Luz Ma. de Jesús Ramírez Mendiola

Expediente 362/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 13 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
362/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
02/08/2019

Partes del expediente

  • Luz Ma. de Jesús Ramírez Mendiola

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Juicio de amparo: 362/2019 El dos de agosto de dos mil diecinueve, Jorge Martín Zamora González, secretario del juzgado Primero de Distrito en el estado certifica: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Que el término de diez días que establece el artículo 86 de La Ley de Amparo transcurrió para la parte quejosa del diecinueve de julio al uno de agosto del año en curso, sin que hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el dieciséis de julio del dos mil diecinueve. Que sí se tramitó incidente de suspensión, en el que se concedió la suspensión provisional. Sí existen constancias por devolver a la autoridad responsable juez Primero Mercantil de la Capital, con sede en esta ciudad. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, dos de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede de la que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio en la que se decretó el sobreseimiento; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este expediente es DESTRUIBLE, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, del citado Acuerdo General y el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es depurable el cuaderno original del incidente de suspensión, en razón de que se concedió la suspensión provisional, por tanto, guárdese por separado; por otra parte en cuanto al duplicado del incidente, realícese el mismo desglose para que en su oportunidad se lleve a cabo su destrucción, conforme al punto vigésimo, fracción III del aludido acuerdo. Asimismo, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del Acuerdo en mención. Ahora, toda vez que en el presente asunto la parte quejosa exhibió junto con el escrito registrado con el folio 6598, el original del certificado número 093787 (foja 70); por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el punto décimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, se le requiere para que dentro del término de NOVENTA DÍAS HÁBILES contado a partir del siguiente al que sea notificada del presente auto, comparezca debidamente identificada y en horas hábiles, a recibir el documento de que se trata, apercibida de que, en caso de no hacerlo, éste seguirá la suerte del presente expediente. Por último, devuélvase al juez Primero Mercantil de la Capital, con sede en esta ciudad, la constancia que remitió en apoyo a su informe justificado, consistente en la copia certificada del expediente 233/2016 (un tomo), en razón de que resulta innecesaria su retención. Notifíquese. Así lo proveyó y firma José Luis Cuevas Nolasco, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2770/2019 de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Vicky

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, siendo las DIEZ HORAS DEL DIECISÉIS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio constitucional 362/2019, estando en audiencia pública Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario que autoriza y da fe, con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo vigente, procedió a su celebración, sin contar con la asistencia de las partes ni de persona alguna que legalmente las represente. Abierta la audiencia, el secretario da lectura de la demanda de amparo, escrito de aclaración, del pedimento signado por la Agente del Ministerio Público y el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Primero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital de Zacatecas; asimismo certifica: que en este Juzgado se tramita el diverso juicio de amparo 298/2019, promovido por la quejosa Luz Ma. De Jesús Ramírez Mendiola, contra el acto reclamado al Juez Primero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital de Zacatecas, consistente en todo lo actuado dentro del juicio Ejecutivo Mercantil marcado con el número de expediente 233/2016, de su índice, mismo que se encuentra pendiente de dictar sentencia. (fojas 4 a 15, 39, 40, 54, y 72 a 74). A lo que el juez determina: Téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes, y agréguese a los autos del presente juicio copia de la boleta de turno, escrito de demanda, auto admisorio, escrito de ampliación de demanda y el respectivo auto de admisión, todos del juicio de amparo 298/2019 del índice de éste juzgado; lo anterior, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia, como hecho notorio. A continuación, en el período de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales ofrecidas la parte demandada (fojas 16 a 33 y 63 a 70); por la autoridad responsable Juez Primero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital de Zacatecas (las que obran por separado en un tomo de pruebas), así como las que se agregan como hecho notorio. El juez acuerda: en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase desahogadas las pruebas referidas, en atención a su propia y especial naturaleza. En el periodo de alegatos, el secretario da cuenta con los formulados por la representante social de la adscripción en su pedimento 636/2019 y por el tercero interesado (fojas 79 a 80). A lo que el juez determina: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse reproducidos los mismos y por perdido el derecho de las demás partes para formularlos. Al no existir diligencias pendientes de desahogar, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se levanta el acta correspondiente, y se procede a dictar al siguiente: S E N T E N C I A V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 362/2019; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. En escrito presentado el veintinueve de abril de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas Luz Ma. de Jesús Ramírez Mendiola, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que se precisan enseguida: Ordenadora: Juez Primero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital. Acto reclamado: "Todo lo actuado dentro del juicio Ejecutivo Mercantil marcado con el número 233/2016.." Preceptos constitucionales que se consideran violados. La quejosa señala como derechos fundamentales vulnerados los que tutelan los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, registrándose bajo número de expediente 362/2019; mediante auto de dos de mayo de dos mil diecinueve, previó cumplimiento a una prevención, se admitió a trámite, se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para resolver el presente juicio amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo vigente; 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclaman actos de autoridades residentes en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este Juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en los actos siguientes: Del Juez Primero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital de Zacatecas. Todo lo actuado dentro del juicio ejecutivo mercantil 233/2016, de su índice. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Juez Primero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital (fojas 54), en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo al rendir su respectivo informe justificado negó la existencia del acto que se le reclama; sin embargo, en el mismo informe hace manifestaciones que acreditan su existencia, por lo que se tiene por cierto el acto reclamado. Se justifica lo anterior, con la copia certificada del expediente 233/2016 del su índice (el cual obra por separado), que remitió con apoyo a su informe justificado. Documento que cuenta con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Por tanto, se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado. CUARTO. Causal de improcedencia. La procedencia del juicio constitucional es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el último párrafo, del artículo 62, de la Ley de Amparo vigente, y con la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X del referido ordenamiento legal, que dispone: "Articulo. 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" La fracción trascrita contempla la improcedencia del juicio de amparo cuando los actos reclamados sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. Para la actualización de esta causa de improcedencia es necesario que el diverso amparo sea promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto o actos reclamados, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos (en este último supuesto, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; subsistiendo el análisis de los actos de aplicación). En relación con la identidad de las autoridades responsables en los juicios de amparo de que se trate, debe precisarse que aun cuando exista diferencia respecto a éstas porque se señalen a diferentes autoridades ejecutoras, es posible que la causa de improcedencia se actualice en tanto el factor fundamental es que se trate del mismo acto y misma autoridad ordenadora; esto, porque a las autoridades ejecutoras sólo podrán realizar lo que la ordenara le indique, salvo que se les reclamen vicios propios. Así, esta causal impide que se realice el análisis de los actos reclamados en dos juicios de amparo diversos, lo que responde a un principio de seguridad jurídica a fin de que no se dicten sentencias contradictorias. Por tanto, cuando se reclamen actos que sean materia de otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, el segundo juicio de amparo resulta improcedente. Tampoco será impedimento para estimar actualizada la causal de improcedencia que nos ocupa, el hecho de que se encuentre o no demostrada la existencia del acto reclamado. Las consideraciones expuestas encuentran apoyo en la tesis aislada sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito del epígrafe y contenido siguientes: "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente". Ahora, como se desprende de la cuenta dada en la audiencia constitucional, se advierte que la quejosa promovió diverso juicio de amparo ante este juzgado Primero de Distrito, el cual se registró bajo el número 298/2019, en contra del mismo acto reclamado y misma autoridad responsable; y de la consulta del juicio de amparo de mérito, en lo que aquí interesa, se obtienen los siguientes antecedentes: a). En escrito presentado el uno de abril de dos mil diecinueve en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, cuyo conocimiento le correspondió, por razón de turno, a este juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, Luz Ma. de Jesús Ramírez Mendiola, por su propio derecho, la cual se admitió a trámite el dos de abril siguiente. b) Posteriormente por ocurso presentado ante este juzgado el once de abril de la presente anualidad amplió su demanda respecto de la autoridad responsable Juez Primero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital de Zacatecas, a quien le atribuyó el acto reclamado consistente en todo lo actuado dentro del juicio ejecutivo mercantil 233/2016, de su índice; ampliación que se admitió por auto de once de junio de dos mil diecinueve, y dicho asunto se encuentra pendiente de dictar sentencia respectiva. Así las cosas, es evidente que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, y en el diverso 298/2019, consiste en todo lo actuado dentro del juicio ejecutivo mercantil 233/2016, del índice del Juez Primero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital de Zacatecas. Así las cosas, y tomando en consideración lo antes expuesto, es un hecho notorio para el suscrito resolutor que la parte quejosa señala contra la misma autoridad el mismo acto reclamado que es materia de estudio del diverso juicio de amparo 298/2019. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud jurídica, la tesis de jurisprudencia XXII.J/12, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 295, Tomo V, Enero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." En ese contexto es notorio y manifiesto que en la especie durante la tramitación de este juicio constitucional cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo se actualiza la hipótesis normativa que establece el ordinal 61, fracción X, de la Ley de Amparo, y en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria en consulta, procede a sobreseer el presente juicio de amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo en vigor; se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 362/2019, promovido por Luz Ma. De Jesús Ramírez Mendiola, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable por los motivos indicados en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. ABL

  3. Principal

    Juicio de amparo 362/2019 Zacatecas, Zacatecas, once de junio de dos mil diecinueve, Jorge Martín Zamora González, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas CERTIFICA: Que del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito se advierte que existe un registro con el nombre de Sergio Solís Avitia, con número de cédula distinta a la que señala el tercero interesado Federico Medina Rodríguez. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 8034, así como con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, once de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito signado por Federico Medina Rodríguez; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, téngase a dicho tercero interesado por apersonado en el presente juicio de amparo. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el ocurso de cuenta. Ahora, señala como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, para tales efectos a Sergio Solís Avitia; sin embargo, del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se advierte que existe un registro a nombre de Sergio Solís Avitia, con número de cédula distinta a la que señala en su ocurso el promovente; por tanto, se le tiene a dicho profesionista como autorizado del tercero interesado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de la Materia, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones, así como imponerse de los autos, hasta en tanto, se proporcione a este Juzgado Federal el número correcto de la cédula profesional de Sergio Solís Avitia, a fin de estar en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda. Por último, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se le tienen formulados los alegatos que vierte, sin perjuicio de relacionarlos nuevamente en la etapa procesal que corresponda. Notifíquese personalmente al tercero interesado. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Vicky

  4. Principal

    Juicio de amparo 362/2019 El siete de junio de dos mil diecinueve, el secretario certifica que: El término de tres días concedido al tercero interesado Federico Medina Rodríguez, a fin de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, transcurrió del veintitrés al veintisiete de mayo del año en curso. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede, con el estado de los autos y con la promoción con folio 7879. Conste. Zacatecas, Zacatecas, siete de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta de la que se desprende que transcurrió el término de tres días concedido al tercero interesado Federico Medina Rodríguez, para que señalara domicilio para recibir notificaciones de carácter personal en esta ciudad, sin que lo haya hecho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de quince de mayo del año en curso y se determina que las subsecuentes que tengan el carácter de personales se le practiquen por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos de los artículos 27, fracción II y artículo 29 de la Ley de Amparo; ello, mientras no señale domicilio para tal efecto en esta ciudad. En tales condiciones, con el objeto de evitar innecesarias reposiciones, dese vista al aludido tercero interesado con el contenido del informe justificado que obra en autos; lo anterior para que se imponga de su contenido y manifieste lo que a su interés legal convenga. A fin de dar tiempo a lo expuesto y transcurra el término de ocho días a que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan las DIEZ HORAS DEL DIECISÉIS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes. Por otra parte, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes, el pedimento de cuenta signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y en atención a su contenido, con fundamento en lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele por formulando los alegatos que a su parte corresponden, sin perjuicio de hacer relación de ellos nuevamente en la audiencia constitucional respectiva. En cuanto hace a su solicitud en el sentido de que se le expida copia simple de la resolución que se dicte en el presente asunto, dígasele que una vez que se pronuncie el indicado fallo, le será expedida la copia de mérito. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. Cecy*

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