Luz Elena Flores Agoita
Expediente 700/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 700/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/06/2023
Partes del expediente
- Luz Elena Flores Agoita
- Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM)
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, ocho de junio de dos mil veintitrés. Informe justificado Intégrese el oficio signado por el Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por medio del cual en atención al requerimiento de quince de mayo pasado, envía copia del oficio ******************** de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, mediante el cual dio contestación a la solicitud de seguro por fallecimiento de treinta y uno de marzo de********************; asimismo, adjunta copia de la constancia de notificación practicada a la parte quejosa el dieciocho de mayo del año en curso. Delegados y domicilio Con fundamento en los ordinales 9° y 28, fracción I, de la ley de la materia se tienen como delegados y domicilio procesal de las autoridades responsables los señalados en la misiva de cuenta. Acceso al expediente electrónico Asimismo, se autoriza la consulta del juicio en su versión electrónica a los usuarios "********************" e "********************" por encontrarse registrados en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese sentido, se comisiona al oficial judicial "A", para que actualice los campos respectivos a fin de que las autoridades puedan acceder al expediente electrónico. Medios adicional de contacto Se tiene como medios adicionales de contacto, los correos electrónicos señalados en el oficio que se atiende, al tratarse de medios electrónicos oficiales. Pruebas Como lo disponen los artículos 119 y 123 de la ley de la materia, se tiene como prueba del oficiante la documental que adjunta; por lo que dada su naturaleza se tiene por admitida y desahogada, debiendo dar cuenta con ella en la audiencia constitucional. Ahora, previo a emitir pronunciamiento, es dable recordar que la parte quejosa reclama: Del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios: La omisión de dar respuesta a la solicitud de seguro por fallecimiento de treinta y uno de marzo de********************, con número de folio ********************. Con base en lo anterior, es posible concluir que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De acuerdo con la transcripción anterior, el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ello, ya sea porque la autoridad responsable haya revocado el acto materia de la litis, o se haya sustituido procesalmente, cuando éste tenga el carácter de positivo; o bien, cuando la responsable realice la acción que se le reclama, en el caso de los de índole negativo u omisivo, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal forma que el acto ya no agravie al quejoso. Por lo que, el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando su objetivo ha desaparecido, el cual, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se traduce en restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, restableciendo las cosas al estado que guardaba antes de la violación. Lo anterior es así, ya que del informe de ley que rindió la responsable, así como de las constancias que anexa al mismo, se advierte que por oficio ******************** de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, se acordó lo conducente respecto de la solicitud de seguro por fallecimiento presentada por ********************, y le fue notificado a ésta el dieciocho de mayo del año en curso. Documentales a las cuales se le otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, legislación de aplicación supletoria. Por tanto, resulta inconcuso que se encuentra plenamente demostrada la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado; toda vez que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo es categórico en disponer que procede el sobreseimiento del amparo cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere aquél, y a su vez, este Juzgado Federal ha advertido que se actualizó la relativa a la fracción XXI del mismo. Así las cosas, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser las mismas de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.9/98, visible en la página 210, del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y tenor literal es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda." Consecuentemente, se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del trece de junio de dos mil veintitrés, háganse las anotaciones respectivas. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN ESTA FECHA SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO A LA PARTE QUEJOSA MEDIANTE CITATORIO, Y SE LE NOTIFICA POR LISTA LA DETERMINACIÓN DE NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS QUE DICE: Toluca, Estado de México, ocho de junio de dos mil veintitrés. Informe justificado Intégrese el oficio signado por el Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por medio del cual en atención al requerimiento de quince de mayo pasado, envía copia del oficio ******************** de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, mediante el cual dio contestación a la solicitud de seguro por fallecimiento de treinta y uno de marzo de********************; asimismo, adjunta copia de la constancia de notificación practicada a la parte quejosa el dieciocho de mayo del año en curso. Delegados y domicilio Con fundamento en los ordinales 9° y 28, fracción I, de la ley de la materia se tienen como delegados y domicilio procesal de las autoridades responsables los señalados en la misiva de cuenta. Acceso al expediente electrónico Asimismo, se autoriza la consulta del juicio en su versión electrónica a los usuarios "********************" e "********************" por encontrarse registrados en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese sentido, se comisiona al oficial judicial "A", para que actualice los campos respectivos a fin de que las autoridades puedan acceder al expediente electrónico. Medios adicional de contacto Se tiene como medios adicionales de contacto, los correos electrónicos señalados en el oficio que se atiende, al tratarse de medios electrónicos oficiales. Pruebas Como lo disponen los artículos 119 y 123 de la ley de la materia, se tiene como prueba del oficiante la documental que adjunta; por lo que dada su naturaleza se tiene por admitida y desahogada, debiendo dar cuenta con ella en la audiencia constitucional. Ahora, previo a emitir pronunciamiento, es dable recordar que la parte quejosa reclama: Del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios: La omisión de dar respuesta a la solicitud de seguro por fallecimiento de treinta y uno de marzo de********************, con número de folio ********************. Con base en lo anterior, es posible concluir que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De acuerdo con la transcripción anterior, el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ello, ya sea porque la autoridad responsable haya revocado el acto materia de la litis, o se haya sustituido procesalmente, cuando éste tenga el carácter de positivo; o bien, cuando la responsable realice la acción que se le reclama, en el caso de los de índole negativo u omisivo, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal forma que el acto ya no agravie al quejoso. Por lo que, el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando su objetivo ha desaparecido, el cual, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se traduce en restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, restableciendo las cosas al estado que guardaba antes de la violación. Lo anterior es así, ya que del informe de ley que rindió la responsable, así como de las constancias que anexa al mismo, se advierte que por oficio ******************** de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, se acordó lo conducente respecto de la solicitud de seguro por fallecimiento presentada por ********************, y le fue notificado a ésta el dieciocho de mayo del año en curso. Documentales a las cuales se le otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, legislación de aplicación supletoria. Por tanto, resulta inconcuso que se encuentra plenamente demostrada la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado; toda vez que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo es categórico en disponer que procede el sobreseimiento del amparo cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere aquél, y a su vez, este Juzgado Federal ha advertido que se actualizó la relativa a la fracción XXI del mismo. Así las cosas, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser las mismas de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.9/98, visible en la página 210, del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y tenor literal es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda." Consecuentemente, se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del trece de junio de dos mil veintitrés, háganse las anotaciones respectivas. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Toluca, Estado de México, uno de junio de dos mil veintitrés. Escrito Intégrese el escrito signado por Francisco Javier Torres Plata, autorizado de la quejosa Luz Elena Flores Agoita; mediante el cual, solicita copias simples de todo lo actuado en el presente expediente. Atento lo anterior, dígase que deberá estarse a lo acordado en el auto de quince de mayo de dos mil veintidós, en donde se autoriza a las partes la reproducción de copias fotostáticas a su costa Acceso expediente electrónico Asimismo, se autoriza la consulta del expediente en su versión electrónica a través del usuario "javiertp", por encontrarse registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por tanto, se comisiona al oficial judicial "A", para que actualice los campos respectivos a fin de que la citada parte procesal pueda acceder al expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, quince de mayo de dos mil veintitrés. Valoración Vista la certificación de cuenta y en atención a que las partes no realizaron manifestación alguna en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo aducido por las autoridades responsables, se procede a calificar el mismo. De inicio, se precisa que por sentencia de trece de marzo de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito otorgó el amparo solicitado por los quejosos Antonio Niño Pecina y Jesica Alejandra de la Torre Hernández, para los efectos siguientes: ".el Juez Septuagésimo Segundo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México: Previo a cualquier acto de privación en perjuicio de los quejosos dictados en el juicio especial hipotecario 1142/2009, seguido por Zabdi Elizabeth San Román García, en contra de Azul Cobalto Diseño y Construcciones, sociedad anónima de capital variable; se les otorgue a los quejosos su garantía de audiencia. Concesión que se hace extensiva al acto reclamado a las autoridades ejecutoras, toda vez que al resultar inconstitucional el acto reclamado a la responsable ordenadora, su ejecución es también violatoria de derechos humanos de la parte quejosa." Por auto de tres de abril de dos mil veintitrés, dicha sentencia adquirió firmeza procesal al no haber sido recurrida por las partes; de ahí que en esa fecha se requirió a las responsables para que dieran cumplimento a la misma. Luego, por auto de trece de abril del año en curso, se recibieron, entre otras constancias, el oficio suscrito por el Juez Septuagésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México, a través del cual informó que otorgó garantía de audiencia a los quejosos Antonio Niño Pecina y Jesica Alejandra de la Torre Hernández, al juicio especial hipotecario 1142/2009, seguido por Zabdi Elizabeth San Román García, en contra de Azul Cobalto Diseño y Construcciones, sociedad anónima de capital variable; concediéndoles un término de quince días, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, respecto del estado legal del inmueble ubicado en Calzada de los Corredores Número 249, Lote 12, Localidad Cacalomacán, Municipio de Toluca, Estado de México; además, refirió que dejó sin efectos el proveído de once de marzo de dos mil catorce, correspondiente a la adjudicación directa a favor de la parte actora del multicitado inmueble. Por su parte, las autoridades ejecutoras Juez y Ejecutor adscrito al Juzgado Cuarto Civil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, se abstuvieron de ejecutar el acto reclamado consistente en requerir a los quejosos, la desocupación y entrega del inmueble citado. Sin embargo, en ese mismo auto, se requirió al Juez Septuagésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México, para que aclarara el número de lote del inmueble que defienden los quejosos en la instancia constitucional. En ese tenor, por auto de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, el Juez Septuagésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México, en cumplimiento al requerimiento que se le hizo el diverso proveído trece de abril de dos mil veintitrés, aclaró que el número correcto de lote del inmueble materia de la litis es el 13; asimismo, en ese auto se requirió a dicha autoridad para que remitiera copia certificada de las cédulas de notificación correspondientes a los quejosos Antonio Niño Pecina y Jesica Alejandra de la Torre Hernández, respecto del auto de once de abril de este año, así como su aclaración de diecisiete de abril de dos mil veintitrés. En cumplimiento a dicho requerimiento, el Juez Septuagésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México, remitió la totalidad de las constancias con las que refirió haber dado cumplimiento a la sentencia amparadora, por lo que en auto de dos de mayo de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera, sin que se manifestaran al respecto. Ahora bien, atendiendo a los efectos del amparo otorgado a la parte quejosa, se estima que existe un exceso por parte de la responsable en el cumplimiento a la sentencia de amparo. Lo anterior se sostiene, pues aun y cuando es cierto que del contenido de los autos de once de abril de este año, así como su aclaración de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, ambos dictados en el expediente 1142/2009, del índice del Juez Septuagésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México; se observa que la responsable dejó insubsistente la adjudicación directa en favor de la actora en el juicio hipotecario referido, respecto del inmueble ubicado en Calzada de los Corredores Número 249, Lote 13, Localidad Cacalomacán, Municipio de Toluca, Estado de México. También es cierto que existe un exceso por parte del Juez Septuagésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México, al conceder a Antonio Niño Pecina y Jesica Alejandra de la Torre Hernández, un plazo de quince días para acudir a defender sus derechos al juicio especial hipotecario 1142/2009. Lo anterior se sostiene, partiendo de la base que, los quejosos, como terceros extraños en estricto sentido al procedimiento de origen, son ajenos a esa controversia, es decir, no son partícipes de la relación procesal que allí se integró; por tanto, el juez responsable únicamente debió dictar un auto en el que determine que, previo a cualquier acto de privación en la propiedad de los quejosos, a éstos debe concedérseles garantía de audiencia, lo cual ya ocurrió; sin embargo, el otorgamiento de esa garantía no implica que necesariamente se les llame al juicio de origen en un plazo de quince días como equívocamente lo estableció la responsable ordenadora- ya que únicamente debió ceñirse a establecer que los quejosos no podrán ser molestados en su propiedad, pues se insiste, éstos últimos no son parte formal ni material en el juicio especial hipotecario 1142/2009. Al respecto resulta aplicable en la parte conducente la tesis VII.2o.C.22 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable en la página 1381, Tomo XXIV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto siguientes: TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO. LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO DEPENDEN DEL SUPUESTO EN QUE SE UBIQUE EL QUEJOSO CON ESE CARÁCTER. En la práctica judicial se presentan diversos supuestos de persona extraña a juicio que se ha considerado conveniente clasificar con el fin de establecer, del modo más preciso posible, cuáles habrán de ser los efectos de la protección constitucional en cada una de esas hipótesis. Así, se tiene: I. Al tercero extraño stricto sensu que se identifica con la persona física o moral distinta de los sujetos que forman parte de una controversia; en esta hipótesis, al ser ajeno a la litis ventilada en el juicio, el concepto de persona extraña es menester ubicarlo como opuesto al de parte procesal. De resultar en el amparo que efectivamente el quejoso es extraño a la controversia, conforme al principio establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo, en restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación el efecto natural de la salvaguarda constitucional solamente se constreñirá en reintegrarlo en el goce de sus derechos que, involucrados en el litigio al que es ajeno, le fueron afectados; esto es, se le restituirá, por ejemplo, en el disfrute de su derecho de propiedad sobre un bien que ha sido embargado en un juicio en que no es parte; al no ser partícipe de esa relación procesal, es claro que no puede verse favorecido ni perjudicado por los actos que se lleven a cabo en la contienda. De ese modo, la concesión del amparo no implicará la nulidad de todo lo actuado en el juicio natural al que se es extraño, en mérito a que al acudir al juicio de garantías la única intención del tercero en comento es simplemente extraer de aquella controversia sus derechos; no le interesa una declaratoria de nulidad total del juicio porque, se reitera, es ajeno a la relación jurídica en él ventilada. II. El tercero extraño por equiparación que de acuerdo con la jurisprudencia se presenta con las siguientes modalidades: a) El tercero extraño equiparado simple que se define como el sujeto que es parte del juicio natural por ser el demandado, y no es llamado correctamente virtud a un ilegal emplazamiento, lo que le impidió apersonarse a fin de desplegar su defensa; bajo esa condición, evidentemente que será extraño a todo lo actuado en el pleito. En este supuesto el efecto de una sentencia protectora se traducirá simplemente en que se declare nulo el juicio a partir del inexacto emplazamiento, resultando inválidas todas las actuaciones posteriores; en materia civil, a partir de ese momento de restitución, la continuación y conclusión de la contienda quedarán sujetas al principio de derecho rogado que la rige, por lo que será la instancia de las partes la que defina la conclusión de la controversia. Virtud a lo anterior, el efecto de la sentencia de amparo no puede abarcar la orden de que se convoque adecuadamente al tercero extraño en su calidad de demandado como parte que es en aquel proceso, a fin de entablarse así la relación procesal pertinente, sino sólo ordenar la nulidad en los términos apuntados; b) El tercero extraño equiparado por litisconsorcio que a su vez se manifiesta de dos formas: por un lado, aquel que no fue señalado como demandado en el juicio natural que se identifica con la persona que sin haber sido parte de la relación procesal entablada en el juicio, acredita un interés jurídico común con la parte demandada en la controversia, lo cual le otorga el carácter de un litisconsorte pasivo necesario no llamado a juicio que de suyo evidencia la necesidad de haberla integrado a la relación jurídica para ponerla en aptitud de defender sus derechos. En esta hipótesis, el amparo que llegara a concederse por quedar corroborado el carácter de tercero en comento, habrá de tener como alcance no ordenar la reposición del procedimiento a fin de que dicha persona que no fue señalada en la demanda natural, sea emplazada junto con los demás litisconsortes; sino que, como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de la que emergió la jurisprudencia 1a./J. 79/2001 "... los alcances de la protección deberán ser para que se revoque la sentencia reclamada y se dejen a salvo los derechos de las partes ...", en mérito a que "... admitir otra postura, esto es, que se reponga el procedimiento, sería tanto como darle poderes al Juez para que supla la demanda del actor, señalando a demandados que no fueron mencionados en la demanda, y es al actor a quien corresponde redactar otra demanda en la que cite a todos los demandados, no al Juez hacerlo de oficio.". Por otro lado, dentro de este apartado de tercero extraño equiparado por litisconsorcio se presenta aquel que fue señalado en la demanda como litisconsorte pasivo necesario y, no obstante ello, no fue emplazado o se le llamó incorrectamente al juicio; caso en que al igual que el tercero extraño equiparado simple al que se hizo referencia, por virtud del principio de derecho rogado rector de la materia civil, el efecto de una concesión de amparo se constreñirá a la declaratoria de nulidad del juicio a partir del inexacto emplazamiento quedando inválidas todas las actuaciones posteriores, con la particularidad, en esta modalidad, de que tales consecuencias del fallo protector sí deben alcanzar o beneficiar a los codemandados del quejoso en el juicio natural, en tanto que constituye un acto necesario para el debido cumplimiento de la sentencia de amparo, tal como lo sustentó el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 9/96, de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO ORDENEN REPONER EL PROCEDIMIENTO, SUS EFECTOS DEBEN HACERSE EXTENSIVOS A LOS CODEMANDADOS DEL QUEJOSO, SIEMPRE QUE ENTRE ÉSTOS EXISTA LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO.". Así, los diferentes supuestos de persona extraña a juicio que se presentan en el amparo permiten afirmar que el efecto del fallo protector no puede ser el mismo en todos ellos; los alcances que deban asignarse a la protección constitucional dependerán de la ubicación del caso en específico dentro de la categorización enunciada". En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la ley de amparo, requiérase al Juez Septuagésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México, para que en el término de tres días, conforme a lo expuesto en la presente determinación, remita copia certificada de las constancias con las que acrediten el cabal cumplimiento al fallo protector, sin excesos ni defectos. En el entendido que de no cumplir con lo anterior, se hará efectivo el apercibimiento decretado en proveído de tres de abril de dos mil veintitrés, esto es, a la persona física que ostente dicho cargo, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización; lo anterior, de conformidad con el artículo 258, de la ley de la materia. Notifíquese.
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