Luisa Salinas Cortés

Expediente 1345/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 21 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1345/2022
Año
2022
Actuaciones
21
Última actuación
13/11/2023

Partes del expediente

  • Luisa Salinas Cortés
  • Presidente Municipal de Santa María Temaxcaltepec, Juquila, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    PRAL 1345/2022 MESA 1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Correos ya devolvió acuse. Agréguese el oficio del jefe del Centro de Atención al Público del Servicio Postal Mexicano, residente en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por el que comunica que los acuses de recibo MN680117340MX, MN680117339MX y MN68017338MX (relativo a los oficios 15963, 15964 y 15965) fueron devueltos a este órgano jurisdiccional; lo anterior, para los efectos legales procedentes, ya que, como lo refiere y acredita con copia de la relación que anexa, esas piezas postales se entregaron a este Juzgado, y fueron subidas a plataforma del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes el uno de noviembre del año en curso. 2. Se requiere a correos. Ahora, de los acuses remitidos se advierte que no consta la fecha en que fueron recibidos, por lo que, a fin de que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de determinar lo relativo a la firmeza de la sentencia dictada en este juicio de amparo; con fundamento en el artículo 297, fracción III, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se requiere al jefe de la Administración de Correos, residente en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, para que, dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación de este acuerdo, remita a este Juzgado copia certificada de la constancia que acredite la fecha en la que fueron entregados los oficios respectivos a las autoridades responsables, pues no aparece en los acuses de recibo MN680117340MX, MN680117339MX y MN68017338MX que devolvió a este Juzgado. 3. Apercibimiento. Se le apercibe que, de no hacerlo, sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a la suma de $********************,********************.00 (******************** pesos, 00/100, moneda nacional), atendiendo a que el valor diario de la unidad de medida y actualización, es de $********************.******************** (******************** pesos, ********************centavos, moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 2********************9 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL. 1345/2022 MESA 1* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Autoridad postal solicita prórroga. Agréguese el oficio del jefe del Centro de Atención al Público del Servicio Postal Mexicano, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por el que, en atención al requerimiento formulado en auto de cuatro de octubre del año en curso, remite copia de seguimiento de registrado de los números MN680117338MX al MN680117340MX, y señala que aún se encuentran en la oficina de Puerto Escondido, Oaxaca, por lo que solicita prórroga para su devolución ante este órgano jurisdiccional. Atento a su petición, se le otorga el plazo de cinco días hábiles a fin de que remita los acuses referidos, que será contado a partir de la fecha en que reciba el oficio que con transcripción de este acuerdo se le gire. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL 1345/2022 MESA 1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. 1. Correos ya devolvió acuses. Agréguese el oficio del jefe del Centro de Atención al Público del Servicio Postal Mexicano, residente en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, por el que comunica que los acuses de recibos números MN680112890MX al MN680112892MX (relativos a los oficios 15963/2023 al 15965/2023) fueron entregados a este órgano jurisdiccional, para los efectos legales procedentes, ya que, como lo refiere y acredita con copia de la relación que anexa, esas piezas postales con sobres cerrados, al no haber sido recibidas por su destinatario, se devolvieron a este Juzgado el siete de septiembre de este año. 2. Estado procesal. Por otra parte, vistos los autos, advirtiéndose que por acuerdo de ocho de septiembre del año en curso se ordenó reexpedir los oficios números 15963/2023 al 15965/2023 dirigidos a las autoridades responsables, con residencia en Santa María Temaxcaltepec, Juquila, Oaxaca, con transcripción de la sentencia dictada en este juicio de amparo; sin que a la fecha obren los acuses de recibo respectivos. 3. Se solicitan piezas postales. Ante ello, a fin de que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de determinar lo relativo a la firmeza de la sentencia dictada en este juicio de amparo; con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se requiere al jefe de la Administración de Correos, residente en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, para que, dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación de este acuerdo, remita a este Juzgado los siguientes registrados postales: OFICIO AUTORIDAD A LA QUE ESTÁ DIRIGIDO NÚMERO DE PIEZA POSTAL FECHA DE ENTREGA EN FACTURA 21680/2023 PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, JUQUILA, OAXACA. MN6801 17340 MX CATORCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. 21681/2023 SÍNDICO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, JUQUILA, OAXACA. MN6801 17339 MX 21682/2023 DIRECTOR DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, JUQUILA, OAXACA. MN6801 17338 MX 4. Apercibimiento. Se le apercibe que, de no hacerlo, sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a la suma de $********************,********************.00 (******************** pesos, 00/100, moneda nacional), atendiendo a que el valor diario de la unidad de medida y actualización, es de $********************.******************** (******************** pesos, ********************centavos, moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL 1345/2022 MESA 1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguense los oficios y sobres cerrados que remite el jefe del Centro de Atención al Público del Servicio Postal Mexicano, residente en la ciudad de Oaxaca; en su atención, se le tiene cumpliendo con el requerimiento realizado en proveído de veintitrés de agosto de este año, ya que remite copia certificada de tres sobres devueltos; así como seis sobres cerrados que contienen los oficios: a) 12675/2023 y 15963/2023, dirigidos a la autoridad responsable, presidente Municipal de Santa María Temaxcaltepec, Juquila, Oaxaca (con transcripción del auto de treinta de mayo de este año y de la sentencia de amparo). b) 12676/2023 y 15964/2023, enviados a la autoridad responsable, síndico Municipal de dicha población (con transcripción del auto de treinta de mayo de este año y de la sentencia de amparo). c) 12677/2023 y 15965/2023, girados a la autoridad responsable, director de la Policía Municipal del citado Ayuntamiento (con transcripción del auto de treinta de mayo de este año y de la sentencia de amparo). Con las anotaciones "Dev. 28/08/23". I. Sólo para que obren. Respecto de los oficios 12675/2023 al 12677/2023, que contienen la transcripción del auto de treinta de mayo del año en curso, por el que se difirió la audiencia constitucional en este juicio de amparo, se ordena glosarlos únicamente para que obren como corresponda, toda vez que dicho proveído fue superado con el dictado de la sentencia autorizada el treinta de junio de dos mil veintitrés, por lo que se estima innecesaria su reexpedición. II. Se reexpiden oficios. Por otra parte, en relación a los diversos oficios números 15963/2023 al 15965/2023, dirigidos a las autoridades responsables 1) presidente Municipal de Santa María Temaxcaltepec, Juquila, Oaxaca, 2) síndico Municipal y 3) director de la Policía Municipal de dicho Ayuntamiento, se ordena reexpedirlos a través del Servicio Postal Mexicano. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. SE CUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR SE INSERTA EL CONTENIDO DE LOS OFICIOS: pral 1345/2022 mesa 1 Sentencia. Visto para resolver el juicio de amparo número ********************; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintidós de noviembre de dos ******************** veintidós en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec y remitido el veintitrés de noviembre siguiente, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados y autoridades responsables siguientes: Presidente Municipal del Ayuntamiento de ********************,********************, Oaxaca. Síndico municipal de dicha población: a) La orden verbal o escrita que para detenerla se giró a la Policía Municipal de ese lugar. Síndico municipal del Ayuntamiento de ********************,********************, Oaxaca: a) La acción de imponer multas. b) El imponerle multa, sin fundar ni motivar su acción. c) Imponer sanción administrativa sin ser oída y vencida en juicio. Director de la Policía Municipal de ese sitio: a) Realizar actos de molestia a su persona, domicilio y posesiones. b) La ejecución de la orden de privación de la libertad. La parte quejosa narró los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación; invocó como derechos fundamentales vulnerados los artículos 1º, párrafos primero, segundo y tercero, 5º, párrafos primero, segundo y tercero, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Registro y prevención de la demanda de amparo. Por auto de veinticuatro de noviembre de dos ******************** veintidós se ordenó registrar la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número ******************** y se previno a la parte quejosa en los términos siguientes: 1) Precise si también promueve en representación de la menor ********************. o únicamente por propio derecho. 2) De promover en representación de la menor, deberá exhibir el documento idóneo que demuestre esa personalidad. Es aplicable al respecto la jurisprudencia de datos de localización y rubro siguientes: 3) En ese caso, señalará qué acto reclama la menor quejosa y a qué autoridad se lo atribuye. 4) Bajo protesta de decir verdad, la quejosa, por propio derecho, manifestará los hechos y abstenciones del acto reclamado al presidente Municipal que señala como responsable. 5) Dirá ******************** si también reclama al síndico municipal haber emitido la orden de privación de libertad o arresto en su contra. 6) Señale en qué consiste la sanción administrativa que dice le impuso el síndico municipal, al que también le atribuyó la imposición de una multa. Tercero. Cumple prevención parte quejosa. En escritos presentados el dos y trece de diciembre de dos ******************** veintidós ******************** señaló: 1º Que también promueve en representación de la menor de iniciales ********************., para lo cual anexó copia de su acta de nacimiento. 2º Del síndico municipal de ********************,********************, Oaxaca, reclamaba el acto de molestia de hacerla comparecer ante esa autoridad, sin tener facultades para ello. 3º Del presidente municipal reclama la orden dada a la Policía Municipal para causar actos de molestia en su domicilio y privación de la libertad. 4º Que se refiere a la sanción administrativa como la imposición de la multa por la cantidad de $********************,********************.00 (********************pesos cero centavos moneda nacional), sin tener facultades para ello. 5º Manifestó que el ********************, el policía municipal le dijo que debía presentarse ante el síndico municipal, de no hacerlo, esta autoridad y el presidente municipal habían ordenado detenerla, incluso, dijo, en varias ocasiones llegaron a su domicilio para que cubriera la cantidad de ********************pesos que le fue impuesta. Cuarto. Admisión de la demanda de amparo. En acuerdo de quince de diciembre de dos ******************** veintidós se admitió a trámite la promoción inicial constitucional, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, señalándose hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Quinto. Audiencia constitucional. Y, previo trámite del procedimiento, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/********************13, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito, reformado por el diverso Acuerdo General 30/********************22, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de noviembre de dos ******************** veintidós, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa, y las autoridades responsables residen en ********************,********************, Oaxaca; lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, se establece que los actos reclamados por la parte quejosa y por los cuales se realizará el análisis relativo, son: Presidente Municipal del Ayuntamiento de ********************,********************, Oaxaca. Síndico municipal de dicha población: - La orden verbal o escrita dada a la Policía Municipal para privarla de su libertad, para el caso de que no compareciera ante el síndico municipal y no cubra la multa impuesta por esta última autoridad. Síndico municipal del Ayuntamiento de ********************,********************, Oaxaca: - La multa que se le impuso a ******************** el ********************, por la cantidad de $********************,********************.00 (********************pesos cero centavos moneda nacional). - Realizar actos de molestia a su persona, domicilio y posesiones, ya que fueron a su domicilio para que compareciera ante esa autoridad el ********************. - La orden de hacer comparecer a su ******************** ante esa autoridad, efectuada el ********************. -La orden de privarla de la libertad. Director de la Policía Municipal de ese lugar: a) Realizar actos de molestia a su persona, domicilio y posesiones, para hacerla comparecer ante esa autoridad. b) La ejecución de la orden de privación de la libertad. Tercero. Presunción de existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables: a) Presidente Municipal de ********************,********************, Oaxaca. b) Síndico municipal de ********************,********************, Oaxaca. c) Director de la Policía Municipal de ese sitio. No rindieron el informe justificado dentro del plazo previsto por el numeral 117 de la Ley de Amparo, no obstante su notificación el ocho de febrero de dos ******************** veintitrés, como se aprecia de los acuses de recibo respectivos, por tanto, con fundamento en el numeral invocado se presumen ciertos los actos que se les reclaman. Cuarto. Causa de improcedencia. Previo al estudio de la cuestión planteada, procede analizar si en la especie existe alguna causal de improcedencia, pues su estudio es preferente y de orden público, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Respecto de los actos que reclama ********************, en representación de la menor ********************., se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 5 de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Por su parte, los artículos 10, 11, 12, 14 y 15, de la Ley de Amparo señalan: Artículo 10. La representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en juicio en los términos previstos en esta Ley. En los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Cuando se trate del Ministerio Público o cualquier otra autoridad, se aplicarán las reglas del artículo anterior". Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada. La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter con que se ostenta". Artículo 14. Para el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia penal bastará que el defensor manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter. En este caso, la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá al juez o tribual (sic) que conozca del asunto, que le remita la certificación correspondiente. Si el promovente del juicio posteriormente carece del carácter con el que se ostentó, el órgano jurisdiccional de amparo le impondrá una multa de cincuenta a quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada y ordenará la ratificación de la demanda al agraviado dentro de un término de tres días. Al ratificarse la demanda se tramitará el juicio, entendiéndose las diligencias directamente con el agraviado siempre en presencia de su defensor, ya sea de oficio o designado por él, mientras no constituya representante dentro del juicio de amparo. De lo contrario, la demanda se tendrá por no interpuesta y quedarán sin efecto las providencias dictadas en el expediente principal y en el incidente de suspensión". Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona". Estoes, solo la parte agraviada con el acto de autoridad tiene legitimación para acudir en demanda de amparo, quien puede hacerlo a) por sí, b) a través de su representante, c) de su defensor si se trata de una demanda de amparo en materia penal o d) por medio de cualquier persona, incluso menor de edad, en los casos que la ley lo disponga. Ahora, ******************** afirmó, bajo protesta de decir verdad, que ********************. es su ********************, para lo cual exhibió copia del acta de nacimiento expedida a favor de la menor, que tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y ********************2 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, por haber sido expedido por funcionario público en ejercicio de sus funciones, de la que se advierte que ******************** no es su representante legal, como lo afirmó. En efecto, en dicho documento se advierte que ******************** son progenitores de la menor, pero no aparece que la promovente sea ******************** de la menor, tampoco quedó demostrado que los padres, tutores o quienes ejercieran la patria potestad sobre la menor tuvieran imposibilidad para comparecer en su representación. Se invocan en apoyo las tesis siguientes: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: ********************08312 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Constitucional, Civil Tesis: 1a. XXI/********************15 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 14, Enero de ********************15, Tomo I, página 766 Tipo: Aislada INTERÉS SUPERIOR DE LA INFANCIA. EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS RECONOCE QUE ASISTE UN INTERÉS A LOS ASCENDIENTES DIRECTOS EN SEGUNDO GRADO PARA VELAR POR LOS DERECHOS DE SUS DESCENDIENTES MENORES DE EDAD. Los efectos personales del parentesco son la asistencia, el deber de ayuda y el socorro mutuo, cuya obligación más clara, tratándose de menores de edad, consiste en proporcionar alimentos, así como en el deber y el derecho de ejercer la patria potestad y la guarda y custodia; estos efectos, en primera instancia, recaen sobre los ascendientes directos en primer grado, esto es, en el padre o la madre, por lo que a falta de éstos corresponde, generalmente, a los ascendientes directos en segundo grado, es decir, a los abuelos en ambas líneas (materna o paterna), pues además de derivarse así por efectos del parentesco, el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce un interés de los ascendientes para que velen por el cumplimiento y respeto de los derechos y principios de la infancia, sin que la Ley Suprema distinga el grado de parentesco de los ascendientes pues, conforme al principio del interés superior del menor, lo único que habrá que determinar es la aptitud e idoneidad del ascendiente en primer o segundo grado, para cumplir con los deberes y las obligaciones para resguardar los derechos del infante. Esto es, debe buscarse la mayor afinidad e identificación de los descendientes con sus ascendientes, para lo cual es necesario tomar en cuenta la edad, la plenitud y el mejor grado de preparación de los ascendientes, así como la estabilidad económica para satisfacer las necesidades alimentarias, y en sí las condiciones más favorables para el desarrollo del infante. Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 186762 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Civil Tesis: VI.1o.C.41 C Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Junio de ********************02, página 669 Tipo: Aislada MENOR DE EDAD. PARA OCURRIR A JUICIO DEBE HACERLO A TRAVÉS DE AMBOS PADRES, SI EN ELLOS RECAE EL EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD, PARA QUE SE CONSIDERE LEGALMENTE REPRESENTADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El artículo 616 del Código Civil para el Estado de Puebla dispone: "Las personas que ejerzan patria potestad representarán a los menores en juicio; pero si se nombra representante a una de ellas, no podrá celebrar ningún arreglo para terminarlo, sin consentimiento expreso de su cónyuge.". El texto legal transcrito, como se ve, exige que tienen que ocurrir necesariamente ambos padres a promover un juicio a favor de un menor, si en aquéllos recae el ejercicio de la patria potestad, para considerar legalmente representado al menor, porque si bien la patria potestad sobre los hijos se puede ejercer por el padre o la madre, o por ambos, en cuyo carácter resultan ser los legítimos representantes de los que están bajo tal figura, de la interpretación del precepto antes transcrito se advierte que su aplicación en materia procesal impone a quienes ejerzan la patria potestad, si se trata de varias personas (como sucede con los padres), que ambos deban representar al menor en un juicio, al margen de que entre ellos decidan designar desde el escrito inicial a un representante común, con la limitante para éste de que no podrá celebrar arreglo alguno con el objeto de concluir el juicio, salvo que cuente con el consentimiento de su cónyuge. Es decir, la concurrencia de los padres que ejerzan la patria potestad es indispensable al formular la demanda, pero no en los actos procesales subsecuentes, si deciden nombrar a un representante común". En consecuencia, ******************** carece de legitimación para instar la acción de amparo con el carácter que ostentó. Apoya lo anterior, en términos del artículo sexto transitorio, la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: Novena Época Registro: 196956 Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Enero de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 75/97 Página: 351 LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable". Motivo por el que procede SOBRESEER ESTE JUICIO DE AMPARO, con apoyo, además, en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Quinto. Diversa hipótesis de improcedencia. En el caso, respecto del acto reclamado relativo a: Realizar actos de molestia a su persona, domicilio y posesiones, ya que fueron a su domicilio para que compareciera ante esa autoridad el ********************. Que se reclaman del: Síndico municipal del Ayuntamiento de ********************,********************, Oaxaca; y, Director de la Policía Municipal de ese lugar. Se actualiza la hipótesis de improcedencia a que se refiere la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ello así se considera, porque en esa fecha, ********************, se ordenó verbalmente a la quejosa comparecer ante el síndico municipal, quien a las doce horas del referido día se presentó, lugar en el que hicieron saber que su ******************** había publicado en redes sociales un video; por lo que es claro que el acto ya produjo todos sus efectos y, como consecuencia, la orden de hacerla comparecer, que se tradujo en actos de molestia, dijo la quejosa, se consumaron de modo irreparable, pues para el caso de concederse la protección constitucional, no sería posible restituirle en el goce del derecho fundamental vulnerado y restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, ya que no puede retrotraerse el tiempo. Ante lo cual, se SOBRESEE EN ESTE JUICIO DE AMPARO, por cuanto a dichos actos, con apoyo además en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis de datos de localización, rubro y texto siguientes: Registro No. 280252 Localización: Quinta EpocaInstancia: PlenoFuente: Semanario Judicial de la FederaciónXXIIPágina: 693Tesis AisladaMateria(s): Común Rubro: ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. Texto: La improcedencia del amparo sólo puede decretarse, fundándose en que el acto se ha consumado de un modo irreparable, cuando la restitución de las cosas al estado anterior a la violación, es materialmente imposible". El sobreseimiento por la causal de improcedencia decretada impide el estudio de los conceptos de violación planteados por el quejoso; atento a la jurisprudencia II.3o.J/58 publicada en la foja 57del tomo 70, octubre de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Sexto. Análisis del asunto. En este considerando, se analizará el acto reclamado consistente en: La multa que se le impuso a ******************** el ********************, por la cantidad de $********************,********************.00 (********************pesos cero centavos moneda nacional), como consecuencia de que a su ******************** le fue atribuido el haber grabado un video y publicarlo en redes sociales. La parte quejosa expresó sus respectivos conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en aras del principio de economía procesal, toda vez que no es necesaria su transcripción, ni existe precepto alguno de la Ley de Amparo que obligue a este Juzgado Federal a transcribirlos, sin que ello conlleve a incumplir con los principios de exhaustividad y congruencia que toda sentencia de amparo debe observar. Antecedentes del asunto. Bajo protesta de decir verdad, la quejosa manifestó que: A las nueve de la mañana del ********************, un elemento de la Policía Municipal se hizo presente en su domicilio ubicado en ********************,********************, Oaxaca, expresándole de manera verbal que debía presentarse en las oficinas del síndico municipal de ese lugar. A las ********************se presentó ante el síndico municipal, quien le preguntó por su ********************, y le ordenó que la presentara ante esa autoridad, por lo que fue a su escuela por ella y al regresar, como a la una de la tarde, la suplente de la regidora de Educación acusó a la menor de haber grabado un video que circulaba a través de las redes sociales, Facebook, y le preguntó a quién le había enviado el video, sin que contestara. Como consecuencia de la acusación, el síndico municipal le impuso una multa por la cantidad de $********************,********************.00 (********************pesos cero centavos moneda nacional), de no pagar, la arrestaría y dejaría en la cárcel municipal. Ahora, vía concepto de violación, la quejosa manifiesta que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales previstos en los artículos 1º., 14 y 16 constitucionales, porque sin haberse seguido un juicio en su contra, en el que se hubieren cumplido con las formalidades del procedimiento, se le impuso la multa sin expresar determinación por escrito fundada y motivadamente, en tanto las autoridades no son competentes para emitir los actos que les reclamó. Es fundado dicho concepto de violación. Artículos 16 y 21 constitucionales. El artículo 16 constitucional establece que nadie puede ser molestado en su persona, fa********************ia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento, y permite a cualquier autoridad emitir actos de molestia contra los gobernados, para lo cual se deben cumplir con ciertos requisitos, a saber: a) Que provenga de autoridad competente; b) Que se encuentre fundado y motivado, y c) Que conste por escrito. Considerándose el acto de molestia emitido por autoridad competente que se encuentra fundado cuando en él se citan con precisión los preceptos legales aplicables al caso, y motivado si la autoridad expone todas aquellas circunstancias o hechos que consideró al momento de emitir el acto reclamado, siendo necesario, además, que los hechos aducidos encuadren en la hipótesis normativa citada, para que el gobernado esté en posibilidad de asegurar la prerrogativa de su defensa. Así también, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, al respecto, que por fundamentación del acto de autoridad se entiende que debe sustentarse en una disposición normativa de carácter general, es decir, que se cite la ley que prevea una situación concreta para la cual resulte procedente realizar el acto de autoridad. Y la motivación, debe entenderse en el sentido de exponer las razones de hecho que actualizan la hipótesis normativa; de tal suerte que la motivación implica que se citen las circunstancias y modalidades del caso particular que encuadren dentro del marco general correspondiente. Es aplicable la tesis que dice: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 318266 Instancia: Segunda Sala Quinta Época Materias(s): Administrativa Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo CXVIII, página 351 Tipo: Aislada AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, FUNDAMENTACION DE SUS ACTOS. Las autoridades administrativas están obligadas, conforme a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, a fundar y motivar sus actos, citando las disposiciones legales aplicables y las razones de su aplicabilidad, a efecto de que los interesados puedan formular adecuadamente sus defensas, pues no basta que citen alguna razón, máxime si es inexacta o inadecuada; y cuando no lo hacen así, infringen las garantías que otorgan dichos artículos". Por su parte, el artículo 21 constitucional faculta a las autoridades administrativas para aplicar sanciones de multa o arresto hasta de treinta y seis horas a quienes infraccionen los reglamentos gubernativos y de policía, y en sustitución de la multa, en caso de no ser pagada, arresto que no exceda de quince días; sin embargo, ello está subordinado a la comprobación de la falta correspondiente, por medio del acta respectiva que para ello se levante y a la notificación de la multa, así como a la existencia del reglamento de Policía que se considera infringido. Caso concreto. La quejosa reclama el que se le hubiere impuesto multa, como consecuencia de la acusación que se le hizo a su ******************** de haber grabado un video y circularlo a través de las redes sociales. En tanto las responsables omitieron rendir su informe justificado, por lo que operó la presunción de certeza de los actos reclamados. Así, ante la omisión de emitir dicho informe, no quedó demostrado que las autoridades responsables hicieron uso de sus facultades constitucionales al imponer las multas reclamadas por el quejoso, tampoco justificaron en qué términos levantaron el acta respectiva y cuál fue la infracción cometida, ni existe determinación emitida por escrito, fundada y motivadamente, esto es, que se haya citado la disposición gubernativa, municipal o de policía cuya infracción se atribuye al quejoso; por tanto, se vulneraron en perjuicio de ******************** los derechos fundamentales previstos en los artículos 16 y 21 constitucionales. Son aplicables las tesis de datos de localización, rubro y textos siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 309722 Instancia: Primera Sala Quinta Época Materias(s): Penal, Administrativa Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXI, página 574 Tipo: Aislada AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, PENAS IMPUESTAS POR LAS. Si se reclama en amparo la multa que un presidente municipal impuso al quejoso y la prisión a que en lugar de aquélla se le condenó, y la autoridad responsable no comprobó el motivo fundado que tuvo para detener al quejoso e imponerle la multa o el arresto, sus actos son violatorios del artículo 21 constitucional, puesto que la facultad que ese precepto concede a las autoridades administrativas, para sancionar las infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía con multa o arresto hasta de treinta y seis horas, y en sustitución de la multa, en caso de no ser pagada, arresto que no exceda de quince días, está subordinada a la comprobación de la falta correspondiente, por medio del acta respectiva que para ello se levante y a la notificación de la multa, así como a la existencia del reglamento de policía que se considera infringido Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 310215 Instancia: Primera Sala Quinta Época Materias(s): Penal Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo LVIII, página 2980 Tipo: Aislada AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, PENAS IMPUESTAS POR LAS. Por informe justificado que las autoridades responsables están obligadas a rendir al solicitarlo los Jueces del Distrito, debe entenderse no la simple declaración que las autoridades responsables hagan, de que son ciertos los actos que de ellas se reclaman, si no la demostración legal del procedimiento en que se hayan basado para ejecutar los actos reclamados; no bastando, por tanto, que la autoridad administrativa diga que impuso una multa o arresto por infracciones al reglamento de policía, sino que es necesario que cite esas disposiciones reglamentarias, ajustando sus actos a aquéllas; siendo esa la jurisprudencia que ha sentado la Suprema Corte de Justicia, sobre que si bien conforme al artículo 21 constitucional, las autoridades administrativas tienen facultades para castigar las faltas, también lo es, que deben fundar debidamente sus determinaciones, citando la disposición gubernativa, municipal o de policía cuya infracción se atribuye al interesado, y si no se cumple con tales requisitos, se violan las garantías consignadas en el artículo 16 constitucional. Por otra parte, el artículo 21 también las faculta para castigar con multa o arresto hasta de quince días, pero es inconstitucional que desde luego se imponga el arresto, sin dejar al agraviado el derecho de optar entre la pena corporal o la pecuniaria". De ahí lo fundado del concepto de violación expresado por la quejosa. Séptimo. Efectos del fallo protector. Por lo que, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, para que: Las autoridades responsables dejen sin efecto la multa impuesta el ******************** por la suma de $********************,********************.00 (********************pesos cero centavos moneda nacional), como consecuencia de la acusación que se realizó a su ******************** de haber grabado un video y publicarlo en redes sociales. Octavo. Análisis del asunto. Por cuanto a los actos relativos a: La orden verbal o escrita dada a la Policía Municipal para privarla de su libertad. Que se atribuye al presidente Municipal de ********************,********************, Oaxaca. La orden de privarla de la libertad, para el caso de que no cubra la multa impuesta. Reclama al síndico municipal del Ayuntamiento de ********************,********************, Oaxaca. La parte quejosa expresó sus respectivos conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en aras del principio de economía procesal, toda vez que no es necesaria su transcripción, ni existe precepto alguno de la Ley de Amparo que obligue a este Juzgado Federal a transcribirlos, sin que ello conlleve a incumplir con los principios de exhaustividad y congruencia que toda sentencia de amparo debe observar. Suplidos en su deficiencia, los conceptos de violación vertidos por la quejosa son fundados, de conformidad con lo establecido en la fracción VI del artículo 79 de la Ley de Amparo, toda vez que la orden de privación de la libertad de una persona, por autoridades administrativas, violan los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Antecedentes del asunto. Bajo protesta de decir verdad, la quejosa manifestó que: A las nueve de la mañana del ********************, un elemento de la Policía Municipal se hizo presente en su domicilio ubicado en ********************,********************, Oaxaca, expresándole de manera verbal que debía presentarse en las oficinas del síndico municipal de ese lugar; de no hacerlo, sería detenida, por órdenes de dicho síndico y del presidente municipal. A las ********************se presentó ante el síndico municipal, quien le preguntó por su ********************, y le ordenó que la presentara ante esa autoridad, por lo que fue a su escuela por ella y al regresar, como a la una de la tarde, la suplente de la regidora de Educación acusó a la menor de haber grabado un video que circulaba a través de las redes sociales, Facebook, y le preguntó a quién le había enviado el video, sin que contestara. Como consecuencia de la acusación, el síndico municipal le impuso una multa por la cantidad de $********************,********************.00 (********************pesos cero centavos moneda nacional), de no pagar, la arrestaría y dejaría en la cárcel municipal. Por su parte, los artículos 14, segundo párrafo, y 16, párrafos segundo y quinto, de la Constitución Federal, en lo conducente, establecen lo siguiente: "Artículo 14.. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho". "Artículo. 16. Nadie puede ser molestado en su persona, fa********************ia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. De esos preceptos constitucionales se desprende que los requisitos para el libramiento de una orden que tenga como efecto la privación de una persona, como la que aquí se reclama, son: Que ésta sea emitida por autoridad judicial competente; Que preceda denuncia, acusación o querella de un hecho que la ley señale como delito. Que sea sancionado, cuando menos con pena privativa de libertad. Que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado. De lo anterior, se advierte que únicamente las autoridades judiciales de la materia son las únicas que pueden librar una orden de aprehensión; en tanto que el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar que se realice la detención, en los siguientes casos: Sólo en casos urgentes o cuando se trate de delito considerado grave por la ley. Que se esté ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la Justicia; y, Siempre y cuando, esto se deba a que no se pueda ocurrir ante la autoridad Judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia. Deberá fundar y motivarlos indicios que motiven su proceder. De ahí que si las responsables, a) presidente Municipal Constitucional y b) síndico Municipal Constitucional, residentes en ********************, Oaxaca, no son autoridades judiciales ni se trata de agentes del Ministerio Público, es obvio que no están facultadas para ordenar la privación de la libertad de persona alguna. En esa tesitura, la orden de privación de la libertad y su ejecución atribuida al director de la Policía Municipal de esa población, se estima violatoria de derechos fundamentales en sí mismo, ya que no tienen facultades constitucionales para emitir un acto de tal naturaleza. Se invoca en apoyo la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 307 del tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, registro 285503, que refiere: "DETENCION. La autoridad administrativa no está capacitada, legalmente, para decretar la detención de nadie, que sólo puede llevarse a cabo mediante los requisitos exigidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución". En tanto que el caso de excepción que prevé el artículo 16, párrafo cuarto, de la Constitución Federal, para que cualquier persona pueda realizar una detención, solo es para los delitos flagrantes; lo que, en la especie, no acontece. Ante esa circunstancia, lo procedente es conceder el amparo liso y llano, pues el acto reclamado es de carácter positivo. Noveno. Efectos del fallo protector. Por lo que el efecto de la protección de la Justicia Federal es el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trata, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, mediante la insubsistencia del acto reclamado; motivo por el cual las responsables deberán dejar sin efecto ni valor alguno la orden de privación de la libertad ordenada contra ********************, el ********************, por no cubrir la multa impuesta por el síndico municipal. Tiene aplicación al respecto la tesis 2a. CXXXIV/98, visible a foja 54, Tomo VIII, Noviembre de 1998, Novena Epoca, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto, siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE REVOCAR EL ACTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL QUE SE TUVO POR CIERTO ANTE LA FALTA DE INFORME JUSTIFICADO Y QUE EN SÍ MISMO ES VIOLATORIO DE GARANTÍAS, CON INDEPENDENCIA DE QUE EFECTIVAMENTE LO HAYA EMITIDO. Conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, sin que quede a cargo del quejoso acreditar los hechos que determinen su inconstitucionalidad en el caso en que dicho acto sea en sí mismo violatorio de garantías. De ahí que si la protección constitucional otorgada se funda en dicha presunción de certeza y en el hecho de que la conducta positiva que el quejoso atribuyó a la autoridad consiste en un acto que por su simple emisión resulta inconstitucional pues para resolver esto último no es necesario atender a los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado- debe estimarse que para el debido cumplimiento de aquélla, en términos de lo dispuesto en el artículo 80 del propio ordenamiento legal, el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación deberá tener lugar con independencia de que efectivamente el acto reclamado se haya emitido o no, en razón de que para efectos del juicio de garantías el actuar inconstitucional de la autoridad sí existió y trascendió a la esfera jurídica del agraviado, de donde se sigue que para el debido acatamiento de la sentencia concesoria será necesario que la autoridad responsable revoque el acto reclamado y los efectos que de él pudieren derivarse; debiendo tenerse presente que la declaración de voluntad que al efecto emita la autoridad para revocar el acto declarado inconstitucional, encuentra restringido su alcance al respectivo juicio de amparo, por lo que, por sí misma, tal revocación no podrá constituir una presunción que sirva de sustento a cualquier actuación ajena a dicho juicio." Concesión que se hace extensiva al acto de ejecución que se reclama del director de la Policía Municipal de ********************,********************, Oaxaca, por cuanto que no los combate por vicios propios, sino que su alegada inconstitucionalidad se hace depender del acto de ordenamiento que trata de ejecutar. Tiene aplicación la jurisprudencia que aparece con el número ochenta y ocho, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 70 del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-********************00, que dice: AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.- Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman especialmente vicios de ésta". Décimo. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 1******************** de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de esa resolución ejecutoriada sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/**************************************** emitida el quince de octubre de dos ******************** ********************, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos ******************** ********************, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1, 37, 74, 77 y demás de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e : Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, como representante de la menor ********************, contra: La orden de hacer comparecer a la menor ante esa autoridad, efectuada el ********************. Atribuida al síndico municipal del Ayuntamiento de ********************,********************, Oaxaca. En términos del considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por propio derecho, contra: Realizar actos de molestia a su persona, domicilio y posesiones, ya que fueron a su domicilio para que compareciera ante la autoridad el ********************. Que se reclama del síndico municipal del Ayuntamiento de ********************,********************, Oaxaca. En términos del considerando quinto de esta sentencia. Tercero. La Justicia Federal ampara y protege a ********************, contra: La orden verbal o escrita dada a la Policía Municipal para privarla de su libertad, para el caso de que no compareciera ante el síndico municipal. Reclamada al presidente Municipal del Ayuntamiento de ********************,********************, Oaxaca; y, Síndico municipal de esa población. La multa que se le impuso el ********************, por la cantidad de $********************,********************.00 (********************pesos cero centavos moneda nacional). -La orden de privarla de la libertad. Reclamadas al síndico municipal de , Oaxaca. La ejecución de la orden de privación de la libertad. Atribuida al director de la Policía Municipal de , Oaxaca. En términos de los considerandos sexto, séptimo, octavo y noveno de esta sentencia. Cuarto. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hoy treinta de junio de dos ******************** veintitrés, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. Conste.

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