Luz Ma. Arizmendi Carbajal
Expediente 323/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 13 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 323/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 23/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Luz Ma. Arizmendi Carbajal
- Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, mediante el cual devuelve el juicio de amparo en que se actúa; asimismo, remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada con motivo del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia definitiva dictada por este juzgado; en tal virtud, agréguense al expediente principal, el cuaderno de antecedentes que se formó, el incidente de suspensión, el oficio de cuenta y testimonio de referencia. Acúsese recibo. Hágase saber a las partes que el punto resolutivo es del tenor literal siguiente: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida". SEGUNDO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Luz Ma. Arizmendi Carbajal, contra el acto y la autoridad precisados en el resultando primero de la presente ejecutoria." Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, con excepción de la demanda de amparo y sentencia respectiva, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual término, es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la carátula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Finalmente, de autos se aprecia que mediante oficio 016, la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, rindió su informe justificado, adjuntando como sustento al mismo el duplicado del expediente 1532/2014-I; por tanto, debido a lo innecesario que continúen a disposición de este juzgado las referidas constancias, y en obvio de mayores dilaciones previo desglose de las mismas, devuélvanse a su lugar de origen. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; diecisiete de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio de cuenta mediante el cual el Secretario de Acuerdos del tribunal de alzada comunica que se admitió el recurso de revisión.
- Principal
Acapulco, Guerrero, a catorce de julio de dos mil dieciséis. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por la quejosa Luz Ma. Arizmendi Carbajal, por medio del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, y expresa los agravios que en su concepto la misma le causan; por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86 y 88 de la Ley de Amparo; agréguese a estos autos una de las copias exhibidas y distribúyanse las restantes entre las demás partes para su conocimiento; asimismo, fórmese cuaderno de antecedentes, debiendo certificar las constancias más relevantes. Una vez que esté debidamente integrado, dentro del plazo a que se refiere el artículo 89 de la ley de la materia, remítase el expediente al Tribunal Colegiado de este Circuito que por turno y materia corresponda, así como el original del diverso de agravios y copia de éste para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese Cuerpo Colegiado, para el efecto de que se substancie el citado recurso.
- Principal
SÍNTESIS. VISTOS; para pronunciar sentencia en los autos del juicio de amparo número 323/2016 RESULTANDO PRIMERO. Por escrito recibido el treinta de marzo de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, remitido ese mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo, Luz Ma. Arizmendi Carbajal, contra las autoridades y por el acto que enseguida se mencionan: AUTORIDADES RESPONSABLES Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares. Primera Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares. Secretario actuario adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares. Todos residentes en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS "A).- DE LA ORDENADORA C. JUEZ TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE TABARES, DEL ESTADO DE GUERRERO. POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL, TODO LO ACTUADO EN EL JUICIO DE DIVORCIO INCAUSADO, QUE SE IDENTIFICA CON EL EXPEDIENTE NUMERO 1532/2014-I, QUE SE VENTILA EN EL JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES EN EL ESTADO DE GUERRERO, PROMOVIDO POR EL C. RICARDO ALFREDO GALEANA TORRES, EN CONTRA DE LA PETICIONARIA DE GARANTÍAS, COMPRENDIENDO TODAS LAS FASES DEL MISMO, PUES SE DECLARÓ DISUELTO LA SOCIEDAD CONYUGAL, Y LAS PRESTACIONES RECLAMADAS POR EL ACTOR SIN QUE HUBIESE SIDO LLAMADA LEGALMENTE A JUICIO. B).- DE LA EJECUTORA: 1.- DEL SECRETARIO ACTUARIO LICENCIADO FRANCISCO JAVIER RANGEL SANTANA, ADSCRITO AL JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE TABARES, RECLAMO: EL ILEGAL EMPLAZAMIENTO, REALIZADO EN EL JUICIO DE DIVORCIO INCAUSADO, QUE SE IDENTIFICA EN EL EXPEDIENTE NUMERO 1532/2014-1, QUE SE VENTILA EN EL JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE TABARES, PROMOVIDO POR EL C. RICARDO ALFREDO GALEANA TORRES, EN CONTRA DE LA PETICIONARIA DE GARANTÍAS, ASÍ COMO LOS DEMÁS EFECTOS QUE PRODUZCAN O PUEDAN PRODUCIR ESA ILEGAL ACTUACIÓN. 2.- DE LA PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS ADSCRITA AL JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE TABARES, RECLAMO. POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL, TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTUACIONES PRACTICADAS A PARTIR DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO REALIZADO EN EL JUICIO DE DIVORCIO INCAUSADO QUE SE IDENTIFICA EN EL EXPEDIENTE NUMERO 1532/2014-I, QUE SE VENTILA EN EL JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES EN EL ESTADO DE GUERRERO, PROMOVIDO POR EL C. RICARDO ALFREDO GALEANA TORRES, EN CONTRA DE LA PETICIONARIA DE GARANTÍAS, COMPRENDIENDO TODAS LAS FASES DEL MISMO, PUES SE DECLARÓ DISUELTO LA SOCIEDAD CONYUGAL, Y LAS PRESTACIONES RECLAMADAS POR EL ACTOR SIN QUE HUBIESE SIDO LLAMADA LEGALMENTE A JUICIO. 3.- DEL SECRETARIO ACTUARIO LICENCIADO FRANCISCO JAVIER RANGEL SANTANA ADSCRITO AL JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE TABARES, RECLAMO: POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL, TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTUACIONES PRACTICADAS A PARTIR DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO REALIZADO EN EL JUICIO DE DIVORCIO INCAUSADO QUE SE IDENTIFICA EN EL EXPEDIENTE NUMERO 1532/2014-I, QUE SE VENTILA EN EL JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES EN EL ESTADO DE GUERRERO, PROMOVIDO POR EL C. RICARDO ALFREDO GALEANA TORRES, EN CONTRA DE LA PETICIONARIA DE GARANTÍAS, COMPRENDIENDO TODAS LAS FASES DEL MISMO, PUES SE DECLARÓ DISUELTO LA SOCIEDAD CONYUGAL, Y LAS PRESTACIONES RECLAMADAS POR EL ACTOR SIN QUE HUBIESE SIDO LLAMADA LEGALMENTE A JUICIO. (.) C.- DE TODAS LAS AUTORIDADES RECLAMO TODOS LOS EFECTOS QUE PRODUZCAN O PUEDAN PRODUCIR, LOS ACTOS RECLAMADOS, COMO CONSECUENCIAS DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO A JUICIO". SEGUNDO. Por acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo registrada en el libro de gobierno respectivo con el número 323/2016, se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, se ordenó notificar al tercero interesado el inicio de este juicio; se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en razón de que se reclaman actos derivados de un juicio del orden familiar en el que la quejosa se ostenta como tercera extraña por equiparación, y que se tramita por autoridades con sede en la jurisdicción de este órgano constitucional. SEGUNDO. La parte quejosa refirió tener conocimiento de la existencia del juicio de origen en el cual se dictó sentencia ejecutoriada, cuando al acudir ante el juzgado de primera instancia a revisar dicho expediente, se percató de ello; en tal virtud, al surtir efectos ese mismo día, el término para promover el juicio de amparo le transcurrió del dieciséis de marzo al doce de abril del año en curso, descontándose como días inhábiles el diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete de marzo, dos, tres, nueve y diez de mayo pasado por ser inhábiles; por lo que al haberse presentado la demanda el treinta de marzo del presente año, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días que establece el numeral 17 de la Ley de Amparo. TERCERO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa esencialmente reclama el emplazamiento efectuado el veintisiete de noviembre de dos mil catorce, en autos del juicio de divorcio incausado número 1532/2014-1, promovido por el aquí tercero interesado Ricardo Alfredo Galeana Torres y como efecto reflejo todos los actos realizados con posterioridad incluida la sentencia ahí pronunciada; sin embargo, el acto destacado sometido a estudio es el referido emplazamiento, al no apreciar argumento alguno que atribuya vicios propios en contra de los restantes. CUARTO. Son ciertos los actos reclamados a la Juez, la Primera Secretaria de Acuerdos y el Secretario Actuaria todos del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, residentes en esta ciudad, por así haberlo señalado la primera de ellas al rendir su informe con justificación, el cual hicieron suyo las restantes. Lo que además se corrobora de las actuaciones procesales del juicio de divorcio incausado 1532/2014-I, cuyo duplicado remitió como justificación a su informe la Juez responsable; la cual dada su naturaleza de documento público tiene pleno valor probatorio, de conformidad con dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Antes del estudio del fondo de la controversia de naturaleza constitucional que nos ocupa, se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes o de oficio se adviertan, por ser cuestión de orden público y estudio preferente en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, cuya literalidad es la siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II.-La autoridad responsable, teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)" El primero de los preceptos mencionados establece que el juicio de amparo es improcedente además cuando ésta resulte de alguna disposición de la Constitución o de la Ley de Amparo; por su parte el segundo, que tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría, o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En esa tesitura, el juicio promovido contra la Primera Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, es improcedente, habida cuenta que para los efectos del presente juicio de amparo, dicha funcionaria no tiene el carácter de autoridad, puesto que la función que jurídicamente realiza se constriñe a autorizar y dar fe de lo actuado por el Juez responsable, por lo que sólo es una fedataria, sin imperio ni facultad decisoria. En efecto, no obstante que el aludido funcionario encuentra en una norma legal (artículos 52 y 59, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 129) el sustento de sus intervenciones en el juicio de origen, en el caso concreto, la conducta de la responsable de referencia dentro del juicio de origen consistió únicamente en dar fe de los acuerdos emitidos por la Titular del Juzgado de su adscripción; de ahí que su actuación no se derive el despliegue de conducta alguna por virtud de la cual haya creado, modificado o extinguido situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, ni mucho menos la afectación a la esfera legal de la parte quejosa; por ende, no puede ser considerado como autoridad para los efectos del juicio de amparo, dado que de ese acto no deriva alguna facultad de decisión o determinación con la que sí cuenta el Juzgador al emitir sus determinaciones, ni tampoco una relación de supra a subordinación; más aún cuando se advierte que el emplazamiento reclamado fue realizado por un funcionario diverso. Consecuentemente, con apoyo en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en relación con el indicado artículo 5, fracción II, del mismo ordenamiento legal, resulta improcedente el presente juicio promovido contra actos de la aludida Primera Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, y, lo procedente, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63 de la ley de la materia, es sobreseer en el juicio a su respecto. Tiene aplicación por analogía la jurisprudencia I.2o.P. J/20 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 87, tomo VII, Enero de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Si bien es cierto que de acuerdo a los artículos 64, fracción III, 79 y 80 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, entre las facultades del secretario de acuerdos se encuentra la de autorizar toda clase de resoluciones dictadas por el juez; empero, dicha función asignada no implica que resuelva conjuntamente con el juzgador, quien es el único responsable de su fallo, y solamente, el referido secretario autoriza, en función de fedatario, sin imperio ni facultad decisoria; consecuentemente, esa autoridad, en forma autónoma, no puede adquirir la jerarquía de responsable para los efectos del juicio de garantías, por lo que es improcedente dicho juicio por el acto que se le reclama." SEXTO. Al no existir diversa causal que analizar, previo al estudio de los conceptos de violación, se estima necesario hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, derivados del juicio de divorcio incausado remitido por el Juez responsable como apoyo a su informe justificado valorado en el considerando cuarto. 1. Por escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede esta ciudad, el aquí tercero interesado Ricardo Alfredo Galeana Torres, por derecho propio, promovió juicio de divorcio incausado, en contra de la quejosa (foja 23 a 77). 2. Por auto de diecinueve de noviembre de dos mil catorce, el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, admitió la demanda planteada bajo el número de expediente 1532/2014-I, y entre otras cosas, se ordenó correr traslado a la parte demandada Luz Ma. Arizmendi Carbajal y emplazarla a juicio, para lo cual se comisionó al actuario de su adscripción. 3. El veintisiete de noviembre de dos mil catorce, la Secretaria Actuaria responsable llevó a cabo el llamamiento a juicio de la quejosa, en el domicilio señalado para ese efecto, por conducto de Cecilia Álvarez Peña quien refirió ser primera de la persona buscada y que dicho inmueble que habita tanto la persona buscada como la misma; le corrió traslado con la cédula de notificación y copia simple de la demanda y anexos, misma que firmó su recibo (fojas 155 y 156). 4. Posteriormente, en auto de nueve de enero de dos mil quince, se declaró la rebeldía de la demandada al no contestar la demanda dentro del término concedido, consecuentemente, se ordenó hacerle las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal por medio de estrados, con excepción de la sentencia definitiva y se señaló fecha para la audiencia previa y de conciliación (foja 85), misma que tuvo verificativo el veintiséis de febrero de dos mil quince, a la cual no compareció la parte demandada y se citó a las partes para oír sentencia (foja 91). 5. El cinco de marzo de dos mil quince, se dictó sentencia definitiva en la que se declaró disuelto el vínculo matrimonial que unía a la quejosa y al tercero interesado, así como disuelta la sociedad conyugal, cuya liquidación se tramitará vía incidental (fojas 92 a 95), misma que se notificó a la demandada el diez de junio de dos mil quince, en el mismo domicilio en el que fue emplazada por conducto de Cecilia Álvarez Piña, quien refirió ser su prima (fojas 97 y 98). 6. El diez de julio de dos mil quince, causó ejecutoria la resolución que declaró disuelto del vínculo matrimonial. Ahora bien, el peticionario de amparo, en sus motivos de disenso aduce transgresión en su perjuicio de las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el emplazamiento practicado en el juicio de origen se realizó de forma defectuosa; ya que si bien, la diligencia se practicó en su domicilio, no conoce a la persona con la cual se entendió la misma, a pesar que ésta refirió ser su familiar y a quien se le entregó la cedula de notificación, así como los demás documentos, los que no le fueron entregados, sin que se cerciorara de que aquélla viviera en dicho domicilio; lo cual originó que no se le diera la oportunidad de alegar y de ofrecer pruebas. SÉPTIMO. Establecidos los antecedentes del acto reclamado, así como el concepto de violación, se cita el siguiente marco normativo. En los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los que se encuentran consagradas las garantías de legalidad y seguridad jurídica que todo acto de autoridad debe colmar; así, la primera de las garantías en comento se traduce en el hecho de que la autoridad responsable respete las formalidades esenciales del procedimiento, fundando y motivando su actuar; es decir, para lo que interesa en el presente asunto, conforme a lo establecido en el primero de los numerales transcritos, todo gobernado goza de la garantía de audiencia frente a la actuación del poder público, por virtud del cual, el particular tiene derecho a ser oído antes de la realización del acto de privación, a la vez que tiene un derecho genérico a la defensa, que se manifiesta comúnmente en la promoción de recursos y juicio ordinarios e inclusive del juicio de amparo; es decir, para que una autoridad cumpla con la garantía de audiencia que consagra el citado numeral, se requiere que previamente a cualquier acto de privación aquélla observe las formalidades esenciales del procedimiento que dicho precepto concede, y que se traduce en la oportunidad de ser oído en defensa de sus intereses y ofrecer las pruebas que a su derecho convenga. Mientras que el artículo 16 de nuestra Carta Magna dispone que nadie puede ser molestado en sus propiedades sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, siendo éste un requisito esencial para que el acto de autoridad cumpla con las formalidades que para tal efecto señala la ley, con la finalidad de que el gobernado esté en aptitud de enterarse de la causa legal del procedimiento. Asimismo, se cita el contenido de los artículos 3, 44, 48, párrafo primero de la Ley de Divorcio del Estado de Guerrero, que establecen: "ARTÍCULO 3. Todos los casos relativos al divorcio se substanciaran conforme a las disposiciones y procedimientos establecidos en la presente Ley, aplicándose en su caso las disposiciones relativas del Código Civil y del Código Procesal Civil del Estado." "ARTÍCULO 44.- Para los efectos de la tramitación del juicio incausado se seguirán las reglas y términos procesales señalados en el Título Segundo del Libro Segundo del Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero." "ARTÍCULO 48.- Tramitación del juicio. El divorcio incausado se tramitará de acuerdo con las reglas del juicio ordinario, con las excepciones previstas en el presente ordenamiento, con las siguientes modalidades: (.)" De dichas disposiciones se obtiene que para la tramitación del divorcio incausado se seguirán las reglas y términos procesales señalados en el Título Segundo del Libro Segundo del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, correspondiente al juicio ordinario con las excepciones y modalidades previstas en la Ley de Divorcio, misma que no regula las formalidades del emplazamiento; motivo por el cual, el juicio ordinario por lo que hace al emplazamiento, debe atenderse al contenido de los artículos 146, 147, 151, 153, 155, y 162, del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, los cuales disponen: "Artículo 146.- Forma de las notificaciones. Las notificaciones se harán en forma personal, por cédula, por edictos, por correo, por telégrafo y por cualesquier otro medio idóneo diverso a los anteriores y que estime conveniente el juzgado. " "Artículo 147.- Señalamiento del domicilio para efectos procesales. Las partes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial, deben designar domicilio ubicado en el lugar del juicio para que se les hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias. Igualmente deben designar domicilio en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan. Asimismo, en el escrito en donde se interponga recurso de alzada o en el que por primera vez se comparezca ante el Tribunal Superior de Justicia, deberá señalarse domicilio en el lugar de ubicación de éste, para que se hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias en la segunda instancia." "Artículo 151.- Notificaciones personales. Además del emplazamiento, deberán hacerse personalmente las siguientes notificaciones: La primera resolución que se dicte en el procedimiento; El auto que ordena la absolución de posiciones o el reconocimiento de documentos; IIl. La primera resolución que se dicte cuando: a) Por cualquier motivo se deje de actuar por más de tres meses; b) Cuando se ordene la reanudación del procedimiento, cuya tramitación hubiere estado interrumpida o suspendida por cualquier causa legal; IV. El requerimiento a la parte que deba cumplirlo; V. Las sentencias definitivas; VI. En casos urgentes o cuando concurran circunstancias especiales, a juicio del juzgador; y VII. Los demás casos en que la ley lo disponga." "Artículo 153.- Forma de las notificaciones personales. Las notificaciones personales se harán al interesado en el domicilio señalado para ello; en caso que el notificador no encontrare a la persona que deba notificar, le dejará cédula, misma que deberá contener los siguientes requisitos: a) El nombre y apellido del promovente; b) El tribunal que mande practicar la diligencia; c) La determinación que se mande notificar, individualizándola por su fecha, y por la mención del negocio y expediente en que se dictó; d) La fecha y hora en que se deja; e) El nombre y apellido de la persona a quien se entrega; y f) El nombre, apellido y cargo de la persona que practique la notificación. " "Artículo 154.- Primera notificación. La primera notificación se hará personalmente al interesado, o a su representante o procurador en la casa designada; y no encontrándolo el notificador, le dejará cédula en la que hará constar la fecha y hora en que la entregue, el nombre y apellido del promovente, el juzgador o tribunal que manda practicar la diligencia, la determinación que se manda notificar y el nombre y apellido de la persona a quien se entrega. "Artículo 155.- Emplazamiento. Si se tratare del emplazamiento y no se encontrare el demandado, se le hará notificación por cédula. La cédula, en los casos de este artículo y del anterior se entregará a los parientes, empleados o domésticos del interesado o a cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, después de que el notificador se haya cerciorado de que ahí lo tiene la persona que deba ser notificada; se expondrán en todo caso los medios por los cuales el notificador se haya cerciorado de que ahí tiene su domicilio la persona buscada. Además de la cédula, se entregará a la persona con quien se entienda la diligencia, copia simple de la demanda debidamente cotejada y sellada, más en su caso, copias simples de los demás documentos que el actor haya exhibido en su escrito inicial. " "Artículo 162.- Firma de las notificaciones. Deben firmar las notificaciones las personas que las hacen y aquella a quien se hace. Si ésta no supiere o no quisiere firmar, lo hará el secretario o escribano haciendo constar estas circunstancias. A toda persona se le dará copia simple de la resolución que se le notifique, si la pidiere." En los citados preceptos, se encuentran las formalidades que deben acatarse al realizarse el emplazamiento de la parte demandada, así como las notificaciones personales; en el numeral 151 señala cuáles son las notificaciones que deben realizarse de manera personal, entre otras, el emplazamiento. En tanto que, el diverso numeral 153 establece precisamente los lineamientos que se deben seguir en tratándose de las notificaciones personales, pues al respecto refiere que las notificaciones personales se harán al interesado en el domicilio señalado para ello, y que en caso de que el notificador no encontrare a la persona que deba notificar, le dejará cédula, la cual deberá contener los siguientes requisitos: a) El nombre y apellido del promovente; b) El tribunal que mande practicar la diligencia; c) La determinación que se mande notificar, individualizándola por su fecha, y por la mención del negocio y expediente en que se dictó; d) La fecha y hora en que se deja; e) El nombre y apellido de la persona a quien se entrega; y, f) El nombre, apellido y cargo de la persona que practique la notificación. Por su parte, el precepto 155 expresamente autoriza al fedatario notificador para que, si durante la diligencia del emplazamiento no encontrare el demandado, le haga la notificación por cédula, misma que podrá entregar a los parientes, empleados o domésticos del interesado, a quien también se entregará copia simple de la demanda, así como copias simples de los demás documentos que el actor haya exhibido en su escrito inicial. En este punto, es importante destacar que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define al domicilio como: "1. Morada fija y permanente. 2. Lugar en que legalmente se considera establecido alguien para el cumplimiento de sus obligaciones y en el ejercicio de sus derechos. 3. Casa en que alguien habita o se hospeda". De esa manera, es dable concluir que el lugar en donde una persona de manera fija y permanente habita o se hospeda y da cumplimiento a las obligaciones adquiridas legalmente, debe considerarse como su domicilio y, por ende, las notificaciones, emplazamientos o llamamientos legales a que tenga lugar en contra de esta persona deben, por necesidad, efectuarse en ese lugar. Asimismo, se destaca que el precepto 162 establece que las notificaciones deben estar firmadas por quien la practique, así como aquélla a quien se hace y si éste último se niega a firmarla o no saber firmar, entonces el fedatario debe asentar esa circunstancia de forma eficaz. En estrecha relación con lo anterior, debe señalarse que una notificación forma parte de los llamados "medios de comunicación procesal", los cuales tienen como finalidad informar por vía oral o escrita, las determinaciones del órgano a las partes de un proceso, a los demás participantes en el mismo, a los terceros, o a otras autoridades jurisdiccionales o no jurisdiccionales. Cuando la comunicación se establece entre la autoridad judicial y las partes en conflicto, los terceros o los demás participantes en el proceso, se está en presencia de las figuras de la notificación, el emplazamiento, la citación y el requerimiento. A través de la notificación se le hará saber una resolución judicial a la parte que, se considera, está interesada en el conocimiento de su contenido. Una notificación es un acto procesal por medio del cual el órgano jurisdiccional hace del conocimiento de las partes, de los demás participantes o de los terceros, una resolución o alguna otra actuación judicial; muchas de estas notificaciones, por su trascendencia, deben hacerse de manera personal y cumpliendo con diversas formalidades, entre las cuales se encuentra, la obligación de que el notificador se cerciore del domicilio y de la identidad de la persona que debe ser notificada, por el dicho de la persona con quien se entiende la diligencia. Sin embargo, en la práctica, existe la posibilidad de que la persona que recibe la notificación no desee o no sepa firmar el acta correspondiente; por lo que, a fin de evitar que el proceso se prolongue indefinidamente, el código procesal del estado de Guerrero faculta a la persona que practica la diligencia, a desarrollarla y validarla con su firma en el caso de que la persona con la que se entienda no quiera o no sepa hacerlo. El sustento jurídico de dicha atribución del funcionario judicial encargado de practicar la notificación se encuentra en el principio de la fe pública; mediante la fe pública se está en presencia de afirmaciones que objetivamente deben ser aceptadas como verdaderas, en acatamiento del ordenamiento jurídico que la sustenta. Las relaciones jurídicas de una sociedad son sumamente complejas, por lo que ha sido necesario establecer un sistema a través del cual sean aceptados como ciertos algunos hechos y actos, a pesar de no haberse presenciado su realización. Este sistema presupone la investidura de personas a quienes se va a conferir la función de autentificar a nombre del Estado, de tal manera que su dicho sea considerado como una verdad oficial cuya creencia es obligatoria, salvo prueba en contrario. La fe pública no puede concebirse sin la característica de la exactitud, entendida ésta como la adecuación entre los hechos y la narración de los mismos con la cual se dota de eficacia probatoria erga omnes al instrumento en el cual consta el hecho. Lo que se busca asegurar con la medida prevista en el precepto en comento, es que aún ante la falta de firma por parte de la persona con quien se entendió la diligencia, pueda existir otro elemento de convicción que permita presuntivamente tener como cierto el hecho de que la notificación sí fue efectivamente entregada, y de ello es de lo cual se debe dar fe. Lo anterior permite concluir que es la fe del actuario o notificador la que da certeza a los actos en los que éste interviene, pues la firma de dicho funcionario judicial hace plenamente válida la diligencia salvo prueba en contrario, teniendo como única condición que cumpla con los requisitos legales establecidos para ello. De ahí que, el emplazamiento es una notificación personal trascendente, pues su fin es dar a conocer al demandado en un proceso, la existencia de una demanda incoada en su contra así como las prestaciones que se le reclaman, por lo que, la falta de alguna de las formalidades previstas en la ley respecto al desarrollo de esta diligencia podría colocar al enjuiciado en estado de indefensión al no estar en condiciones de hacer las manifestaciones que a su interés convenga, así como por no poder aportar las pruebas procedentes para su defensa, de ahí que el artículo 162 del código procesal de la materia hace especial énfasis en que la notificación debe ser firmada por las personas a quienes se hace, y que en caso contrario el servidor público que practique la diligencia, debe asentar si ello ocurrió porque no supo, no quiso o no pudo hacerlo. Sobre esa base, se estima infundado el motivo de disenso, sin que en el caso se advierta deficiencia de la queja que suplir conforme al criterio sustentado por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro "EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PUBLICO Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO", visible a foja 195, tomo 163-168 Cuarta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, al no transgredirse en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, ya que contrario a lo que aduce la Actuaria adscrita al Juzgado responsable, sí ajustó su proceder a las formalidades esenciales que regulan el procedimiento las cuales deben seguirse en tratándose del emplazamiento, conforme lo dispone los artículos 146, 147, 151, 153, 154, 155 y 162 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero y, que en el caso se traduce en lo siguiente: 1. Si se cercioró de que el domicilio en el que se constituyó guarda identidad con el señalado por la parte actora para lograr el emplazamiento de la demandada, es decir, si se motivó suficientemente con los medios de convicción necesarios para lograr la identificación del inmueble ubicado en Calle 5, número 150-A, Colonia Bella Vista de esta ciudad. 2. Si se cercioró de que la persona buscada no se encontraba presente en dicho lugar, de la identidad de la persona con la que se entendió la diligencia, así como de la relación que guardan ambas, y la manera en cómo arribó al convencimiento de tales aspectos, a la cual se le entregara cédula de notificación. 3. Si la cédula de notificación colmó los requisitos a que se refiere el artículo 153 del código adjetivo civil, es decir, si contiene el nombre y apellido del promovente, el tribunal que mandó practicar la diligencia, la determinación que se mande a notificar, individualizada por su fecha, negocio y expediente en que se dictó, la fecha y hora en que se dejó; nombre y apellido de la persona a quien se entrega, así como el nombre, apellido y cargo de la persona que practique la notificación. 4. Si se hizo constar la entrega de copia simple de la demanda y de los demás documentos adjuntos. 5. Si la notificación fue firmada por la persona con la que se entendió la diligencia o en su defecto, si se asentó la imposibilidad de aquélla para hacerlo. Así las cosas, por lo que corresponde al primero de los puntos destacados, se estima que el Secretario Actuario responsable sí detalló en forma exhaustiva la manera en cómo arribó al convencimiento de que se había constituido en el lugar señalado por la parte actora para lograr el emplazamiento de la demandada, pues en la razón que levantó para ese fin, asentó expresamente "me constituí en el domicilio ubicado en Calle 05, número 150-A, Colonia Bella Vista de esta Ciudad, y ser una construcción de tres niveles en color blanca portón y puerta de metal, herrería en ventanas color negra como referencia hay un negocio denominado "doña Carmen", en busca de la C. LUZ MA. ARIZMENDI CARBAJAL, cerciorada de ser este el domicilio que busco por tener a la vista el nombre de la calle y colonia, por así también por habérmelo confirmado la C. CECILIA ÁLVAREZ PEÑA, quien dijo habitar en el domicilio y ser prima de la demandada". Lo anterior adquiere credibilidad para tener por demostrado el extremo de que se trata, pues además de los signos exteriores del inmueble buscado y el dicho de quien le confirmó a la actuaría de que se encontraba en el domicilio correcto y que ahí vivía la persona buscada, se logró identificar plenamente a la persona con la que la fedataria entendió la diligencia de quien anotó su media filiación que permite dar veracidad a la identidad y relación de parentesco que guarda Cecilia Álvarez Peña con Luz Ma. Arizmendi Carbajal y si bien dicha circunstancia se puso en duda, la parte quejosa no aportó medio de convicción que demostrara lo contrario. Sobre el particular, la fedataria asentó: "cerciorada de ser este el domicilio que busco por tener a la vista el nombre de la calle y colonia, así también por habérmelo confirmado la C. CECILIA ÁLVAREZ PEÑA, quien dijo habitar en el domicilio y ser prima de la demandada, no se identifica siendo su media filiación la siguiente ser de aproximadamente sesenta años de edad, mide aproximadamente un metro con cincuenta y cinco centímetros, tez clara, complexión delgada, ojos grandes color verde, nariz regular y boca media con labios gruesos; agregó, que su prima habita en el domicilio pero de momento no se encontraba" De ahí que la motivación de la actuaria debe estimarse como verosímil y suficiente para crear convicción de quien resuelve en esta instancia constitucional de que se logró establecer la ubicación del inmueble señalado en autos del juicio origen para lograr el emplazamiento de la parte quejosa y qué ésta lo habita, persona que en ese momento no se encontraba. Lo anterior, ya que es innecesario que corroborara su dicho con otros medios de convicción, pues basta que en el lugar en el cual se constituya el fedatario se encuentre una persona que corrobore que en ese lugar el demandado tiene su domicilio, para así estar facultado legalmente para efectuar el emplazamiento respectivo, partiendo de la base de que fue atendida por una persona determinada quien le proporcionó la información requerida. Es aplicable, la jurisprudencia XX. J/41, integrada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en la página 282, del Tomo V, enero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO. LOS ACTUARIOS, AL LEVANTAR EL ACTA RESPECTIVA, DEBERAN ASENTAR LOS MEDIOS QUE UTILIZARON PARA LLEGAR AL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA CON QUIEN SE ENTENDIO EL. Si bien es cierto que los preceptos reguladores del emplazamiento no señalan expresamente que el funcionario encargado de realizar ese acto procesal deba cerciorarse de la identidad de la persona o que realice investigaciones para determinar el domicilio de las personas, también lo es, que el correcto cumplimiento de esa obligación se encuentra lógica y jurídicamente implícito en la finalidad de este tipo de diligencias, supuesto que el emplazamiento, por su naturaleza y trascendencia debe ser tomado en cuenta por la Justicia Federal, porque su ilegalidad implica una extrema gravedad por las consecuencias que puede acarrear a quien en forma defectuosa fue llamado a juicio, por tanto, estos funcionarios tienen que expresar en el acta respectiva los medios que utilizaron para llegar a la convicción de tal circunstancia, toda vez que no basta asentar en el acta de la diligencia que quien lo atendió fue personalmente la quejosa, y que ésta manifestó que se encontraba en su domicilio particular, en razón de que esto no cumple íntegramente lo ordenado por el artículo 115 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas." De esa forma, es evidente que con ello se satisfacen los requisitos a que se refiere la ley adjetiva en cita, en la medida en que el sentido de las disposiciones invocadas, es precisamente proporcionar certeza acerca de las actuaciones judiciales, especialmente cuando se trata de la diligencia de emplazamiento, como acto procesal de mayor importancia dentro cualquier juicio. En efecto, cuando el legislador establece la necesidad de que el notificador expongan los medios por los cuales se cercioró de que el domicilio en el que se practica el emplazamiento es el que el señalado en autos y el que tiene la persona buscada, sin duda significa el deber de exhaustividad en la redacción del acta correspondiente, manifestada a través del detalle de las circunstancias relativas, suficiente para poner de manifiesto los términos en que se llevó a cabo la diligencia, como en el caso aconteció. Por otro lado, en torno al segundo de los extremos anotados, debe decirse que la fedataria hizo constar el señalamiento de la persona con la cual entendió la diligencia y quien le informó que ésta habita en el domicilio en que se constituyó, para luego señalar que en ese momento no se encontraba la persona buscada, en los siguientes términos: "cerciorada de ser este el domicilio que busco por tener a la vista el nombre de la calle y colonia, así también por habérmelo confirmado la C. CECILIA ÁLVAREZ PEÑA, quien dijo habitar en el domicilio y ser prima de la demandada, no se identifica siendo su media filiación la siguiente ser de aproximadamente sesenta años de edad, mide aproximadamente un metro con cincuenta y cinco centímetros, tez clara, complexión delgada, ojos grandes color verde, nariz regular y boca media con labios gruesos; agregó, que su prima habita en el domicilio pero de momento no se encontraba". Con lo anterior quedó de relieve la motivación en torno a la identidad de la persona con la cual se entendió la diligencia, así como de la relación que guarda con la persona buscada; es decir, el actuario, con el señalamiento que aquélla hizo, constató que la persona con quien entendió la diligencia no se encontraba en el domicilio por cuestiones accidentales, pues refirió habitar el mismo; además del vínculo familiar aducido con la parte demandada, aspectos que generaron mayor seguridad en que se hará saber a la interesada la existencia de la demanda instaurada en su contra y evitar dejar en estado de indefensión. Sobre este punto, el hecho de que el numeral 155 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, obligue al notificador exponer los medios por los cuales se cercioró de que el domicilio en el que se practica el emplazamiento es el señalado en autos y el que tiene la persona buscada, tal disposición no llega al extremo de obligarlo a acreditar el vínculo familiar de la persona con quien se entendió la diligencia como lo pretende la parte quejosa; porque basta que haya en el domicilio alguna persona que informe sobre la presencia o ausencia de quien se busca para notificar, y pueda confirmar que en ese lugar habita, o tiene su domicilio, partiendo principalmente de la premisa de que está en el domicilio correcto, como elemento esencial para la validez de la diligencia; lo que así ocurrió según se advierte de la razón actuarial, por tanto, lo expuesto por la actuaria responsable como se dijo, es suficiente para tener por cumplido el requisito de cercioramiento a que se alude en la citada disposición legal. Asimismo, de realizarse dicha identificación y cercioramiento, o asentar diversas circunstancias, ello sólo será para robustecer la legalidad de tal acto, sin que sea un requisito indispensable establecido en ley expresamente, por lo que su omisión no deriva en la invalidez de dicho emplazamiento, si como en el caso, existen otros datos que hacen considerar correcta la diligencia, como ya se precisó. Esto, ya que de lo asentado por el fedatario al practicar la diligencia de emplazamiento, se obtienen datos objetivos que permiten tener la certeza de que dicha actuación se efectuó en el lugar indicado y que se buscó a la interesada, así como del hecho de haberse cerciorado que aquélla con la cual se entendió la diligencia no se encontraba en dicho domicilio de forma accidental o temporal y quien por su vínculo con la demandada ofrece cierta garantía de que le informará la instauración del juicio en su contra, con lo cual se cumple con la finalidad del emplazamiento, que es dar a conocer al demandado de la reclamación que le hace jurídicamente el actor, a efecto de que esté en aptitud de contestarla. Luego, basta imponerse del contenido de la cédula de notificación relativa, para advertir que colmó los requisitos referidos en el artículo 153 del código adjetivo civil, ya que contiene el nombre del promovente (Ricardo Alfredo Galeana Torres), el tribunal que mandó practicar la diligencia (Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares), la determinación que se mandó a notificar, individualizada por su fecha (diecinueve de noviembre de dos mil catorce), negocio (juicio de divorcio incausado) y expediente en que se dictó (1532/2014-I), la fecha y hora en que se dejó (dieciocho horas con treinta y tres minutos del veintisiete de noviembre de dos mil catorce); nombre y apellido de la persona a quien se entrega (Cecilia Álvarez Peña), así como el nombre, apellido y cargo de la persona que practicó la notificación (Francisco Javier Rangel Santana, Secretario Actuario adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares). Asimismo, se hizo constar la entrega previo al emplazamiento de la copia simple de la demanda y documentos anexos; además de hacérsele saber el término que tiene para producir la contestación a la demanda, así como su conformidad con el convenio exhibido o acompañe a su escrito su contrapropuesta, en la inteligencia que de no hacerlo así se le tendría por conforme con las prestaciones establecidas en el convenio; de igual forma la previno para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones y, se le hizo saber de las medidas provisionales decretadas. Así también, se asentó que "procedo a identificarme como es debido, le hago saber el motivo de mi presencia, procedo a entender la diligencia de emplazamiento con dicha persona; y por su conducto mediante cédula, le notifico el auto de fecha diecinueve de noviembre de dos mil catorce, dictado por la Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, deducido del expediente 1532/2014-I relativo al JUICIO DE DIVORCIO INCAUSADO, promovido por RICARDO ALFREDO GALEANA TORRES, en contra de LUZ MA. ARIZMENDI CARBAJAL, enseguida por su conducto; con cédula de notificación, la copia simple de la demanda y documentos anexos", persona que manifestó "que dará los documentos a la interesada, haciendo constar que recibe los documentos mencionados y firma por su recibo. Con lo anterior se da por terminada la diligencia; de todo lo cual se da fe". De lo anterior se obtiene que se dio cumplimiento a los específicos requisitos legales que son aplicables a la diligencia de emplazamiento controvertida. Máxime, que dicha actuación se practicó en el domicilio de la parte quejosa, como lo reconoció ésta al narrar los hechos que constituyen los antecedentes del acto; además, en la cédula de notificación obra en el margen inferior izquierdo la firma de la persona, con lo cual se colma un requisito formal que genera certeza y seguridad jurídica a las partes involucradas en la actuación. Apoya lo expuesto la Jurisprudencia número XII.20. J/9, consultable en la página 991 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Octubre de 1998, Materia Civil, Novena Época, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, del título y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO, FORMALIDADES DEL (LEGISLACIÓN DE SINALOA). De la redacción del artículo 121 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el cual textualmente dice: "Deben firmar las notificaciones las personas que las hacen y aquellas a quienes se hagan. Si éstas no quisieren o no supieren firmar, lo hará el secretario o quien haga sus veces, haciendo constar esa circunstancia."; se desprende con meridiana claridad que, en primer lugar, existe el imperativo de que las notificaciones que se realicen de conformidad con dicho ordenamiento legal, deben ser firmadas tanto por quienes las realicen como por aquel o aquellos a los que se les hacen; Y en segundo término, que si alguno de ellos no quisiere o no supiere firmar, entonces lo hará el fedatario público que practique la diligencia, haciendo constar esa circunstancia, para lo cual es suficiente que el funcionario que practique la notificación, asiente en el acta correspondiente, la causa, motivo o razón por la cual no fue firmada la misma por la persona con quien se entendió la diligencia correspondiente, pudiéndose emplear válidamente cualquier fórmula gramatical que para esa finalidad se utilice, con la única condición de que sea bastante y eficaz para que quien se imponga de la actuación relativa tenga pleno conocimiento de por qué no firmó el interesado; por ello, si en el caso concreto el actuario al finalizar la diligencia en el acta respectiva asienta: "... Que firman para constancia los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, por ante el suscrito actuario que da fe ...", se estima válidamente y sin mayor forzamiento que si en la constancia de llamamiento a juicio no aparece la firma de la persona con quien se entendió la diligencia, es porque éste no quiso firmar, pues no se puede entender de otra manera, cuando en forma expresa, se asienta, que firmaron para constancia los que intervinieron y quisieron hacerlo". En ese contexto, resulta procedente estimar que el referido llamamiento a juicio que a su vez motiva los diversos actos de que se duele el peticionario de amparo, no puede ser violatorio de las garantías de audiencia, seguridad jurídica y debido proceso legal, contenidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, siendo en ese sentido infundados los argumentos que sostienen tal aserto; por ello, al gozar de fe pública el funcionario judicial que llevó a cabo la citada diligencia de emplazamiento, resulta indiscutible que cada uno de los datos que se encuentran asentados de manera circunstanciada el acta levantada el veintisiete de noviembre de dos mil catorce, deben considerarse ciertos y con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 Y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo. Apoya lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que puede ser localizable en la página 202 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI, Marzo de 1993, de rubro y texto siguientes: "ACTUACIÓN JUDICIAL DE UN ACTUARIO. SU VALOR EN JUICIO. No basta para desvirtuar la fe dada por un funcionario judicial, como lo es un actuario, en ejercicio de su encargo, el aseverar que lo asentado por éste es falso; por cuanto que, como se encuentra investido legalmente de fe pública, corresponde a quien impugna esa actuación demostrar, con los medios de prueba idóneos, que son ciertos los vicios, ya sea de forma o materiales, que le atribuye a dicha actuación, y si no se hace así, es evidente que la misma conserva su valor probatorio para tener por cierto que lo ahí asentado corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos o actos jurídicos de los cuales dio fe esa autoridad." Asimismo, tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia IV.20. J/4, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, localizable en la página 265 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 1, Mayo de 1995, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado respecto de la diligencia de emplazamiento realizadas en el juicio de divorcio incausado número 1532/2014-I. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, la jurisprudencia invocada en el presente asunto no obstante que fue integrada conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicable al presente asunto, dado que no se opone a la ley vigente. Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 75, 77, 79, 217, Y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; SE RESUELVE: PRIMERO.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo 323/2016, promovido por Luz Ma. Arizmendi Carbajal, en contra de la autoridad y acto que precisados en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Luz Ma. Arizmendi Carbajal, contra las autoridades y actos precisados en el considerado tercero, por los motivos expresados en el último de los considerandos de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el veintiocho de junio de dos mil dieciséis, asistido por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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