Luz Carrasco Gutiérrez
Expediente 827/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 827/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/09/2021
Partes del expediente
- Luz Carrasco Gutiérrez
- Presidente Municipal de San Mateo Atenco
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículos 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 8.1.2, numeral 4, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado, es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.
- Principal
Toluca, Estado de México, ocho de septiembre de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Visto el escrito signado por *********** y *********, por propio derecho, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo regístrese bajo el número 827/202021-I-C. DESECHAMIENTO Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, del análisis íntegro al escrito de demanda, se obtiene que el promovente reclama de las autoridades siguientes: I.Presidente Municipal de San Mateo Atenco, Estado de México, *********** II. *************, Tesorera Municipal del Ayuntamiento de San Mateo Atenco, Estado de México III. ************Jefe de Departamento de Catastro del Ayuntamiento de San Mateo Atenco, Estado de México. De quienes relama: El acuerdo, instrucción, orden verbal o escrita para autorizar traslado de dominio del inmueble ubicado en avenida Independencia número 501, barrio La Concepción, San Mateo Atenco Estado de México con clave catastral **********, mismo que se encontraba registrado a favor de **********, y la cual cambio a la clave catastral número *************, misma que se encuentra a nombre de *******************. La emisión del oficio número *********, donde se tuvo contestación de la información solicitada a la Tesorera del Municipio de San Mateo Atenco, en el que se determinó: "se advierte sin calificar la autenticidad, validez o legalidad de los documentos con los cuales pretende hacer valer su derecho, que estas son insuficientes para acreditar la personalidad y el interés jurídico con el cual sustenta su petición. Por lo anterior con relación a su solicitud y de conformidad a lo expuesto, fundado y motivado, no procede su petición, en virtud que la información solicitada corresponde a un contribuyente con nombre distinto al del peticionario". En ese orden y conforme al estudio integral de la demanda y sus anexos, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, como se expondrá a continuación. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. [.] ." De lo anterior, se observa que la regla a fin de que se actualicen los supuestos de la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, es que en contra del acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa que pueda nulificar, modificar o revocar el acto reclamado. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses existe el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos reclamados a una autoridad diversa a los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio constitucional. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio constitucional, deban agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. En ese orden, para que se actualice la causa de improcedencia en análisis, es menester que se satisfagan los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Que dicho acto pueda ser revisado de oficio o proceda en su contra algún recurso o medio de defensa legal. c) Que por virtud de esa revisión oficiosa, recurso o medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. d) Que puedan suspenderse sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo. En ese sentido, respecto los actos reclamados consistentes en: El acuerdo, instrucción, orden verbal o escrita para autorizar traslado de dominio del inmueble ubicado en avenida Independencia número 501, barrio La Concepción, San Mateo Atenco Estado de México con clave catastral **********, mismo que se encontraba registrado a favor de ************, y la cual cambio a la clave catastral número ************, misma que se encuentra a nombre de *************. La emisión del oficio número *********, donde se tuvo contestación de la información solicitada a la tesorera ************, del Municipio de San Mateo Atenco, misma que se hizo de conocimiento que "se advierte sin calificar la autenticidad, validez o legalidad de los documentos con los cuales pretende hacer valer su derecho, que estas son insuficientes para acreditar la personalidad y el interés jurídico con el cual sustenta su petición. Por lo anterior con relación a su solicitud y de conformidad a lo expuesto, fundado y motivado, no procede su petición, en virtud que la información solicitada corresponde a un contribuyente con nombre distinto al del peticionario". Como ya se dijo la parte quejosa estaba obligada a agotar el recurso ordinario que la ley establece previo a acudir a esta vía constitucional, lo que en el caso concreto no aconteció. Se arriba a tal aserto, pues en contra de los actos reclamados en estudio procede el juicio contencioso administrativo de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Para corroborar lo anterior, se reproduce el contenido del artículo 229, fracción III, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, estatuye: "Artículo 229. Procede el juicio contencioso administrativo de nulidad en contra de: (.) III. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en los renglones administrativo y fiscal; (.) Así, resulta incuestionable que si el impetrante de amparo considera que las autoridades responsables cometieron alguna violación al realizar las actuaciones reclamadas, antes de promover su demanda de amparo, debió promover en contra de esas determinaciones juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad, medio de defensa legal que prevé el artículo 229 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Por consiguiente, es evidente que contra los actos reclamados procede el aludido juicio administrativo de nulidad (medios de defensa), toda vez que fueron emitidos por autoridades diversas a los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo; asimismo, a través de él está en condiciones de obtener la modificación, revocación o nulificación de los actos que combate. Además, el aludido medio de defensa se encuentra contenido en una ley formal y material, ya que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México fue emitido por la Legislatura del Estado de México. Aunado a ello, no exige mayores requisitos para conceder la suspensión a los establecidos en la ley de la materia, pues el artículo 194 de la legislación invocada así lo prevé. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los datos: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO. **** De ese modo, de la lectura del acto reclamado que la propia promovente exhibe, no se advierte que carezca de fundamentación, por lo que no se actualiza la excepción al principio de definitividad. Por lo antes expuesto, resulta exigible que la parte quejosa, previo a acudir al amparo indirecto, agote el medio de defensa, a través del recurso de inconformidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, por lo que, si no agotó éste, la presente demanda de amparo carece de definitividad para efectos del juicio de amparo. En consecuencia, atento a lo dispuesto por los artículos 61 fracción XX, 62, en relación con los artículos 112, 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ***********y ***********, en virtud de ser notoriamente improcedente. DOMICILIO QUEJOSOS Toda vez que las quejosas señalan como domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la residencia de este Juzgado, San Mateo Atenco, Estado de México; con fundamento en el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo se les tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se publican en los estrados de este juzgado; lo anterior hasta en tanto señale algún domicilio dentro de la residencia (Toluca), o en su defecto dentro de la zona conurbada de este Juzgado (Metepec, Zinacantepec, Almoloya de Juárez o Lerma). No obstante lo anterior, y tomando en consideración la determinación aquí emitida, se comisiona por única ocasión al actuario de la adscripción para que notifique personalmente a la parte quejosa o bien por conducto de alguno de sus autorizados el presente proveído, en el domicilio señalado en el escrito de demanda que se acuerda. AUTORIZADOS En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020). Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para hagan uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. Asimismo, en este acto se requiere a la parte quejosa y tercero interesada para que proporcione un correo electrónico y un número telefónico a efecto de poder establecer comunicación. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE. Ahora, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias, revisión de expedientes como en el caso); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En términos del Acuerdo General 9/2021, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 21/2020. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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