donde solicitó a la Titular de esa dependencia que expidiera a su favor una constancia por triplicado, en la que especificara de manera expresa el cargo que desempeñó como secretaria de la Junta Especial o de acuerdos y las fechas en las que inició a desempeñar esos cargos y en las que causó baja, así como que dichos instrumentos se enviaran a su domicilio, o bien, que le expidiera una constancia electrónica que tuviera los requerimientos de autenticidad utilizados para la emisión de los documentos oficiales en la vía electrónica. 2. Segunda y tercera petición. El veintiuno de agosto siguiente envió sendos ocursos a los correos electrónicos oficiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y del entonces Coordinador General de Administración de ese órgano de administración de justicia, en donde pidió a la Presidenta y al Titular de la Coordinación General de Administración, ambos del citado Tribunal, que expidieran a su favor una constancia por triplicado, en la que especificaran su experiencia profesional en la materia laboral y de manera expresa indicaran el cargo que desempeñó como secretaria de la Junta Especial o de acuerdos y las fechas en las que inició a desempeñar esos cargos y en las que causó baja, así como que tales documentos se enviaran a su domicilio, o bien, que le expidieran una constancia electrónica que tuviera los requerimientos de autenticidad utilizados para la emisión de los documentos oficiales en la vía electrónica. 3. Cuarta solicitud. El veinticuatro de agosto posterior, la justiciable envió un diverso libelo al correo electrónico oficial del entonces Coordinador General de Administración de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en donde nuevamente solicitó a ese ente público que expidiera a su favor una constancia por triplicado, en la que especificara su experiencia profesional en la materia laboral y de manera expresa indicara el cargo que desempeñó como secretaria de la Junta Especial o de acuerdos y las fechas en las que inició a desempeñar esos cargos y en las que causó baja, así como que esas documentales se enviaran a su domicilio o al correo electrónico que proporcionó. 4. Quinta petición. Finalmente, el veintiocho de agosto del año próximo pasado, la disidente envió otro escrito al correo electrónico oficial del entonces Coordinador General de Administración de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en donde pidió a dicha autoridad que le informara el motivo por el cual no le fueron enviadas las constancias que solicitó. 5. En consideración de la titular de la acción de amparo los actos combatidos vulneran sus derechos fundamentales y ocasionan perjuicios en su esfera jurídica. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO 6. Mediante escrito presentado el seis de noviembre de dos mil veinte, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el cual se recibió en la propia data por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, Luz María Figueroa Morelos promovió juicio de amparo indirecto en contra de los actos reclamados y las autoridades responsables que posteriormente se precisarán. 7. La quejosa señaló como derechos fundamentales violados los consagrados por los ordinales 1, 5, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de las actuaciones combatidas y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. 8. Por acuerdo de nueve de noviembre del año próximo pasado, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto admitió a trámite la demanda registrándola con el progresivo 704/2020; solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. 9. En los proveídos de siete y de diez, ambos de diciembre de dos mil veinte, se previno a la inconforme para que dentro del plazo de quince días manifestara si era su voluntad ampliar el escrito inicial y señalar como actos reclamados las respuestas que las responsables Secretaria de Trabajo y Previsión Social, el Coordinador General de Administración y la Presidenta, las dos últimas autoridades de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dieron a sus peticiones, por conducto de una funcionaria de la primera dependencia y por la Subdirectora de Enlace Organizacional del mencionado Tribunal, las cuales anexaron a sus informes justificados, bajo el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna en el plazo indicado se seguiría únicamente el trámite del juicio constitucional por los actos y las autoridades señaladas originariamente en la demanda de amparo; los referidos acuerdos fueron notificados a la justiciable por la vía electrónica el once y el dieciséis, ambos de diciembre de la anualidad próxima pasada. 10. Por autos de nueve y de diez, ambos de febrero de dos mil veintiuno, se hicieron efectivos los apercibimientos formulados en las determinaciones de siete y de diez, ambos de diciembre del año próximo pasado, dado que la disconforme no ejerció su derecho de ampliar el ocurso inicial en contra de las respuestas que los entes públicos responsables dieron a sus solicitudes, por conducto de una funcionaria de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social y por la Subdirectora de Enlace Organizacional de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; por tanto, se estableció que este medio extraordinario de defensa se seguirá únicamente por los actos y las autoridades señaladas originariamente en la demanda de amparo 11. La audiencia constitucional se llevó a cabo el dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA 12. Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido por los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman unos actos que se atribuyen a diversas autoridades que no tienen ejecución material. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS 13. El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. 14. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto 15. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que la inconforme reclama los actos siguientes: Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", que fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo XIX, abril de 2004, novena época, página 255. De la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, del Coordinador General de Administración y de la Presidenta, las dos últimas autoridades de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, combate: ? Las omisiones de dar respuesta a las solicitudes contenidas en los escritos que envió electrónicamente el seis, el veintiuno y el veinticuatro, todos de agosto de dos mil veinte, en donde pidió que expidieran a su favor una constancia por triplicado, en la que especificaran su experiencia profesional en la materia laboral y de manera expresa indicaran el cargo que desempeñó como secretaria de la Junta Especial o de acuerdos y las fechas en las que inició a desempeñar esos cargos y en las que causó baja, así como que dichos instrumentos se enviaran a su domicilio o al correo electrónico que proporcionó, o bien, que expidieran una constancia electrónica que tuviera los requerimientos de autenticidad utilizados para la emisión de los documentos oficiales en la vía electrónica. Del Coordinador General de Administración de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje también impugna: ? La omisión de dar respuesta a su petición contenida en el ocurso que envió electrónicamente el veintiocho de agosto de dos mil veinte, en donde solicitó que le informara el motivo por el cual no le fueron enviadas las constancias que pidió. V. EXISTENCIA DE LOS ACTOS COMBATIDOS 16. Son ciertos los actos reprochados a la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, al Coordinador General de Administración y a la Presidenta, las dos últimas autoridades de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a pesar de que en sus informes justificados negaron la existencia de esas actuaciones; empero, dichas negativas se desvirtúan con las constancias que obran en este sumario, de las cuales se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda -seis de noviembre de dos mil veinte- no habían comunicado las respuestas a las peticiones que la disconforme formuló a través de sus ocursos relativos. 17. En efecto, la existencia de los actos atacados se patentiza con los libelos originales que la titular de la acción constitucional exhibió en este juicio de amparo, en los que se contienen las peticiones que elevó a las autoridades responsables el seis, el veintiuno, el veinticuatro y el veintiocho, todos de agosto de dos mil veinte, en donde solicitó que expidieran a su favor una constancia por triplicado, en la que especificaran su experiencia profesional en la materia laboral y de manera expresa indicaran el cargo que desempeñó como secretaria de la Junta Especial o de acuerdos y las fechas en las que inició a desempeñar esos cargos y en las que causó baja, así como que dichos instrumentos se enviaran a su domicilio o al correo electrónico que proporcionó, o bien, que expidieran una constancia electrónica que tuviera los requerimientos de autenticidad utilizados para la emisión de los documentos oficiales en la vía electrónica, así como que se informara el motivo por el cual no le fueron enviadas las citadas constancias. 18. También debe destacarse que de tales escritos se advierte que fueron enviados al buzón electrónico de contacto ciudadano de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y a los correos electrónicos oficiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y del entonces Coordinador General de Administración de ese órgano de administración de justicia. 19. A esos documentos privados se otorga valor probatorio conforme a lo dispuesto por los artículos 133, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo establecido por su numeral 2. 20. Por otra parte, es necesario señalar que en este sumario no existe algún medio de prueba con el que las autoridades responsables hayan demostrado que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo ya habían comunicado a la inconforme las respuestas dadas a sus solicitudes, lo que conduce a tener por demostrada la certeza de los actos combatidos. VI. OPORTUNIDAD 21. Por la naturaleza de los actos impugnados la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo, al tratarse precisamente de omisiones que crean una situación permanente en la esfera jurídica de la justiciable que no se subsana mientras aquéllas subsistan. 22. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia P./J. 43/2003 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2 , que informa: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista." VII. LEGITIMACIÓN 23. Luz María Figueroa Morelos se encuentra legitimada para promover por sí este juicio constitucional, en términos de lo establecido por el arábigo 6 de la Ley de Amparo, ya que en el presente sumario está probado que ejerció su derecho de petición a través de los escritos que envió electrónicamente el seis, el veintiuno, el veinticuatro y el veintiocho, todos de agosto de dos mil veinte, en donde pidió que se expidiera a su favor una constancia por triplicado, en la que se especificara su experiencia profesional en la materia laboral y de manera expresa se indicara el cargo que desempeñó como secretaria de la Junta Especial o de acuerdos y las fechas en las que inició a desempeñar esos cargos y en las que causó baja, así como que dichos instrumentos se enviaran a su domicilio o al correo electrónico que proporcionó, o bien, que se expidiera una constancia electrónica que tuviera los requerimientos de autenticidad utilizados para la emisión de los documentos oficiales en la vía electrónica, así como que se informara el motivo por el cual no le fueron enviadas las citadas constancias, sin que hasta la data en la que presentó la demanda de amparo haya obtenido una respuesta, no obstante que las autoridades responsables recibieron tales ocursos en la vía electrónica, lo que implica que los actos omisivos reclamados 2 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Agosto de 2003, Novena Época, Materia Constitucional, página 1296. impactaron en su esfera normativa en sentido negativo y esa situación la legitima para promover por sí el juicio constitucional. VIII. PROCEDENCIA 24. Con fundamento en lo dispuesto por el normativo 62 de la Ley de Amparo se deben analizar las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente. 25. Cobra aplicación la jurisprudencia II.1o. J/5 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." 26. En el caso, de oficio se advierte que en relación con los actos impugnados a la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, al Coordinador General de Administración y a la Presidenta, las dos últimas autoridades de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, consistentes en las omisiones de dar respuesta a las solicitudes contenidas en los escritos que envió electrónicamente el seis, el veintiuno, el veinticuatro y el veintiocho, todos de agosto de dos mil veinte, se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el dispositivo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que han cesado sus efectos, ya que esas entidades públicas dieron contestación por conducto de una funcionaria de la primera dependencia y por la Subdirectora de Enlace Organizacional del mencionado Tribunal, a las peticiones que la disidente formuló mediante los comunicados de treinta y uno de agosto y de veintisiete de noviembre, ambos de dos mil veinte, y la quejosa fue notificada por la vía electrónica de la emisión de dichas respuestas el once y el dieciséis, ambos de diciembre del año próximo pasado, cuando se le dio vista con los informes justificados rendidos por las responsables y con las respuestas indicadas; además, se le previno para que dentro del plazo 3 Localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época, Materia Común, página 95. de quince días manifestara si era su voluntad ampliar la demanda y señalar como actos reclamados los referidos comunicados, sin que la agraviada haya ejercido su derecho de ampliar el escrito inicial dentro de ese lapso. 27. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido de la disposición legal invocada, la cual prescribe: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" 28. El segmento normativo inserto prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. 29. Es necesario señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios jurisprudenciales se ha pronunciado respecto de esa causal de improcedencia, la cual se preveía en el ordinal 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada, cuyo texto es similar al que se contiene en el numeral 61, fracción XXI, de la ley de la materia en vigor, por lo que esos criterios son aplicables en el caso en tanto que no se oponen a lo dispuesto por esta última legislación, conforme a lo previsto por su artículo sexto transitorio que señala: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." 30. Uno de los criterios a que se ha hecho alusión se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País4 , de contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la 4 Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, página 38. autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." 31. De la jurisprudencia transcrita se obtiene que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento de la actuación que se ataca o también cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto constituye una situación jurídica que destruye de manera definitiva la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. 32. En ese contexto, la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del inconforme al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto, dado que es patente que la razón que justifica la aludida improcedencia no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una actuación que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del titular de la acción de amparo que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. 33. En efecto, la citada improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia y la importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al quejoso en el pleno goce del derecho humano violado mediante el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la prerrogativa fundamental de que se trate y a cumplir lo que ese derecho exija. 34. Por tanto, acorde con la teleología que se desprende del arábigo 61, fracción XXI, de la ley de la materia no existe motivo para la promoción y la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. 35. En esa tesitura es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los normativos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo se arriba a la convicción de que la hipótesis de inejercitabilidad invocada se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. 36. Ahora, la parte quejosa reclama de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, del Coordinador General de Administración y de la Presidenta, las dos últimas autoridades de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, las omisiones de dar respuesta a las solicitudes contenidas en los escritos que envió electrónicamente el seis, el veintiuno, el veinticuatro y el veintiocho, todos de agosto de dos mil veinte, por lo que su pretensión en este medio procesal de tutela constitucional es obtener un fallo protector mediante el cual se vincule a esas autoridades a respetar el contenido del normativo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra el derecho de petición a favor de todo gobernado y, en consecuencia, a que emitan las respuestas correspondientes a las peticiones que formuló y que tales determinaciones se la den a conocer en breve término. 37. Es necesario tener presente que en dichas instancias la justiciable en esencia solicitó que se expidiera a su favor una constancia por triplicado, en la que se especificara su experiencia profesional en la materia laboral y de manera expresa se indicara el cargo que desempeñó como secretaria de la Junta Especial o de acuerdos y las fechas en las que inició a desempeñar esos cargos y en las que causó baja, así como que dichos instrumentos se enviaran a su domicilio o al correo electrónico que proporcionó, o bien, que se expidiera una constancia electrónica que tuviera los requerimientos de autenticidad utilizados para la emisión de los documentos oficiales en la vía electrónica, así como que se informara el motivo por el cual no le fueron enviadas las citadas constancias. 38. Por otro lado, de este sumario se advierte que la Presidenta de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en su informe justificado señaló que remitió la petición de la inconforme a la Coordinación General de Administración de ese órgano jurisdiccional para que este último atendiera su solicitud, ya que lo pedido por la disidente se encontraba dentro de las facultades de la última dependencia conforme a lo dispuesto por el arábigo 21, fracción X, del Reglamento Interior del citado Tribunal del trabajo. 39. En otro punto, la Secretaria de Trabajo y Previsión Social y el Coordinador General de Administración de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje anexaron a sus informes justificados los comunicados de treinta y uno de agosto y de veintisiete de noviembre, ambos de dos mil veinte, emitidos por una funcionaria de la primera dependencia y por la Subdirectora de Enlace Organizacional del mencionado órgano de administración de justicia, mediante los cuales las responsables dieron respuesta a las peticiones que la disidente formuló, en los términos siguientes: 39.1. Que se gestionó ante la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social el documento que solicitó y se precisó que esta última dependencia era el área facultada para expedir esa constancia de acuerdo con lo dispuesto por el ordinal 26 del Reglamento Interior de la citada Secretaría; y, 39.2. En términos de lo establecido por el arábigo 21, fracción X, del Reglamento Interior de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se sugirió a la disconforme entablar comunicación vía telefónica con la Coordinación General de Administración del referido Tribunal del trabajo con la finalidad de que a través de esa unidad administrativa se hiciera de su conocimiento cuáles eran los requisitos para verificar su identidad como solicitante de una constancia de servicios -porque se adujo que pidió una constancia respecto del cargo que refirió que desempeñó como secretaria de la Junta Especial o de acuerdos a través de un correo electrónico mediante el cual no era posible verificar su identidad- y los requisitos para su tramitación, lo que revela que implícitamente se negó la expedición de los instrumentos que la agraviada solicitó. 40. Tal situación motivó que en los acuerdos de siete y de diez, ambos de diciembre de dos mil veinte, se diera vista a Luz María Figueroa Morelos con tales informes y se le previniera para que dentro del plazo de quince días siguientes a la notificación de esos proveídos, de conformidad con lo establecido por el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, manifestara si era su voluntad ampliar la demanda y señalar como actos reclamados las respuestas que las responsables Secretaria de Trabajo y Previsión Social, el Coordinador General de Administración y la Presidenta, las dos últimas autoridades de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dieron a sus peticiones contenidas en los escritos que envió electrónicamente el seis, el veintiuno, el veinticuatro y el veintiocho, todos de agosto de dos mil veinte, por conducto de una funcionaria de la primera dependencia y por la Subdirectora de Enlace Organizacional del mencionado órgano de administración de justicia, contenidas en los comunicados de treinta y uno de agosto y de veintisiete de noviembre, ambos de dos mil veinte, bajo el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna en el plazo indicado se seguiría únicamente el trámite del juicio constitucional por los actos y las autoridades señaladas originariamente en la demanda de amparo. 41. Los autos descritos se notificaron a la justiciable por la vía electrónica el once y el dieciséis, ambos de diciembre de la anualidad próxima pasada, sin que la disconforme haya ejercido su derecho de ampliar el escrito inicial dentro del lapso señalado en contra de las citadas respuestas, lo que motivó que en los proveídos de nueve y de diez, ambos de febrero de dos mil veintiuno, se hicieran efectivos los apercibimientos formulados en las determinaciones de siete y de diez, ambos de diciembre del año próximo pasado; por tanto, se dispuso que este medio extraordinario de defensa se seguirá únicamente por los actos y las autoridades señaladas originariamente en la demanda de amparo. 42. A los comunicados de treinta y uno de agosto y de veintisiete de noviembre, ambos de dos mil veinte, se otorga valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo establecido por su numeral 2. 43. Las circunstancias destacadas evidencian que las responsables Secretaria de Trabajo y Previsión Social, Coordinador General de Administración y Presidenta, las dos últimas autoridades de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, dieron respuesta a las solicitudes que la inconforme formuló contenidas en los escritos que envió electrónicamente el seis, el veintiuno, el veinticuatro y el veintiocho, todos de agosto de dos mil veinte, y que ésta tuvo conocimiento de la contestación a sus peticiones durante la secuela del juicio constitucional, por lo que ante esa situación es inconcuso que se patentiza la hipótesis de inejercicio de la acción de amparo invocada, ya que con la emisión de esas respuestas y el conocimiento que la titular de la acción constitucional tuvo de ellas con motivo de las vistas que este Juzgado Federal le otorgó respecto del contenido de los informes justificados que las citadas autoridades rindieron y de las constancias que éstas aportaron al presente sumario es evidente que han cesado los efectos de los actos omisivos reclamados. 44. En efecto, el hecho que las responsables hayan anexado a sus informes justificados los comunicados de treinta y uno de agosto y de veintisiete de noviembre, ambos de dos mil veinte, emitidos por una funcionaria de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y por la Subdirectora de Enlace Organizacional de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante los cuales se dio contestación a las solicitudes que la justiciable formuló a través de los ocursos que envió electrónicamente el seis, el veintiuno, el veinticuatro y el veintiocho, todos de agosto de dos mil veinte, y que la inconforme tuvo conocimiento de esas respuestas en razón de las vistas que se le otorgó respecto del contenido de tales informes y de las constancias que dichas autoridades exhibieron en este sumario, evidencian que los efectos de los actos omisivos atribuido a las responsables han desaparecido, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la alegada violación al artículo 8 del Pacto Federal. 45. Es así, porque las conductas omisivas ejercidas por los entes responsables que motivaron la promoción del juicio de amparo cesaron cuando una funcionaria de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la Subdirectora de Enlace Organizacional de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emitieron los comunicados de treinta y uno de agosto y de veintisiete de noviembre, ambos de dos mil veinte, mediante los cuales dieron contestación a las peticiones que la disconforme formuló a través de los libelos que envió electrónicamente el seis, el veintiuno, el veinticuatro y el veintiocho, todos de agosto de dos mil veinte; respuestas de las que la disidente tuvo conocimiento con motivo de las vistas que le dio este órgano jurisdiccional notificadas por la vía electrónica el once y el dieciséis, ambos de diciembre de dos mil veinte. 46. Así, con las constancias descritas se demuestra el cumplimiento de las dos obligaciones previstas por el artículo 8 de la Carta Magna que toda autoridad a quien se formula una petición debe observar, es decir, dar respuesta a lo solicitado y darlo a conocer al gobernado en breve término. 47. Por tanto, la violación al derecho de petición previsto por el arábigo 8 de la Constitución General de la República que las responsables en determinado momento pudieron haber cometido en perjuicio de la parte quejosa fue reparada con la emisión de los comunicados de treinta y uno de agosto y de veintisiete de noviembre, ambos de dos mil veinte, provenientes de una funcionaria de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y de la Subdirectora de Enlace Organizacional de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que contienen las respuestas dadas a las solicitudes que formuló y con las vistas que se otorgó a la promovente en los proveídos de siete y de diez, ambos de diciembre de dos mil veinte, respecto de los informes justificados rendidos por las citadas autoridades y de tales respuestas, las cuales fueron notificadas por la vía electrónica el once y el dieciséis, ambos de diciembre de dos mil veinte. 48. Sin que sea obstáculo para arribar a la conclusión de que han cesado los efectos de los actos reclamados que los entes públicos señalados no hayan exhibido las constancias relativas a las notificaciones de los comunicados de treinta y uno de agosto y de veintisiete de noviembre, ambos de dos mil veinte, porque la obligación consagrada por el ordinal 8 de la Constitución Federal a cargo de las responsables en el sentido que deben dar a conocer al quejoso la respuesta que recayó a su petición en breve término se colma con las vistas que se otorgó a ésta durante la secuela del juicio de amparo respecto de las respuestas contenidas en dichos comunicados, notificadas por la vía electrónica el once y el dieciséis, ambos de diciembre de dos mil veinte. 49. Es así, porque la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 164/2008 estableció que en el caso de que la autoridad responsable exhiba con su informe justificado la contestación al escrito del quejoso representa que los efectos de la falta de respuesta a su solicitud han desaparecido, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8 constitucional. 50. En ese contexto, el Máximo Tribunal Constitucional de este País sostuvo que la conducta omisiva ejercida por la responsable que motivó la promoción del juicio de amparo cesa al haber pronunciado el oficio de contestación con el que dio respuesta a la citada petición, si la parte quejosa tuvo conocimiento de esa respuesta con motivo de la vista que de ella le fue otorgada, con lo cual la Superioridad estableció que se cumplen las dos obligaciones previstas por el artículo 8 de la Carta Magna que toda autoridad a quien fue formulada una petición debe atender, esto es, dar respuesta a lo solicitado y darlo a conocer al gobernado en breve término. 51. Conforme a lo anterior, es indudable que las respuestas que una funcionaria de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la Subdirectora de Enlace Organizacional de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dieron a las peticiones que la inconforme formuló y el hecho que ésta tuvo conocimiento de los comunicados de treinta y uno de agosto y de veintisiete de noviembre, ambos de dos mil veinte, que contienen las contestaciones relativas con motivo de las vistas que este Juzgado Federal le otorgó generan la cesación de los efectos de los actos reclamados, porque no debe perderse de vista que este medio extraordinario de defensa se promovió en contra de las omisiones de las responsables de dar respuesta a las peticiones que la agraviada formuló a través de los libelos que envió electrónicamente el seis, el veintiuno, el veinticuatro y el veintiocho, todos de agosto de dos mil veinte; por tanto, la protección constitucional que en su caso se otorgara en términos de lo prescrito por los ordinales 73 y 77, fracción II, de la ley de la materia tendría por efectos obligar a las responsables a que respetaran el derecho de petición consagrado a favor de la disidente por el numeral 8 de la Constitución General de la República; por consiguiente, a que emitieran las respuestas correspondientes a las solicitudes que realizó y que tales determinaciones se las dieran a conocer en breve término, sin importar el sentido de su decisión. 52. Desde esa perspectiva, si en este juicio constitucional está demostrado que diversas funcionarias adscritas a las autoridades responsables emitieron la respuesta correspondiente a las solicitudes que la justiciable formuló y que ésta tuvo conocimiento de esas determinaciones con motivo de las vistas que se le otorgó durante la secuela procesal es incuestionable que las consecuencias jurídicas de las conductas omisivas atribuidas a las responsables han cesado, ya que con tales respuestas y el conocimiento de ellas por parte de la solicitante del amparo se destruyeron sus efectos de manera inmediata, absoluta e incondicional, es decir, se eliminó de manera total, completa, definitiva y permanente el resultado que producían esas omisiones, lo que propició que se reestablecieran las cosas al estado en el que se encontraban antes de la promoción de este juicio de amparo y, en esa medida, se repuso a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. 53. Por tanto, si las autoridades responsables por conducto de una funcionaria de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la Subdirectora de Enlace Organizacional de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emitieron las respuestas correspondientes a las peticiones que la disidente formuló y ésta tuvo noticia de tales determinaciones durante la substanciación de proceso es inconcuso que esas circunstancias provocan que los actos omisivos atacados en este asunto ya no produzca sus consecuencias jurídicas en sentido negativo, ni causen afectación alguna en la esfera normativa de la parte quejosa ante la cesación de sus efectos. 54. En este punto, no debe perderse de vista que en los autos de siete y de diez, ambos de diciembre de dos mil veinte, se dio vista a Luz María Figueroa Morelos con los informes justificados y se le previno para que dentro del plazo de quince días siguientes al en el que surtiera efectos la notificación de esos proveídos, de conformidad con lo establecido por el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, manifestara si era su voluntad ampliar la demanda y señalar como actos reclamados las respuestas que la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, el Coordinador General de Administración y la Presidenta, las dos últimas autoridades de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dieron a sus peticiones contenidas en los escritos que envió electrónicamente el seis, el veintiuno, el veinticuatro y el veintiocho, todos de agosto de dos mil veinte, por conducto de una funcionaria de la primera dependencia y por la Subdirectora de Enlace Organizacional del mencionado Tribunal, contenidas en los comunicados de treinta y uno de agosto y de veintisiete de noviembre, ambos de dos mil veinte, bajo el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna en el plazo indicado se seguiría únicamente el trámite del juicio constitucional por los actos y las autoridades señaladas originariamente en la demanda de amparo; acuerdos que fueron notificados a la quejosa por la vía electrónica el once y el dieciséis, ambos de diciembre del año próximo pasado, sin que la disconforme haya ejercido su derecho de ampliar el escrito inicial dentro del lapso señalado en contra de las citadas respuestas. 55. Por tanto, si la inconforme decidió no ejercer la prerrogativa de ampliar la demanda de amparo en contra de los comunicados que contienen las respuestas dadas a sus solicitudes, revela que no fue su intención que las contestaciones exhibidas formaran parte de la litis constitucional planteada en este medio extraordinario de defensa. 56. En este punto, se tiene en cuenta que las respuestas de las autoridades responsables extinguieron las omisiones originales en las que se encontraba sus peticiones y que dio pauta a la promoción del juicio de amparo, pero las contestaciones a las solicitudes que la inconforme formuló constituyen actos nuevos que podían ser analizados en este asunto en términos de lo previsto por los arábigos 17 de la Constitución General de la República y 111, fracción II, de la Ley de Amparo, sin que esa situación sea factible, dado que esos actos no se atacaron en este juicio de protección de los derechos fundamentales a través de la ampliación del ocurso inicial. 57. Así, en razón de que la agraviada no ejerció su derecho de ampliar la demanda de amparo, en los acuerdos de nueve y de diez, ambos de febrero de dos mil veintiuno, se hicieron efectivos los apercibimientos formulados en las determinaciones de siete y de diez, ambos de diciembre del año próximo pasado; por tanto, se dispuso que este medio extraordinario de defensa se seguirá únicamente por los actos y las autoridades señaladas originariamente en la demanda de amparo. 58. Lo expuesto pone de relieve que en el caso se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional establecida por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; de ahí que este medio extraordinario de defensa resulte improcedente. 59. Lo anterior tiene respaldo en la tesis aislada P. CL/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación5 , que informa: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." 60. También cobra vigencia la jurisprudencia 2a./J. 205/2008 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia la Nación6 , que informa: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el 5 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, Materia Común, página 71. 6 Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, Novena Época, Materia Común, página: 605. medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." IX. DECISIÓN 61. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, con fundamento en lo estatuido por el normativo 63, fracción V, de la propia legislación, respecto de los actos que la justiciable reclamó a la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, al Coordinador General de Administración y a la Presidenta, las dos últimas autoridades de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, consistentes en las omisiones de dar respuesta a las solicitudes contenidas en los escritos que envió electrónicamente el seis, el veintiuno, el veinticuatro y el veintiocho, todos de agosto de dos mil veinte, en donde pidió que expidieran a su favor una constancia por triplicado, en la que especificaran su experiencia profesional en la materia laboral y de manera expresa indicaran el cargo que desempeñó como secretaria de la Junta Especial o de acuerdos y las fechas en las que inició a desempeñar esos cargos y en las que causó baja, así como que dichos instrumentos se enviaran a su domicilio o al correo electrónico que proporcionó, o bien, que expidieran una constancia electrónica que tuviera los requerimientos de autenticidad utilizados para la emisión de los documentos oficiales en la vía electrónica, así como que el segundo de los entes públicos indicados informara el motivo por el cual no le fueron enviadas las citadas constancias. 62. Cabe agregar que el no sobreseer implicaría desconocer que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes de la génesis del acto reclamado, porque resultaría contrario a la naturaleza del juicio que éste se siguiera sin alguna finalidad práctica, como si se tratara sólo de un ejercicio intelectual o de una actividad simplemente especulativa, razón por la cual resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado. 63. La decisión anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 9/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación7 , que informa: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. 64. Finalmente, dada la naturaleza del sobreseimiento decretado y el efecto que produce esa resolución en el proceso, este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación, porque el sobreseimiento constituye un acto procesal que termina la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, sin que obste señalar que la determinación anterior no representa fuente generadora de agravios a las partes en el presente juicio de amparo. 65. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación8 , de contenido: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. 66. También es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación9 , que expone: SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto 7 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Materia Común, página 210. 8 Visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 24, Tercera Parte, Séptima Época, Materia Común, página 49. 9 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 187-192, Primera Parte, Séptima Época, Materia Común, página 88. reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan. 67. Por lo expuesto y fundado se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Luz María Figueroa Morelos en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, por las consideraciones expuestas en el apartado VIII de esta sentencia. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y la certificación de cuenta se advierte que el plazo de quince días que le fue concedido a la parte quejosa en el proveído de diez de diciembre del año próximo pasado, para que manifestara si era su voluntad ampliar la demanda y señalar como acto reclamado la respuesta que ha dado a su petición en su informe justificado la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con sede en la Ciudad de México, transcurrió del diecisiete de diciembre de dos mil veinte, al ocho de febrero de la presente anualidad, sin que la justiciable haya ejercido su derecho de ampliar el escrito inicial; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en ese acuerdo, por lo que este asunto se seguirá únicamente por los actos y las autoridades señaladas originariamente en la demanda de amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y la certificación de cuenta se advierte que el plazo de quince días que le fue concedido a la parte quejosa en el proveído de siete de diciembre del año próximo pasado, para que manifestara si era su voluntad ampliar la demanda y señalar como actos reclamados las respuestas que han dado a sus peticiones en sus informes justificados la Presidenta de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y el Coordinador General de Administración del citado órgano de administración de justicia, ambos con residencia en la Ciudad de México, transcurrió del catorce de diciembre de dos mil veinte, al dos de febrero de la presente anualidad, sin que la justiciable haya ejercido su derecho de ampliar el escrito inicial; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en ese acuerdo, por lo que este asunto se seguirá únicamente por los actos y las autoridades señaladas originariamente en la demanda de amparo. Notifíquese.

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