Luis Tejada Zárate y Otros.
Expediente 1139/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1139/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 22/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Cornelio Tejada Felipe
- Luis Tejada Zárate y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
PRAL 1139/2022 MESA 5A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Plazo para la interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y tercera interesada interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada en la audiencia constitucional de dieciocho de octubre de este año, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ******************** y ********************; sin que lo hubiesen hecho. Firmeza de la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. Precisión sobre el plazo de diversas partes. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo para inconformarse respecto a las autoridades jurisdiccionales responsables, pues carecen de interés para inconformarse, de conformidad con el artículo 87 y 5°, fracción IV, párrafo segundo de la Ley de Amparo. Requerimiento de cumplimiento de la sentencia. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad jurisdiccional responsable Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Oaxaca, que dentro del plazo de tres días proceda a cumplir con la sentencia dictada en este juicio, en los términos planteados en ella, a saber: ".1. Deje insubsistente la resolución dictada el diecisiete de marzo de dos mil veintidós en el toca penal ********************, en la que confirmó el auto de no vinculación a proceso dictado por el juez de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, en la causa penal ********************. 2. Reponga el procedimiento, a fin de que, conforme a lo destacado en esta sentencia, lleve a cabo la audiencia pública a que se refiere el artículo 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para resolver el recurso de apelación, previa citación de las partes. En el entendido que, en la audiencia respectiva, deberá emitirse la resolución de manera verbal, con la exposición de los fundamentos y motivaciones que le den apoyo al sentido de la determinación adoptada, así como el dictado de su posterior versión escrita, por encontrarse dentro de los supuestos a los que hace alusión el artículo 67, fracción IV, del invocado Código, que no deberá exceder de las consideraciones vertidas en aquélla, según el penúltimo párrafo del mismo precepto legal invocado". 4.1 Apercibimiento. Se hace de su conocimiento que, de incumplir sin causa justificada, con sustento en los artículos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente a cien días calculados sobre el valor diario de la unidad de medida y actualización que es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 M.N); por tanto, la medida que, en su caso, se imponga, ascenderá a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 M.N); con independencia de ello, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución. Devolución de tomo de prueba y discos. Como se hizo constar en la certificación de cuenta, en esta Secretaría obra el original del toca penal ********************, y un sobre con cuatro discos compactos, que exhibió la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, como justificación a su informe; por tanto, a efecto de que esa autoridad esté en condiciones de dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se ordena su devolución, mediante oficio. 6. Publicación de datos personales. Como las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la sentencia ejecutoriada sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.1130/2022.MESA-5 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las diez horas con cinco minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintidós, Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo 1139/2022, como se ordenó en proveído de treinta de septiembre del año en curso (foja 174), sin asistencia física de las partes ni por medios electrónicos. Apertura de audiencia. Abierta la audiencia, la secretaria: a) Hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que destacan 1) la demanda de amparo promovida por Cornelio Tejada Felipe y Luis Tejada Zárate (fojas 16 a 25); 2) la constancia de emplazamiento de los terceros interesados a) Héctor Tejada Álvarez y el b) agente del Ministerio Público adscrito a la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (fojas 113 y 69); así como 3) el informe justificado de la autoridad responsable, Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Oaxaca (foja 13). b) Hace constar que ninguna de las partes procesales se opuso a la publicación de sus datos personales. c) Hace constar que en la demanda de amparo se señaló como autoridad responsable al juez de Control del Distrito Judicial de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca (foja 18), (aunque en la demanda la parte quejosa no señaló el acto que le reclamaba); sin embargo, al admitir a trámite la demanda de amparo en la vía indirecta, el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca no le requirió informe justificado como autoridad responsable, intervención que tampoco se le dio en la vía directa, al haberse radicado inicialmente en el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo, de este Decimotercer Circuito, en el Estado de Oaxaca. d) No existe documento con el que deba darse cuenta o asunto pendiente por diligenciar. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, provéase lo relativo en el momento procesal oportuno. III. Toda vez que de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de la revisión de las constancias de autos se aprecia que la pretensión de la parte quejosa era señalar como autoridad ejecutora al juez de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca; se determina que, en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia, en acatamiento al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe desahogarse en esta fecha la audiencia constitucional, aun sin haber requerido el informe justificado de dicha autoridad; lo anterior, tomando en consideración que ya obra en autos el informe justificado de la autoridad ordenadora, y diferir la audiencia con el único fin de darle intervención en el juicio al juez de Control y requerir su informe, en nada beneficiaría a la parte quejosa, pues el sentido de la sentencia que se emitirá en esta audiencia le resultará favorable, y en nada podrá variar aun dando intervención a la autoridad ejecutora, dada su naturaleza; por el contrario, se vulneraría el derecho fundamental de los quejosos a la expedita administración de justicia si se difiere esta audiencia constitucional. Por ello, en la etapa considerativa provéase lo correspondiente a su intervención o no en este juicio de amparo. Etapa probatoria. Acto continuo, abierta la fase probatoria en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se hace constar que la autoridad responsable, Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, exhibió el original del toca penal JOTP/04/2022, de su índice, y un sobre con cuatro discos compactos, que contienen las videograbaciones de diversas audiencias celebradas en la causa penal 174/2020, del Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Documentales que obran por separado al expediente, en la Secretaría de este Juzgado. A lo que se acuerda: en términos del numeral 119 de la Ley de Amparo las pruebas referidas se admiten y desahogan en atención a su propia y especial naturaleza, para ser consideradas al resolver este juicio. No existiendo pruebas pendientes que desahogar ni escrito de las partes que acordar, se cierra esta etapa. Etapa de alegatos. Abierto el periodo de alegatos, se hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho; consecuentemente, se cierra esta etapa y se procede a emitir la siguiente sentencia. Visto, para resolver el juicio de amparo 1139/2022 y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dieciocho de abril de dos mil veintidós ante la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Oaxaca, Cornelio Tejada Felipe y Luis Tejada Zárate, por propio derecho, adujeron promover demanda de amparo directo, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto que se precisarán en la parte considerativa de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Trámite de la demanda en la Sala Penal. En atención a que la demanda de amparo se presentó ante la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Oaxaca, el veintidós de abril de dos mil veintidós el magistrado presidente de esa Sala realizó la certificación a que se refiere el artículo 178, fracción I, de la Ley de Amparo (foja 25 reverso). Además, notificó la interposición de esa demanda a la agente del Ministerio Público adscrita a esa Sala, así como al tercero interesado Héctor Tejada Álvarez y a los propios quejosos (foja 26). Acto seguido, mediante informe justificado, remitió al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo, en turno, de este Decimotercer Circuito, en el Estado de Oaxaca, 1) la demanda original con la certificación relativa, 2) las copias de la demanda, 3) las diligencias de notificación a las partes procesales, 4) el toca penal JOTP/04/2022, de su índice, y 5) un sobre con tres discos en formato DVD, con videograbaciones de diversas audiencias celebradas en la causa penal 174/2020, del Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Trámite en el Tribunal Colegiado. Por razón de turno, la Oficina de Correspondencia Común de Tribunales Colegiados en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, turnó la demanda de amparo directo al Segundo Tribunal Tribunal Colegiado en esas materias, el cual, mediante determinación dictada el tres de mayo de dos mil veintidós (fojas 28 a 30), formó expediente impreso y electrónico, registrando el asunto con el número 190/2022 y, a fin de determinar la vía en que debiera tramitarse, requirió al juez de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, que informara el estado procesal de la causa penal 174/2020, de su índice, particularmente, si se había decretado o no el sobreseimiento en esa causa. En su atención, el juez de Control remitió al Tribunal Colegiado la información a través del oficio PJEO/CJ/JCMPT/ 1210/2022-J (foja 42), mismo que se agregó en resolución de veinte de mayo de dos mil veintidós, en la cual el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito determinó carecer de competencia legal para el conocimiento del juicio en la vía directa, en razón de que el acto reclamado debía ser combatido en la vía indirecta (fojas 43 a 49); razón por la cual, ordenó remitir el asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, para su turno al Juzgado correspondiente. Radicación y trámite en el Juzgado Decimoprimero. 1° En auto de veinticinco de mayo de dos mil veintidós el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca tuvo por recibido el juicio de amparo directo 190/2022, avocándose al conocimiento en la vía indirecta, con el número de expediente 584/2022; en ese auto previno a la parte quejosa para que señalara el domicilio de la parte tercera interesada o expresara su desconocimiento bajo protesta de decir verdad (fojas 50 a 52). 2° Previo cumplimiento de la prevención formulada, el tres de junio de este año admitió a trámite la demanda, dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, precisó que no era necesario requerir informe justificado a la autoridad responsable, porque el mismo ya obraba en autos; no obstante, ordenó el emplazamiento como tercero interesado del agente del Ministerio Público adscrito a la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, y ordenó realizar gestiones para allegarse del domicilio exacto del tercero interesado Héctor Tejada Álvarez (fojas 63 a 66). 3° El ocho de junio de dos mil veintidós se corrió traslado al agente del Ministerio Público adscrito a la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, como tercero interesado (foja 69), a quien se tuvo por apersonado al juicio en proveído de diez de junio de dos mil veintidós (foja 75). 4° Además, mediante diligencia de veintidós de agosto de este año se verificó el emplazamiento a juicio del tercero interesado Héctor Tejada Álvarez (foja 113); sin que se apersonara a juicio, por lo cual se ordenó la práctica de sus notificaciones mediante lista de acuerdos (foja 121). 5° Posteriormente, en resolución de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós el titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca se declaró legalmente incompetente para seguir conociendo del asunto, y declinó la competencia a favor de este órgano jurisdiccional (fojas 161 a 163), por haber conocido previamente del juicio 867/2020, en el que se reclamaron actos de autoridad derivados de la misma causa penal 174/2020 del Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, lo que, estimó, actualiza un supuesto de conocimiento previo previsto en el artículo 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establecen las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. 6° En proveído de veintiocho de septiembre del año en curso este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca aceptó conocimiento, por razón de turno, y convalidó las actuaciones practicadas en el juicio 584/2022; asimismo, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, por razón de la materia, grado y territorio, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente; 49 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 45/2016 y 46/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el primero que reformó el diverso Acuerdo General 3/2013, del mismo Pleno, ya que el acto reclamado versa sobre la materia penal y sus consecuencias jurídicas y materiales se atribuyen a la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; territorio donde este Juzgado de Distrito en materia mixta ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, en relación con las constancias de autos, se advierte que los quejosos Cornelio Tejada Felipe y Luis Tejada Zárate reclaman de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca: La resolución dictada el diecisiete de marzo de dos mil veintidós en el toca penal JOTP/04/2022, en la que confirmó el auto de no vinculación a proceso dictado por el juez de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, en la causa penal 174/2020. Sin que se estime procedente tener como autoridad responsable al referido juez de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca; debido a que durante toda la secuela procesal, tanto en el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo, de este Decimotercer Circuito, como en el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, no se le dio intervención con ese carácter. Máxime que en la demanda no se señaló algún acto u omisión que se reclamara a esa autoridad; de modo que, de una interpretación armónica y congruente de todos los datos que emanan del escrito inicial de demanda, con la totalidad de la información del expediente, resulta necesario descartar como autoridad responsable al juez de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de los autores de la demanda, quienes se duelen exclusivamente de la resolución dictada el diecisiete de marzo de dos mil veintidós en el toca penal JOTP/04/2022, en la que confirmó el auto de no vinculación a proceso dictado por el juez de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, en la causa penal 174/2020. Así, a través de esta fijación del acto reclamado, se estará en condiciones de dictar una resolución congruente entre lo pretendido y lo resuelto. Apoya lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Sin que con esta determinación se deje en estado de indefensión a la parte quejosa, por el contrario, se emite en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia, en estricto acatamiento al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues a nada práctico conduciría retrasar la resolución de este juicio con la sola finalidad de prevenir a la parte quejosa para que precise el acto que reclama al juez de Control y, posteriormente, requerir de éste su informe justificado, pues, se insiste, ya obra en autos el informe justificado de la autoridad que dictó la resolución reclamada, y con los elementos de autos es posible dictar la sentencia que en derecho corresponde. Además que, en caso de que el juez de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca deba tener intervención para dar cumplimiento a una eventual sentencia que conceda el amparo, ese requerimiento podrá realizarse, en su momento, en el procedimiento de ejecución de la sentencia firme, sin perjuicio, incluso, de que no se le hubiere atribuido el carácter de autoridad responsable. TERCERO. Oportunidad. La resolución reclamada fue notificada a la parte quejosa el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, por medios electrónicos, en términos de los artículos 82, fracción I, inciso b), y 83, del Código Nacional de Procedimientos Penales (fojas 25 reverso del expediente principal y 48 del tomo anexo); por tanto, en términos del numeral 87 del mismo ordenamiento legal, surtió efectos el mismo día (29/03/2022). Así, de conformidad con los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Amparo, el término de quince días para presentar la demanda de amparo transcurrió del treinta de marzo al veintiséis de abril de dos mil veintidós, sin contar los sábados y domingos intermedios, por ser inhábiles de acuerdo al numeral 19 de la Ley de Amparo, ni del trece al quince de abril de este año, de conformidad con la circular 5/2022 de treinta de marzo de dos mil veintidós, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y tampoco del once al dieciséis de abril de dos mil veintidós, por ser inhábiles para la autoridad responsable, de conformidad con el Acuerdo General 01/2022 del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Luego, si la demanda de amparo se presentó el dieciocho de abril de este año (foja 15) ante la autoridad responsable, Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, es innegable que resulta oportuna; pese a que se presentó en la vía de amparo directo y, posteriormente, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo, de este Decimotercer Circuito, se declaró legalmente incompetente en esa vía. Ello, como lo dispuso la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 25/2006, consultada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIII, marzo de 2006, página 251, registro 175619, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PROMOCIÓN DEBE ATENDERSE A LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AUN CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO SE DECLARE INCOMPETENTE Y LA REMITA AL JUZGADO DE DISTRITO." Sin que se advierta algún supuesto de excepción que conlleve a tomar como fecha de presentación de la demanda aquélla en que se recibió en el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, esto es, el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós -foja 4-; pues no obra constancia alguna en autos que demuestre que los mismos quejosos: i) presentaran la demanda de amparo indirecto por segunda ocasión indebidamente ante la autoridad responsable; ii) con la finalidad de impugnar un acto dictado después de concluido el mismo juicio natural del que deriva el acto reclamado en un amparo previo; o iii) que dicho acto constituya una resolución dictada en cumplimiento de una demanda de amparo indirecto. Por ser de exacta aplicación al tema, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 13/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 9, agosto de 2014, tomo I, página 275, registro 2007052, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. CASO EN EL QUE PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DEBE CONSIDERARSE LA FECHA EN LA QUE LLEGÓ PARA SU CONOCIMIENTO AL JUEZ DE DISTRITO". CUARTO. Existencia del acto reclamado. Está plenamente acreditada la existencia de la resolución reclamada dictada el diecisiete de marzo de dos mil veintidós en el toca penal JOTP/04/2022, porque así lo reconoció en su informe justificado la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Oaxaca, por conducto de su magistrado presidente (foja 13), y lo justificó con el original de dicho toca y con cuatro discos compactos, que contienen las videograbaciones de diversas audiencias celebradas en la causa penal 174/2020, del Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Constancias que alcanzan valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º y la jurisprudencia 43/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". QUINTO. Procedencia del juicio y conceptos de violación. Las partes no hicieron valer causal de improcedencia, ni se advierte de oficio una que, por ser de orden público, deba estudiarse de manera preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; por tanto, procede entrar al estudio de fondo del acto reclamado, el cual se estudiará al tenor de los conceptos de violación que se tienen por transcritos, en obvio de repeticiones innecesarias, por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SEXTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación hechos valer por los quejosos, aunque suplidos en la deficiencia de la queja, en términos de lo establecido en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, son fundados; y para garantizar el derecho fundamental de tutela judicial efectiva, el estudio del asunto se realizará de manera oficiosa, sin constreñir el análisis de la determinación reclamada a los planteamientos de la parte quejosa, pues la suplencia de la queja permite realizar un análisis integral, no obstante la formulación incompleta o deficiente que se hubiese realizado de los argumentos respectivos. Al respecto, de las constancias que obran en el toca penal JOTP/04/2022, particularmente la resolución reclamada, dictada por la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Oaxaca, se advierte que existió infracción a los artículos 14 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 63, 67, segundo párrafo, y 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de que la Sala responsable, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el agente del Ministerio Público recurrente, llevador de la causa penal 174/2020, contra el auto de no vinculación a proceso dictado en esa causa penal el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, por el juez de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, no celebró la audiencia pública a que se refiere el dispositivo 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales, circunstancia que trastoca las formalidades esenciales del procedimiento del sistema penal acusatorio, cuyo mecanismo para emitir resoluciones fue creado a base de audiencias; de manera que la autoridad responsable no cumplió con las reglas del debido proceso en segunda instancia, vulnerando con su actuar, contra los quejosos, su derecho al debido proceso, previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal, al no respetar las formalidades esenciales del procedimiento; lo que impide estudiar el fondo del asunto. El referido artículo 14 constitucional, dispone: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho". Como se ve, dicho precepto destaca que en todo juicio deben cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento y, con relación a ello, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en la jurisprudencia P./J. 47/95 que las formalidades esenciales del procedimiento son las que garantizan una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo, encontrándose, entre ellas, la concerniente a que se dicte una resolución que dirima las cuestiones debatidas. En ese orden de ideas, el artículo 20 de la Constitución Federal establece que todo proceso penal deberá ser acusatorio y oral, y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Y, precisamente, de ese numeral, interpretado conjuntamente con las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, se conoce que se prevén como principios generales del proceso, entre otros, que toda audiencia se desarrollará en presencia del juez; que la presentación de los argumentos y las pruebas se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral; que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; que éstos también serán observados en las audiencias preliminares a juicio; y que las resoluciones de los órganos jurisdiccionales deberán ser emitidas en forma oral, con expresión de sus fundamentos y motivaciones. En efecto, los artículos 4, 5, 63, 67, segundo párrafo, 478 y 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales disponen: "Artículo 4o. Características y principios rectores El proceso penal será acusatorio y oral, en él se observarán los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación y aquellos previstos en la Constitución, Tratados y demás leyes. Este Código y la legislación aplicable establecerán las excepciones a los principios antes señalados, de conformidad con lo previsto en la Constitución. En todo momento, las autoridades deberán respetar y proteger tanto la dignidad de la víctima como la dignidad del imputado". "Artículo 5o. Principio de publicidad Las audiencias serán públicas, con el fin de que a ellas accedan no sólo las partes que intervienen en el procedimiento sino también el público en general, con las excepciones previstas en este Código. (.)". "Artículo 63. Notificación en audiencia Las resoluciones del Órgano jurisdiccional serán dictadas en forma oral, con expresión de sus fundamentos y motivaciones, quedando los intervinientes en ellas y quienes estaban obligados a asistir formalmente notificados de su emisión, lo que constará en el registro correspondiente en los términos previstos en este Código". "Artículo 67. Resoluciones judiciales (.) Los autos y resoluciones del Órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente. Deberán constar por escrito, después de su emisión oral, los siguientes: - - - - (.) IV. La de vinculación a proceso; - - -- (.) En ningún caso, la resolución escrita deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, surtirá sus efectos inmediatamente y deberá dictarse de forma inmediata a su emisión en forma oral, sin exceder de veinticuatro horas, salvo disposición que establezca otro plazo. Las resoluciones de los tribunales colegiados se tomarán por mayoría de votos. En el caso de que un Juez o Magistrado no esté de acuerdo con la decisión adoptada por la mayoría, deberá emitir su voto particular y podrá hacerlo en la propia audiencia, expresando sucintamente su opinión y deberá formular dentro de los tres días siguientes la versión escrita de su voto para ser integrado al fallo mayoritario". "Artículo 478. Conclusión de la audiencia La sentencia que resuelva el recurso al que se refiere esta sección, podrá ser dictada de plano, en audiencia o por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de la misma". "Artículo 479. Sentencia La sentencia confirmará, modificará o revocará la resolución impugnada, o bien ordenará la reposición del acto que dio lugar a la misma. En caso de que la apelación verse sobre exclusiones probatorias, el Tribunal de alzada requerirá el auto de apertura al Juez de control, para que en su caso se incluya el medio o medios de prueba indebidamente excluidos, y hecho lo anterior lo remita al Tribunal de enjuiciamiento competente". De la lectura íntegra y análisis conjunto de los preceptos invocados, se aprecia que la oralidad es el medio distintivo y vía instrumental idónea que permite el desarrollo del sistema penal acusatorio, sin la cual no puede estimarse que se haga el dictado de alguna resolución en las audiencias; pues las audiencias deben ser públicas, con el fin de que a ellas accedan no sólo las partes que intervienen en el procedimiento sino también el público en general (con las excepciones previstas en el propio Código Nacional), de modo que las resoluciones de los órganos jurisdiccionales sean dictadas en forma oral, con expresión de los fundamentos y motivaciones. Bajo esas condiciones, de acuerdo con los artículos 475 al 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativos al trámite de la apelación, una vez interpuesto dicho medio de impugnación ordinario, el Tribunal de Alzada se debe pronunciar de plano sobre la admisión del recurso, debiendo citar a la celebración de la audiencia de alegatos aclaratorios respectiva cuando las partes interesadas así lo soliciten, o cuando el Tribunal de Alzada lo considere necesario, pudiendo durante el desarrollo de esta diligencia pedir aclaraciones sobre los planteamientos realizados en los escritos por los sujetos procesales, y así dictarse la resolución respectiva, ya sea de plano, en la propia audiencia, o por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de la misma. Asimismo, de conformidad con el citado artículo 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las sentencias que resuelvan algún recurso de apelación pueden ser dictadas en dos momentos: a) De plano, en esa misma audiencia, una vez escuchadas a las partes; o, b) Por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de la misma. Sin embargo, este supuesto identificado con el inciso b) no implica el extremo de exentar al Tribunal de Apelación de celebrar la audiencia, pues del texto integral del artículo 478 del referido ordenamiento legal se advierte que en las dos hipótesis se debe desahogar una audiencia, aun cuando, sólo en apariencia, la resolución pueda dictarse en forma escrita, porque de una interpretación sistemática de los dispositivos legales 4°, 5°, 63 y 67, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se aprecia que todas las resoluciones que emitan los órganos jurisdiccionales -hecha excepción de las que expresamente señala el Código Nacional y en las que no se ubica este supuesto- deben ser dictadas en forma oral, en las que se deben expresar los fundamentos y motivaciones que les dan sustento, pues, como ya se expuso, si el ordenamiento procesal en cuestión dispone que las notificaciones de las decisiones judiciales adoptadas en las audiencias se tendrán por hechas formalmente a quienes estaban obligados a asistir (artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales), es inconcuso que las partes deben estar presentes; máxime que el último párrafo del precepto 67 de ese Código es claro en puntualizar que la resolución que adopte un Tribunal (en este caso una Sala Penal Colegiada), debe ser emitida de manera oral, incluso si se emite un voto particular por un magistrado, como se aprecia de la transcripción siguiente: ".Las resoluciones de los tribunales colegiados se tomarán por mayoría de votos. En el caso de que un Juez o Magistrado no esté de acuerdo con la decisión adoptada por la mayoría, deberá emitir su voto particular y podrá hacerlo en la propia audiencia, expresando sucintamente su opinión y deberá formular dentro de los tres días siguientes la versión escrita de su voto para ser integrado al fallo mayoritario". Entonces, los referidos numerales resultan aplicables a la segunda instancia ante la autoridad responsable, Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Oaxaca, ante la cual se substanció la apelación que culminó con la resolución reclamada en este juicio de amparo indirecto, porque el título XII, referente a los recursos que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales, no tiene una disposición específica para el desarrollo de las audiencias en alzada, de modo que deben atenderse las disposiciones de las audiencias en general contempladas en el Capítulo II del Código Nacional, esto es, los artículos previamente transcritos. Máxime que no debe desatenderse que el precepto 67 del mismo cuerpo legal señala que en ningún caso la resolución escrita deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, además que surtirá sus efectos inmediatamente y que deberá dictarse de forma inmediata a su emisión en forma oral. En este caso, esa porción normativa le es aplicable a las resoluciones de apelación en segunda instancia, de ahí que la versión escritural no puede exceder la exposición oral, concluyéndose entonces que todas las decisiones jurisdiccionales vinculadas con las audiencias se encuentran aparejadas de un ejemplar escrito, que constituye una derivación de las consideraciones que hubiese aportado el órgano jurisdiccional al resolver, en cualquiera de los supuestos; sin que, en el particular, el Tribunal de Apelación se encuentre constreñido a emitir la pieza escrita dentro del plazo de veinticuatro horas al que alude dicho precepto legal, porque el diverso 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales faculta a que este instrumento lo emita dentro de los tres días siguientes a la celebración de la audiencia, resultando este plazo uno específico que contempló el legislador para asuntos en sede de apelación. Bajo ese orden de ideas, los dos supuestos que refiere el numeral 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales para resolver el recurso de apelación, representan únicamente momentos temporales diferenciados para emitir una sentencia sobre dicho medio de impugnación, y no formas distintas para su dictado; es decir, la porción que señala que: "La sentencia que resuelva el recurso al que se refiere esta sección, podrá ser dictada de plano, en audiencia o por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de la misma", no significa que el legislador haya exentado al Tribunal de Apelación de celebrar una audiencia para resolver el asunto -pues todos los artículos examinados expresan la idea de dirimir controversias a través de audiencias públicas, y con la asistencia de las partes-, sino que debe interpretarse en el sentido de que el plazo para la emisión de la versión escrita es el de tres días después de celebrada la audiencia correspondiente, en la que se deben expresar los fundamentos y motivaciones que le den sustento lógico jurídico a la decisión adoptada por el tribunal. Es así, porque el artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales constriñe a los titulares que conocen de un recurso a tener que dictar en audiencia pública la decisión que emitan en ejercicio de sus funciones, fundando y motivando sus determinaciones, para comunicar simultáneamente a las partes los argumentos que formaron el sentido de la sentencia, debido a que el aludido precepto señala que las resoluciones dictadas durante las audiencias judiciales se entenderán notificadas a los intervinientes, incluso para quienes no asistan y estaban obligados a asistir. Por ello, la oralidad que se verifica en las audiencias no constituye un mero requisito formal para sostener la legalidad, sino que forma parte del requisito esencial de garantizar el derecho a un verdadero debido proceso que faculta a los intervinientes imponerse de lo ahí decidido, pero sobre todo a comprender, en un lenguaje sencillo y claro el sentido de la resolución. Bajo esas condiciones, no resulta viable analizar la resolución escrita, cuando su dictado no se efectuó en la audiencia prevista por el mencionado precepto 478, pues no debe perderse de vista que en el dictamen de reforma al artículo 20 constitucional se sostuvo que un proceso no es público cuando sus actuaciones se desarrollan por escrito; y, por ende, no se cumplirían las características del sistema penal acusatorio. Además, no debe soslayarse que la decisión escrita tiene su origen en la audiencia que resuelve el recurso de apelación, esto es, en la determinación que de manera verbal emiten los magistrados, debiendo contener ésta todos los argumentos que la rijan, en tanto que la escrita sólo constituye un registro de las consideraciones que se expresaron oralmente en la audiencia; por lo que no es viable que tenga validez la pieza escritural, cuando no se desahogó la audiencia que le diera legitimidad a lo escrito, incluso no se estaría en aptitud de comprobar si la resolución escrita excede o no el alcance de lo que se hubiera determinado en la resolución oral. Ahora, en el caso concreto, la Sala responsable no llevó a cabo la audiencia pública respectiva, pues en la propia resolución de diecisiete de marzo de dos mil veintidós declaró admisible el recurso de apelación y lo resolvió de plano, precisando lo siguiente (foja 32 del tomo anexo): "Ahora bien, de las constancias remitidas por el A Quo se advierte que las partes no solicitaron audiencia para exponer oralmente alegatos aclaratorios, así como tampoco este Órgano Colegiado no advierte la necesidad de señalar fecha y hora para la celebración de dicha audiencia en términos de lo dispuesto por el artículo 476 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de que en los escritos de apelación y de contestación de agravios las partes esgrimen los argumentos, motivos y fundamentos de sus agravios. (.)" Resolución que fue dictada, efectivamente, sólo por escrito, el mismo diecisiete de marzo de dos mil veintidós (fojas 12 y 31 a 44 del tomo anexo). Se estima que esa decisión contraviene lo previsto por los artículos 14 y 20, de la Constitución Federal, en relación con los diversos 63, 67, segundo párrafo y 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales; dado que la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Oaxaca, como autoridad de alzada, no celebró la audiencia de apelación, lo que implica infracción de la "oralidad" que sirve como principal herramienta del sistema de justicia penal, objeto de la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho. Sin que la Sala responsable esté facultada para dejar de realizar la audiencia del dictado de la resolución correspondiente y plasmar la resolución solamente por escrito, ni aún, siquiera, bajo el supuesto de que las partes no manifestaran su interés de exponer oralmente alegatos aclaratorios, o que la propia Sala no lo considerara necesario; ya que está obligada a dirimir la controversia de manera pública y oralmente, sin perjuicio de que posteriormente agregue el registro documentado. Es importante precisar que no se desconoce que dentro del apartado inherente al trámite de la apelación, el artículo 476 del Código Nacional aplicable establece: "Artículo 476. Emplazamiento a las otras partes Si al interponer el recurso, al contestarlo o al adherirse a él, alguno de los interesados manifiesta en su escrito su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios, o bien cuando el Tribunal de alzada lo estime pertinente, decretará lugar y fecha para la celebración de la audiencia, la que deberá tener lugar dentro de los cinco y quince días después de que fenezca el término para la adhesión. El Tribunal de alzada, en caso de que las partes soliciten exponer oralmente alegatos aclaratorios o en caso de considerarlo pertinente, citará a audiencia de alegatos para la celebración de la audiencia para que las partes expongan oralmente sus alegatos aclaratorios sobre agravios, la que deberá tener lugar dentro de los cinco días después de admitido el recurso". Del contenido de dicho precepto legal se aprecia que existen dos momentos para celebrar la audiencia de alegatos aclaratorios de agravios: a) dentro de cinco y quince días de que fenezca el plazo para la adhesión; o b) dentro de los cinco días después de admitido el recurso principal. Con independencia de la posibilidad para las partes intervinientes de solicitar una audiencia de aclaración de agravios, se precisa que en esa diligencia o en una posterior que dirima el recurso de apelación, el Tribunal de Alzada tendrá que emitir su resolución en forma oral, en la que exponga los sustentos jurídicos y consideraciones en las que fundamente su decisión judicial. De ahí que ese artículo no constituye una facultad conferida a los gobernados o a la autoridad para que se celebre o no una audiencia en la que se resuelva la apelación, sino que esa prerrogativa únicamente se ciñe a la expresión de la audiencia de alegatos aclaratorios, pero no para decidir si se dicta la resolución que resuelva el recurso de apelación en forma oral o por escrito, porque de interpretarlo así, las formalidades esenciales inherentes al debido proceso, al menos en segunda instancia, quedarían a merced de las partes. Bajo ese tenor, es posible sostener que existen dos tipos de audiencias: -La de aclaración de agravios. -La de fondo. Y si bien el Tribunal de Alzada (en este caso la Sala) puede resolver de plano el fondo del asunto, en la primera audiencia, lo cierto es que, como lo aclaró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión 2666/2020, en sesión de nueve de junio de dos mil veinte, la "audiencia de alegatos aclaratorios sobre los agravios" no debe confundirse con la prevista en el artículo 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuanto que éste señala que la sentencia que resuelva el recurso de apelación podrá ser dictada en audiencia; luego, si, en el particular, para resolver la apelación no se celebró ninguna audiencia pública, puede válidamente sostenerse que se trastocaron los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 20, constitucionales, que resguardan el debido proceso. Sirve de apoyo a esta resolución la jurisprudencia III.2o.P. J/1 P (11a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en la Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 15, julio de 2022, tomo V, página 4372, registro 2024927, de rubro y texto: "RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. CUANDO EL DICTADO DE LA SENTENCIA QUE LO RESUELVE NO SE EFECTÚA EN LA FORMA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 478 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, ESTO ES, ORALMENTE EN AUDIENCIA, SINO SÓLO POR ESCRITO, CON LA JUSTIFICACIÓN DE QUE LAS PARTES NO SOLICITARON LA AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE AGRAVIOS ESTABLECIDA EN EL DIVERSO 476 DEL PROPIO CÓDIGO, NI EL TRIBUNAL DE ALZADA LA ESTIMÓ NECESARIA, ELLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN. Hechos: Al resolver el recurso de apelación en el proceso penal acusatorio contra el auto que resolvió sobre la vinculación a proceso de la persona imputada, el Tribunal de Alzada omitió dictar la sentencia respectiva en la forma prevista por el artículo 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, oralmente en audiencia pública, sino que sólo lo hizo por escrito, bajo la justificación de que las partes recurrentes no solicitaron la audiencia de aclaración de agravios establecida en el diverso 476 del propio código, ni aquél la consideró necesaria. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el Tribunal de Alzada no está facultado para dejar de realizar la audiencia del dictado de la resolución correspondiente, a que se refiere el artículo 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales y plasmar la resolución solamente por escrito, ni siquiera bajo el supuesto de que las partes no manifestaran su interés de exponer oralmente alegatos aclaratorios, o que el propio tribunal no lo considerara necesario, ya que está obligado a dirimir la controversia de manera pública y oralmente, sin perjuicio de que posteriormente agregue el registro documentado; de ahí que al no haber actuado así, se actualiza una violación a las leyes del procedimiento que amerita su reposición. Justificación: Lo anterior, porque con independencia de que existe la posibilidad para las partes intervinientes de solicitar una audiencia de aclaración de alegatos sobre los agravios, lo cierto es que en esa diligencia o en una posterior que dirima el recurso de apelación, el Tribunal de Alzada tendrá que emitir su resolución en forma oral, en la que exponga los sustentos jurídicos y consideraciones en los que fundamente su decisión judicial. En ese sentido, no resulta viable analizar la resolución escrita, cuando su dictado no se efectuó en la audiencia prevista en el artículo 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, no debe soslayarse que la decisión escrita tiene su origen en la audiencia que resuelve el recurso de apelación, esto es, en la determinación que, de manera verbal, emite la autoridad de alzada, debiendo contener todos los argumentos que la rijan, en tanto que la escrita sólo constituye un registro de las consideraciones que se expresaron oralmente en la audiencia, por lo que no es viable que tenga validez la pieza escritural cuando no se desahogó la audiencia que le diera legitimidad a lo escrito; incluso, no se estaría en aptitud de comprobar si la resolución escrita excede o no el alcance de lo que se hubiera determinado en la oral. Igualmente, esta decisión contraviene los artículos 14 y 20 de la Constitución General, en relación con los diversos 63, 67, segundo párrafo y 478 del código mencionado, dado que el Tribunal de Alzada no celebró la audiencia de apelación, lo que implica infracción al principio de oralidad que sirve como principal herramienta del nuevo sistema de justicia penal. Máxime que, como lo aclaró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 2666/2020, la audiencia de alegatos aclaratorios sobre los agravios no debe confundirse con la prevista en el artículo 478 indicado, en cuanto que éste señala que la sentencia que resuelva el recurso de apelación podrá ser dictada en audiencia, entre otro supuesto; de ahí que si en el particular, para resolver la apelación que dio origen al juicio de amparo indirecto no se celebró ninguna audiencia pública, puede válidamente sostenerse que se trastocaron los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 20 constitucionales, que resguardan el debido proceso". Así como, por identidad jurídica, la jurisprudencia II.2o.P.J/12 (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octubre de 2018, Tomo III, página 2004, de rubro y texto siguientes: "APELACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. EL ARTÍCULO 476 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES NO FACULTA A LAS PARTES NI AL TRIBUNAL DE ALZADA PARA QUE DECIDAN SI SE CELEBRA O NO UNA AUDIENCIA EN LA QUE SE RESUELVA DICHO RECURSO, PUES EL DICTADO DE LA SENTENCIA RESPECTIVA DEBE REALIZARSE EN FORMA ORAL Y EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE (INTERPRETACIÓN ARMÓNICA DE DICHO PRECEPTO, CON LOS DIVERSOS 4, 52, 58 A 63, 67, 477 Y 478 DEL PROPIO CÓDIGO). El artículo 476 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece: "Si al interponer el recurso, al contestarlo o al adherirse a él, alguno de los interesados manifiesta en su escrito su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios, o bien cuando el Tribunal de alzada lo estime pertinente, decretará lugar y fecha para la celebración de la audiencia, la que deberá tener lugar dentro de los cinco y quince días después de que fenezca el término para la adhesión.-El Tribunal de alzada, en caso de que las partes soliciten exponer oralmente alegatos aclaratorios o en caso de considerarlo pertinente, citará a audiencia de alegatos para la celebración de la audiencia para que las partes expongan oralmente sus alegatos aclaratorios sobre agravios, la que deberá tener lugar dentro de los cinco días después de admitido el recurso.". De su contenido se advierte que en el recurso de apelación en el sistema penal acusatorio existen dos momentos para celebrar la audiencia de alegatos aclaratorios de agravios, que puede ser dentro: a) de cinco y quince días de que fenezca el plazo para la adhesión; o b) de los cinco días después de admitido el recurso principal. Así, con independencia de que existe la posibilidad para las partes intervinientes de solicitar una audiencia de aclaración de agravios, conforme a una interpretación armónica de dicho precepto, con los diversos 4o., 52, 58 al 63, 67, 477 y 478 del propio código, en esa diligencia o en una posterior que dirima el recurso de apelación, el tribunal de alzada tendrá que emitir su resolución en forma oral, en la que exponga los sustentos jurídicos y consideraciones en las que fundamente su decisión judicial; de ahí que el artículo 476 invocado no puede constituir o representar una facultad conferida a las partes ni al tribunal de alzada para que se celebre o no una audiencia en la que se resuelva la apelación, sino que esa prerrogativa únicamente se ciñe a la expresión en audiencia de alegatos aclaratorios, no para decidir si se dicta sentencia en forma oral o por escrito, porque de interpretarlo así, las formalidades esenciales inherentes al debido proceso, al menos en segunda instancia, quedarían a merced de las partes, cuando las disposiciones adjetivas del código referido "son de orden público y de observancia general en toda la República Mexicana", según lo establece su artículo 1o. En esa virtud, puede sostenerse que existen dos tipos de audiencias, la de aclaración de agravios o alegatos aclaratorios y la de fondo, sin perjuicio de que en la primera el tribunal de alzada pueda resolver de plano el fondo del asunto, como ya se explicó; luego, si en el particular, para resolver el recurso de apelación, no se celebró ninguna audiencia pública, se concluye que se violaron los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que resguardan el debido proceso." Precisiones finales. Por último, se estima importante mencionar que no pasa desapercibida la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA ACLARATORIA DE ALEGATOS EN EL RECURSO DE APELACIÓN. EL ARTÍCULO 476 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES QUE LA PREVÉ, NO VULNERA EL DERECHO DE TODA PERSONA A SER SENTENCIADA EN AUDIENCIA PÚBLICA, PREVIA CITACIÓN, A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 17 Y 20 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PAÍS. Hechos: En una demanda de amparo directo se reclamó que el artículo 476 del Código Nacional de Procedimientos Penales vulnera el derecho a ser sentenciado en audiencia pública, previa citación de las partes, en relación con el derecho a contar con un recurso efectivo. Ante la negativa del amparo decretada por el Tribunal Colegiado, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual fue remitido a este Alto Tribunal. Criterio jurídico: El artículo 476 del Código Nacional de Procedimientos Penales que prevé la apertura de una audiencia aclaratoria de alegatos sólo en determinados supuestos y no de manera obligatoria en el recurso de apelación, no vulnera el derecho de toda persona a ser sentenciada en audiencia pública, previa citación, a que se refiere el artículo 17, párrafo sexto, en relación con el diverso 20, apartado B, fracción V, ambos de la Constitución Política del país. Justificación: El precepto impugnado regula un mecanismo diseñado para la substanciación del recurso de apelación en el que la apertura de una audiencia aclaratoria de alegatos no es obligatoria, sino que se realiza a petición de alguna de las partes recurrentes para no afectar sus estrategias legales, o cuando el tribunal de alzada lo considere necesario. Esto garantiza, por un lado, la oportunidad a la parte que ha formulado agravios para clarificar su postura, o encaminar de manera clara sus argumentos, y por otro, sirve como una herramienta al alcance del órgano jurisdiccional para facilitar su tarea en la precisión de los reclamos y la forma en que deberá atenderlos para resolver el recurso conforme a los principios de exhaustividad, prontitud, congruencia y completitud. Así, el hecho de que el artículo 476 del Código Nacional de Procedimientos Penales establezca sólo para algunos casos la celebración de una audiencia aclaratoria de alegatos durante el trámite del recurso de apelación, no significa que al recurrente le sea transgredido el derecho a ser sentenciado en audiencia pública, previa citación, como parte del derecho de audiencia, de las formalidades esenciales del procedimiento y del debido proceso. Lo anterior, puesto que ello no implica que la parte recurrente no haya sido llamada a la tramitación del recurso, que no estuviera en oportunidad de imponerse de su contenido, o que no pueda expresar agravios, pues dicho trámite está regulado en el artículo 471 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como tampoco impide ni limita que a la parte recurrente o la que se ha adherido al recurso le sea dictada sentencia de apelación de plano en la propia audiencia o por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de la audiencia. Por lo tanto, el precepto impugnado no es violatorio del artículo 17, párrafo sexto, en relación con el diverso 20, apartado B, fracción V, ambos de la Constitución Política del país". Sin embargo, dicho criterio resuelve únicamente el tema relativo a si el Tribunal de Alzada está obligado a desahogar la audiencia de alegatos aclaratorios, prevista en el artículo 476 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo soliciten o no las partes, o si, a juicio del propio Tribunal es necesario llevarse a cabo o no; es decir, el problema jurídico resuelto en esa jurisprudencia fue determinar si el referido artículo 476 es violatorio del derecho a ser sentenciado en audiencia pública previa citación y a un recurso efectivo, al no establecer la obligatoriedad de una audiencia pública para emitir alegatos aclaratorios en la etapa de segunda instancia previo al dictado de la respectiva sentencia. Pero el tema tratado en este asunto es distinto, ya que independientemente de que se lleve a cabo o no la audiencia de alegatos contemplada en el artículo 476, sí debe desahogarse la audiencia pública que establece el numeral 478, ambos de la invocada legislación, en la que se resuelva el recurso de apelación, sentencia que podrá ser dictada de plano en la propia audiencia, o por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de la misma. Inclusive, en la ejecutoria dictada en el amparo directo en revisión 504/2021 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (que se cita como precedente de la ejecutoria recién mencionada), se advierte en sus párrafos 60, 62 y 63 lo siguiente: "60. A partir de lo señalado, el hecho de que no se celebre la audiencia aclaratoria de alegatos cuando no se reúnan los requisitos a petición de parte o atendiendo a un acto oficioso necesario por parte del tribunal de apelación, no significa que al recurrente le sea trasgredido el derecho a ser sentenciado en audiencia pública, en este caso en segunda instancia, previa citación". "62. El artículo reclamado tampoco impide, ni limita que a la parte recurrente o la que se ha adherido al recurso le sea dictada sentencia de apelación de plano en la propia audiencia, o por escrito dentro de los tres días siguientes como lo dispone el precepto 478 del aludido Código Nacional". "63. Por lo tanto, es infundado el reclamo planteado por el señor **********, puesto que el artículo 476 impugnado no es violatorio del derecho a ser sentenciado en audiencia pública previa citación, aplicable al recurso de apelación, a que se refiere el numeral 17, párrafo sexto, de la Constitución federal". En las relatadas consideraciones, conforme a las consideraciones expuestas, procede conceder el amparo y protección de la justicia federal a Cornelio Tejada Felipe y Luis Tejada Zárate, contra el acto reclamado a la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Oaxaca, consistente en la resolución dictada el diecisiete de marzo de dos mil veintidós en el toca penal JOTP/04/2022, en la que confirmó el auto de no vinculación a proceso dictado por el juez de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, en la causa penal 174/2020; debido a que la autoridad responsable vulneró con su actuar el derecho de los quejosos al debido proceso, previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal, al no respetar las formalidades esenciales del procedimiento. SÉPTIMO. Efectos de la concesión. En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, una vez que esta sentencia adquiera firmeza, la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Oaxaca, dentro del término legal, deberá proceder en la forma siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución dictada el diecisiete de marzo de dos mil veintidós en el toca penal JOTP/04/2022, en la que confirmó el auto de no vinculación a proceso dictado por el juez de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, en la causa penal 174/2020. 2. Reponga el procedimiento, a fin de que, conforme a lo destacado en esta sentencia, lleve a cabo la audiencia pública a que se refiere el artículo 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para resolver el recurso de apelación, previa citación de las partes. En el entendido que, en la audiencia respectiva, deberá emitirse la resolución de manera verbal, con la exposición de los fundamentos y motivaciones que le den apoyo al sentido de la determinación adoptada, así como el dictado de su posterior versión escrita, por encontrarse dentro de los supuestos a los que hace alusión el artículo 67, fracción IV, del invocado Código, que no deberá exceder de las consideraciones vertidas en aquélla, según el penúltimo párrafo del mismo precepto legal invocado. OCTAVO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73 y 74, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal ampara y protege a Cornelio Tejada Felipe y Luis Tejada Zárate contra la resolución dictada por la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Oaxaca, el diecisiete de marzo de dos mil veintidós en el toca penal JOTP/04/2022, en la que confirmó el auto de no vinculación a proceso dictado por el juez de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, en la causa penal 174/2020; por las consideraciones expuestas en el considerando sexto de esta sentencia, y para los efectos precisados en el considerando séptimo de la misma. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA (AVISO) PRAL.1130/2022.MESA-5 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las diez horas con cinco minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintidós, Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo 1139/2022, como se ordenó en proveído de treinta de septiembre del año en curso (foja 174), sin asistencia física de las partes ni por medios electrónicos. Apertura de audiencia. Abierta la audiencia, la secretaria: a) Hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que destacan 1) la demanda de amparo promovida por Cornelio Tejada Felipe y Luis Tejada Zárate (fojas 16 a 25); 2) la constancia de emplazamiento de los terceros interesados a) Héctor Tejada Álvarez y el b) agente del Ministerio Público adscrito a la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (fojas 113 y 69); así como 3) el informe justificado de la autoridad responsable, Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Oaxaca (foja 13). b) Hace constar que ninguna de las partes procesales se opuso a la publicación de sus datos personales. c) Hace constar que en la demanda de amparo se señaló como autoridad responsable al juez de Control del Distrito Judicial de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca (foja 18), (aunque en la demanda la parte quejosa no señaló el acto que le reclamaba); sin embargo, al admitir a trámite la demanda de amparo en la vía indirecta, el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca no le requirió informe justificado como autoridad responsable, intervención que tampoco se le dio en la vía directa, al haberse radicado inicialmente en el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo, de este Decimotercer Circuito, en el Estado de Oaxaca. d) No existe documento con el que deba darse cuenta o asunto pendiente por diligenciar. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, provéase lo relativo en el momento procesal oportuno. III. Toda vez que de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de la revisión de las constancias de autos se aprecia que la pretensión de la parte quejosa era señalar como autoridad ejecutora al juez de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca; se determina que, en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia, en acatamiento al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe desahogarse en esta fecha la audiencia constitucional, aun sin haber requerido el informe justificado de dicha autoridad; lo anterior, tomando en consideración que ya obra en autos el informe justificado de la autoridad ordenadora, y diferir la audiencia con el único fin de darle intervención en el juicio al juez de Control y requerir su informe, en nada beneficiaría a la parte quejosa, pues el sentido de la sentencia que se emitirá en esta audiencia le resultará favorable, y en nada podrá variar aun dando intervención a la autoridad ejecutora, dada su naturaleza; por el contrario, se vulneraría el derecho fundamental de los quejosos a la expedita administración de justicia si se difiere esta audiencia constitucional. Por ello, en la etapa considerativa provéase lo correspondiente a su intervención o no en este juicio de amparo. Etapa probatoria. Acto continuo, abierta la fase probatoria en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se hace constar que la autoridad responsable, Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, exhibió el original del toca penal JOTP/04/2022, de su índice, y un sobre con cuatro discos compactos, que contienen las videograbaciones de diversas audiencias celebradas en la causa penal 174/2020, del Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Documentales que obran por separado al expediente, en la Secretaría de este Juzgado. A lo que se acuerda: en términos del numeral 119 de la Ley de Amparo las pruebas referidas se admiten y desahogan en atención a su propia y especial naturaleza, para ser consideradas al resolver este juicio. No existiendo pruebas pendientes que desahogar ni escrito de las partes que acordar, se cierra esta etapa. Etapa de alegatos. Abierto el periodo de alegatos, se hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho; consecuentemente, se cierra esta etapa y se procede a emitir la siguiente sentencia. Visto, para resolver el juicio de amparo 1139/2022 y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dieciocho de abril de dos mil veintidós ante la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Oaxaca, Cornelio Tejada Felipe y Luis Tejada Zárate, por propio derecho, adujeron promover demanda de amparo directo, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto que se precisarán en la parte considerativa de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Trámite de la demanda en la Sala Penal. En atención a que la demanda de amparo se presentó ante la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Oaxaca, el veintidós de abril de dos mil veintidós el magistrado presidente de esa Sala realizó la certificación a que se refiere el artículo 178, fracción I, de la Ley de Amparo (foja 25 reverso). Además, notificó la interposición de esa demanda a la agente del Ministerio Público adscrita a esa Sala, así como al tercero interesado Héctor Tejada Álvarez y a los propios quejosos (foja 26). Acto seguido, mediante informe justificado, remitió al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo, en turno, de este Decimotercer Circuito, en el Estado de Oaxaca, 1) la demanda original con la certificación relativa, 2) las copias de la demanda, 3) las diligencias de notificación a las partes procesales, 4) el toca penal JOTP/04/2022, de su índice, y 5) un sobre con tres discos en formato DVD, con videograbaciones de diversas audiencias celebradas en la causa penal 174/2020, del Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Trámite en el Tribunal Colegiado. Por razón de turno, la Oficina de Correspondencia Común de Tribunales Colegiados en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, turnó la demanda de amparo directo al Segundo Tribunal Tribunal Colegiado en esas materias, el cual, mediante determinación dictada el tres de mayo de dos mil veintidós (fojas 28 a 30), formó expediente impreso y electrónico, registrando el asunto con el número 190/2022 y, a fin de determinar la vía en que debiera tramitarse, requirió al juez de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, que informara el estado procesal de la causa penal 174/2020, de su índice, particularmente, si se había decretado o no el sobreseimiento en esa causa. En su atención, el juez de Control remitió al Tribunal Colegiado la información a través del oficio PJEO/CJ/JCMPT/ 1210/2022-J (foja 42), mismo que se agregó en resolución de veinte de mayo de dos mil veintidós, en la cual el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito determinó carecer de competencia legal para el conocimiento del juicio en la vía directa, en razón de que el acto reclamado debía ser combatido en la vía indirecta (fojas 43 a 49); razón por la cual, ordenó remitir el asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, para su turno al Juzgado correspondiente. Radicación y trámite en el Juzgado Decimoprimero. 1° En auto de veinticinco de mayo de dos mil veintidós el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca tuvo por recibido el juicio de amparo directo 190/2022, avocándose al conocimiento en la vía indirecta, con el número de expediente 584/2022; en ese auto previno a la parte quejosa para que señalara el domicilio de la parte tercera interesada o expresara su desconocimiento bajo protesta de decir verdad (fojas 50 a 52). 2° Previo cumplimiento de la prevención formulada, el tres de junio de este año admitió a trámite la demanda, dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, precisó que no era necesario requerir informe justificado a la autoridad responsable, porque el mismo ya obraba en autos; no obstante, ordenó el emplazamiento como tercero interesado del agente del Ministerio Público adscrito a la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, y ordenó realizar gestiones para allegarse del domicilio exacto del tercero interesado Héctor Tejada Álvarez (fojas 63 a 66). 3° El ocho de junio de dos mil veintidós se corrió traslado al agente del Ministerio Público adscrito a la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, como tercero interesado (foja 69), a quien se tuvo por apersonado al juicio en proveído de diez de junio de dos mil veintidós (foja 75). 4° Además, mediante diligencia de veintidós de agosto de este año se verificó el emplazamiento a juicio del tercero interesado Héctor Tejada Álvarez (foja 113); sin que se apersonara a juicio, por lo cual se ordenó la práctica de sus notificaciones mediante lista de acuerdos (foja 121). 5° Posteriormente, en resolución de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós el titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca se declaró legalmente incompetente para seguir conociendo del asunto, y declinó la competencia a favor de este órgano jurisdiccional (fojas 161 a 163), por haber conocido previamente del juicio 867/2020, en el que se reclamaron actos de autoridad derivados de la misma causa penal 174/2020 del Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, lo que, estimó, actualiza un supuesto de conocimiento previo previsto en el artículo 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establecen las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. 6° En proveído de veintiocho de septiembre del año en curso este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca aceptó conocimiento, por razón de turno, y convalidó las actuaciones practicadas en el juicio 584/2022; asimismo, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, por razón de la materia, grado y territorio, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente; 49 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 45/2016 y 46/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el primero que reformó el diverso Acuerdo General 3/2013, del mismo Pleno, ya que el acto reclamado versa sobre la materia penal y sus consecuencias jurídicas y materiales se atribuyen a la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; territorio donde este Juzgado de Distrito en materia mixta ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, en relación con las constancias de autos, se advierte que los quejosos Cornelio Tejada Felipe y Luis Tejada Zárate reclaman de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca: La resolución dictada el diecisiete de marzo de dos mil veintidós en el toca penal JOTP/04/2022, en la que confirmó el auto de no vinculación a proceso dictado por el juez de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, en la causa penal 174/2020. Sin que se estime procedente tener como autoridad responsable al referido juez de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca; debido a que durante toda la secuela procesal, tanto en el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo, de este Decimotercer Circuito, como en el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, no se le dio intervención con ese carácter. Máxime que en la demanda no se señaló algún acto u omisión que se reclamara a esa autoridad; de modo que, de una interpretación armónica y congruente de todos los datos que emanan del escrito inicial de demanda, con la totalidad de la información del expediente, resulta necesario descartar como autoridad responsable al juez de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de los autores de la demanda, quienes se duelen exclusivamente de la resolución dictada el diecisiete de marzo de dos mil veintidós en el toca penal JOTP/04/2022, en la que confirmó el auto de no vinculación a proceso dictado por el juez de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, en la causa penal 174/2020. Así, a través de esta fijación del acto reclamado, se estará en condiciones de dictar una resolución congruente entre lo pretendido y lo resuelto. Apoya lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Sin que con esta determinación se deje en estado de indefensión a la parte quejosa, por el contrario, se emite en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia, en estricto acatamiento al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues a nada práctico conduciría retrasar la resolución de este juicio con la sola finalidad de prevenir a la parte quejosa para que precise el acto que reclama al juez de Control y, posteriormente, requerir de éste su informe justificado, pues, se insiste, ya obra en autos el informe justificado de la autoridad que dictó la resolución reclamada, y con los elementos de autos es posible dictar la sentencia que en derecho corresponde. Además que, en caso de que el juez de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca deba tener intervención para dar cumplimiento a una eventual sentencia que conceda el amparo, ese requerimiento podrá realizarse, en su momento, en el procedimiento de ejecución de la sentencia firme, sin perjuicio, incluso, de que no se le hubiere atribuido el carácter de autoridad responsable. TERCERO. Oportunidad. La resolución reclamada fue notificada a la parte quejosa el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, por medios electrónicos, en términos de los artículos 82, fracción I, inciso b), y 83, del Código Nacional de Procedimientos Penales (fojas 25 reverso del expediente principal y 48 del tomo anexo); por tanto, en términos del numeral 87 del mismo ordenamiento legal, surtió efectos el mismo día (29/03/2022). Así, de conformidad con los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Amparo, el término de quince días para presentar la demanda de amparo transcurrió del treinta de marzo al veintiséis de abril de dos mil veintidós, sin contar los sábados y domingos intermedios, por ser inhábiles de acuerdo al numeral 19 de la Ley de Amparo, ni del trece al quince de abril de este año, de conformidad con la circular 5/2022 de treinta de marzo de dos mil veintidós, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y tampoco del once al dieciséis de abril de dos mil veintidós, por ser inhábiles para la autoridad responsable, de conformidad con el Acuerdo General 01/2022 del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Luego, si la demanda de amparo se presentó el dieciocho de abril de este año (foja 15) ante la autoridad responsable, Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, es innegable que resulta oportuna; pese a que se presentó en la vía de amparo directo y, posteriormente, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo, de este Decimotercer Circuito, se declaró legalmente incompetente en esa vía. Ello, como lo dispuso la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 25/2006, consultada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIII, marzo de 2006, página 251, registro 175619, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PROMOCIÓN DEBE ATENDERSE A LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AUN CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO SE DECLARE INCOMPETENTE Y LA REMITA AL JUZGADO DE DISTRITO." Sin que se advierta algún supuesto de excepción que conlleve a tomar como fecha de presentación de la demanda aquélla en que se recibió en el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, esto es, el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós -foja 4-; pues no obra constancia alguna en autos que demuestre que los mismos quejosos: i) presentaran la demanda de amparo indirecto por segunda ocasión indebidamente ante la autoridad responsable; ii) con la finalidad de impugnar un acto dictado después de concluido el mismo juicio natural del que deriva el acto reclamado en un amparo previo; o iii) que dicho acto constituya una resolución dictada en cumplimiento de una demanda de amparo indirecto. Por ser de exacta aplicación al tema, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 13/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 9, agosto de 2014, tomo I, página 275, registro 2007052, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. CASO EN EL QUE PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DEBE CONSIDERARSE LA FECHA EN LA QUE LLEGÓ PARA SU CONOCIMIENTO AL JUEZ DE DISTRITO". CUARTO. Existencia del acto reclamado. Está plenamente acreditada la existencia de la resolución reclamada dictada el diecisiete de marzo de dos mil veintidós en el toca penal JOTP/04/2022, porque así lo reconoció en su informe justificado la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Oaxaca, por conducto de su magistrado presidente (foja 13), y lo justificó con el original de dicho toca y con cuatro discos compactos, que contienen las videograbaciones de diversas audiencias celebradas en la causa penal 174/2020, del Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Constancias que alcanzan valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º y la jurisprudencia 43/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". QUINTO. Procedencia del juicio y conceptos de violación. Las partes no hicieron valer causal de improcedencia, ni se advierte de oficio una que, por ser de orden público, deba estudiarse de manera preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; por tanto, procede entrar al estudio de fondo del acto reclamado, el cual se estudiará al tenor de los conceptos de violación que se tienen por transcritos, en obvio de repeticiones innecesarias, por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SEXTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación hechos valer por los quejosos, aunque suplidos en la deficiencia de la queja, en términos de lo establecido en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, son fundados; y para garantizar el derecho fundamental de tutela judicial efectiva, el estudio del asunto se realizará de manera oficiosa, sin constreñir el análisis de la determinación reclamada a los planteamientos de la parte quejosa, pues la suplencia de la queja permite realizar un análisis integral, no obstante la formulación incompleta o deficiente que se hubiese realizado de los argumentos respectivos. Al respecto, de las constancias que obran en el toca penal JOTP/04/2022, particularmente la resolución reclamada, dictada por la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Oaxaca, se advierte que existió infracción a los artículos 14 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 63, 67, segundo párrafo, y 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de que la Sala responsable, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el agente del Ministerio Público recurrente, llevador de la causa penal 174/2020, contra el auto de no vinculación a proceso dictado en esa causa penal el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, por el juez de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, no celebró la audiencia pública a que se refiere el dispositivo 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales, circunstancia que trastoca las formalidades esenciales del procedimiento del sistema penal acusatorio, cuyo mecanismo para emitir resoluciones fue creado a base de audiencias; de manera que la autoridad responsable no cumplió con las reglas del debido proceso en segunda instancia, vulnerando con su actuar, contra los quejosos, su derecho al debido proceso, previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal, al no respetar las formalidades esenciales del procedimiento; lo que impide estudiar el fondo del asunto. El referido artículo 14 constitucional, dispone: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho". Como se ve, dicho precepto destaca que en todo juicio deben cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento y, con relación a ello, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en la jurisprudencia P./J. 47/95 que las formalidades esenciales del procedimiento son las que garantizan una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo, encontrándose, entre ellas, la concerniente a que se dicte una resolución que dirima las cuestiones debatidas. En ese orden de ideas, el artículo 20 de la Constitución Federal establece que todo proceso penal deberá ser acusatorio y oral, y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Y, precisamente, de ese numeral, interpretado conjuntamente con las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, se conoce que se prevén como principios generales del proceso, entre otros, que toda audiencia se desarrollará en presencia del juez; que la presentación de los argumentos y las pruebas se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral; que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; que éstos también serán observados en las audiencias preliminares a juicio; y que las resoluciones de los órganos jurisdiccionales deberán ser emitidas en forma oral, con expresión de sus fundamentos y motivaciones. En efecto, los artículos 4, 5, 63, 67, segundo párrafo, 478 y 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales disponen: "Artículo 4o. Características y principios rectores El proceso penal será acusatorio y oral, en él se observarán los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación y aquellos previstos en la Constitución, Tratados y demás leyes. Este Código y la legislación aplicable establecerán las excepciones a los principios antes señalados, de conformidad con lo previsto en la Constitución. En todo momento, las autoridades deberán respetar y proteger tanto la dignidad de la víctima como la dignidad del imputado". "Artículo 5o. Principio de publicidad Las audiencias serán públicas, con el fin de que a ellas accedan no sólo las partes que intervienen en el procedimiento sino también el público en general, con las excepciones previstas en este Código. (.)". "Artículo 63. Notificación en audiencia Las resoluciones del Órgano jurisdiccional serán dictadas en forma oral, con expresión de sus fundamentos y motivaciones, quedando los intervinientes en ellas y quienes estaban obligados a asistir formalmente notificados de su emisión, lo que constará en el registro correspondiente en los términos previstos en este Código". "Artículo 67. Resoluciones judiciales (.) Los autos y resoluciones del Órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente. Deberán constar por escrito, después de su emisión oral, los siguientes: - - - - (.) IV. La de vinculación a proceso; - - -- (.) En ningún caso, la resolución escrita deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, surtirá sus efectos inmediatamente y deberá dictarse de forma inmediata a su emisión en forma oral, sin exceder de veinticuatro horas, salvo disposición que establezca otro plazo. Las resoluciones de los tribunales colegiados se tomarán por mayoría de votos. En el caso de que un Juez o Magistrado no esté de acuerdo con la decisión adoptada por la mayoría, deberá emitir su voto particular y podrá hacerlo en la propia audiencia, expresando sucintamente su opinión y deberá formular dentro de los tres días siguientes la versión escrita de su voto para ser integrado al fallo mayoritario". "Artículo 478. Conclusión de la audiencia La sentencia que resuelva el recurso al que se refiere esta sección, podrá ser dictada de plano, en audiencia o por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de la misma". "Artículo 479. Sentencia La sentencia confirmará, modificará o revocará la resolución impugnada, o bien ordenará la reposición del acto que dio lugar a la misma. En caso de que la apelación verse sobre exclusiones probatorias, el Tribunal de alzada requerirá el auto de apertura al Juez de control, para que en su caso se incluya el medio o medios de prueba indebidamente excluidos, y hecho lo anterior lo remita al Tribunal de enjuiciamiento competente". De la lectura íntegra y análisis conjunto de los preceptos invocados, se aprecia que la oralidad es el medio distintivo y vía instrumental idónea que permite el desarrollo del sistema penal acusatorio, sin la cual no puede estimarse que se haga el dictado de alguna resolución en las audiencias; pues las audiencias deben ser públicas, con el fin de que a ellas accedan no sólo las partes que intervienen en el procedimiento sino también el público en general (con las excepciones previstas en el propio Código Nacional), de modo que las resoluciones de los órganos jurisdiccionales sean dictadas en forma oral, con expresión de los fundamentos y motivaciones. Bajo esas condiciones, de acuerdo con los artículos 475 al 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativos al trámite de la apelación, una vez interpuesto dicho medio de impugnación ordinario, el Tribunal de Alzada se debe pronunciar de plano sobre la admisión del recurso, debiendo citar a la celebración de la audiencia de alegatos aclaratorios respectiva cuando las partes interesadas así lo soliciten, o cuando el Tribunal de Alzada lo considere necesario, pudiendo durante el desarrollo de esta diligencia pedir aclaraciones sobre los planteamientos realizados en los escritos por los sujetos procesales, y así dictarse la resolución respectiva, ya sea de plano, en la propia audiencia, o por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de la misma. Asimismo, de conformidad con el citado artículo 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las sentencias que resuelvan algún recurso de apelación pueden ser dictadas en dos momentos: a) De plano, en esa misma audiencia, una vez escuchadas a las partes; o, b) Por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de la misma. Sin embargo, este supuesto identificado con el inciso b) no implica el extremo de exentar al Tribunal de Apelación de celebrar la audiencia, pues del texto integral del artículo 478 del referido ordenamiento legal se advierte que en las dos hipótesis se debe desahogar una audiencia, aun cuando, sólo en apariencia, la resolución pueda dictarse en forma escrita, porque de una interpretación sistemática de los dispositivos legales 4°, 5°, 63 y 67, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se aprecia que todas las resoluciones que emitan los órganos jurisdiccionales -hecha excepción de las que expresamente señala el Código Nacional y en las que no se ubica este supuesto- deben ser dictadas en forma oral, en las que se deben expresar los fundamentos y motivaciones que les dan sustento, pues, como ya se expuso, si el ordenamiento procesal en cuestión dispone que las notificaciones de las decisiones judiciales adoptadas en las audiencias se tendrán por hechas formalmente a quienes estaban obligados a asistir (artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales), es inconcuso que las partes deben estar presentes; máxime que el último párrafo del precepto 67 de ese Código es claro en puntualizar que la resolución que adopte un Tribunal (en este caso una Sala Penal Colegiada), debe ser emitida de manera oral, incluso si se emite un voto particular por un magistrado, como se aprecia de la transcripción siguiente: ".Las resoluciones de los tribunales colegiados se tomarán por mayoría de votos. En el caso de que un Juez o Magistrado no esté de acuerdo con la decisión adoptada por la mayoría, deberá emitir su voto particular y podrá hacerlo en la propia audiencia, expresando sucintamente su opinión y deberá formular dentro de los tres días siguientes la versión escrita de su voto para ser integrado al fallo mayoritario". Entonces, los referidos numerales resultan aplicables a la segunda instancia ante la autoridad responsable, Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Oaxaca, ante la cual se substanció la apelación que culminó con la resolución reclamada en este juicio de amparo indirecto, porque el título XII, referente a los recursos que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales, no tiene una disposición específica para el desarrollo de las audiencias en alzada, de modo que deben atenderse las disposiciones de las audiencias en general contempladas en el Capítulo II del Código Nacional, esto es, los artículos previamente transcritos. Máxime que no debe desatenderse que el precepto 67 del mismo cuerpo legal señala que en ningún caso la resolución escrita deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, además que surtirá sus efectos inmediatamente y que deberá dictarse de forma inmediata a su emisión en forma oral. En este caso, esa porción normativa le es aplicable a las resoluciones de apelación en segunda instancia, de ahí que la versión escritural no puede exceder la exposición oral, concluyéndose entonces que todas las decisiones jurisdiccionales vinculadas con las audiencias se encuentran aparejadas de un ejemplar escrito, que constituye una derivación de las consideraciones que hubiese aportado el órgano jurisdiccional al resolver, en cualquiera de los supuestos; sin que, en el particular, el Tribunal de Apelación se encuentre constreñido a emitir la pieza escrita dentro del plazo de veinticuatro horas al que alude dicho precepto legal, porque el diverso 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales faculta a que este instrumento lo emita dentro de los tres días siguientes a la celebración de la audiencia, resultando este plazo uno específico que contempló el legislador para asuntos en sede de apelación. Bajo ese orden de ideas, los dos supuestos que refiere el numeral 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales para resolver el recurso de apelación, representan únicamente momentos temporales diferenciados para emitir una sentencia sobre dicho medio de impugnación, y no formas distintas para su dictado; es decir, la porción que señala que: "La sentencia que resuelva el recurso al que se refiere esta sección, podrá ser dictada de plano, en audiencia o por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de la misma", no significa que el legislador haya exentado al Tribunal de Apelación de celebrar una audiencia para resolver el asunto -pues todos los artículos examinados expresan la idea de dirimir controversias a través de audiencias públicas, y con la asistencia de las partes-, sino que debe interpretarse en el sentido de que el plazo para la emisión de la versión escrita es el de tres días después de celebrada la audiencia correspondiente, en la que se deben expresar los fundamentos y motivaciones que le den sustento lógico jurídico a la decisión adoptada por el tribunal. Es así, porque el artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales constriñe a los titulares que conocen de un recurso a tener que dictar en audiencia pública la decisión que emitan en ejercicio de sus funciones, fundando y motivando sus determinaciones, para comunicar simultáneamente a las partes los argumentos que formaron el sentido de la sentencia, debido a que el aludido precepto señala que las resoluciones dictadas durante las audiencias judiciales se entenderán notificadas a los intervinientes, incluso para quienes no asistan y estaban obligados a asistir. Por ello, la oralidad que se verifica en las audiencias no constituye un mero requisito formal para sostener la legalidad, sino que forma parte del requisito esencial de garantizar el derecho a un verdadero debido proceso que faculta a los intervinientes imponerse de lo ahí decidido, pero sobre todo a comprender, en un lenguaje sencillo y claro el sentido de la resolución. Bajo esas condiciones, no resulta viable analizar la resolución escrita, cuando su dictado no se efectuó en la audiencia prevista por el mencionado precepto 478, pues no debe perderse de vista que en el dictamen de reforma al artículo 20 constitucional se sostuvo que un proceso no es público cuando sus actuaciones se desarrollan por escrito; y, por ende, no se cumplirían las características del sistema penal acusatorio. Además, no debe soslayarse que la decisión escrita tiene su origen en la audiencia que resuelve el recurso de apelación, esto es, en la determinación que de manera verbal emiten los magistrados, debiendo contener ésta todos los argumentos que la rijan, en tanto que la escrita sólo constituye un registro de las consideraciones que se expresaron oralmente en la audiencia; por lo que no es viable que tenga validez la pieza escritural, cuando no se desahogó la audiencia que le diera legitimidad a lo escrito, incluso no se estaría en aptitud de comprobar si la resolución escrita excede o no el alcance de lo que se hubiera determinado en la resolución oral. Ahora, en el caso concreto, la Sala responsable no llevó a cabo la audiencia pública respectiva, pues en la propia resolución de diecisiete de marzo de dos mil veintidós declaró admisible el recurso de apelación y lo resolvió de plano, precisando lo siguiente (foja 32 del tomo anexo): "Ahora bien, de las constancias remitidas por el A Quo se advierte que las partes no solicitaron audiencia para exponer oralmente alegatos aclaratorios, así como tampoco este Órgano Colegiado no advierte la necesidad de señalar fecha y hora para la celebración de dicha audiencia en términos de lo dispuesto por el artículo 476 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de que en los escritos de apelación y de contestación de agravios las partes esgrimen los argumentos, motivos y fundamentos de sus agravios. (.)" Resolución que fue dictada, efectivamente, sólo por escrito, el mismo diecisiete de marzo de dos mil veintidós (fojas 12 y 31 a 44 del tomo anexo). Se estima que esa decisión contraviene lo previsto por los artículos 14 y 20, de la Constitución Federal, en relación con los diversos 63, 67, segundo párrafo y 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales; dado que la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Oaxaca, como autoridad de alzada, no celebró la audiencia de apelación, lo que implica infracción de la "oralidad" que sirve como principal herramienta del sistema de justicia penal, objeto de la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho. Sin que la Sala responsable esté facultada para dejar de realizar la audiencia del dictado de la resolución correspondiente y plasmar la resolución solamente por escrito, ni aún, siquiera, bajo el supuesto de que las partes no manifestaran su interés de exponer oralmente alegatos aclaratorios, o que la propia Sala no lo considerara necesario; ya que está obligada a dirimir la controversia de manera pública y oralmente, sin perjuicio de que posteriormente agregue el registro documentado. Es importante precisar que no se desconoce que dentro del apartado inherente al trámite de la apelación, el artículo 476 del Código Nacional aplicable establece: "Artículo 476. Emplazamiento a las otras partes Si al interponer el recurso, al contestarlo o al adherirse a él, alguno de los interesados manifiesta en su escrito su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios, o bien cuando el Tribunal de alzada lo estime pertinente, decretará lugar y fecha para la celebración de la audiencia, la que deberá tener lugar dentro de los cinco y quince días después de que fenezca el término para la adhesión. El Tribunal de alzada, en caso de que las partes soliciten exponer oralmente alegatos aclaratorios o en caso de considerarlo pertinente, citará a audiencia de alegatos para la celebración de la audiencia para que las partes expongan oralmente sus alegatos aclaratorios sobre agravios, la que deberá tener lugar dentro de los cinco días después de admitido el recurso". Del contenido de dicho precepto legal se aprecia que existen dos momentos para celebrar la audiencia de alegatos aclaratorios de agravios: a) dentro de cinco y quince días de que fenezca el plazo para la adhesión; o b) dentro de los cinco días después de admitido el recurso principal. Con independencia de la posibilidad para las partes intervinientes de solicitar una audiencia de aclaración de agravios, se precisa que en esa diligencia o en una posterior que dirima el recurso de apelación, el Tribunal de Alzada tendrá que emitir su resolución en forma oral, en la que exponga los sustentos jurídicos y consideraciones en las que fundamente su decisión judicial. De ahí que ese artículo no constituye una facultad conferida a los gobernados o a la autoridad para que se celebre o no una audiencia en la que se resuelva la apelación, sino que esa prerrogativa únicamente se ciñe a la expresión de la audiencia de alegatos aclaratorios, pero no para decidir si se dicta la resolución que resuelva el recurso de apelación en forma oral o por escrito, porque de interpretarlo así, las formalidades esenciales inherentes al debido proceso, al menos en segunda instancia, quedarían a merced de las partes. Bajo ese tenor, es posible sostener que existen dos tipos de audiencias: -La de aclaración de agravios. -La de fondo. Y si bien el Tribunal de Alzada (en este caso la Sala) puede resolver de plano el fondo del asunto, en la primera audiencia, lo cierto es que, como lo aclaró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión 2666/2020, en sesión de nueve de junio de dos mil veinte, la "audiencia de alegatos aclaratorios sobre los agravios" no debe confundirse con la prevista en el artículo 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuanto que éste señala que la sentencia que resuelva el recurso de apelación podrá ser dictada en audiencia; luego, si, en el particular, para resolver la apelación no se celebró ninguna audiencia pública, puede válidamente sostenerse que se trastocaron los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 20, constitucionales, que resguardan el debido proceso. Sirve de apoyo a esta resolución la jurisprudencia III.2o.P. J/1 P (11a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en la Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 15, julio de 2022, tomo V, página 4372, registro 2024927, de rubro y texto: "RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. CUANDO EL DICTADO DE LA SENTENCIA QUE LO RESUELVE NO SE EFECTÚA EN LA FORMA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 478 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, ESTO ES, ORALMENTE EN AUDIENCIA, SINO SÓLO POR ESCRITO, CON LA JUSTIFICACIÓN DE QUE LAS PARTES NO SOLICITARON LA AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE AGRAVIOS ESTABLECIDA EN EL DIVERSO 476 DEL PROPIO CÓDIGO, NI EL TRIBUNAL DE ALZADA LA ESTIMÓ NECESARIA, ELLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN. Hechos: Al resolver el recurso de apelación en el proceso penal acusatorio contra el auto que resolvió sobre la vinculación a proceso de la persona imputada, el Tribunal de Alzada omitió dictar la sentencia respectiva en la forma prevista por el artículo 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, oralmente en audiencia pública, sino que sólo lo hizo por escrito, bajo la justificación de que las partes recurrentes no solicitaron la audiencia de aclaración de agravios establecida en el diverso 476 del propio código, ni aquél la consideró necesaria. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el Tribunal de Alzada no está facultado para dejar de realizar la audiencia del dictado de la resolución correspondiente, a que se refiere el artículo 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales y plasmar la resolución solamente por escrito, ni siquiera bajo el supuesto de que las partes no manifestaran su interés de exponer oralmente alegatos aclaratorios, o que el propio tribunal no lo considerara necesario, ya que está obligado a dirimir la controversia de manera pública y oralmente, sin perjuicio de que posteriormente agregue el registro documentado; de ahí que al no haber actuado así, se actualiza una violación a las leyes del procedimiento que amerita su reposición. Justificación: Lo anterior, porque con independencia de que existe la posibilidad para las partes intervinientes de solicitar una audiencia de aclaración de alegatos sobre los agravios, lo cierto es que en esa diligencia o en una posterior que dirima el recurso de apelación, el Tribunal de Alzada tendrá que emitir su resolución en forma oral, en la que exponga los sustentos jurídicos y consideraciones en los que fundamente su decisión judicial. En ese sentido, no resulta viable analizar la resolución escrita, cuando su dictado no se efectuó en la audiencia prevista en el artículo 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, no debe soslayarse que la decisión escrita tiene su origen en la audiencia que resuelve el recurso de apelación, esto es, en la determinación que, de manera verbal, emite la autoridad de alzada, debiendo contener todos los argumentos que la rijan, en tanto que la escrita sólo constituye un registro de las consideraciones que se expresaron oralmente en la audiencia, por lo que no es viable que tenga validez la pieza escritural cuando no se desahogó la audiencia que le diera legitimidad a lo escrito; incluso, no se estaría en aptitud de comprobar si la resolución escrita excede o no el alcance de lo que se hubiera determinado en la oral. Igualmente, esta decisión contraviene los artículos 14 y 20 de la Constitución General, en relación con los diversos 63, 67, segundo párrafo y 478 del código mencionado, dado que el Tribunal de Alzada no celebró la audiencia de apelación, lo que implica infracción al principio de oralidad que sirve como principal herramienta del nuevo sistema de justicia penal. Máxime que, como lo aclaró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 2666/2020, la audiencia de alegatos aclaratorios sobre los agravios no debe confundirse con la prevista en el artículo 478 indicado, en cuanto que éste señala que la sentencia que resuelva el recurso de apelación podrá ser dictada en audiencia, entre otro supuesto; de ahí que si en el particular, para resolver la apelación que dio origen al juicio de amparo indirecto no se celebró ninguna audiencia pública, puede válidamente sostenerse que se trastocaron los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 20 constitucionales, que resguardan el debido proceso". Así como, por identidad jurídica, la jurisprudencia II.2o.P.J/12 (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octubre de 2018, Tomo III, página 2004, de rubro y texto siguientes: "APELACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. EL ARTÍCULO 476 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES NO FACULTA A LAS PARTES NI AL TRIBUNAL DE ALZADA PARA QUE DECIDAN SI SE CELEBRA O NO UNA AUDIENCIA EN LA QUE SE RESUELVA DICHO RECURSO, PUES EL DICTADO DE LA SENTENCIA RESPECTIVA DEBE REALIZARSE EN FORMA ORAL Y EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE (INTERPRETACIÓN ARMÓNICA DE DICHO PRECEPTO, CON LOS DIVERSOS 4, 52, 58 A 63, 67, 477 Y 478 DEL PROPIO CÓDIGO). El artículo 476 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece: "Si al interponer el recurso, al contestarlo o al adherirse a él, alguno de los interesados manifiesta en su escrito su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios, o bien cuando el Tribunal de alzada lo estime pertinente, decretará lugar y fecha para la celebración de la audiencia, la que deberá tener lugar dentro de los cinco y quince días después de que fenezca el término para la adhesión.-El Tribunal de alzada, en caso de que las partes soliciten exponer oralmente alegatos aclaratorios o en caso de considerarlo pertinente, citará a audiencia de alegatos para la celebración de la audiencia para que las partes expongan oralmente sus alegatos aclaratorios sobre agravios, la que deberá tener lugar dentro de los cinco días después de admitido el recurso.". De su contenido se advierte que en el recurso de apelación en el sistema penal acusatorio existen dos momentos para celebrar la audiencia de alegatos aclaratorios de agravios, que puede ser dentro: a) de cinco y quince días de que fenezca el plazo para la adhesión; o b) de los cinco días después de admitido el recurso principal. Así, con independencia de que existe la posibilidad para las partes intervinientes de solicitar una audiencia de aclaración de agravios, conforme a una interpretación armónica de dicho precepto, con los diversos 4o., 52, 58 al 63, 67, 477 y 478 del propio código, en esa diligencia o en una posterior que dirima el recurso de apelación, el tribunal de alzada tendrá que emitir su resolución en forma oral, en la que exponga los sustentos jurídicos y consideraciones en las que fundamente su decisión judicial; de ahí que el artículo 476 invocado no puede constituir o representar una facultad conferida a las partes ni al tribunal de alzada para que se celebre o no una audiencia en la que se resuelva la apelación, sino que esa prerrogativa únicamente se ciñe a la expresión en audiencia de alegatos aclaratorios, no para decidir si se dicta sentencia en forma oral o por escrito, porque de interpretarlo así, las formalidades esenciales inherentes al debido proceso, al menos en segunda instancia, quedarían a merced de las partes, cuando las disposiciones adjetivas del código referido "son de orden público y de observancia general en toda la República Mexicana", según lo establece su artículo 1o. En esa virtud, puede sostenerse que existen dos tipos de audiencias, la de aclaración de agravios o alegatos aclaratorios y la de fondo, sin perjuicio de que en la primera el tribunal de alzada pueda resolver de plano el fondo del asunto, como ya se explicó; luego, si en el particular, para resolver el recurso de apelación, no se celebró ninguna audiencia pública, se concluye que se violaron los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que resguardan el debido proceso." Precisiones finales. Por último, se estima importante mencionar que no pasa desapercibida la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA ACLARATORIA DE ALEGATOS EN EL RECURSO DE APELACIÓN. EL ARTÍCULO 476 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES QUE LA PREVÉ, NO VULNERA EL DERECHO DE TODA PERSONA A SER SENTENCIADA EN AUDIENCIA PÚBLICA, PREVIA CITACIÓN, A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 17 Y 20 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PAÍS. Hechos: En una demanda de amparo directo se reclamó que el artículo 476 del Código Nacional de Procedimientos Penales vulnera el derecho a ser sentenciado en audiencia pública, previa citación de las partes, en relación con el derecho a contar con un recurso efectivo. Ante la negativa del amparo decretada por el Tribunal Colegiado, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual fue remitido a este Alto Tribunal. Criterio jurídico: El artículo 476 del Código Nacional de Procedimientos Penales que prevé la apertura de una audiencia aclaratoria de alegatos sólo en determinados supuestos y no de manera obligatoria en el recurso de apelación, no vulnera el derecho de toda persona a ser sentenciada en audiencia pública, previa citación, a que se refiere el artículo 17, párrafo sexto, en relación con el diverso 20, apartado B, fracción V, ambos de la Constitución Política del país. Justificación: El precepto impugnado regula un mecanismo diseñado para la substanciación del recurso de apelación en el que la apertura de una audiencia aclaratoria de alegatos no es obligatoria, sino que se realiza a petición de alguna de las partes recurrentes para no afectar sus estrategias legales, o cuando el tribunal de alzada lo considere necesario. Esto garantiza, por un lado, la oportunidad a la parte que ha formulado agravios para clarificar su postura, o encaminar de manera clara sus argumentos, y por otro, sirve como una herramienta al alcance del órgano jurisdiccional para facilitar su tarea en la precisión de los reclamos y la forma en que deberá atenderlos para resolver el recurso conforme a los principios de exhaustividad, prontitud, congruencia y completitud. Así, el hecho de que el artículo 476 del Código Nacional de Procedimientos Penales establezca sólo para algunos casos la celebración de una audiencia aclaratoria de alegatos durante el trámite del recurso de apelación, no significa que al recurrente le sea transgredido el derecho a ser sentenciado en audiencia pública, previa citación, como parte del derecho de audiencia, de las formalidades esenciales del procedimiento y del debido proceso. Lo anterior, puesto que ello no implica que la parte recurrente no haya sido llamada a la tramitación del recurso, que no estuviera en oportunidad de imponerse de su contenido, o que no pueda expresar agravios, pues dicho trámite está regulado en el artículo 471 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como tampoco impide ni limita que a la parte recurrente o la que se ha adherido al recurso le sea dictada sentencia de apelación de plano en la propia audiencia o por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de la audiencia. Por lo tanto, el precepto impugnado no es violatorio del artículo 17, párrafo sexto, en relación con el diverso 20, apartado B, fracción V, ambos de la Constitución Política del país". Sin embargo, dicho criterio resuelve únicamente el tema relativo a si el Tribunal de Alzada está obligado a desahogar la audiencia de alegatos aclaratorios, prevista en el artículo 476 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo soliciten o no las partes, o si, a juicio del propio Tribunal es necesario llevarse a cabo o no; es decir, el problema jurídico resuelto en esa jurisprudencia fue determinar si el referido artículo 476 es violatorio del derecho a ser sentenciado en audiencia pública previa citación y a un recurso efectivo, al no establecer la obligatoriedad de una audiencia pública para emitir alegatos aclaratorios en la etapa de segunda instancia previo al dictado de la respectiva sentencia. Pero el tema tratado en este asunto es distinto, ya que independientemente de que se lleve a cabo o no la audiencia de alegatos contemplada en el artículo 476, sí debe desahogarse la audiencia pública que establece el numeral 478, ambos de la invocada legislación, en la que se resuelva el recurso de apelación, sentencia que podrá ser dictada de plano en la propia audiencia, o por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de la misma. Inclusive, en la ejecutoria dictada en el amparo directo en revisión 504/2021 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (que se cita como precedente de la ejecutoria recién mencionada), se advierte en sus párrafos 60, 62 y 63 lo siguiente: "60. A partir de lo señalado, el hecho de que no se celebre la audiencia aclaratoria de alegatos cuando no se reúnan los requisitos a petición de parte o atendiendo a un acto oficioso necesario por parte del tribunal de apelación, no significa que al recurrente le sea trasgredido el derecho a ser sentenciado en audiencia pública, en este caso en segunda instancia, previa citación". "62. El artículo reclamado tampoco impide, ni limita que a la parte recurrente o la que se ha adherido al recurso le sea dictada sentencia de apelación de plano en la propia audiencia, o por escrito dentro de los tres días siguientes como lo dispone el precepto 478 del aludido Código Nacional". "63. Por lo tanto, es infundado el reclamo planteado por el señor **********, puesto que el artículo 476 impugnado no es violatorio del derecho a ser sentenciado en audiencia pública previa citación, aplicable al recurso de apelación, a que se refiere el numeral 17, párrafo sexto, de la Constitución federal". En las relatadas consideraciones, conforme a las consideraciones expuestas, procede conceder el amparo y protección de la justicia federal a Cornelio Tejada Felipe y Luis Tejada Zárate, contra el acto reclamado a la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Oaxaca, consistente en la resolución dictada el diecisiete de marzo de dos mil veintidós en el toca penal JOTP/04/2022, en la que confirmó el auto de no vinculación a proceso dictado por el juez de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, en la causa penal 174/2020; debido a que la autoridad responsable vulneró con su actuar el derecho de los quejosos al debido proceso, previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal, al no respetar las formalidades esenciales del procedimiento. SÉPTIMO. Efectos de la concesión. En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, una vez que esta sentencia adquiera firmeza, la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Oaxaca, dentro del término legal, deberá proceder en la forma siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución dictada el diecisiete de marzo de dos mil veintidós en el toca penal JOTP/04/2022, en la que confirmó el auto de no vinculación a proceso dictado por el juez de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, en la causa penal 174/2020. 2. Reponga el procedimiento, a fin de que, conforme a lo destacado en esta sentencia, lleve a cabo la audiencia pública a que se refiere el artículo 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para resolver el recurso de apelación, previa citación de las partes. En el entendido que, en la audiencia respectiva, deberá emitirse la resolución de manera verbal, con la exposición de los fundamentos y motivaciones que le den apoyo al sentido de la determinación adoptada, así como el dictado de su posterior versión escrita, por encontrarse dentro de los supuestos a los que hace alusión el artículo 67, fracción IV, del invocado Código, que no deberá exceder de las consideraciones vertidas en aquélla, según el penúltimo párrafo del mismo precepto legal invocado. OCTAVO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73 y 74, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal ampara y protege a Cornelio Tejada Felipe y Luis Tejada Zárate contra la resolución dictada por la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Oaxaca, el diecisiete de marzo de dos mil veintidós en el toca penal JOTP/04/2022, en la que confirmó el auto de no vinculación a proceso dictado por el juez de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, en la causa penal ++++++++++; por las consideraciones expuestas en el considerando sexto de esta sentencia, y para los efectos precisados en el considerando séptimo de la misma. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
INC 640/2021 MESA 1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de octubre de dos mil veintidós. 1. Diferimiento de la audiencia incidental. Vistos los autos, advirtiéndose que: a. Se giró el despacho con número de orden 256/2021 y de origen 161/2021, al juez Mixto de Primera Instancia de Tlaxiaco, Oaxaca, para que, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, llevara a cabo la inspección judicial ofrecida por la parte quejosa; sin que a la fecha hubiese sido devuelta esa comunicación. b. En acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintidós se requirió al (a la) referido (a) juzgador(a) la devolución de la citada comunicación oficial, del que quedó notificado(a) el veintiséis de septiembre último, por lo que transcurrieron los tres días concedidos para ese efecto, sin que a la fecha haya informado lo relativo. En esas condiciones, no es posible jurídicamente celebrar la audiencia incidental señalada para hoy, por lo que se difiere y se fijan las nueve horas veintiún minutos del veinte de octubre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo. 2. Requerimiento. Con fundamento en los numerales 297, fracción II, y 300, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se requiere nuevamente al juez Mixto de Primera Instancia de Tlaxiaco, Oaxaca, para que, dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que reciba el oficio que con transcripción de este acuerdo se le remita vía correo electrónico, comunique si ya fue diligenciado el despacho con número de orden 256/2021 y de origen 161/2021; en su caso, remita las constancias relativas. 3. Apercibimiento. Se le apercibe que de no cumplir o no informa el impedimento legal o material que tenga para ello, se le impondrá, como medio de apremio, una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, al momento de realizarse la conducta sancionada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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