Luz del Carmen Machuca Pérez

Expediente 729/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
729/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
01/09/2022

Partes del expediente

  • Luz del Carmen Machuca Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; uno de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, en razón de que el cumplimiento de la sentencia amparadora no implica por parte de éste la realización de algún acto concreto de ejecución. Notifíquese.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; tres de agosto de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Luz del Carmen Machuca Pérez, por su propio derecho, contra actos del Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Acapulco de Juárez, Guerrero. Regístrese en el libro de gobierno con el número 729/2022, y fórmese expediente. IMPROCEDENCIA El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "(...) El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama el auto de catorce de junio de dos mil veintidós, en la parte en la que la junta responsable determinó no admitir la prueba e reproducción de la grabación de audio y video en la memoria USB, ofrecidas por la aquí quejosa en juicio laboral 835/2022. Precisado lo anterior, el juicio de amparo es improcedente al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Fracción XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) Fracción V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..." Del numeral citado en primer término, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la Constitución Federal o de la Ley de la materia. Respecto a la segunda de las disposiciones legales, en ésta se establece que los actos cuyos efectos son de imposible reparación, son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y los Tratados Internacionales; es decir que producen una afectación material a dichos derechos, por lo que ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior; esto de acuerdo con la Jurisprudencia 1/2016 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 15 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, Décima Época, Materia Común, del rubro y texto siguiente: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo". Bajo ese contexto, para calificar la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente (que se distingue de una violación formal) un derecho sustantivo (de naturaleza distinta de los derechos adjetivos) protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. En este asunto, como ya se adelantó, el acto reclamado lo constituye el auto de catorce de junio de dos mil veintidós, en la parte en la que la junta responsable determinó no admitir la prueba e reproducción de la grabación de audio y video en la memoria USB, ofrecidas por la aquí quejosa en juicio laboral 835/2022; actuación que no produce una afectación material a un derecho sustantivo, sino que se trata de un derecho de naturaleza formal, adjetiva o procesal, dado que versa sobre la recepción de las pruebas en el juicio de origen, situación que por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto, en virtud de que sus consecuencias como ya se explicó no son de imposible reparación al no violarse derechos sustantivos; aunado a que dicha determinación de resultar contraria a sus intereses, estaría en opción de plantear la cuestión que ahora controvierte junto con la sentencia que se emita en el juicio natural en caso de serle adversa. En esas condiciones, si la resolución reclamada no satisface las condiciones para que sea considerada como un acto dentro del procedimiento que tenga una ejecución irreparable, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia que se analiza; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera a trámite la demanda y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto, lo procedente es desechar la demanda de amparo. Sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que la parte quejosa también haya aducido en el apartado relativo a los actos reclamados, la dilación procesal, pues de los antecedentes narrados se observa que ello derivó de la reserva de la responsable para pronunciarse sobre la admisión de las pruebas ofertadas por las partes en el juicio natural; sin embargo, dado que dicha reserva fue levantada precisamente con la emisión del auto reclamado, no se observa que se esté ante un acto destacado susceptible de analizarse en la instancia constitucional. INFORMACIÓN GENERAL. De conformidad con los artículos 22, fracción I, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado por sus similares 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/022 y 9/2022, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración los avances tecnológicos, continúen con la tramitación de este asunto mediante el esquema de "juicio en línea". En la inteligencia que para ello, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que este órgano jurisdiccional debe autorizar, para lo cual proporcionarán el nombre de usuario para el uso del sistema de los servicios en línea. De igual manera, acorde con el artículo 5, fracción I y 22, fracción II, del citado Acuerdo General 21/2020 tratándose de comunicaciones no procesales se puede brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, por lo que se les invita para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrase y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Del mismo modo, se le informa que acorde al numeral 3 del referido Acuerdo General 21/2020, para la consulta del expediente de manera física previamente deberán generar una cita, para lo cual habrán de ingresar al Portal de Servicios en Línea en el micrositio de "Servicios Jurisdiccionales", en el apartado "Agenda OJ", a fin de obtener fecha y hora para tal fin, y una vez concluido el proceso el sistema les proporcionara un Código QR que permitirá su ingreso al órgano jurisdiccional (y en su caso el de otra persona autorizada al expediente), mismo que estará condicionado a que quien acuda se identifique como la persona a cuyo nombre se generó la cita. En el entendido de que el acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No obstante lo anterior, en la planta baja del edificio A, en que se encuentra este órgano jurisdiccional se habilitara una Oficialía de Partes Común para la recepción de promociones presentadas físicamente para el público en general y para quien carece de una cita, ello de conformidad con el artículo 12 del citado Acuerdo General 21/2020. Además, se le informa que, dado el contexto de emergencia derivado de la actual situación sanitaria, tomando en consideración que el referido Acuerdo General 21/2020 y demás acuerdos que lo reforman, son de conocimiento público, el cual privilegia el uso de herramientas digitales, así como la salud de las personas justiciables y del personal jurisdiccional y ante la necesidad de permitir la continuación del trabajo jurisdiccional, las notificaciones de las determinaciones que en este asunto se dicten, se les practicarán por lista, salvo aquellas previstas por el artículo 26 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Quebrada número 39, segundo piso, despacho 6, colonia Centro, en esta ciudad; y dada la naturaleza como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que designa en su demanda. EXPEDIENTE Y MEDIOS ELECTRÓNICOS. Asimismo, como lo solicita se le autoriza la consulta del expediente electrónico en el presente asunto, por medio de la cuenta de usuario que proporciona (RONYOZUNA), por lo que désele de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal. De igual forma, en términos del artículo 5, fracción I, en relación con el 22, fracción II del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia, así como a los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial, por su similar 9/022, téngase como datos de contacto de su parte para comunicaciones no procesales el correo electrónico y el número telefónico que proporciona. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente.

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