Luz Elena González Benítez
Expediente 2217/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2217/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/10/2019
Partes del expediente
- Luz Elena González Benítez
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibida la copia del ocurso signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Investigadora Tepic de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Nayarit, mediante el cual solicita copia certificada de la totalidad de constancias que integran el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 1874/2018. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo por disposición de su arábigo 2º, se autorizan las copias certificadas que solicita, del cuaderno de antecedentes que obra en autos, a su costa, previa identificación y constancia que de recibo deje en autos el promovente. Notifíquese.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación a la vista otorgada mediante proveído de veintinueve de agosto del año en curso (foja 81); en consecuencia, toda vez que según se advierte de la certificación asentada por el Secretario de este Juzgado, ha transcurrido el término que se concedió para tal efecto, por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia cuyo rubro es: Así pues, mediante resolución emitida el veintiuno de junio actual (fojas 34 a 47), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: De lo anterior se colige que el acto que debía realizar las autoridades responsables para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: A). Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en el artículo 24, fracción II de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, en relación con los preceptos 11, 12 y 13 de la citada ley; asimismo, para que fueran desincorporados de su esfera jurídica. B). Devolverle a la parte quejosa las contribuciones erogadas por la amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en el recibo fiscal 1952770, de veintidós de abril de dos mil diecinueve, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de dicho pago se haya hecho a la quejosa, lo que debe incluir la actualización fiscal correspondiente. Luego, a través del oficio y anexo presentado por la autoridad responsable a través de su delegada (fojas 79 y 80), informó a este Juzgado Federal la forma en que dio cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, en el comunicado de mérito, adjuntó constancia de transferencia en la que se advierte que devolvió a la parte quejosa la cantidad de $18,667.11 (dieciocho mil seiscientos sesenta y siete pesos 11/100 moneda nacional), que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria del amparo. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad de $18,629.12 (dieciocho mil seiscientos veintinueve pesos 12/100 moneda nacional), cantidad ésta sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintidós de abril de dos mil diecinueve y en el veintitrés de agosto de la presente anualidad, se efectúo la devolución mediante transferencia electrónica a la parte quejosa; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de abril de dos mil diecinueve a agosto de la presente anualidad; sin embargo, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado, esto es el mes de julio de dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de marzo de dos mil diecinueve entre el índice para el mes de julio de esa misma anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo de dos mil diecinueve fue de 103.476; y para el mes de julio actual de 103.687. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.00203. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad de $18,629.12 (dieciocho mil seiscientos veintinueve pesos 12/100 moneda nacional), que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria del amparo, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $18,666.93 (dieciocho mil seiscientos sesenta y seis pesos 93/100 moneda nacional); luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente al pago efectuado $18,629.12 (dieciocho mil seiscientos veintinueve pesos 12/100 moneda nacional), se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $37.81 (treinta y siete pesos 81/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que devolvió a la quejosa la cantidad $18,667.11 (dieciocho mil seiscientos sesenta y siete pesos 11/100 moneda nacional), por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su debida actualización. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido al aludido agraviado en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Por otro lado, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado para remitirse al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en turno, a fin de que sustancie el recurso de revisión interpuesto en autos; entonces, como se ordenó en proveído de cinco de septiembre de dos mil diecinueve (foja 107), remítase el original del presente juicio de amparo, así como el original del escrito de agravios al órgano colegiado correspondiente, por conducto de su oficina de correspondencia común, para la tramitación del citado medio de impugnación interpuesto por Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit en representación del Recaudador de Rentas de dicha dependencia, contra la sentencia de catorce de agosto del presente año (fojas 69-91). CÚMPLASE.
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