Lupita Matías Cortés
Expediente 610/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 610/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Lupita Matías Cortés
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
PRAL 610/2022 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de agosto de dos mil veintidós. 1. Causa ejecutoria la sentencia. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiuno de julio del año en curso, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, sin que lo hubiere hecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 2. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de la I) autoridades responsables y II) agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; ello, dado el sentido de la sentencia dictada en este juicio de amparo, pues ningún agravio les genera, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, de rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 3. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3.1. Instrucción Secretaría y Actuaría. Por otra parte, se instruye a la secretaria (o) y actuario (a), que se atiendan los lineamientos precisados en la circular DGGJ/STG/17/2020, de quince de octubre de dos mil veinte, para que la versión publica de la sentencia sea consultable por internet. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 6. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es destruible. 7. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 8. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese. Así lo proveyó Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de once de julio de dos mil veintidós, comunicado por la secretaria Técnica de la Comisión Permanente mediante oficio número CCJ/ST/2918/2022, de la misma fecha, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 610/2022 MESA 7 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las diez horas con siete minutos del veintiuno de julio de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 610/2022, como se ordenó en acuerdo de veintidós de junio del año en curso, Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autorizada y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta, sin asistencia de las partes de manera física o a través de medios electrónicos. Apertura de la audiencia. Enseguida, la secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que destacan: a) la demanda de amparo promovida por Lupita Matías Cortes y el b) informe justificado de las autoridades responsables 1) Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca y 2) presidente adscrito a dicha Junta. Además, hace constar que: a) no existen promociones pendientes por acordar y b) las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, como se les previno en auto admisorio de veintisiete de mayo del año en curso. A lo anterior, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. III. Finalmente, se precisa que en este juicio de amparo no se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada; sin embargo, se estima innecesario realizarlo, dado el sentido de esta resolución; como así lo ilustra la tesis P.V./98, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cuarenta y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, registro 196912, del rubro: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ". Fase probatoria. A continuación, se abre el periodo probatorio y se hace constar que la parte quejosa ofreció como prueba documental, la consistente en copia simple de: 1. Acuerdo de fecha veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral J.32/0078/18, del índice de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca. 2. Acuse del escrito de fecha veinte de enero de dos mil veintidós, dirigido a los integrantes de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, relativo al expediente laboral J.32/0078/18. 3. Resolución del incidente de sustitución procesal de fecha doce de enero de dos mil veintidós, dictada en el referido expediente J.32/0078/18. Las autoridades responsables, 1) Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca y 2) presidente adscrito a dicha Junta, remitieron como justificación a su informe, diversas constancias deducidas del expediente laboral J.32/0078/18. Al respecto, se acuerda: En virtud de que las documentales ofrecidas por la parte quejosa y autoridades responsables fueron admitidas y desahogadas en razón de su propia naturaleza durante la sustanciación de este juicio, serán valoradas al momento de dictarse la sentencia correspondiente. Etapa de alegatos. Abierto el período de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon y la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no presentó pedimento; por lo que se cierra esta etapa; y se procede a dictar la sentencia respectiva. Vistos, para resolver el juicio de amparo 610/2022; y R E S U L T A N D O S: Primero. Demanda de amparo. Mediante demanda de amparo depositada el veinticinco de mayo del año en curso, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y turnada a este órgano jurisdiccional el mismo día, Lupita Matías Cortés, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades responsables y actos reclamados que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. Dicha parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado e invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Trámite de la demanda de amparo. En auto de veintisiete de mayo de dos mil veintidós se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno impreso y electrónico con el número 610/2022 y se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Publico de la Federación adscrita y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que, previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 49, 50 y 61, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, conforme a lo dispuesto en el artículo quinto transitorio del Decreto por el que se expide la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se reforman diversos ordenamientos, publicado en el mencionado medio de difusión oficial el siete de junio de dos mil veintiuno; en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 3/2021, que adiciona el primero (3/2013), publicado en el aludido medio de difusión oficial, el veintidós de abril de este año, por tratarse de un asunto de naturaleza laboral y las omisiones se reclama de autoridades con residencia en la ciudad de Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, se establece que los actos reclamados por la parte quejosa y por el cual se realizarán el análisis relativo son: De la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca. La omisión de señalar fecha y hora para el desahogo de las pruebas admitidas en auto de calificación de pruebas de veintisiete de enero de dos mil veinte en el juicio laboral J.32/0078/18. La abierta dilación procesal en el juicio laboral J.32/0078/18, al haber transcurrido más de cuatro meses sin que la responsable señalara nueva fecha y hora para el desahogo de las pruebas, desde el auto de calificación de veintisiete de enero de dos mil veinte. La omisión de dictar el acuerdo que recaiga al escrito de veinte de enero de dos mil veintidós, dirigido por la quejosa al referido expediente laboral. Del presidente de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca. La omisión de verificar el trámite del expediente laboral J.32/0078/18 para que no quede inactivo. La omisión de proveer lo necesario para que se desahoguen las pruebas en el juicio laboral J.32/0078/18. Es aplicable la tesis del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Tercero. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, el presidente de la Junta Especial Numero Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, por sí y en representación de dicha Junta, aceptó en parte la existencia de los actos reclamados. En tanto que de las manifestaciones vertidas por dicha autoridad, se concluye que, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (25-mayo-2022), no se había señalado fecha y hora para el desahogo de las pruebas que quedaban pendientes por desahogar del auto de calificación de pruebas de fecha veintisiete de enero de dos mil veinte; sin embargo, en auto de dos de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral J.32/078/2018, se señaló fecha y hora para el desahogo de las diversas pruebas que quedaron pendientes en el citado auto de calificación de pruebas, resaltando que la última fecha fue señalada para las doce horas del veintinueve de junio de dos mil veintidós; asimismo, en cuanto al escrito de veinte de enero de dos mil veintidós, presentado por la parte quejosa en esa misma fecha, la autoridad responsable refiere que fue acordado en el referido auto de dos de junio de dos mil veintidós y notificado a la parte quejosa el seis de junio siguiente, lo que se corrobora con las documentales que anexó a su informe. Por lo anterior, dicha aceptación parcial se desvirtúa y se tiene por cierto el acto reclamado. Cuarto. Causal de sobreseimiento. Previo al estudio de fondo del asunto, se analizará si, en la especie, se actualiza alguna causa de improcedencia del juicio de amparo, ya sea porque las partes las hagan valer o se realice de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo que, textualmente, establece: "ART. 61.- El juicio de amparo es improcedente: - - - [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]". A manera de referencia, cabe destacar que los efectos de un acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que, debe entenderse, implica no sólo la detención definitiva de la autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Efectivamente, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que actúe en el sentido de respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ese derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando, ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. En este juicio se actualiza dicha hipótesis de improcedencia porque la parte quejosa, como ya se precisó, reclama: De la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca. La omisión de señalar fecha y hora para el desahogo de las pruebas admitidas en auto de calificación de pruebas de veintisiete de enero de dos mil veinte en el juicio laboral J.32/0078/18. La abierta dilación procesal en el juicio laboral J.32/0078/18, al haber transcurrido más de cuatro meses sin que la responsable señalara nueva fecha y hora para el desahogo de las pruebas, desde el auto de calificación de veintisiete de enero de dos mil veinte. La omisión de dictar el acuerdo que recaiga al escrito de veinte de enero de dos mil veintidós, dirigido por la quejosa al referido expediente laboral. Del presidente de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca. La omisión de verificar el trámite del expediente laboral J.32/0078/18 para que no quede inactivo. La omisión de proveer lo necesario para que se desahoguen las pruebas en el juicio laboral J.32/0078/18. En tanto que de las documentales exhibidas por el presidente de la Junta Especial Numero Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con valor probatorio pleno en su calidad de documental pública, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que en auto de dos de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral J.32/078/2018, las autoridades responsables realizaron lo siguiente: I) Señalaron fecha y hora para el desahogo de las diversas pruebas que quedaron pendientes en el auto de calificación de pruebas de veintisiete de enero de dos mil veinte, resaltando que la última fecha fue señalada para las doce horas del veintinueve de junio de dos mil veintidós. Así como que por lo que hace al desahogo de las pruebas que por oficio se encomendaron realizar, los mismos fueron remitidos por oficios: M3.-287/2022, M3.-288/2022 y M3.-289/2022, dirigidos a la 1) Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, 2) Comisión Nacional Bancaria y de Valores y 3) Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, respectivamente. Además, hicieron del conocimiento de este órgano jurisdiccional que las pruebas señaladas para las diez horas, diez horas con treinta minutos, once horas, once horas con treinta minutos, doce horas y doce horas con treinta minutos, del día trece de junio de dos mil veintidós, se desahogaron en sus términos. II) Acordaron el escrito de veinte de enero de dos mil veintidós, presentado por la parte quejosa en esa misma fecha, el cual le fue notificado el seis de junio siguiente. Máxime que en auto de treinta de junio de esta anualidad se dio vista de manera personal a la parte quejosa con el informe justificado de referencia, y anexos, sin que haya realizado manifestación alguna al respecto. De lo anterior se establece que han cesado los efectos del acto reclamado en este juicio de amparo; por lo que se determina que se extinguieron las violaciones a los derechos fundamentales que pudieron haberse cometido con el mismo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2ª /J 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, tomo IX, junio de 1999, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, con el rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Sin que pase desapercibido la circunstancia de que la parte quejosa haya señalado como actos reclamados textualmente a) la abierta dilación procesal en el juicio laboral J.32/0078/18 y b) la omisión de verificar el trámite del expediente laboral J.32/0078/18 para que no quede inactivo; toda vez que de sus conceptos de violación se advierte que dichos actos los materializó en el hecho de que habían transcurrido más de cuatro meses sin que la responsable señalara nueva fecha y hora para el desahogo de las pruebas, desde el auto de calificación de veintisiete de enero de dos mil veinte; lo que, en su caso, ya aconteció, además que de dichos medios de convicción ya fueron desahogados. Suceso que actualizó la causal de improcedencia analizada. Quinto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida resolución se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado legalmente, con apoyo, además, en los artículos 1°, fracción I, 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo; se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Lupita Matías Cortés, contra los actos atribuidos a las autoridades siguientes: De la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca. La omisión de señalar fecha y hora para el desahogo de las pruebas admitidas en auto de calificación de pruebas de veintisiete de enero de dos mil veinte en el juicio laboral J.32/0078/18. La abierta dilación procesal en el juicio laboral J.32/0078/18, al haber transcurrido más de cuatro meses sin que la responsable señalara nueva fecha y hora para el desahogo de las pruebas, desde el auto de calificación de veintisiete de enero de dos mil veinte. La omisión de dictar el acuerdo que recaiga al escrito de veinte de enero de dos mil veintidós, dirigido por la quejosa al referido expediente laboral. Del presidente de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca. La omisión de verificar el trámite del expediente laboral J.32/0078/18 para que no quede inactivo. La omisión de proveer lo necesario para que se desahoguen las pruebas en el juicio laboral J.32/0078/18. Por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 610/2022 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de junio de dos mil veintidós. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense los oficios 876/2022 y 877/2022 ambos del presidente de la Junta Especial Numero Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, por sí y en representación de los integrantes de dicha Junta, mediante los que rinde informe justificado. Prueba. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental de las autoridades responsables las que acompañaron a sus informes de cuenta; mismas que se desahogan en razón de su propia naturaleza, sin perjuicio de considerarlas en el momento oportuno. Vista personal. Con los comunicados de cuenta, y anexos, dése vista de manera personal a la parte quejosa, a fin de que manifieste lo que a sus intereses convenga. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.610/2022 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de junio de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vistos los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días hábiles previsto en el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para que las autoridades responsables 1) Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca y 2) presidente de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, rindan el informe justificado que les fue solicitado en proveído de veintisiete de mayo de este año, al haber quedado notificadas de dicha petición el uno del mes actual. 2. Diferimiento de audiencia. En esas condiciones, no es jurídicamente posible celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha, por lo que se difiere, y se señalan las diez horas con siete minutos del veintiuno de julio de dos mil veintidós, para su desahogo. 3. Forma de notificación. Efectúese la notificación de este proveído por medio de lista a las autoridades responsables y a la agente del Ministerio Público de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, sin necesidad de que se envíen oficios relativos, al tratarse de una determinación de mero trámite. Notifíquese.
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