Luz María Carrasco Hernández

Expediente 844/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 10 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
844/2021
Año
2021
Actuaciones
1
Última actuación
10/09/2021

Partes del expediente

  • Luz María Carrasco Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, diez de septiembre de dos mil veintiuno. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE. Vista la demanda que promueve ********; por su propio derecho, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese la demanda bajo el número 844/2021-II-C. DESECHAMIENTO. Del análisis íntegro al escrito de demanda se advierte que la quejosa reclama, la privación de la libertad como consecuencia de la citación a la audiencia de formulación de imputación derivada de la carpeta de investigación ************. Atento a lo anterior, el juicio intentado es improcedente al advertirse que se actualiza de manera notoria y manifiesta, la hipótesis de improcedencia establecida en la fracción XII, del artículo 61, en relación con el 5º, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Precepto legal que guarda vinculación con el diverso numeral 5º, de la propia Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." En efecto, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 5º y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, contemplan el principio general de procedencia del juicio de amparo, consistente en que sólo puede promoverse si existe una afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso. Ello, en razón de que conforme a lo establecido en la primera de las disposiciones legales citadas, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien afecte el acto o la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame; esto es, la legitimación para iniciar y seguir el amparo indirecto, debe fundarse en el agravio causado por un acto de autoridad o por la ley al interés jurídico del particular, el cual debe entenderse como todo menoscabo, toda ofensa a la persona física o moral (sea de naturaleza jurídica o patrimonial) siempre que sea material y apreciable objetivamente, pues la afectación aducida debe ser real y no de carácter subjetivo. En el caso, la quejosa aduce que la citación para la audiencia de formulación de imputación reclamada, restringe directa e inmediatamente su derecho a la libertad personal, pues en caso de no comparecer, el Juez responsable, podrá girar una orden de comparecencia o aprehensión; sin embargo, dicho acto, contrario a lo que sostiene la quejosa, no le genera afectación y, por tanto, de ningún modo produce un interés jurídico o legítimo para asistir al juicio de garantías en reclamo del mismo. Para arribar a tal conclusión, al respecto conviene tener presente que, la citación a la audiencia inicial, no constituye un acto emitido dentro de juicio, pues en términos del párrafo final del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que el juicio o proceso inicia con la audiencia inicial ante el juez de Control; de ahí que, no puede considerarse como un acto emitido dentro del proceso o juicio penal. En efecto, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que el procedimiento penal comprende tres etapas, a decir: La de investigación, que a su vez, se compone de las fases de: a) investigación inicial, que inicia con la presentación de la denuncia o su equivalente, y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de Control para la formulación de la imputación; y b) La complementaria, que comprende a partir de la formulación de la imputación, hasta que se cierra la investigación. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. La de juicio, que inicia con el auto de apertura y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Por lo que, en la especie, la etapa que interesa destacar, es la de investigación inicial, que es la que comprende al auto que cita al investigado para celebrar la audiencia inicial, en la cual, se formulará imputación. Así, tenemos que el contenido de los diversos artículos 309, párrafo primero y 310, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, permiten establecer que cuando el Ministerio Público recaba los datos que le indican probablemente la comisión de uno o más hechos calificados por la ley como delito y considera que es oportuno la intervención judicial, con el objeto de resolver la situación jurídica del imputado, y únicamente, en caso de que éste no se encuentre detenido, solicitará al juez de control que lo cite para la audiencia inicial conforme al párrafo segundo del numeral 310 de la legislación en consulta. Por su parte, el numeral 141, fracción I, de la aludida codificación, prevé, entre otras, como una forma de conducción al proceso, el citatorio para la audiencia inicial. Ahora, conforme al diverso 307 del citado ordenamiento legal, en la audiencia inicial: Se informará al imputado sus derechos constitucionales y legales, si es que no éstos no se le hubieren informado con antelación. De ser el caso, se llevará a cabo el control de legalidad de la detención. Se formulará la imputación. Se dará la oportunidad de declarar al imputado. Se resolverá respecto de la solicitud de vinculación a proceso y medidas cautelares. Se definirá el plazo para el cierre de la investigación. Así, la formulación de imputación, que se desarrolla en la audiencia inicial, constituye un presupuesto necesario para transitar a la etapa intermedia o de preparación de juicio, ya que representa la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos calificados por la ley como delito. En ese sentido, aun y cuando el acto reclamado consistente en el acuerdo que ordena la citación a la audiencia inicial, constituye el vínculo para que se lleve a cabo la formulación de imputación, lo cierto es que dicha citación no le ocasiona un perjuicio a la esfera de derechos del aquí quejosa, ya que tanto el trámite, como el auto que ordena su citación, no han ocasionado alguna afectación en sus prerrogativas, como es el derecho a la libertad o algún otro. Lo anterior es así, pues la facultad que ejerce el juez de control al emitir el auto reclamado, no involucra el análisis de los hechos delictuosos, ni de la probable participación del justiciable en su comisión, pues simplemente representa un aviso de que debe comparecer ante la autoridad jurisdiccional para la práctica de una diligencia, con motivo de que el Ministerio Público solicitó que se formalice el procedimiento por medio de la intervención judicial. En efecto, el juez de Control únicamente está actuando en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, de tal modo que a la investigada (aquí quejosa), aunque le causa una molestia comparecer ante el juez de control señalado como responsable, o bien, en realidad no se le causa un perjuicio de índole jurídico, ya que en dicha fase procedimental no se le conculca derecho alguno, pues en todo caso, éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conoce de la carpeta administrativa determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión, en caso, de que así lo solicitare el Ministerio Público; considerar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al juzgador, anteponiendo el interés particular, al de la sociedad. Máxime que, en el caso, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, no sería posible emitir de manera directa una orden de aprehensión ante la incomparecencia de la investigada, pues para ello se requeriría de previa petición del Ministerio Público y de que el juez de control accediera a su emisión; circunstancia que depende de acontecimientos futuros de realización incierta. Así pues, a través del señalado acto no se surte el interés jurídico o legítimo del mismo para combatir el acto en cuestión a través del juicio de garantías, de ahí que se concluya en que se deba desechar la demanda planteada en su contra, al actualizarse la aludida causal de improcedencia. Tiene aplicación al caso, el criterio visible en la tesis 1ª./J.78/2018 (10a.), consultable en el Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 113, en relación con la fracción XII, del artículo 61, y 5º fracción I, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por***********, por encontrar en ella motivo manifiesto e indudable de improcedencia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, sin ulterior acuerdo se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Por otra parte, en relación a las personas que designa como autorizados; dígasele que estos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. EMISIÓN DE OFICIOS Y AGENDA Se instruye al oficial administrativo encargado del trámite de este expediente, así como al secretario de acuerdos y en su momento al proyectista, para que vigile la emisión de los oficios respectivos a las autoridades responsables o cualquier otra autoridad que tenga intervención en este asunto, así como los anexos respectivos que deriven de esa determinación. De igual forma, se requiere al Secretario y Oficial Administrativo, para que agenden los plazos y términos que surjan en la tramitación de este expediente, a fin de que los acuerdos respectivos se propongan a tiempo y, con ello, no se afecte el desarrollo de pronta impartición de justicia. En el mismo orden, se conmina a los actuarios para que realicen todas y cada una de las notificaciones que deriven del presente juicio en los términos que manda la ley; además, en este acto se les instruye para que verifiquen que los oficios que deriven del presente acuerdo, así como subsecuentes, se entreguen de manera correcta a sus destinatarios. APARTADO ESPECIAL PARA ACTUARIOS. De conformidad con el artículo 2, fracción XII, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se comisiona al actuario de la adscripción para que mediante notificación electrónica a través del Portal de Servicios en Línea, por oficio electrónico o digitalizado con firma electrónica, por lista electrónica según corresponda realicen las notificaciones que se emitan en el presente sumario; asimismo, para que realicen todas y cada una de las comunicaciones que deriven del presente juicio en los términos que manda la ley. Asimismo, en este acto se les instruye para que verifiquen que los oficios que deriven del presente acuerdo y subsecuentes, se entreguen de manera correcta a sus destinatarios. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES. En términos del Acuerdo General 9/2021, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 21/2020. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE. Ahora, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3°, 4°, 5°, 6° y 7°, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias, revisión de expedientes como en el caso); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. MEDIOS ELECTRÓNICOS. Finalmente, respecto a su solicitud en el sentido de autorizarle el empleo de medios electrónicos, cámaras, lectores ópticos, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de dichos medios electrónicos para la obtención de las constancias que obren en este sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que, por su naturaleza, sean de carácter confidencial o reservada, debiéndose asentar la razón de recibo respectivo; en el entendido de que el uso de las mismas es responsabilidad de la parte que las obtenga. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

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