Luz María Echeverría Vasconcelos
Expediente 634/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 14 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 634/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 12/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Luz María Echeverría Vasconcelos y Otros.
- Luz María Echeverría Vasconcelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de abril de dos mil veintidós. Ténganse por recibidos los instrumentos señalados en la nota de cuenta para los efectos legales correspondientes. Primeramente, acúsese recibo al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito del oficio enviado al cual se anexan el testimonio de la ejecutoria de cuatro de abril del año en curso, dictada en el toca del recurso de queja *** y un legajo de copias certificadas de las constancias del juicio de amparo *** del índice de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, se ordena la destrucción de las copias certificadas de las actuaciones de este juicio que fueron devueltas, porque no contienen actuación original alguna. En otro punto, de la resolución dictada en el toca 495/2021 se desprende que el Tribunal de alzada declaró sin materia el recurso de queja que los justiciables ***, quien se ostenta con el carácter de albacea y heredera de la sucesión intestamentaria a bienes del finado***, quien se ostenta con la calidad de heredero de la citada sucesión, interpusieron en contra del proveído de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, en donde se desechó de plano la ampliación de la demanda de amparo, porque la sentencia de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en donde se decretó el sobreseimiento en este juicio constitucional causó ejecutoria; en tal sentido, se toma conocimiento de la decisión adoptada en la citada ejecutoria. En diverso aspecto, dado que en el auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, se declaró que la sentencia de nueve de noviembre anterior, en donde se sobreseyó en este juicio constitucional causó ejecutoria en términos de lo estatuido por los normativos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, porque no fue impugnada por los disidentes mediante el recurso de revisión; en consecuencia, en cumplimiento a lo señalado por los ordinales 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este juicio constitucional como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo señalado por el precepto 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como se sobreseyó en este juicio de amparo en términos de lo establecido por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del propio acuerdo, este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) del numeral 21 del acuerdo de observancia general invocado; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción del presente cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese un ejemplar del escrito señalado en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta los efectos correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que los disidentes ***, quien se ostenta con el carácter de albacea y heredera de la sucesión intestamentaria a bienes del finado***, quien se ostenta con la calidad de heredero de la citada sucesión, interponen el recurso de queja en contra del proveído de ocho de noviembre del año en curso, en donde se desechó de plano la ampliación de la demanda de amparo. En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo se ordena remitir el original del ocurso de cuenta en donde se interpone el citado medio de impugnación y se expresan los agravios, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, rendir el informe sobre la materia de la queja, en el que deberá señalarse que es cierto el acuerdo recurrido, enviar copias certificadas del auto impugnado y de todas las constancias relacionadas con esa determinación. Por otro lado, es innecesario notificar a las demás partes la presente determinación para que señalen las constancias que deberán remitirse al Tribunal Constitucional que debe resolver dicho recurso en términos de lo dispuesto por el ordinal 101 de la ley que rige a este medio extraordinario de defensa, en razón de que en el auto recurrido de ocho de noviembre del año en curso, se desechó la ampliación de la demanda de amparo presentada por los quejosos, motivo por el cual no fueron emplazadas a juicio las autoridades a quienes se atribuyeron los actos reclamados en la ampliación del escrito inicial ni el Fiscal Federal adscrito fue llamado a juicio dada la inadmisibilidad de la ampliación de la demanda de amparo en cuanto a esas actuaciones y tampoco se requirió los informes justificados a las autoridades señaladas como responsables en relación con los actos por los que se desechó la ampliación del escrito inicial. Notifíquese.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo indirecto 634/2020 promovido por ***, quien se ostenta con el carácter de albacea y heredera de la sucesión intestamentaria a bienes del finado Encarnación García Villagrán y por David Alejandro García Echeverría, quien se ostenta con la calidad de heredero de la citada sucesión, en contra de los actos de las autoridades que más adelante se precisarán. I. ANTECEDENTES De las actuaciones que integran este asunto se advierte que ante la Dirección General de Notarías y Archivo General de Notarias de Oaxaca se radicó el procedimiento administrativo 09/DGNyAGN/DJ/2017 instaurado en contra del Notario Público sesenta y ocho en esta entidad federativa de nombre Roberto Garay González, derivado del escrito de queja presentado por Luz María Echeverría Vasconcelos, David Alejandro García Echeverría y otros. El veintiséis de agosto de dos mil veinte, el Director General de Notarías y Archivo General de Notarias de esta entidad federativa resolvió el procedimiento administrativo 09/DGNyAGN/DJ/2017, en la que declaró improcedente la queja que los justiciables presentaron en contra del Notario Público sesenta y ocho en Oaxaca de nombre Roberto Garay González y estableció que no encontró que dicho fedatario haya incurrido en responsabilidad administrativa. Esa determinación fue notificada a David Alejandro García Echeverría, en su carácter de representante común de los que presentaron la queja contra el citado fedatario público, el treinta y uno de agosto del año próximo pasado, a través del oficio CJGEO/DGNyAGN/DJ/359/2020, la cual se realizó en los estrados de la Dirección General de Notarías y Archivo General de Notarias de Oaxaca. La parte quejosa estima que la actuación de las autoridades responsables vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE Luz María Echeverría Vasconcelos, quien se ostenta con el carácter de albacea y heredera de la sucesión intestamentaria a bienes del finado Encarnación García Villagrán y David Alejandro García Echeverría, quien se ostenta con la calidad de heredero de la citada sucesión, promovieron juicio de amparo indirecto mediante escrito presentado el diecinueve de octubre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca. Los justiciables señalaron como autoridades responsables al Director General de Notarías y Archivo General de Notarias y al Secretario General de Gobierno, ambos de esta entidad federativa, a quienes reclamaron la omisión de dictar la resolución en el procedimiento administrativo 09/DGNyAGN/DJ/2017, instaurado en contra del Notario Público sesenta y ocho en el Estado de nombre Roberto Garay González con motivo de la queja que presentaron y sus consecuencias jurídicas. Por acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto admitió a trámite la demanda, la cual registró bajo el expediente 634/2020; solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia de ley. Por auto de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, se decretó el sobreseimiento en este asunto fuera de la audiencia constitucional; inconforme con esa determinación el autorizado de la parte quejosa interpuso el recurso de revisión, que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito bajo el toca 273/2020 y en la sesión de uno de octubre del año en curso, dictó la ejecutoria respectiva, en la que revocó el acuerdo impugnado para que se diera vista a las partes con el informe justificado rendido por la Dirección General de Notarías y Archivo General de Notarias de Oaxaca. En acato a dicho fallo, en el auto de dieciocho de octubre pasado se dio vista a las partes con el informe con justificación rendido por la Dirección General de Notarías y Archivo General de Notarias de esta entidad federativa. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta data en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo señalado por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman unos actos atribuidos a diversas autoridades que tienen su residencia en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que los inconformes combaten los actos siguientes: Del Director General de Notarías y Archivo General de Notarias y del Secretario General de Gobierno, ambos de Oaxaca, reclama: La omisión de dictar la resolución en el procedimiento administrativo 09/DGNyAGN/DJ/2017 instaurado en contra del Notario Público sesenta y ocho en esta entidad federativa de nombre Roberto Garay González con motivo de la queja que presentaron y sus consecuencias jurídicas. V. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS No son ciertos los actos atribuidos al Director General de Notarías y Archivo General de Notarias y al Secretario General de Gobierno, ambos de Oaxaca, consistentes en la omisión de dictar la resolución en el procedimiento administrativo 09/DGNyAGN/DJ/2017 instaurado en contra del Notario Público sesenta y ocho en esta entidad federativa de nombre Roberto Garay González con motivo de la queja que presentaron y sus consecuencias jurídicas. Se sostiene lo anterior, porque las autoridades responsables en sus informes justificados negaron la existencia de esas actuaciones, sin que la parte quejosa desvirtuara tales negativas, porque no ofreció algún medio de convicción en el presente sumario con ese propósito. Es así, porque en cuanto al Secretario General de Gobierno de Oaxaca no aportó algún medio de prueba para demostrar que tuvo participación en el procedimiento administrativo 09/DGNyAGN/DJ/2017 instaurado en contra del Notario Público sesenta y ocho en esta entidad federativa de nombre Roberto Garay González con motivo de la queja que presentaron, por lo que si dicha autoridad no es quien instrumenta el referido procedimiento es indudable que no puede acusarse que incurrió en la omisión reclamada, ya que no tiene intervención alguna en ese procedimiento y, por ende, tampoco existía el deber de esa entidad pública de dictar una resolución en él. Además, la inexistencia de esas actuaciónes se desprende de la copia certificada de la resolución de veintiséis de agosto de dos mil veinte, dictada en el procedimiento administrativo 09/DGNyAGN/DJ/2017 instaurado en contra del Notario Público sesenta y ocho en esta entidad federativa de nombre Roberto Garay González con motivo de la queja que los inconformes presentaron y su notificación, que el Director General de Notarías y Archivo General de Notarias de Oaxaca remitió en copias certificadas, a las cuales se otorga valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo establecido por su arábigo 2. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En efecto, de las actuaciones que obran en este asunto se advierten los aspectos siguientes: Que ante la Dirección General de Notarías y Archivo General de Notarias de Oaxaca se radicó el procedimiento administrativo 09/DGNyAGN/DJ/2017 instaurado en contra del Notario Público sesenta y ocho en esta entidad federativa de nombre Roberto Garay González, derivado del escrito de queja presentado por Luz María Echeverría Vasconcelos, David Alejandro García Echeverría y otros. El veintiséis de agosto de dos mil veinte, el Director General de Notarías y Archivo General de Notarias de esta entidad federativa resolvió el procedimiento administrativo 09/DGNyAGN/DJ/2017, en la que declaró improcedente la queja que los justiciables presentaron en contra del Notario Público sesenta y ocho en Oaxaca de nombre Roberto Garay González y estableció que no encontró que dicho fedatario haya incurrido en responsabilidad administrativa. Esa determinación fue notificada a David Alejandro García Echeverría, en su carácter de representante común de los que presentaron la queja contra el citado fedatario público, el treinta y uno de agosto del año próximo pasado, a través del oficio CJGEO/DGNyAGN/DJ/359/2020, la cual se realizó en los estrados de la Dirección General de Notarías y Archivo General de Notarias de Oaxaca. Lo anterior revela que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, el acto omisivo atacado no existía. En efecto, se estima que al diecinueve de octubre de dos mil veinte -data en la que se presentó el escrito inicial-, no existía la omisión de dictar la resolución en el procedimiento administrativo 09/DGNyAGN/DJ/2017 instaurado en contra del Notario Público sesenta y ocho en esta entidad federativa de nombre Roberto Garay González con motivo de la queja que presentaron y sus consecuencias jurídicas, porque en la resolución veintiséis de agosto de dos mil veinte -es decir, un mes y medio antes de la promoción de este juicio constitucional-, pronunciada en el citado procedimiento administrativo, el Director General de Notarías y Archivo General de Notarias de esta entidad federativa responsable resolvió el aludido procedimiento administrativo iniciado con motivo del escrito de queja presentado por Luz María Echeverría Vasconcelos, David Alejandro García Echeverría y otros. Lo expuesto evidencia que a la fecha en la que los justiciables presentaron su demanda de amparo, la citada autoridad responsable ya había resuelto el procedimiento administrativo 09/DGNyAGN/DJ/2017 instaurado en contra del Notario Público sesenta y ocho en Oaxaca de nombre Roberto Garay González con motivo de la queja que presentaron. Tal situación pone de relieve que a la data en la que los disconformes promovieron el juicio constitucional, el Director General de Notarías y Archivo General de Notarias de Oaxaca responsable ya había pronunciado la resolución correspondiente en el referido procedimiento administrativo, cuya omisión atacan. Ahora, es necesario traer a contexto el contenido de los ordinales 1, fracción I, 63, fracción IV, y 75, primer párrafo, de la Ley de Amparo, los cuales señalan: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]" "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. [.]" El segmento normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, el precepto invocado hace referencia a actos existentes, no probables o eventuales, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la citada legislación al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. Luego, si se analiza el arábigo 63, fracción IV, de la ley de la materia en relación con los diversos que fueron insertos es factible concluir que cuando se trata de actos reclamados de carácter positivo o negativo su existencia o certeza debe analizarse en atención a la fecha en la que se presentó la demanda de amparo, porque dicho precepto no distingue la materia en la que se haya originado el acto impugnado ni la naturaleza de éste. Lo expuesto se justifica porque la parte quejosa al presentar su escrito inicial pretende obtener la reparación constitucional a que se refiere el dispositivo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución en el pleno goce del derecho humano violado mediante el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir lo que esa prerrogativa exija y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis en la que el perjuicio no exista al momento de ejercer la acción de amparo, sino que se produjera durante la tramitación del juicio biinstancial, lo cual es inadmisible jurídicamente, porque esa situación generaría la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional apoyada en expectativas y no en contra de actos u omisiones concretas que sean existentes. Por tanto, si a la fecha de la presentación de la demanda de amparo el acto omisivo reclamado era inexistente es indudable que se actualiza la hipótesis establecida por el dispositivo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En respaldo de lo anterior se cita la jurisprudencia 2a./J. 3/94 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." También cobra vigencia la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Igualmente, fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En razón de lo anterior, se actualiza el supuesto establecido por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo ante la inexistencia del acto atribuido al órgano jurisdiccional responsable. VI. DECISIÓN En consecuencia, con fundamento en lo prescrito por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional en cuanto a los actos combatidos al Director General de Notarías y Archivo General de Notarias y al Secretario General de Gobierno, ambos de Oaxaca, consistente en la omisión de dictar la resolución en el procedimiento administrativo 09/DGNyAGN/DJ/2017 instaurado en contra del Notario Público sesenta y ocho en esta entidad federativa de nombre Roberto Garay González con motivo de la queja que presentaron y sus consecuencias jurídicas, dada su inexistencia. Por lo expuesto y fundado se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, quien se ostenta con el carácter de albacea y heredera de la sucesión intestamentaria a bienes del finado ***, quien se ostenta con la calidad de heredero de la citada sucesión, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, por las consideraciones expuestas en el apartado V de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese la promoción señalada en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que la parte quejosa pretende ampliar la demanda de amparo respecto de un acto diverso al señalado primigeniamente en su escrito inicial. Al respecto, se dicta la determinación que corresponde en cuanto a la ampliación del libelo inicial. Aspectos preliminares. Primeramente es necesario establecer que del contenido integral del ocurso de cuenta se desprende que los inconformes Luz María Echeverría Vasconcelos, quien se ostenta con el carácter de albacea y heredera de la sucesión intestamentaria a bienes del finado Encarnación García Villagrán y David Alejandro García Echeverría, quien se ostenta con la calidad de heredero de la citada sucesión, manifiestan que amplían la demanda de amparo en contra del acto y las autoridades que se indican a continuación: Del Director General de Notarías y Archivo General de Notarias y del Secretario General de Gobierno, ambos de Oaxaca, impugnan: La notificación de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, de la resolución de veintiséis de agosto del año próximo pasado, dictada en el procedimiento administrativo 09/DGNyAGN/DJ/2017, instaurado en contra del Notario Público sesenta y ocho en esta entidad federativa de nombre Roberto Garay González. Ahora, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo una vez presentada la demanda debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda, así como de sus anexos y, por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Es preciso destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Con base en los elementos anteriores y la información que se desprende del ocurso inicial, se dictan las determinaciones siguientes: Desechamiento de la ampliación de la demanda. Con fundamento en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda presentada por Luz María Echeverría Vasconcelos, quien se ostenta con el carácter de albacea y heredera de la sucesión intestamentaria a bienes del finado Encarnación García Villagrán y por David Alejandro García Echeverría, quien se ostenta con la calidad de heredero de la citada sucesión, porque en relación con el acto reclamado al Director General de Notarías y Archivo General de Notarias y al Secretario General de Gobierno, ambos de Oaxaca, consistente en la notificación de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, de la resolución de veintiséis de agosto del año próximo pasado, dictada en el procedimiento administrativo 09/DGNyAGN/DJ/2017, instaurado en contra del Notario Público sesenta y ocho en esta entidad federativa de nombre Roberto Garay González, se actualizan de manera manifiesta e indudable las hipótesis de inejercicio de la acción constitucional previstas por el arábigo 61, fracciones XII y XIV, de la Ley de Amparo, porque por un lado esa actuación no afectan sus intereses jurídicos ni legítimos y, por otro, los inconformes consintieron tácitamente ese acto al haber promovido este medio extraordinario de defensa de manera extemporánea. I. RESPECTO DE LA CAUSAL PREVISTA POR EL ARÁBIGO 61, FRACCIÓN XII, DE LA LEY DE AMPARO. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido de la disposición jurídica invocada, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]". De la norma transcrita se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos por el numeral 5, fracción I, de la ley de la materia, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. A su vez, los arábigos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo indican lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.] "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.] "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." La norma constitucional inserta establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; asimismo, señala que tiene ese carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución General de la República y que con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En otro punto, es preciso destacar que el legislador ordinario en el numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo recogió las bases dadas por el órgano reformador de la Constitución en el referido dispositivo constitucional, para establecer que el quejoso es parte en el juicio de amparo; además, precisó que tiene ese carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, el acto o la omisión reclamado viola los derechos previstos por el artículo 1 de la ley de la materia y que con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Asimismo, el legislador federal estableció en ese tramo normativo que el interés simple en ningún caso podrá invocarse como interés legítimo. De lo anterior se desprende que tanto el numeral 107, fracción I, de la Constitución General de la República como el arábigo 5, fracción I, de la Ley de Amparo prevén las figuras del interés jurídico y legítimo como ejes rectores para que el gobernado pueda solicitar el análisis de un acto de autoridad en sede constitucional. Finalmente, el precepto transcrito en último orden precisa que el juicio de amparo puede promoverlo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, en términos de lo prescrito por el arábigo 5, fracción I, de la citada legislación. Además, señala que el quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos por la ley de la materia. Lo anterior pone de relieve que el dispositivo 6 de la Ley de Amparo prevé el principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, porque de su contenido se advierte que ese medio extraordinario de defensa sólo puede promoverlo la persona que con el acto, la omisión o la norma general reclamado haya sufrido o sufra una lesión o una afectación personal y directa en alguno de sus bienes jurídicos que la Carta Magna tutela mediante los derechos sustantivos fundamentales. Es decir, sólo puede promover el juicio de amparo la persona que con el acto impugnado sufra un agravio actual y no futuro e incierto, en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades, en sus posesiones o en sus derechos, y esa promoción la puede hacer por derecho propio, por medio de su representante legal o por su apoderado, o bien, por cualquier persona en los casos previstos por la Ley de Amparo y cuando el acto reclamado emane de un procedimiento penal el inconforme podrá promoverlo por conducto de su defensor o por cualquier persona en los casos en que la propia legislación lo autorice. De lo anterior se advierte que las normas examinadas prescriben para la procedencia del juicio de amparo que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Bajo esa óptica, por interés jurídico debe entenderse cualquier hecho o situación que además de ser benéfico para un gobernado requiere estar debidamente tutelado por el orden jurídico; esto es así, porque si bien pueden existir diversos intereses en la esfera vital de un individuo con contenido variado e índole distinta pero para que puedan ser tutelados es necesario que una disposición normativa lo regule, ya que de lo contrario no se poseería un derecho y, en consecuencia, tampoco existiría un interés por reclamar. Esos conceptos se vinculan con uno de los principios rectores del juicio de amparo, el relativo a un agravio personal y directo, el cual indica que la acción constitucional sólo podrá ser ejercida por aquella persona física o moral afectada en su esfera jurídica por un acto de autoridad. Conforme a lo expuesto debe destacarse que para estar en aptitud de promover un juicio de amparo es necesario que el gobernado demuestre la existencia de un derecho subjetivo en su haber patrimonial o jurídico, así como que ese derecho ha sido afectado o vulnerado por un acto de autoridad, lo cual lo legitima para acudir ante el órgano de control constitucional a demandar la protección de la Justicia de la Unión. En respaldo de lo anterior se cita la jurisprudencia VI. 2o. J/87 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que expone: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Por otra parte, debe señalarse que a través del ejercicio de la acción constitucional el promovente del amparo demanda la tutela de un derecho subjetivo público que dice le fue vulnerado por la autoridad emisora del acto impugnado; es decir, mediante el ejercicio de la acción de amparo se demanda el respeto a ese derecho y la restitución en su goce. En ese contexto, para la procedencia del juicio de amparo la parte agraviada debe demostrar la titularidad del derecho subjetivo tutelado por una norma jurídica y su afectación por el acto reclamado; es decir, el quejoso tiene la obligación de acreditar el interés jurídico en sí y el perjuicio padecido por el acto impugnado, el cual debe ser real, actual, directo y objetivo; además, esos aspectos deben demostrarse en forma plena, innegable y fehaciente porque no pueden inferirse con base en presunciones. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia 1a./J. 168/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." También fortalece lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 16/94 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal de la Nación, que señala: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En otro punto, debe señalarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 111/2013 sostuvo que el interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, la Superioridad indicó que para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Así, estableció que el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los Tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esa lógica, precisó que mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible. Cabe señalar que el Alto Tribunal de la Nación estableció como notas distintivas del interés legítimo previsto en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, las siguientes: a) Existe vínculo con una norma de rango constitucional que prevé un derecho objetivo (no se requiere una facultad expresa). b) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso dada su especial posición frente al orden jurídico. La afectación se debe apreciar, conforme a un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. c) Dada la especial posición frente al ordenamiento jurídico, se actualiza un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. d) La eventual concesión se traduciría en un beneficio en favor del quejoso, o bien, un efecto positivo en su esfera jurídica. Las consideraciones establecidas en la ejecutoria que resolvió el diferendo de criterios indicada dio origen a la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." Ahora, el tópico que se encuentra relacionado en este asunto es el régimen de responsabilidad de los notarios públicos, dado que involucra a personas que han presentado una queja en contra del Notario Público sesenta y ocho en Oaxaca de nombre Roberto Garay González. El régimen de responsabilidad administrativa de los notarios públicos tiene como finalidad lograr y preservar una prestación óptima del servicio notarial, lo que obedece a intereses superiores de carácter público e implica que el Estado vigile que su desempeño corresponda a los intereses de la colectividad; además, la investigación relativa no se lleva a cabo con el propósito indefectible de sancionar al fedatario público, sino con el fin de determinar con exactitud si cumplió o no, con los deberes y obligaciones inherentes a su cargo y si, por ende, la conducta desplegada por éste es compatible o no, con el servicio que presta y la función notarial que desempeña. Al respecto, es ilustrativa por las razones que contiene la tesis 2a. CXXVII/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO. Los actos de investigación sobre la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, son actos administrativos de control interno que tienen como objetivo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, sin que estén desprovistos de imparcialidad, si se toma en cuenta que la función pública, que necesariamente se realiza por individuos, responde a intereses superiores de carácter público, lo cual origina que el Estado vigile que su desempeño corresponda a los intereses de la colectividad; de ahí que se establezca un órgano disciplinario capaz de sancionar las desviaciones al mandato contenido en el catálogo de conductas que la ley impone; asimismo, la determinación que tome dicho órgano de vigilancia y sanción, se hará con apoyo tanto en las probanzas tendientes a acreditar su responsabilidad, como en aquellas que aporte el servidor público en su defensa, según se desprende de la lectura de los artículos 64 y 65 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pudiendo concluir con objetividad sobre la inexistencia de responsabilidad o imponer la sanción administrativa correspondiente, esto es, la investigación relativa no se lleva a cabo con el objetivo indefectible de sancionar al servidor público, sino con el de determinar con exactitud si cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes al cargo y si, por ende, la conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se presta." Precisado lo anterior, enseguida es necesario traer a contexto el contenido de los arábigos 115, 116, 117, 118, 119, 120 y 121 de la Ley del Notariado para el Estado de Oaxaca, que señalan: "Artículo 115. Los Notarios son responsables de los delitos que cometan con motivo del ejercicio de sus funciones, en los mismos términos que lo son los demás ciudadanos. En consecuencia, quedarán sometidos a la jurisdicción de las autoridades judiciales en todo lo concerniente a los actos u omisiones en que incurran." "Artículo 116. De la responsabilidad civil en que incurran los Notarios conocerán los Tribunales Civiles a instancias de parte legítima y en los términos de su competencia." "Artículo 117. La responsabilidad administrativa en que incurran los Notarios por violaciones a los preceptos de la presente ley, se hará efectiva por el Ejecutivo del Estado." "Artículo 118. El Ejecutivo del Estado impondrá administrativamente a los Notarios por violaciones a los preceptos de esta ley, las siguientes sanciones: I. Amonestación por oficio; II. Multa de 50 a 100 salarios mínimos; III. Suspensión del cargo hasta por un año; y IV. Separación o inhabilitación definitiva. Para imponer a los Notarios las sanciones administrativas que establecen las fracciones l, II, III y IV de este artículo, se practicará, una investigación por conducto de la Dirección General de Notarías; con el resultado de ésta y tomando además en cuenta la gravedad y demás circunstancias en que incurrieron en el caso, dictará la resolución que estime procedente." "Artículo 119.Tratándose de actos u omisiones de los Notarios que por gravedad pudieren motivar la suspensión, separación o inhabilitación definitiva del cargo que desempeñen, antes de dictar la resolución sobre el particular, se seguirá el siguiente procedimiento: La Dirección General de Notarías, por conducto de sus visitadores, practicará una investigación y con ella se dará cuenta al Ejecutivo. Esta investigación deberá llevarse a cabo en el término de treinta días y se hará saber al Colegio de Notarios. Tanto en este caso como en el artículo anterior, se oirá al Notario afectado, señalándose el término de quince días hábiles para que produzca su defensa." "Artículo 120. El Director General de Notarías dará cuenta al Ejecutivo con la resolución correspondiente para su conocimiento y ejecución." "Artículo 121. Los interesados que se estimen agraviados por los actos de los Notarios deberán denunciarlos por escrito al Ejecutivo directamente por conducto de la Secretaría General de Gobierno, o de la Dirección General de Notarías del Estado para que éste proceda, en su caso, con arreglo a las disposiciones del presente capítulo." De los normativos transcritos se desprenden, en lo que interesa, las premisas siguientes: 1. Los Notarios son responsables de los delitos que cometan con motivo del ejercicio de sus funciones, en los mismos términos que lo son los demás ciudadanos. En consecuencia, quedarán sometidos a la jurisdicción de las autoridades judiciales en todo lo concerniente a los actos u omisiones en que incurran. 2. De la responsabilidad civil en que incurran los Notarios conocerán los Tribunales Civiles a instancia de parte legítima y en los términos de su competencia. 3. La responsabilidad administrativa en que incurran los Notarios por violaciones a los preceptos de la Ley del Notariado para el Estado de Oaxaca se hará efectiva por el Ejecutivo local. 4. El Ejecutivo del Estado impondrá administrativamente a los Notarios por infracciones a la citada legislación, las sanciones siguientes: a) amonestación por oficio, b) multa, c) suspensión del cargo hasta por un año y separación o inhabilitación definitiva. 5. Para imponer a los Notarios las sanciones administrativas indicadas se practicará una investigación por conducto de la Dirección General de Notarías, con el resultado de indagatoria y tomando además en cuenta la gravedad y demás circunstancias en que incurrieron en el caso, dictará la resolución que estime procedente. 6. Tratándose de actos u omisiones de los Notarios que por gravedad pudieren motivar la suspensión, separación o inhabilitación definitiva del cargo que desempeñen, antes de dictar la resolución sobre el particular, se seguirá el siguiente procedimiento: 6.1. La Dirección General de Notarías, por conducto de sus visitadores, practicará una investigación y con ella se dará cuenta al Ejecutivo. Esta investigación deberá llevarse a cabo en el término de treinta días y se hará saber al Colegio de Notarios. 6.2. Se oirá al Notario afectado, señalándose el término de quince días hábiles para que produzca su defensa. 7. El Director General de Notarías dará cuenta al Ejecutivo con la resolución correspondiente para su conocimiento y ejecución. 8. Los interesados que se estimen agraviados por los actos de los Notarios deberán denunciarlos por escrito al Ejecutivo directamente por conducto de la Secretaría General de Gobierno o de la Dirección General de Notarías del Estado para que ésta proceda, en su caso, conforme a las prevenciones indicadas. Ahora, el derecho que los justiciables afirman que ejercieron ante la autoridad responsable de presentar una queja en contra del Notario Público sesenta y ocho en Oaxaca de nombre Roberto Garay González, la cual dio origen al procedimiento administrativo de queja 09/DGNyAGN/DJ/2017, instaurado en contra de ese fedatario, no permite tener por acreditado el interés legítimo ni el interés jurídico de los quejosos para reclamar en este juicio de amparo indirecto la notificación de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, de la resolución de veintiséis de agosto del año próximo pasado, dictada en ese procedimiento administrativo de queja, a través de la cual se les hizo del conocimiento esa determinación, ya que no existe disposición constitucional o legal que vincule a dicha autoridad a emitir un pronunciamiento en un sentido específico en ese procedimiento ni que la resolución final que se dicte en este último o que las determinaciones dictadas en sus incidencias produzcan algún beneficio o prerrogativa a los denunciantes, o bien, causen un perjuicio o afectación a estos últimos; por tanto, no existe el vínculo con una norma de rango constitucional que prevea un derecho objetivo, ni siquiera de manera implícita. Es necesario señalar que la notificación de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, de la resolución de veintiséis de agosto del año próximo pasado, dictada en el procedimiento administrativo 09/DGNyAGN/DJ/2017, instaurado en contra del Notario Público sesenta y ocho de nombre Roberto Garay González, debe entenderse que forma parte del referido procedimiento administrativo, porque no puede verse en un contexto aislado o disociado de este último. Ahora, dado que subyace la facultad exclusiva punitiva con la que el Estado cuenta en materia de responsabilidades; en ese sentido, la facultad o derecho de informar -mediante una queja o denuncia- a la autoridad competente los hechos que probablemente constituyan alguna responsabilidad administrativa, no lleva aparejado el derecho de impugnar lo que ésta determine en una resolución final o en una decisión incidental o intermedia, quien sólo se encuentra compelida a ejercer sus facultades de investigación y sanción, una vez que se reúnen los supuestos de procedencia, los probatorios y todos aquellos que se exige en la legislación citada. De igual manera, no se advierte la afectación a la esfera jurídica de los quejosos-denunciantes ya que el régimen de responsabilidades de los notarios públicos no tiene como propósito salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público notarial, por lo que no existe ni siquiera la posibilidad de afectación a su esfera jurídica. Esto se comprende a partir de que la queja administrativa implica revisar la conducta del fedatario público denunciado y no del procedimiento en el que llevó a cabo la conducta que se le atribuye como falta, en todo caso en este último existe la obligatoriedad constitucional y legal de que se respeten las formalidades, que de no ser así, se deberán deducir las acciones que correspondan a través de los medios de impugnación que procedan, pero no en aquélla. Por tanto, la notificación de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, de la resolución de veintiséis de agosto del año próximo pasado, dictada en el procedimiento administrativo 09/DGNyAGN/DJ/2017, instaurado en contra del Notario Público sesenta y ocho en Oaxaca de nombre Roberto Garay González, no permite considerar que los denunciantes o quejosos cuenten con un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, o bien, un interés jurídico, ya que se actualiza sólo un interés genérico o simple de muy diversa índole en la medida en que el ánimo puede verse inclinado a cierta finalidad por motivos culturales, económicos, sociales o de cualquier otra índole, distinta a la relevante para promover el juicio de amparo. En conclusión, el derecho de presentar quejas o denuncias administrativas contra un Notario Público no trae aparejado el interés legítimo o el interés jurídico para reclamar en amparo indirecto las decisiones que se adopten en el procedimiento administrativo de queja de origen o en sus incidencias. En esos términos, se advierte que en cuanto al acto impugnado al Director General de Notarías y Archivo General de Notarias y al Secretario General de Gobierno, ambos de Oaxaca, consistente en la notificación de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, de la resolución de veintiséis de agosto del año próximo pasado, dictada en el procedimiento administrativo 09/DGNyAGN/DJ/2017, instaurado en contra del Notario Público sesenta y ocho en esta entidad federativa de nombre Roberto Garay González, se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; de ahí que este medio extraordinario de defensa resulte improcedente. En respaldo de lo anterior, se cita la jurisprudencia PC.II.A. J/2 A (10a.) emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, que señala: "QUEJA ADMINISTRATIVA INFUNDADA O IMPROCEDENTE. CUANDO EL DENUNCIANTE RECLAMA EN AMPARO TAL DETERMINACIÓN, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE OBLIGA AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el juzgador de amparo está facultado para desechar la demanda relativa cuando advierta una causa manifiesta e indudable de improcedencia, entendida como aquella que está plenamente demostrada, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, sería imposible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sobre esa base y de acuerdo con la jurisprudencia 1/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1120 del tomo XXIII, enero 2006 de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE."; el denunciante de una queja administrativa que se declaró infundada o improcedente, carece de interés jurídico y legítimo para impugnar en amparo tal determinación, por lo que en tal caso debe desecharse la demanda al existir una causa notoria e indudable de improcedencia." También se invoca la jurisprudencia PC.II.A. J/2 A (10a.) emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, que informa: "QUEJA ADMINISTRATIVA DECLARADA INFUNDADA O IMPROCEDENTE. EL DENUNCIANTE CARECE DE INTERÉS JURÍDICO Y LEGÍTIMO PARA RECLAMAR EN AMPARO ESA DETERMINACIÓN Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE OBLIGA AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el juzgador de amparo está facultado para desechar de plano la demanda cuando advierta la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, entendida ésta como aquella plenamente demostrada, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos a esas promociones, de manera que aun de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, sería imposible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sobre esa base y de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 1/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1120 del Tomo XXIII, enero de 2006, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE.", el denunciante de una queja administrativa declarada infundada o improcedente, carece de interés jurídico y legítimo para impugnar en amparo tal determinación, por lo que en ese caso debe desecharse de plano la demanda, al existir una causa notoria e indudable de improcedencia." Asimismo, se invoca por las razones que expone la jurisprudencia 2a./J. 41/2019 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA NO TIENE INTERÉS LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR EN AMPARO INDIRECTO LA RESOLUCIÓN QUE LA DESECHA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE PUEBLA, QUINTANA ROO Y AFINES). La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, así como la del Estado de Quintana Roo, establecen a favor de los particulares el derecho a presentar quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con los cuales se inicia, en su caso, el procedimiento de responsabilidad correspondiente, sin que éste tenga como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares, sino preservar la prestación óptima del servicio público de que se trate; de esta manera, el orden jurídico procesal estatal otorga al particular una mera facultad para formular quejas y denuncias por las conductas que considera incumplen con lo dispuesto en esas legislaciones, sin que ello dé lugar a exigir de la autoridad competente el sentido de la determinación que deba emitir, al no existir un vínculo con una norma de rango constitucional que prevea ese derecho, ni siquiera implícitamente, ya que subyace la facultad exclusiva del Estado en materia de responsabilidades administrativas; máxime que la queja administrativa implica revisar la conducta del funcionario público denunciado y no el procedimiento o proceso jurisdiccional en que se llevó a cabo dicha conducta; de ahí que, quien se ostente como parte en un proceso o procedimiento jurisdiccional carece de interés legítimo para impugnar en amparo indirecto la decisión de la autoridad competente de desechar la queja relativa." De igual manera, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 1/2006 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cualquier persona tiene derecho a presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente; sin embargo, como el régimen de responsabilidades relativo no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, el orden jurídico objetivo otorga al particular una mera facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin que pueda exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, de ahí que aquél carezca de interés jurídico para impugnar en amparo la resolución que ordena el archivo del expediente por ser improcedente la queja o por no existir elementos para fincar responsabilidad administrativa." En consecuencia, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia establecida por el ordinal 61, fracción XII, de la Ley de Amparo este órgano jurisdiccional desecha de plano la ampliación de la demanda de amparo presentada por Luz María Echeverría Vasconcelos, quien se ostenta con el carácter de albacea y heredera de la sucesión intestamentaria a bienes del finado Encarnación García Villagrán y por David Alejandro García Echeverría, quien se ostenta con la calidad de heredero de la citada sucesión, en contra del acto reclamado al Director General de Notarías y Archivo General de Notarias y al Secretario General de Gobierno, ambos de Oaxaca, consistente en la notificación de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, de la resolución de veintiséis de agosto del año próximo pasado, dictada en el procedimiento administrativo 09/DGNyAGN/DJ/2017, instaurado en contra del Notario Público sesenta y ocho en esta entidad federativa de nombre Roberto Garay González, en términos de lo dispuesto por el ordinal 113 de la ley de la materia. En otro punto, es necesario señalar que no pasan inadvertidas para este órgano jurisdiccional las consideraciones expuestas en la ejecutoria de la contradicción de tesis 253/2020 resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 33/2021 (10a.), de rubro y texto siguientes: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. EL DENUNCIANTE TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE NO INICIAR LA INVESTIGACIÓN RELATIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 2016). Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el denunciante cuenta con interés necesario para promover amparo indirecto contra la decisión de la autoridad de no iniciar la investigación de responsabilidad administrativa llegaron a conclusiones distintas, toda vez que uno de ellos determinó que el quejoso carece de interés, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció sobre esta cuestión en las jurisprudencias 2a./J. 1/2006, 2a./J. 124/2008 y 2a./J. 41/2019 (10a.), mientras que el otro determinó que el denunciante sí cuenta con interés en el amparo. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el denunciante sí cuenta con interés jurídico para impugnar en amparo indirecto las determinaciones de la autoridad investigadora de no iniciar la investigación de responsabilidad administrativa. Justificación: Lo anterior, ya que conforme al nuevo régimen de responsabilidades, el denunciante ha dejado de ser un simple vigilante para convertirse ahora en un actor central del control de la acción pública y combate a la corrupción; de ahí que se le otorgó una participación activa tanto en la etapa de investigación, como en el procedimiento de responsabilidad administrativa, al grado tal que cuenta con la posibilidad de alegar en audiencias, aportar pruebas, interponer medios de defensa y, en general, realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de sus pretensiones. Por tanto, al constituirse como una figura fundamental en el control de la acción administrativa, el denunciante está legitimado para promover amparo indirecto contra la determinación de no iniciar la investigación relativa. De ahí que las razones que daban sustento a las jurisprudencias 2a./J. 1/2006, 2a./J. 124/2008 y 2a./J. 41/2019 (10a.), resultan inaplicables bajo el nuevo régimen de responsabilidades administrativas. Finalmente, se precisa que para acudir al amparo indirecto resulta necesario, además, que se actualice alguna excepción al principio de definitividad que así lo permita." En el fallo que dio origen a la jurisprudencia transcrita, la Segunda Sala del Alto Tribunal del país sostuvo que los denunciantes cuentan con interés jurídico para combatir en el juicio de amparo indirecto las determinaciones de las autoridades investigadoras por las cuales se estima que no es dable iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa pese a la denuncia presentada, en virtud de los derechos procesales que le concede la ley general en la materia -conforme a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas- y que, en su conjunto, reconocen al denunciante como parte activa del nuevo régimen de responsabilidades administrativas. También estableció que el denunciante juega un papel central y activo en la protección y preservación de dichos intereses públicos, en tanto que hace las veces de un contralor social en la materia de combate a la corrupción; tratamiento que precisamente lo dota de un interés cualificado o diferenciado -al resto de la población- para promover el juicio de amparo indirecto contra el resultado de investigaciones que se estimen violatorias de las reglas o principios constitucionales. En esa línea, el Máximo Tribunal Constitucional de la Nación adoptó el criterio jurídico relativo a que el denunciante sí cuenta con interés jurídico para impugnar en amparo indirecto las determinaciones de la autoridad investigadora de no iniciar la investigación de responsabilidad administrativa. Lo anterior, ya que conforme al nuevo régimen de responsabilidades, el denunciante ha dejado de ser un simple vigilante para convertirse ahora en un actor central del control de la acción pública y combate a la corrupción; de ahí que sostuvo que se le otorgó una participación activa tanto en la etapa de investigación, como en el procedimiento de responsabilidad administrativa, al grado tal que cuenta con la posibilidad de alegar en audiencias, aportar pruebas, interponer medios de defensa y, en general, realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de sus pretensiones. Por tanto, la Superioridad puntualizó que al constituirse como una figura fundamental en el control de la acción administrativa, el denunciante está legitimado para promover amparo indirecto contra la determinación de no iniciar la investigación relativa; de ahí que las razones que daban sustento a las jurisprudencias 2a./J. 1/2006, 2a./J. 124/2008 y 2a./J. 41/2019 (10a.), resultan inaplicables bajo el nuevo régimen de responsabilidades administrativas. Ahora, es necesario traer a contexto nuevamente el contenido de los ordinales 115, 116, 117, 118, 119, 120 y 121 de la Ley del Notariado para el Estado de Oaxaca, citados en los párrafos que anteceden, que entre otros aspectos, señalan que los Notarios Públicos quedarán sometidos a la jurisdicción de las autoridades judiciales en todo lo concerniente a los actos u omisiones en que incurran, en el desempeño de sus funciones, indicando que en caso de inobservancia se haría acreedor de responsabilidad administrativa; además, las sanciones a las que se harán acreedores en caso de su incumplimiento; y, el procedimiento de responsabilidad administrativa que se seguirá en contra de los funcionarios respectivos en este último supuesto. Precisado lo anterior, no debe perderse de vista que el origen de los actos que los justiciables reclaman del Director General de Notarías y Archivo General de Notarias y del Secretario General de Gobierno, ambos de Oaxaca, consistente en la notificación de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, de la resolución de veintiséis de agosto del año próximo pasado, dictada en el procedimiento administrativo 09/DGNyAGN/DJ/2017, instaurado en contra del Notario Público sesenta y ocho en esta entidad federativa de nombre Roberto Garay González, derivan de un procedimiento de queja administrativa por posibles actos considerados como acreedores de responsabilidad administrativa, regulados por la Ley del Notariado para el Estado de Oaxaca atribuidas al citado fedatario público; por tanto, al encontrarnos ante por posibles actos considerados como acreedores de responsabilidad administrativa es inconcuso que el origen de esas actuaciones se relaciona al régimen de responsabilidad de los notarios públicos derivado de ese tipo de responsabilidades en el ejercicio de su función notarial, las cuales como se dijo anteriormente, son diversas a las faltas administrativas que originan un procedimiento de responsabilidad administrativa. En ese contexto, si los razonamientos expuestos en la contradicción de tesis 253/2020 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal Constitucional señalan que los denunciantes cuentan con interés jurídico para combatir en el juicio de amparo indirecto las determinaciones de las autoridades investigadoras por las cuales se estima que no es dable iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa pese a la denuncia presentada, en virtud de los derechos procesales que le concede la ley general en la materia -conforme a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas- y que, en su conjunto, reconocen al denunciante como parte activa del nuevo régimen de responsabilidades administrativas y que en el presente medio extraordinario de defensa, el origen de las actuaciones reprochadas por los quejosos en su escrito de ampliación de demanda derivan de por posibles actos considerados como acreedores de responsabilidad administrativa, conforme la Ley del Notariado para el Estado de Oaxaca, atribuidos al Notario Público sesenta y ocho en Oaxaca de nombre Roberto Garay González, entonces es inconcuso que la jurisprudencia 2a./J. 33/2021 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que derivó de ese diferendo de criterios no es aplicable al caso concreto. ES ASÍ, PORQUE SE INSISTE NO SE ESTÁ ANTE UN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ORIGINADO POR UNA FALTA DE ESA NATURALEZA JURÍDICA, SINO FRENTE A UN PROCEDIMIENTO DE QUEJA ADMINISTRATIVA, CUYA GÉNESIS SON LOS ACTOS CONSIDERADOS COMO ACREEDORES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE UN NOTARIO PÚBLICO EN EJERCICIO DE LA FUNCIÓN NOTARIAL. Además, en la especie, no se aplicó la Ley General de Responsabilidades Administrativas que se indica en el referido criterio jurisprudencial vinculante, sino la Ley del Notariado para el Estado de Oaxaca, como se advierte de las manifestaciones de la parte quejosa en su escrito de ampliación del escrito inicial y de la resolución cuya notificación se combate; de ahí que el desechamiento de la demanda de amparo decretado anteriormente no se opone a lo establecido en la citada jurisprudencia. II. RESPECTO DE LA CAUSAL PREVISTA POR EL ARÁBIGO 61, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE AMPARO. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido de los dispositivos 17, 18 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]" El precepto transcrito en último orden establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente y que se entiende por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio constitucional dentro de los plazos previstos legalmente. Por otra parte, en el normativo 17 de la ley de la materia el legislador federal estableció un plazo genérico de quince días para presentar la demanda de amparo y, como excepciones a esa regla general, los casos siguientes: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, en cuyas hipótesis el plazo será de treinta días; b) Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, la demanda podrá presentarse en un plazo de hasta ocho años; c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, de la posesión o del disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, el plazo para la promoción del amparo será de siete años contado a partir de que de manera indubitable la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; y, d) Cuando el acto reclamado implique peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, a la Armada o a la Fuerza Aérea, en cuyos supuestos la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo. A su vez, el arábigo 18 de la Ley de Amparo establece tres momentos para el inicio del cómputo de los plazos (genérico y específicos) previstos por el ordinal 17 de la propia legislación, los cuales se contarán, respectivamente, a partir del día siguiente: a) A aquél en el que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la actuación o de la resolución que reclame; b) A aquél en el que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c) A aquél en el que se ostente sabedor de la actuación combatida o de su ejecución. En ese contexto, el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en el que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o de la actuación que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en el que haya tenido conocimiento de aquéllos o de su ejecución e, incluso, al en que se haya ostentado sabedor de esas actuaciones. En esa línea, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en el que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas por el precepto 18 de la ley de la materia, de lo que se sigue que esos supuestos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por otro lado, es necesario destacar que el Máximo Tribunal Constitucional de este País ha sostenido que el conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo debe estar probado de modo directo y no inferirse con base en presunciones. Ese criterio jurídico se contiene en la jurisprudencia 5 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones." También se invoca en respaldo de lo expuesto la tesis aislada emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal de este País, de contenido: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL. De acuerdo con el espíritu que informa el artículo 21 de la Ley Reglamentaria del juicio de Amparo, el conocimiento del acto reclamado por el quejoso, que sirve de base para el cómputo del término que establece dicho precepto, para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo, y no inferirse a base de presunciones." La lectura de los criterios jurisprudenciales transcritos permite establecer que el hecho de que el particular tenga un conocimiento del acto de manera directa, exacta y completa le da la posibilidad de que pueda impugnarlo en la instancia constitucional, ya que tiene a su alcance todos los elementos necesarios para poder atacar en su integridad los vicios que considera adolece y así defender sus derechos, de lo contrario podría darse el caso de que careciera de información para que estuviera en aptitud de hacerlo. Con base en lo expuesto es factible sostener que para la actualización de la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso el acto que reclama, ya que sólo de esta manera el plazo genérico de quince días que concede el artículo 17 de la ley de la materia para presentar la demanda de amparo comenzará a contarse a partir del día siguiente a aquél en el que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos, en virtud de que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el plazo de quince días mencionado deba computarse a partir del siguiente al en el que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor del acto que controvierte. Sobre el particular es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 115/2010 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." También cobra vigencia la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, que indica: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Con base en el marco referencial anterior es factible sostener que en la especie se patentiza de manera manifiesta e indudable el supuesto de inejercicio de la acción constitucional examinado, porque la demanda de amparo se presentó fuera del plazo genérico de quince días establecido por el ordinal 17 de la Ley de Amparo. Para evidenciar lo anterior es necesario recordar que conforme a lo dispuesto por el normativo 18 de la ley de la materia, uno de los tres momentos para computar ese plazo genérico es a partir del día siguiente a aquél en el que el titular de la acción constitucional haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. En los párrafos anteriores se estableció que el acto impugnado en este asunto es la notificación de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, de la resolución de veintiséis de agosto del año próximo pasado, dictada en el procedimiento administrativo 09/DGNyAGN/DJ/2017, instaurado en contra del Notario Público sesenta y ocho en esta entidad federativa de nombre Roberto Garay González. El acto descrito no es de aquellos que se enuncian en las cuatro fracciones del arábigo 17 de la Ley de Amparo; por tanto, en el caso rige el plazo genérico de quince días hábiles que señala el primer párrafo de ese precepto para la promoción del juicio constitucional. Ahora, respecto de la notificación de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, de la resolución de veintiséis de agosto del año próximo pasado, dictada en el procedimiento administrativo 09/DGNyAGN/DJ/2017, instaurado en contra del Notario Público sesenta y ocho en Oaxaca de nombre Roberto Garay González debe señalarse que la parte quejosa tuvo conocimiento de esa actuación el cuatro de diciembre de dos mil veinte, porque en esa data presentó un escrito ante la Dirección General de Notarías y Archivo General de Notarios del Estado de Oaxaca, en el que planteó el incidente de nulidad de esa notificación, de conformidad con las manifestaciones que los justiciables realizaron bajo protesta de decir verdad que constituyen los antecedentes de los actos reclamados en el diverso juicio constitucional 361/2021 del índice de este órgano de jurisdiccional y lo expuesto en los conceptos de violación, en el que se advierte que expusieron que en esa data interpusieron ese mecanismo de defensa, por lo que el plazo para presentar la demanda de amparo debe computarse a partir del día siguiente a aquel en el que los justiciables hayan tenido conocimiento de la actuación reclamada. En ese sentido, es claro que los inconformes tuvieron conocimiento de la notificación de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, de la resolución de veintiséis de agosto del año próximo pasado, dictada en el procedimiento administrativo 09/DGNyAGN/DJ/2017, instaurado en contra del Notario Público sesenta y ocho en Oaxaca de nombre Roberto Garay González el cuatro de diciembre de dos mil veinte. Para demostrar ese aserto debe indicarse que del juicio de amparo 361/2021 del control de este Juzgado Federal se advierte que Luz María Echeverría Vasconcelos, quien se ostenta con el carácter de albacea y heredera de la sucesión intestamentaria a bienes del finado Encarnación García Villagrán y por David Alejandro García Echeverría, quien se ostenta con la calidad de heredero de la citada sucesión, reclamaron el acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veinte, dictado en el procedimiento administrativo de queja 09/DGNyAGN/DJ/2017, instaurado en contra del Notario Público sesenta y ocho de nombre Roberto Garay González, en donde desechó el incidente de nulidad de la notificación de treinta y uno de agosto del año próximo pasado, planteado en ese procedimiento. En ese sumario, el catorce de abril del año en curso se desechó el escrito inicial al actualizarse de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, porque el desechamiento de la citada incidencia en el aludido procedimiento administrativo de queja no afectan sus intereses jurídicos ni legítimos. Los quejosos interpusieron el recurso de queja en contra de ese acuerdo, que está siendo tramitado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en el toca 167/2021, por haberse admitido ese medio de impugnación el catorce de mayo del año en curso, y se encuentra pendiente de resolver. Las actuaciones descritas del juicio biinstancial señalado constituyen hechos notorios para este órgano de control constitucional, en términos de lo establecido por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a lo estatuido por su numeral 2, porque se trata de un asunto que corresponde a su estadística, el cual se tiene a la vista al dictar esta determinación, por lo que se ordena agregar copia certificada de las constancias destacadas que obran en ese sumario para los efectos legales correspondientes. En respaldo de lo anterior se cita por las razones que expone la jurisprudencia 2a./J. 103/2007 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Lo anterior evidencia que los disidentes tuvieron conocimiento de la actuación combatida, es decir, de la notificación de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, de la resolución de veintiséis de agosto del año próximo pasado, dictada en el procedimiento administrativo 09/DGNyAGN/DJ/2017, instaurado en contra del Notario Público sesenta y ocho en Oaxaca de nombre Roberto Garay González el cuatro de diciembre de dos mil veinte, porque en esa data presentaron un escrito ante la Dirección General de Notarías y Archivo General de Notarios del Estado de Oaxaca, en el que plantearon el incidente de nulidad de esa notificación, lo cual implica que al interponer ese mecanismo de defensa también se enteró de la notificación de treinta y uno de agosto de dos mil veinte señalada. Luego, si los disidentes tuvieron conocimiento del acto impugnado el cuatro de diciembre de dos mil veinte, entonces el plazo genérico de quince días previsto por el arábigo 17 de la Ley de Amparo para la promoción de este juicio constitucional transcurrió del siete de diciembre de dos mil veinte, al dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Del plazo indicado se descuentan el doce, trece, así como del periodo comprendido del diecinueve al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, además, el lapso que abarca del uno al once, el dieciséis y el diecisiete, todos de enero de dos mil veintiuno, por ser inhábiles en términos de lo establecido por el arábigo 19 de la ley de la materia. En ese sentido, si la ampliación de la demanda de amparo se presentó ante la Oficialía de Partes Común de los órganos jurisdiccionales, con sede en esta localidad, el veintisiete de octubre pasado, tal como se colige del sello original de recepción puesto en la primera hoja de ese ocurso, entonces debe estimarse que ocurrió de manera extemporánea y, por ende, que este medio procesal de tutela constitucional no se promovió dentro del plazo genérico de quince días establecido por el artículo 17 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, porque entre la fecha en la que inició a correr ese plazo y la de presentación de la ampliación de la demanda de amparo transcurrió con exceso el lapso de quince días indicado, lo que conduce a establecer que los disidentes consintieron tácitamente el acto combatido al Director General de Notarías y Archivo General de Notarias y al Secretario General de Gobierno, ambos de Oaxaca, consistente en la notificación de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, de la resolución de veintiséis de agosto del año próximo pasado, dictada en el procedimiento administrativo 09/DGNyAGN/DJ/2017, instaurado en contra del Notario Público sesenta y ocho en esta entidad federativa de nombre Roberto Garay González, al haber ejercido la acción constitucional fuera del plazo genérico previsto legalmente. Entonces, si la demanda de amparo se presentó de manera extemporánea, ya que entre las datas que fueron precisadas transcurrió con exceso el plazo genérico de quince días hábiles establecido por el numeral 17 de la legislación invocada debe concluirse que la ampliación del escrito inicial en este juicio de protección de los derechos fundamentales es improcedente ante el consentimiento tácito del acto reclamado, sin que sea obstáculo que los disidentes hayan tenido conocimiento de la notificación impugnada con la vista del informe justificado dada el dieciocho de octubre pasado, porque los disidentes no pueden sustraerse del medio ordinario y extraordinario que ya hicieron valer de los que se puede advertir que tuvieron conocimiento del acto reclamado antes de la vista dada con el informe justificado. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 13 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. Contra ellos es improcedente el amparo, y debe sobreseerse en el juicio respectivo." En consecuencia, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia establecida por el arábigo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal determina desechar de plano la ampliación de la demanda de amparo presentada por Luz María Echeverría Vasconcelos, quien se ostenta con el carácter de albacea y heredera de la sucesión intestamentaria a bienes del finado Encarnación García Villagrán y por David Alejandro García Echeverría, quien se ostenta con la calidad de heredero de la citada sucesión, en contra del acto reclamado al Director General de Notarías y Archivo General de Notarias y al Secretario General de Gobierno, ambos de Oaxaca, consistente en la notificación de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, de la resolución de veintiséis de agosto del año próximo pasado, dictada en el procedimiento administrativo 09/DGNyAGN/DJ/2017, instaurado en contra del Notario Público sesenta y ocho en esta entidad federativa de nombre Roberto Garay González, en términos de lo dispuesto por el ordinal 113 de la ley de la materia. Notifíquese personalmente.
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