Luz Clarita Morales Castrejón
Expediente 446/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 446/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Luz Clarita Morales Castrejón
Actuaciones
- Principal
Acapulco, Guerrero, nueve de junio de dos mil diecisiete. Agréguese el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele las copias simples que refiere, previa razón que obre para constancia legal, en la inteligencia de que es a su costa su reproducción.
- Principal
VISTOS; para resolver, los autos del juicio de amparo número 446/2017, promovido por LUZ CLARITA MORALES CASTREJÓN, por propio derecho, contra actos de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, ante la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, Luz Clarita Morales Castrejón presentó demanda de amparo directo, contra de la autoridad y acto que a continuación se detallan: AUTORIDAD RESPONSABLE Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en Acapulco, Guerrero. ACTO RECLAMADO "La resolución emitida por la responsable el día primero de febrero del año 2017, notificada el día 7 de marzo del mismo año, dictada dentro del expediente laboral número 478/2016 de la cual tuve conocimiento el día siguiente, en parte conducente en su segundo considerando y primer resolutivo". SEGUNDO. Correspondió conocer del asunto al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Chilpancingo, Guerrero, quien mediante resolución de nueve de mayo de dos mil diecisiete, declinó la competencia en favor del Juzgado de Distrito en turno, en esta ciudad; y, mediante oficio recibido el once de mayo del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, remitido a este juzgado en esa fecha por razón de turno, se recibió la demanda de amparo promovida por Luz Clarita Morales Castrejón. TERCERO. Por acuerdo de doce de mayo de dos mil diecisiete, este Juzgado Federal registró la demanda de amparo con el número 446/2017, se avocó al conocimiento del asunto, se admitió a trámite la demanda de amparo; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal correspondiente, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se verificó al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO.- Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII de la Constitución Federal; 33, 35, 37 45 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama una resolución dentro de un juicio laboral que se tramita ante una autoridad con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional; además, de conformidad con determinado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, Guerrero. SEGUNDO. Con fundamente en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis integral de la de demanda se aprecia que la quejosa reclama la resolución de uno de febrero de dos mil diecisiete, por la que se declara como beneficiarios del trabajador fallecido Miguel Ángel Santiago de los Santos a Félix Santiago de Jesús, Marta de los Santos Antonio, a la menor Perla Deleyn Santiago Morales y a Luz Clarita Morales Castrejón, dentro del juicio laboral 748/2016. TERCERO. Es cierto el acto reclamado a la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, en razón de que así lo reconoció al rendir su informe con justificación; lo que además se robustece con la copia certificada de las constancias que integran el juicio laboral 748/2016 remitido por el Segundo Tribunal Colegiado en materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Chilpancingo, la cual dada su naturaleza tiene valor probatorio pleno, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. CUARTO. Causales de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente; sin embargo, la no configuración de alguna de ellas, como en el caso, debe procederse al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado al tenor del concepto de violación vertido por la parte quejosa. Cobra aplicación la jurisprudencia número ochocientos catorce, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, apéndice 1995, tomo VI parte TCC, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página quinientos cincuenta y tres, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." QUINTO. Concepto de violación. El concepto de violación expuesto por la parte quejosa, en obvio de repeticiones innecesarias, se tiene por reproducido, con apoyo en la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ochocientos treinta, del tomo XXXI, mayo de dos mil diez, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Análisis del concepto de violación. Previo a realizar cualquier consideración, para una mejor comprensión del asunto que se resuelve, conviene precisar los siguientes antecedentes del caso: Mediante escrito presentado el seis de julio de dos mil dieciséis ante la Oficialía de Partes de la Junta Local de conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, Félix Santiago de Jesús y Marta de los Santos Antonio, solicitaron la declaración de beneficiario y dependiente económico de Miguel angel Santiago de los Santos, así como el pago de diversas prestaciones (foja 1 a 4 del tomo de pruebas). En acuerdo de siete de julio de dos mil dieciséis, la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, tuvo por recibido el escrito de demanda, por lo que la registró con el número 748/2016, señaló día y hora para la celebración de la audiencia de pruebas y resolución para determinar qué personas tienen derecho a la indemnización que se reclama, y comisionó al actuario adscrito a dicha junta para que practicara la investigación correspondiente a fin de determinar qué personas dependían económicamente del trabajador fallecido, en términos de lo establecido por el artículo 503 de la Ley Federal del Trabajo; ordenó fijar los avisos correspondientes en los estados de dicha Junta y en las oficinas que ocupa la fuente de trabajo demandada; asimismo, ordenó girar oficio a los propietarios o representantes legales de la empresa para la que prestó sus servicios el trabajador para que informara qué personas registró Miguel Angel Santiago de los Santos como sus beneficiarios. El treinta de septiembre de dos mil dieciséis, la Actuaria adscrita a la Junta responsable dio cumplimiento a lo ordenado por ésta, se constituyó en el domicilio de la moral demandada Productos de Consumo Z, Sociedad Anónima de Capital Variable, ubicado en Avenida Carretera Nacional Acapulco-Zihuatanejo, sin número, kilómetro 11 de la Colonia Pie de la Cuesta en esta Ciudad, y fijó la convocatoria correspondiente. Asimismo, en la misma fecha (30 de septiembre de 2016), la Actuaria adscrita a la Primera Junta de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad, se constituyó en el domicilio del trabajador fallecido Miguel Ángel Santiago de los Santos, ubicado en Av. Campo de Tiro S/N de la Colonia Ampliación San Isidro en Acapulco, Guerrero, a efecto de llevar a cabo la investigación ordenada por la Junta responsable. Mediante escrito presentado el catorce de octubre de dos mil dieciséis, compareció la demandada Productos de Consumo Z, Sociedad Anónima de Capital Variable por conducto de su apoderado general Isidro Luvio Campos. El catorce de noviembre de dos mil dieciséis, en la audiencia de pruebas y resolución comparecieron los actores y exhibieron solicitud de registro de asegurado de tres de abril de dos mil doce, llevada a cabo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, a favor de Félix Santiago de Jesús y Marta de los Santos Antonio como padres del trabajador fallecido; así como comprobantes de domicilio. Por escrito presentado el catorce de noviembre de dos mil dieciséis, los actores desahogaron el requerimiento que les formuló la Junta responsable y manifestaron que el nombre de la menor hija del trabajador fallecido es Perla Diley Santiago Morales, el nombre de la madre de ésta Luz Clarita Morales Castrejón y como domicilio de éstas el ubicado en la Calle Insurgentes s/n de la Colonia Ampliación San Isidro en Acapulco Guerrero, y el ubicado en la Avenida Principal s/n de la Colonia San Isidro en la misma ciudad. En proveído de quince de noviembre de dos mil dieciséis, la responsable comisionó al Actuario de la Junta para notificar a las personas cuyo domicilio proporcionó la parte actora, ordenando el cercioramiento fehaciente y levantar el acta circunstanciada de la investigación para determinar qué personas dependían económicamente del occiso. El veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la notificación de Luz Clarita Morales Castrejón y la menor Perla Diley Santiago Morales, corriéndole traslado con el acuerdo de quince de noviembre de dos mil dieciséis. En audiencia de pruebas y resolución de seis de diciembre de dos mil dieciséis, compareció la hoy quejosa Luz Clarita Morales Castrejón en representación de su menor hija Perla Dileyn Santiago Morales, asistida del Licenciado Feliciano Gaspar Salinas, y al no advertirse la notificación de dicha parte con la demanda se determinó suspender dicha audiencia y señalar fecha para su celebración. En dicha audiencia la quejosa exhibió acta de nueve de junio de dos mil dieciséis, llevada a cabo ante el Juzgado Primero de Paz Civil y acta de nacimiento de la menor. En audiencia de pruebas y resolución de nueve de enero de dos mil diecisiete, compareció la hoy quejosa, y afirmó que eran falsas las manifestaciones vertidas por su contraparte en el escrito de demanda, pues ella y su menor hija eran las únicas dependientes económicas del trabajador fallecido Miguel Ángel Santiago de los Santos, asimismo exhibió copias certificadas de la carpeta de investigación número 12030080200006040616; por lo que la Junta responsable determinó reservarse para mejor proveer . Finalmente, mediante resolución de uno de febrero de dos mil diecisiete, la Junta responsable determinó que quiénes tienen derecho a la indemnización del finado trabajador Miguel Ángel Santiago de los Santos, son Félix Santiago de Jesús y Martha de los Santos Antonio, padres del trabajador fallecido; su menor hija Perla Dileyn Santiago Morales y su concubina Luz Clarita Morales Castrejón. Reseñado lo anterior, es preciso señalar que la peticionaria de amparo aduce esencialmente que no se le dio la oportunidad de ser oída y vencida en el juicio 748/2016 del índice de la Primera Junta de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad, por lo que de manera superficial y errónea la Junta responsable declaró beneficiarios del trabajador fallecido a Félix Santiago de Jesús y Martha de los Santos Antonio, bajo el argumento de que eran dependientes económicos del trabajador, porque con las pruebas aportadas al juicio se acreditó que las únicas dependientes económicas eran la quejosa y su menor hija Perla Dileyn Santiago Morales. Los motivos de disenso formulados por la peticionaria del amparo, devienen infundados. En efecto, los artículos 501, 502 y 503 de la Ley Federal del Trabajo, disponen lo siguiente: "Artículo 501. Tendrán derecho a recibir la indemnización en los casos de muerte: I. La viuda, o el viudo que hubiese dependido económicamente de la trabajadora y que tenga una incapacidad de cincuenta por ciento o más, y los hijos menores de dieciséis años y los mayores de esta edad si tienen una incapacidad de cincuenta por ciento o más; II. Los ascendientes concurrirán con las personas mencionadas en la fracción anterior, a menos que se pruebe que no dependían económicamente del trabajador; III. A falta de cónyuge supérstite, concurrirá con las personas señaladas en las dos fracciones anteriores, la persona con quien el trabajador vivió como si fuera su cónyuge durante los cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte, o con la que tuvo hijos, siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. IV. A falta de cónyuge supérstite, hijos y ascendientes, las personas que dependían económicamente del trabajador concurrirán con la persona que reúna los requisitos señalados en la fracción anterior, en la proporción en que cada una dependía de él; y V. A falta de las personas mencionadas en las fracciones anteriores, el Instituto Mexicano del Seguro Social". "Artículo 502. En caso de muerte del trabajador, la indemnización que corresponda a las personas a que se refiere el artículo anterior será la cantidad equivalente al importe de setecientos treinta días de salario, sin deducir la indemnización que percibió el trabajador durante el tiempo en que estuvo sometido al régimen de incapacidad temporal." "Artículo 503. Para el pago de la indemnización en los casos de muerte por riesgo de trabajo, se observarán las normas siguientes: I. La Junta de Conciliación Permanente o el inspector del trabajo que reciba el aviso de la muerte, o la Junta de Conciliación y Arbitraje ante la que se reclame el pago de la indemnización, mandará practicar dentro de las veinticuatro horas siguientes una investigación encaminada a averiguar qué personas dependían económicamente del trabajador y ordenará se fije un aviso en lugar visible del establecimiento donde prestaba sus servicios, convocando a los beneficiarios para que comparezcan ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, dentro de un término de treinta días, a ejercitar sus derechos; II. Si la residencia del trabajador en el lugar de su muerte era menor de seis meses, se girará exhorto a la Junta de Conciliación Permanente, a la de Conciliación y Arbitraje o al inspector del trabajo del lugar de la última residencia, a fin de que se practique la investigación y se fije el aviso mencionado en la fracción anterior; III. La Junta de Conciliación Permanente, la de Conciliación y Arbitraje o el inspector del trabajo, independientemente del aviso a que se refiere la fracción I, podrá emplear los medios publicitarios que juzgue conveniente para convocar a los beneficiarios; IV. La Junta de Conciliación Permanente, o el inspector del trabajo, concluida la investigación, remitirá el expediente a la Junta de Conciliación y Arbitraje; V. Satisfechos los requisitos señalados en las fracciones que anteceden y comprobada la naturaleza del riesgo, la Junta de Conciliación y Arbitraje, con audiencia de las partes, dictará resolución, determinando qué personas tienen derecho a la indemnización; VI. La Junta de Conciliación y Arbitraje apreciará la relación de esposo, esposa, hijos y ascendientes, sin sujetarse a las pruebas legales que acrediten el matrimonio o parentesco, pero no podrá dejar de reconocer lo asentado en las actas del Registro Civil; y VII. El pago hecho en cumplimiento de la resolución de la Junta de Conciliación y Arbitraje libera al patrón de responsabilidad. Las personas que se presenten a deducir sus derechos con posterioridad a la fecha en que se hubiese verificado el pago, sólo podrán deducir su acción en contra de los beneficiarios que lo recibieron." De la transcripción de los preceptos que anteceden, se advierte, en lo que al caso interesa, que la autoridad laboral deberá practicar dentro de las veinticuatro horas siguientes a la solicitud de indemnización o aviso de muerte que haya recibido, una investigación encaminada a averiguar qué personas dependían económicamente del trabajador fallecido y ordenará se fije un aviso en lugar visible del centro de trabajo de éste, convocando a los beneficiarios para que comparezcan ante dicha autoridad dentro de un término de treinta días para que puedan deducir sus derechos; cuando el trabajador fallecido haya residido en el lugar de su muerte por un tiempo menor de seis meses, se deberá girar exhorto a la autoridad laboral de la última residencia del occiso a fin de que se practique la investigación respectiva y se fije la convocatoria citada en las líneas que anteceden. Independientemente de la convocatoria que se fije en el centro de trabajo, la autoridad laboral podrá emplear los medios publicitarios que juzgue convenientes para convocar a los beneficiarios; realizado lo anterior, la Junta, con audiencia de las partes, dictará resolución en donde determine quién es el beneficiario y si tiene derecho a la indemnización citada. En ese sentido, resulta claro que si el legislador en la redacción del artículo 503, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, para determinar qué persona o personas son los beneficiarios del trabajador fallecido, utilizó la conjunción copulativa "y", su intención fue la de establecer dos condiciones que se deben cumplir para que la autoridad laboral esté en aptitud de determinarlos, que son los siguiente: a). Ordenar una investigación encaminada a averiguar qué personas dependían económicamente del trabajador. b). Publicar una convocatoria en un lugar visible del establecimiento donde prestaba sus servicios el trabajador. Lo anterior, a fin de que los presuntos beneficiarios comparezcan ante la autoridad laboral a deducir sus derechos y, de esa manera, se cuente con los medios jurídicos necesarios para poder determinar quién debe recibir la indemnización. De lo anterior se colige que si el legislador estableció dos requisitos a la autoridad laboral para determinar quién o quiénes son las personas que dependían económicamente del trabajador fallecido en la estructura del precepto, ambos deben cumplirse. Es aplicable al razonamiento anterior, la jurisprudencia en Materia Laboral 2ª./J. 68/2008, publicada en la página 591, Tomo XXVII, Abril de dos mil ocho, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 6/2008-SS, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "INDEMNIZACIÓN EN CASO DE MUERTE POR RIESGO DE TRABAJO. PARA DETERMINAR QUIÉNES SON BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR FALLECIDO, LA AUTORIDAD LABORAL DEBE FIJAR LA CONVOCATORIA EN EL CENTRO DE TRABAJO Y REALIZAR LA INVESTIGACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 503, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Si el legislador en el artículo 503, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, para determinar quiénes son los beneficiarios del trabajador fallecido, utilizó la conjunción copulativa "y", es evidente su intención de establecer dos condiciones a cumplir para que la autoridad laboral pueda determinarlos, la primera: ordenar una investigación encaminada a averiguar quiénes dependían económicamente del trabajador, lo que deberá realizarse a través de todas las instituciones o registros al alcance de la autoridad que cuenten con ese tipo de datos, entre otras, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional de la Vivienda, el Sistema de Ahorro para el Retiro o el área de recursos humanos de la propia empresa en donde laboró el empleado fallecido, quienes pueden contar en sus archivos con información relativa a si tenía familiares o dependientes económicos, y la segunda: la convocatoria que se fije en un lugar visible del establecimiento donde prestaba sus servicios, o cualquier otra forma que se considere pertinente. Lo anterior, porque esos son los requisitos mínimos determinados por el legislador para que los presuntos beneficiarios comparezcan ante la autoridad laboral a deducir sus derechos. Además, mientras más sean los caminos para precisar quiénes son los beneficiarios, mayores posibilidades existirán de alcanzar la verdad y de que todos sean convocados". En el caso, se colmaron los requisitos previstos en el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo, en tanto que la responsable llevó a cabo la investigación correspondiente para determinar qué personas eran dependientes económicos del extinto trabajador, lo que se advierte de acuerdo de siete de julio de dos mil dieciséis, pues la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, comisionó al actuario adscrito a dicha junta para que practicara la investigación correspondiente en términos de lo establecido por el artículo 503 de la Ley Federal del Trabajo; ordenó fijar los avisos correspondientes en los estados de dicha Junta y en las oficinas que ocupa la fuente de trabajo demandada; asimismo, ordenó girar oficio a los propietarios o representantes legales de la empresa para la que prestó sus servicios el trabajador para que informara qué personas registró Miguel Angel Santiago de los Santos como sus beneficiarios. Así, el treinta de septiembre de dos mil dieciséis, el Actuario adscrito a la Junta responsable se constituyó en el domicilio del extinto trabajador ubicado en Avenida Campo de Tiro S/N de la Colonia Ampliación San Isidro en Acapulco, Guerrero, en donde fue entendida la diligencia con Martha Antonia de los Santos, quien le manifestó ser la madre de Miguel Ángel Santiago de los Santos (trabajador fallecido); asimismo, se trasladó a los inmuebles ubicados a un costado y al frente del domicilio del trabajador en donde entrevistó a diversas personas, y respecto de lo cual asentó: ".procedo a trasladarme al lugar que ocupa la casa de un costado, la cual es sin número, en el cual se encuentra presente una persona del sexo femenino, quien no quiso proporcionar su nombre, por lo que procedo a describirla, persona del sexo femenino, tez morena, complexión robusta, cabello chino largo y estatura aproximada de 1.60 metros de estatura y unos 40 años de edad, quien dijo habitar en el lugar en que se actúa, y me manifiesta que será testigo en la investigación encomendada en el presente expediente, por lo que con fundamento en el artículo 503 de la Ley Federal del Trabajo, procedo a realizar la investigación señalada, haciéndole saber de las penas en que incurren los falsos declarantes, señalándole que deberá conducirse con la verdad y para no ser repetitivos en cuanto a las preguntas a realizar, procedo a enumerarlas de la siguiente manera: 1.- ¿Qué diga la testigo si conocía al fallecido trabajador el C. Miguel Ángel Santiago de los Santos? R.- Sí, sí lo conocí al C. Miguel Ángel Santiago de los Santos; 2.- ¿Qué diga la testigo si sabe qué personas dependían económicamente del fallecido trabajador? R.- Además de sus padres que son con quien vivía y se Miguel Ángel tiene una niña con una muchacha pero que nunca vivió con ellas, porque nunca se casó con la mamá de la niña; 3.- ¿Qué diga el testigo si conocía a más personas que dependieran económicamente del trabajador fallecido? R.- Sus padres y su hija que tuvo con una muchacha de unas calles cercanas, pero no sé exactamente dónde; 4.- ¿Qué diga el testigo porque razón sabe lo que ha declarado? R.- Porque somos vecinos y lo conocí desde que estaba en el vientre de su madre y conozco a su familia y he convivido con ellos. Acto seguido procedo a trasladarme a la casa ubicada frente al domicilio en el cual se encuentra presente persona del sexo femenino, quien no quiso proporcionar su nombre, por lo que procedo a describirla, persona del sexo femenino, tez morena clara, complexión regular, cabello lacio largo y estatura aproximada de 1.70 metros de estatura y unos 38 años de edad quien dijo habitar en el lugar en que se actúa y me manifiesta que será testigo en la investigación encomendada en el presente expediente, por lo que con fundamento en el artículo 503 de la Ley Federal del Trabajo procedo a realizar la investigación señalada, haciéndole saber de las penas en que incurren los falsos declarantes, señalándole que deberá conducirse con la verdad y para no ser repetitivos en cuanto a las preguntas a realizar, procedo a enumerarlas de la siguiente manera: 1.- ¿Qué diga la testigo si conocía al fallecido trabajador el C. Miguel Ángel Santiago de los Santos? R.- Sí, sí lo conocí al C. Miguel Ángel Santiago de los Santos; 2.- ¿Qué diga la testigo si sabe qué personas dependían económicamente del fallecido trabajador? R.- Sus padres dependían económicamente de él porque vivía con ellos, pero también sé que Miguel Ángel tenía o tiene una niña con una mujer de por aquí cerca; 3.- ¿Qué diga el testigo si conocía a más personas que dependieran económicamente del trabajador fallecido? R.- Sí sus padres y su hija que no sé qué tiene una hija con una muchacha de unas calles cercanas pero no sé exactamente dónde; 4.- ¿Qué diga el testigo porque razón sabe lo que ha declarado? R.- Porque somos vecinos conozco a su familia y he convivido con ellos." Además, como se aprecia de las constancias que integran el expediente de origen, el treinta de septiembre de dos mil dieciséis, la Actuaria adscrita a la Junta responsable dio cumplimiento a lo ordenado por ésta, y se constituyó en el domicilio de la moral demandada Productos de Consumo Z, Sociedad Anónima de Capital Variable, ubicado en Avenida Carretera Nacional Acapulco-Zihuatanejo, sin número, kilómetro 11 de la Colonia Pie de la Cuesta en esta Ciudad, y fijó la convocatoria correspondiente. Por otra parte, el catorce de noviembre de dos mil dieciséis, en la audiencia de pruebas y resolución los actores y exhibieron solicitud de registro de asegurado de tres de abril de dos mil doce, llevada a cabo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, a favor de Félix Santiago de Jesús y Marta de los Santos Antonio como padres del trabajador fallecido; y atento a las pruebas aportadas por los actores, así como las actas levantadas por la Actuaria el treinta de septiembre de dicha anualidad, de las que advirtió que los testigos de la investigación manifestaron saber que Miguel Ángel Santiago de los Santos "tiene una hija con una muchacha de por ahí cerca", la Junta responsable requirió a los actores a efecto de que proporcionaran el nombre correcto de la niña, así como el de la madre y el domicilio donde pudieran localizarse, suspendiendo por tanto la audiencia de mérito. Mediante escrito presentado el catorce de noviembre de dos mil dieciséis, Félix Santiago de Jesús y Martha de los Santos Antonio, desahogaron el requerimiento que les fue formulado por la Junta del conocimiento y manifestaron que el nombre de la menor hija del trabajador fallecido es Perla Diley Santiago Morales, el nombre de la madre de ésta Luz Clarita Morales Castrejón y como domicilio de éstas el ubicado en la Calle Insurgentes s/n de la Colonia Ampliación San Isidro en Acapulco Guerrero, y el ubicado en la Avenida Principal s/n de la Colonia San Isidro en la misma ciudad. Atento lo manifestado por la parte actora, mediante proveído de quince de noviembre de dos mil dieciséis, la Junta responsable ordenó llevar acabo la notificación de Luz Clarita Morales Castrejón y la menor Perla Diley Santiago Morales, por lo que el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la misma corriéndole traslado con el acuerdo de quince de noviembre de dos mil dieciséis, contrario a lo que manifiesta la quejosa, se respetó su garantía de audiencia. Se estima lo anterior, pues en audiencia de pruebas y resolución de seis de diciembre de dos mil dieciséis, compareció asistida del Licenciado Feliciano Gaspar Salinas, exhibió acta de nueve de junio de dos mil dieciséis, llevada a cabo ante el Juzgado Primero de Paz Civil y acta de nacimiento de la menor y manifestó que al momento de notificarle el proveído de quince de noviembre de dos mil dieciséis, no se le corrió traslado con el escrito de demanda y sus anexos, solicitó le fueron proporcionadas, por lo que la Junta responsable suspendió dicha audiencia a efecto de no dejarla en estado de indefensión. Asimismo, la quejosa Luz Clarita Morales Castrejón, compareció a la audiencia de pruebas y resolución llevada a cabo el nueve de enero de dos mil diecisiete, en las que en uso de la palabra manifestó: ".tomando en consideración las manifestaciones que la parte actora hace en su escrito inicial de demanda, precisamente en lo que se refiere al hecho 3 de ese escrito, manifiesto que no es cierto que el extinto trabajador Miguel Ángel Santiago de los Santos, haya vivido junto con los actores ni que éstos hayan sido sus dependientes económicos, pues la realidad de las cosas es que vivía a mi lado en un domicilio totalmente independiente a los de los actores, y tanto la de la voz como mi menor hija Perla Dileyn Santiago Morales fuimos sus únicos dependientes económicos, como se acredita con el legajo de copias certificadas que en este acto exhibo, correspondiente a la carpeta de investigación 12030080200006040616, instruida por el fallecimiento del extinto Miguel Ángel Santiago de los Santos, de la cual exhibo otro tanto copias fotostáticas a efecto de que se certifique y me sea devuelta la que exhibo en copias certificadas. Asimismo exhibo un acta de defunción de fecha diecisiete de junio del año dos mil dieciséis, en la que con toda claridad se advierte que la de la voz fui cónyuge, en realidad concubina del mencionado trabajador a fin de que se glose a los autos y produzca efectos legales.". De lo antes reseñado, se concluye que en momento alguno se violó su derecho de audiencia, pues como se ha precisado compareció al juicio, realizó las manifestaciones que a su derecho convino y exhibió los documentos que estimó convenientes, de ahí lo infundado de su concepto de violación. De igual manera, se estima infundado lo manifestado por la quejosa en torno a que con las pruebas que obran en autos, no se acreditó que los padres del extinto trabajador fueran sus dependientes económicos, toda vez que Miguel Ángel Santiago de los Santos no vivía con éstos, porque de la carpeta de investigación que exhibió en autos se advierte que son los propios padres quienes la reconocen como concubina y señalan su domicilio. Se estima lo anterior, pues como se advierte de las constancias que integran la carpeta de investigación que fue exhibida por la peticionaria del amparo, el domicilio señalado como el del occiso es el ubicado en Calle Campo de Tiro Sin Número, Colonia Ampliación San Isidro, domicilio en el que se llevó a cabo la investigación ordenada por la responsable para determinar qué persona era dependiente económico del extinto trabajador. Además, también obran diversos medios de prueba de los que se advierte que Miguel Ángel Santiago de los Santos vivía con sus padres y éstos dependían económicamente de él, como se advierte de las declaraciones de los testigos asentada en la diligencia de investigación de treinta de septiembre de dos mil dieciséis, rendidas en lo que aquí interesa, en los siguientes términos: ".2.- ¿Qué diga la testigo si sabe qué personas dependían económicamente del fallecido trabajador? R.- Además de sus padres que son con quien vivía y se Miguel Ángel tiene una niña con una muchacha pero que nunca vivió con ellas, porque nunca se casó con la mamá de la niña; 3.- ¿Qué diga el testigo si conocía a más personas que dependieran económicamente del trabajador fallecido? 4.- Sus padres y su hija que tuvo con una muchacha de unas calles cercanas, pero no sé exactamente dónde;.". ".2.- ¿Qué diga la testigo si sabe qué personas dependían económicamente del fallecido trabajador? R.- Sus padres dependían económicamente de él porque vivía con ellos, pero también sé que Miguel Ángel tenía o tiene una niña con una mujer de por aquí cerca; 3.- ¿Qué diga el testigo si conocía a más personas que dependieran económicamente del trabajador fallecido? R.- Sí sus padres y su hija que no sé qué tiene una hija con una muchacha de unas calles cercanas pero no sé exactamente dónde;.". También obra en autos la forma SAV002, del Instituto Mexicano del Seguro Social, Servicios de Afiliación Vigencia de Derechos, Solicitud de Registro o Aviso de Baja de Beneficiario, de tres de abril de dos mil doce, exhibida por la parte actora, de la que claramente se advierte los siguientes datos: "DATOS DEL ASEGURADO. Número de seguridad social 72099300450. CURP SASM930128HGRNNG05. NOMBRE: SANTIAGO DE LOS SANTOS MIGUEL ANGEL. APELLIDOS Y NOMBRE (S) DEL BENEFICIARIO: SANTIAGO DE JESÚS FÉLIX. CURP. XXXXX AGREGADO DE IDENTIDAD 11119682 MES DE NACIMIENTO 7. DE LOS SANTOS ANTONIO MARTA CURPXXXX AGREGADO DE IDENTIDAD 12219721. MES DE NACIMIENTO". Así, contrariamente a lo afirmado por la peticionaria del amparo, la determinación de la Junta responsable, se encuentra ajustada a derecho, en tanto que en autos se acreditó la dependencia económica no sólo de ella y su menor hija, sino también la de los padres del extinto trabajador, porque la circunstancia de que la parte actora haya reconocido el carácter de concubina con que se ostenta la ahora quejosa, no incide en el carácter de dependientes económicos de los padres del trabajador fallecido, pues se considera beneficiarios a las personas que dependían económicamente del trabajador y lo que establece el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo, es un orden de preferencia entre derechohabientes; así como regular la concurrencia entre ellos; pero en forma alguna dispone que en un momento determinado concurriendo un hijo o concubina dependiente del trabajador, con otra persona también dependiente económicamente de él, ésta excluyera a aquél, pues ello resultaría inequitativo. Por tanto, a consideración de quien aquí resuelve, la resolución por esta vía combatida, se encuentra ajustada a derecho, pues se colmaron debidamente los requisitos previstos en la Ley Federal del Trabajo, por ende es evidente que no se actualiza la trasgresión de derecho alguno de la quejosa, en virtud de que basta imponerse del contenido de las diligencias que se analizan, para apreciar la conclusión a la que se ha arribado, razón por la que es procedente negar el amparo solicitado a la peticionaria de garantías. Orienta lo anterior, en lo conducente, la Jurisprudencia sustentada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR FALLECIDO. ARTICULO 501, FRACCIONES I Y IV, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. INTERPRETACION.- Aun cuando un descendiente no quede incluido entre los beneficiarios a que se refiere la fracción I del artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo, por no haber acreditado ser menor de dieciséis años ni que se encontrara afectado de incapacidad del 50% o más, esa circunstancia no impide que su situación quede comprendida en la fracción IV del mismo dispositivo, que considera beneficiarios a las personas que dependían económicamente del trabajador. Lo que el legislador quiso al establecer diversas fracciones en el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo, fue señalar un orden de preferencia entre derechohabientes; así como regular la concurrencia entre ellos. De ninguna forma pretendió que en un momento determinado concurriendo un hijo dependiente del trabajador, pero mayor de dieciséis, con otra persona no familiar, también dependiente económicamente, ésta excluyera a aquél, lo que resultaría inequitativo. Del precepto comentado se infiere que al exigirse en la fracción I la minoría de dieciséis años o la incapacidad del hijo, se le quiso proteger dándole una preferencia privilegiada frente a otro tipo de dependientes económicos menos desamparados; pero no que cuando faltaren hijos menores o incapaces, los que fueran mayores de dieciséis años pero dependientes económicos quedaran excluidos frente a otros que no guardaran relación de parentesco. De ahí que entonces sea válido concluir que los hijos que no reúnan las calidades que exige la fracción I del artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo, pero que demuestren su dependencia económica, no quedan excluidos por ese solo hecho para recibir la indemnización correspondiente en caso de muerte del trabajador, sino que se ubican en la fracción IV del propio precepto, sujetos a las mismas condiciones y concurrencias que ahí se determinan" Por lo expuesto fundado, y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a LUZ CLARITA MORALES CASTREJÓN, contra el acto que reclamó de la Primera Junta de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, en términos del último considerando de esta sentencia. Notifíquese.Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido de María del Rosario Romero Delgado, Secretaria que autoriza y da fe.
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Acapulco, Guerrero; dieciocho de mayo de dos mil diecisiete. Vista la razón de cuenta signada por la actuaria judicial adscrita a este juzgado, mediante la cual manifiesta su imposibilidad para notificar a los terceros interesados Félix Santiago de Jesús y Marta de los Santos Antonio, el proveído de doce de mayo actual, dictado en el juicio en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hágaseles dicha notificación, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal por lista.
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RAZON DE NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE TERCERO INTERESADA FELIX SANTIAGO DE JELSUS Y MARTA DE LOS SANTOS ANTONIO, EL AUTO DE DOCE DE MAYO DE DOS MIL DIE-CISIETE, MISMO QUE DICE... Acapulco, Guerrero; doce de mayo de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Chilpancingo, Guerrero turnado a este órgano a través de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, mediante el cual remite por incompetencia la demanda de amparo promovida por Luz Clarita Morales Castrejón, por su propio derecho, contra actos de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad.Regístrese en el libro de gobierno con el número 446/2017, y fórmese expediente.Este órgano de control constitucional se avoca al conocimiento del asunto; infórmese esta decisión al Magistrado Presidente del citado Tribunal Colegiado.Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la ley reglamentaria, se admite la referida demanda. Se fijan las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional, en términos del artículo 115 de la Ley de Amparo. Sin que haya lugar a requerir informe justificado a la autoridad responsable , en virtud que de las constancias que se remiten se aprecia que ya lo rindió; sin embargo, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido, sin perjuicio de su relación el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Ahora bien, respecto de las constancias remitidas por la Junta responsable, intégrense en su totalidad por encontrarse relacionadas directamente con la litis constitucional; y en razón de que adjunta el original del expediente laboral 00748/2016, del que deriva el acto reclamado; fórmense por separado el tomo I de pruebas relativo al juicio en que se actúa, previa certificación por parte del Secretario de este órgano jurisdiccional. De igual manera, acorde con lo dispuesto en el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, notifíquese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la radicación del juicio. Respecto a los terceros interesados Félix Santiago de Jesús y Marta de los Santos Antonio, se observa que se encuentran notificados de la radicación de la demanda; por tanto, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo, hágaseles únicamente de su conocimiento el presente proveído en el despacho 208, Segundo Piso, en el interior de la Plaza Navegantes, ubicada en Calle Capitán Mala Espina, número exterior 26, esquina con Calle Vasco Núñez de Balboa, Fraccionamiento Hornos, en esta ciudad. Ahora bien, tomando en consideración que la parte quejosa, señalo los estrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, para oír y recibir notificaciones, y al no advertirse domicilio procesal alguno del informe remitido por la junta responsable, con fundamento en el numeral 27, fracción I, de la ley en cita, se comisiona a la actuaria adscrita para que le notifique el presente proveído en su domicilio particular ubicado en Calle Insurgentes s/n, Ampliación San Isidro, Código Postal 39931, en esta ciudad, como se advierte de la comparecencia que obra en el referido informe (foja 45); además, se le habilita para que, si con motivo de la investigación de tal domicilio logra identificar algún otro, se constituya en el mismo y lleve a cabo la notificación que se le encomienda, previa razón que para el particular se asiente para constancia legal. Se tienen como autorizados de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Feliciano Gaspar Salinas, Luis Rosete Perea y Silvestre Pacheco Juárez, cuya cédula se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como profesionales del derecho, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Byron Camilo Marín Zulueta y Ma. Natividad Chavarría Morales, por así haberlo solicitado. Así también, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se faculta a la actuaria judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente. .. LO QUE NOTIFICO POR ESTE MEDIO A LA CITADA PARTE TERCERO INTERESADA, EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...
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