Luz Elena Rodríguez Meza

Expediente 1314/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 27 actuaciones registradas, la última del 20 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1314/2017
Año
2017
Actuaciones
27
Última actuación
20/03/2019

Partes del expediente

  • Luz Elena Rodríguez Meza
  • LUZ ELENA RODRÍGUEZ MEZA y Otros.
  • Alejandro Pérez Banda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el oficio en línea enviado por la Actuario del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, a través del cual transcribe el acuerdo de quince de marzo actual, dictado por el Magistrado Presidente del Tribunal de referencia, ante su Secretaria de Acuerdos, mediante el cual, acusa recibo de la comunicación oficial de once de marzo actual; asimismo, se aprecia que el incidente de inejecución de sentencia 97/2017 de su índice se encuentra archivado; consecuentemente, agréguese a sus autos para que surta los efectos legales conducentes. En este orden de ideas, en virtud de que el incidente de inejecución de previa cita se encuentra archivado y que dentro del sumario constitucional en que se actúa, el dos de abril de dos mil dieciocho se declaró cumplido el fallo protector concedido (fojas 169 a 172); con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otro lado, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, ONCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos del presente juicio biinstancial, se advierte que el ocho de junio de dos mil dieciocho, se notificó al Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, la determinación de seis de junio del año pasado, dentro de la cual, se le informó que este Tribunal Federal se encuentra imposibilitado para acatar los lineamientos establecidos en la ejecutoria de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, emitida dentro del incidente de inejecución de sentencia 97/2017, pues el fallo protector se cumplimentó el dos de abril del año que antecede, actuación que se le hizo del conocimiento el tres de abril de dos mil dieciocho, motivo por el cual, este Juzgado Federal, sigue en espera de que se determine lo conducente a fin de acordar lo que en derecho corresponda. Por consiguiente, mediante oficio que se gire al efecto, hágase del conocimiento del Magistrado de previa cita, la presente determinación. Notifíquese.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Actuario Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual remite testimonio certificado de la ejecutoria de veinticuatro de mayo de los corrientes, emitida dentro del incidente de inejecución de sentencia 97/2017, relativo al sumario constitucional 1314/2017. Ahora bien, de lo resuelto por el referido Tribunal Colegiado, se aprecia que, ordenó la devolución del juicio en que se actúa, para los efectos indicados en el último considerando de la ejecutoria de que se trata, esto es: Requiera el cumplimiento al fallo protector a las autoridades responsables, así como a las involucradas en el acatamiento de ésta, de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo, precisándole las actuaciones que deben realizar para acatar el fallo. Una vez que pase el término que se estime conveniente para que se dé cumplimiento con la sentencia, en caso de que la autoridad obligada haya sido omisa en acatar el fallo, haga efectiva la multa por desacato a la ejecutoria de amparo a cumplimentar, lo mismo que al superior jerárquico si no demuestra que dio la orden a la responsable de cumplir la ejecutoria. Una vez hecho lo anterior, espere el plazo razonable para que las autoridades cumplan con el fallo protector antes de iniciar el procedimiento de inejecución, y siempre tomando en cuenta la totalidad de actos necesarios para lograr su cumplimiento, atendiendo a la materia del fallo de concesión. Hecho lo anterior, sin que las autoridades obligadas al cumplimiento de la sentencia amparadora la acaten, resuelva lo que conforme a sus atribuciones proceda en términos de la Ley de Amparo. Por ende, realícense las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; de igual manera, acúsese el recibo de estilo. No obstante lo expuesto en la aludida ejecutoria, de los autos integrantes del cuaderno de antecedentes formado con motivo de la interposición del incidente de inejecución se aprecia que el dos de abril de dos mil dieciocho, se declaró cumplida la sentencia amparadora por parte de las autoridades responsables, hecho que en la propia fecha se ordenó hacer del conocimiento del Tribunal Colegiado oficiante, lo cual se le notificó el tres de abril de dos mil dieciocho, tal y como se aprecia de la constancia respectiva, de ahí que, este Juzgado Federal se encuentra imposibilitado para acatar los lineamientos establecidos en la ejecutoria de que se trata, pues el fallo protector ya se cumplimentó, por tanto, hágase del conocimiento del Tribunal Colegiado en comento la presente actuación para los efectos legales a que haya lugar, para lo cual, se está en espera de lo que se determine a fin de acordar lo que en derecho corresponda.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficios recibidos en este Juzgado Federal el trece de noviembre de dos mil diecisiete y veintisiete de febrero de dos mil dieciocho (fojas 127, 128 y 156 a 158), el Titular y Recaudador de Rentas, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, manifestaron la forma en que se dió cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de veintiocho de febrero del año actual (folio 159), se dio vista a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "...". Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el siete de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 70 a 84), se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó a las autoridades responsables, para los efectos siguientes: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, en relación con los preceptos 12, 13 y 14 de la citada ley; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que el Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelvan a los quejosos la cantidad de $11,536.61 (once mil quinientos treinta y seis pesos con sesenta y un centavos moneda nacional) por la inscripción registral del instrumento público y por inscripción de préstamo hipotecario, en relación con los diversos conceptos "FOM. EDUCACIÓN", "ASIST. SOCIAL" y "U.A.N.", al ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, la cantidad pagada por la justiciable, con apoyo en la Ley de Ingresos del Estado, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que los quejosos dejen de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de las fracción I, del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. 3.- De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la parte quejosa sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. Concesión de amparo que debe hacerse extensiva al acto de aplicación del artículo tildado de inconstitucional, consistente en el pago de derechos por inscripción de contrato de transmisión de la propiedad de bien inmueble con garantía hipotecaria, que está acreditado en autos, ya que resulta ilegal al ser consecuencia de la aplicación de la norma declarada inconstitucional." Ante ello, a través de los oficios recibidos por este Juzgado Federal el trece de noviembre de dos mil diecisiete y veintisiete de febrero de dos mil dieciocho (fojas 127, 128 y 156 a 158), el Titular y Recaudador de Rentas, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informaron la forma en que se dio cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, adjuntaron copia de la transferencia efectuada a la cuenta de la parte quejosa por la cantidad de $11,256.61 (once mil doscientos cincuenta y seis pesos con sesenta y un centavos moneda nacional), así como de la entrega de un cheque por el monto de $352.90 (trescientos cincuenta y dos pesos con noventa centavos moneda nacional), haciendo un total de $11,609.51 (once mil seiscientos nueve pesos con cincuenta y un centavos moneda nacional), por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $11,536.61 (once mil quinientos treinta y seis pesos con sesenta y un centavos), sin embargo el amparo se concedió únicamente para que se le devolviera el numerario de $11,256.61 (once mil doscientos cincuenta y seis pesos con sesenta y un centavos moneda nacional), que resultó de restar al primer monto citado la diversa cantidad de $280.00 (doscientos ochenta pesos) que corresponde al cobro de la cuota fija mínima sin las contribuciones adicionales previstas en la fracción I del artículo 21 de la Ley de Ingresos de que se trata, sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo, de conformidad con el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el quince de junio de dos mil diecisiete y en el mes de noviembre de dos mil diecisiete, se efectúo la devolución mediante transferencia a la parte quejosa; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de mayo a noviembre de dos mil diecisiete. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de noviembre de dos mil diecisiete entre el índice para el mes de mayo de esa misma anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de mayo de dos mil diecisiete fue de 126.091; y para el mes de noviembre de 130.044. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.031350373936284. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad remanente a devolver $11,256.61 (once mil doscientos cincuenta y seis pesos con sesenta y un centavos moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $11,609.51 (once mil seiscientos nueve pesos con cincuenta y un centavos moneda nacional); luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente al remante a devolver $11,256.61 (once mil doscientos cincuenta y seis pesos con sesenta y un centavos moneda nacional), se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $352.89 (trescientos cincuenta y dos pesos con ochenta y nueve centavos moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, devolvió a la quejosa la cantidad $11,609.51 (once mil seiscientos nueve pesos con cincuenta y un centavos moneda nacional) por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su debida actualización. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante de amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Finalmente, mediante oficio que se gire al efecto hágase del conocimiento del Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, la presente actuación para los efectos legales a que haya lugar dentro del incidente de inejecución de sentencia 97/2017.

Quedan 23 actuaciones en este expediente

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