Luz Elena Lepe Muñoz

Expediente 2418/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 17 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
2418/2019
Año
2019
Actuaciones
17
Última actuación
21/06/2021

Partes del expediente

  • Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
  • Luz Elena Lepe Muñoz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficios y anexo recibidos en este juzgado federal, el delegado del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de diecinueve de febrero del año en curso, se dio vista a la parte quejosa para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la ley de amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.". Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional por una parte se negó y de otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para que se le desincorporaran de su esfera jurídica los artículos 22, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13, de dicho ordenamiento legal; asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, le devolviera las contribuciones erogadas por la parte quejosa en relación con el pago de derechos por inscripción de documentos y la devolución de los impuestos adicionales ahí destacados. Cuya sentencia fue recurrida por una de las autoridades responsables; sin embargo, el Tribunal de Alzada por ejecutoria de catorce de agosto de dos mil veinte, desechó el medio de impugnación y decretó firme la resolución dictada por este juzgado federal. Luego, por oficio y anexos recibidos en este juzgado federal el trece de enero y dieciocho de febrero, de la presente anualidad, el delegado del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, comunicó el cumplimiento al fallo protector; es decir, el doce de febrero de dos mil veintiuno, realizó la transferencia bancaria, por la cantidad de nueve mil ciento noventa y seis pesos con tres centavos, lo cual acreditó con la impresión SPEI; asimismo, acompañó el libelo en que se aprecian las operaciones aritméticas utilizadas para determinar dicho monto. Ahora, a fin de evidenciar que la citada suma se encuentra actualizada, se atiende a que, de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, establece que tratándose de actualización debe atenderse el mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, mientras que la responsable devolvió la cantidad respectiva el doce de febrero de dos mil veintiuno, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de septiembre de dos mil diecinueve al mes de febrero de la presente anualidad. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de agosto de dos mil diecinueve entre el índice para el mes de enero de dos mil veintiuno (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de enero de dos mil veintiuno fue de 109.271 y para el mes de agosto de dos mil diecinueve fue de 103.67, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.054027201697695. Luego, el monto de pago fue de $9,196.03 (nueve mil ciento noventa y seis pesos con tres centavos), por inscripción de documento y de préstamo hipotecario, al cual para realizar la devolución debió multiplicarse dicho monto por el factor de actualización y se le debe restarse la cuota mínima a pagar de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), que dan un resultado de $9,402.86 (nueve mil cuatrocientos dos pesos con ochenta y seis centavos moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la autoridad responsable debía devolver a la parte quejosa la cantidad de $9,402.86 (nueve mil cuatrocientos dos pesos con ochenta y seis centavos moneda nacional); luego, la autoridad le cubrió a la parte quejosa la cantidad de $9,387.20 (nueve mil trescientos ochenta y siete pesos con veinte centavos moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados a la quejosa, en términos del numeral 196 de la ley de amparo; no obstante que le faltó a la autoridad devolverle un monto de quince pesos con sesenta y seis pesos; sin embargo, a nada practico llegaría requerirle por dicha devolución a la autoridad, dado que implica un mayor gasto económico para la quejosa por una devolución que más que traducirse en un aumento en su patrimonio, sería un detrimento el solo irlo a recoger. Motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se CONCEDIÓ el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa el amparo; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó. Notifíquese.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficios y anexo recibidos en este juzgado federal, el delegado del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de diecinueve de febrero del año en curso, se dio vista a la parte quejosa para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la ley de amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.". Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional por una parte se negó y de otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para que se le desincorporaran de su esfera jurídica los artículos 22, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13, de dicho ordenamiento legal; asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, le devolviera las contribuciones erogadas por la parte quejosa en relación con el pago de derechos por inscripción de documentos y la devolución de los impuestos adicionales ahí destacados. Cuya sentencia fue recurrida por una de las autoridades responsables; sin embargo, el Tribunal de Alzada por ejecutoria de catorce de agosto de dos mil veinte, desechó el medio de impugnación y decretó firme la resolución dictada por este juzgado federal. Luego, por oficio y anexos recibidos en este juzgado federal el trece de enero y dieciocho de febrero, de la presente anualidad, el delegado del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, comunicó el cumplimiento al fallo protector; es decir, el doce de febrero de dos mil veintiuno, realizó la transferencia bancaria, por la cantidad de nueve mil ciento noventa y seis pesos con tres centavos, lo cual acreditó con la impresión SPEI; asimismo, acompañó el libelo en que se aprecian las operaciones aritméticas utilizadas para determinar dicho monto. Ahora, a fin de evidenciar que la citada suma se encuentra actualizada, se atiende a que, de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, establece que tratándose de actualización debe atenderse el mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, mientras que la responsable devolvió la cantidad respectiva el doce de febrero de dos mil veintiuno, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de septiembre de dos mil diecinueve al mes de febrero de la presente anualidad. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de agosto de dos mil diecinueve entre el índice para el mes de enero de dos mil veintiuno (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de enero de dos mil veintiuno fue de 109.271 y para el mes de agosto de dos mil diecinueve fue de 103.67, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.054027201697695. Luego, el monto de pago fue de $9,196.03 (nueve mil ciento noventa y seis pesos con tres centavos), por inscripción de documento y de préstamo hipotecario, al cual para realizar la devolución debió multiplicarse dicho monto por el factor de actualización y se le debe restarse la cuota mínima a pagar de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), que dan un resultado de $9,402.86 (nueve mil cuatrocientos dos pesos con ochenta y seis centavos moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la autoridad responsable debía devolver a la parte quejosa la cantidad de $9,402.86 (nueve mil cuatrocientos dos pesos con ochenta y seis centavos moneda nacional); luego, la autoridad le cubrió a la parte quejosa la cantidad de $9,387.20 (nueve mil trescientos ochenta y siete pesos con veinte centavos moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados a la quejosa, en términos del numeral 196 de la ley de amparo; no obstante que le faltó a la autoridad devolverle un monto de quince pesos con sesenta y seis pesos; sin embargo, a nada practico llegaría requerirle por dicha devolución a la autoridad, dado que implica un mayor gasto económico para la quejosa por una devolución que más que traducirse en un aumento en su patrimonio, sería un detrimento el solo irlo a recoger. Motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se CONCEDIÓ el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa el amparo; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó. Notifíquese.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Téngase por recibido el comunicado de cuenta suscrito por el delegado de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual informa que el recurso para el pago a la quejosa en cumplimiento a la sentencia concesoria del amparo, será liberado hasta febrero de este año, por lo que solicita una prórroga considerable a efecto dar el acatamiento referido; por lo tanto, agréguese a sus autos para los efectos legales conducentes. Al respecto, dígase que no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que el fin que se persigue en el presente caso es que se restituya el goce del derecho humano violado a la disidente, por lo que, en estricto acatamiento a los efectos de la sentencia de amparo, la responsable deberá restituir la cantidad erogada con motivo del precepto declarado inconstitucional debidamente actualizada; esto es, se encuentra obligada a realizar las gestiones necesarias para dar debido cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo. Máxime, que en ejecutoria de cuatro de septiembre de dos mil quince, dictada en los autos del recurso de inconformidad número 18/2015, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, determinó, entre otras cosas, que la autoridad recaudadora es la encargada de llevar a cabo la devolución del monto equivalente a la contribución fiscal reclamada en el juicio; por tanto, en atención a ésta, debe: a) Devolver a la parte quejosa la cantidad establecida en la sentencia amparadora; b) Poner a su disposición el numerario a entregar y c) Notificarle que ha quedado a su disposición la cantidad respectiva para que desde ese momento esté en aptitud de recibirla. Por tanto, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo, infórmese a la oficiante que dentro del plazo concedido en autos de cumplimiento a la sentencia concesoria, en la inteligencia de que continúan vigentes los apercibimientos efectuados en autos. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el escrito de cuenta signado por la quejosa ¨¨, mediante el cual acompaña el recibo con acuse en original de los datos proporcionados a la autoridad responsable a fin de que cumpla con la sentencia concesoria del amparo; en consecuencia, agréguense a sus autos para los efectos legales conducentes. En consecuencia, de conformidad con los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al Recaudador de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, acate la sentencia concesoria en los términos indicados; en la inteligencia, de que le subsisten los apercibimientos efectuados en autos. NOTIFÍQUESE.

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