Luisa Delia Aquino Morales

Expediente 383/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 21 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
383/2023
Año
2023
Actuaciones
21
Última actuación
18/09/2023

Partes del expediente

  • Luisa Delia Aquino Morales
  • Subsecretaría de Bienestar, con sede en la Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta firmado por la Actuaria Judicial Adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, mediante el cual comunica el contenido del proveído de doce de septiembre del año en curso, dictado en el amparo en revisión 467/2023 de su índice, dictado por su Magistrada presidenta, del cual se advierte que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la Delegada de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca de la Secretaría de Bienestar, con sede en San Agustín Yatareni, Oaxaca, en contra de la sentencia dictada en este asunto, registrándolo con el número 467/2023, de su estadística; de lo cual se toma conocimiento. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio de cuenta signado por la Delegada de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca; visto su contenido, se le tiene interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente expediente; por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, agréguese una copia del oficio de expresión de agravios a este expediente, distribúyanse las otras entre las demás partes, y una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, remítanse: 1) los autos originales del presente expediente y 2) el original y copia del oficio de agravios al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en turno, con residencia en la ciudad de Oaxaca, para la sustanciación del recurso. Fórmese cuaderno de antecedentes, a partir de este auto, no así con anteriores actuaciones, en virtud de que éstas pueden ser consultadas en el expediente electrónico. En ese orden de ideas, con la finalidad de que el Tribunal Colegiado se encuentre en posibilidad de sustanciar el recurso interpuesto, de conformidad con el Acuerdo General número 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y artículo 3 de la Ley de Amparo, se informa que el presente asunto se encuentra disponible para ser consultado en forma electrónica; por tanto, remítase la certificación correspondiente que acredite que se incorporó cada promoción, documento, auto y resolución del expediente físico. Una vez que se cuente con el número de toca, realícese la vinculación correspondiente. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 383/2023; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, y que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Federal, Luisa Delia Aquino Morales, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados de la Subsecretaría de Bienestar, la Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios, la Dirección General para la Validación de Beneficiarios, la Dirección General de Operación Integral de Programas, todas con sede en la Ciudad de México, y la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca, con sede en San Agustín Yatareni, Oaxaca, que estima violatorios de los derechos humanos contenidos en los artículos 1°, 4°, 8°, 14 y 17 de la Constitución General de la República. SEGUNDO. Admisión de demanda. Previo cumplimiento a la prevención realizada en auto de veinte de abril de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional en proveído de tres de mayo de dos mil veintitrés, admitió la demanda con el número de juicio de amparo 383/2023, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Ampliación de demanda. En proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, este juzgado federal admitió la ampliación de demanda contra los actos reclamados de la Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios, la Dirección General para la Validación de Beneficiarios, la Dirección General de Operación Integral de Programas, todas con sede en la Ciudad de México, y la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca, con sede en San Agustín Yatareni, Oaxaca; solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite respectivo, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 6º, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo en vigor; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; tomando en consideración que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener "(.) La fijación clara y precisa del acto reclamado; (.)", es necesario delimitar los actos combatidos que se desprenden de la demanda. En ese sentido, se advierte que Luisa Delia Aquino Morales, por derecho propio, reclama: En la demanda de amparo. De la Subsecretaría de Bienestar, la Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios, la Dirección General para la Validación de Beneficiarios, la Dirección General de Operación Integral de Programas, todas con sede en la Ciudad de México, y la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca, con sede en San Agustín Yatareni, Oaxaca: La omisión de iniciar el proceso para la incorporación al Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, para el ejercicio fiscal 2023. La omisión de notificarle tal incorporación. La omisión de entregarle el apoyo económico a partir del bimestre incorporación al padrón de beneficiarios. En la ampliación de la demanda de amparo. De la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca, con sede en San Agustín Yatareni, Oaxaca: El oficio BIE/140/O/2855/2023, de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, mediante el cual se niega a iniciar el proceso de acceso al Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, para el ejercicio 2023. De la Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios, la Dirección General para la Validación de Beneficiarios, y la Dirección General de Operación Integral de Programas, todas con sede en la Ciudad de México: La orden de suspensión del registro de solicitudes de incorporación al referido Programa TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. I. El Subdirector de Amparos y Asuntos Especiales de la Secretaría de Bienestar, en su carácter de Delegado autorizado de la Subsecretaría de Bienestar; de la Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios, de la Dirección General para la Validación de Beneficiarios, y de la Dirección General de Operación Integral de Programas, todos con sede en la Ciudad de México (fojas 93-109), negaron la existencia de los actos que se le atribuyen en la demanda de amparo; pues refiere que la operación y ejecución del Programa Pensión para las Personas con Discapacidad Permanente, corresponde realizar a las delegaciones de programas para el desarrollo de cada entidad federativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de Bienestar, que establece que las Delegaciones de Programas para el Desarrollo realizarán las funciones de brindar atención ciudadana en todo lo relativo a los programas para el desarrollo, a efecto de asegurar su debida atención por parte de las dependencias y entidades competentes. En tal virtud, no se actualiza la omisión que se atribuye a las aludidas autoridades responsables. Es aplicable, la tesis 1a. XXIV/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 53, Tomo VII, junio 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 196080, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." II. Respecto del acto reclamado en la ampliación de la demanda de amparo de la Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios, la Dirección General para la Validación de Beneficiarios, y la Dirección General de Operación Integral de Programas, todos de la Secretaría de Bienestar, con sede en la Ciudad de México, consistente en: La orden de suspensión del registro de solicitudes de incorporación al referido Programa Las citadas autoridades negaron su existencia (fojas 82-91), pues refieren que las Delegaciones de Programas para el Desarrollo, tienen habilitado el sistema electrónico relativo, para la realización de trámites de incorporación a todos los Estados, y la Delegación de Programas para el Estado de Oaxaca, cuenta con usuarios activos para la captura de trámites, por lo que no presenta suspensión. Lo anterior, sin que la parte quejosa demostrara lo contrario, y tampoco de autos del presente juicio de amparo se desprende la existencia de dicha orden. Por tanto, no existe el acto que se les atribuye. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, precisados en este considerando. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. El Subdelegado de Desarrollo Social y Humano en ausencia de la Delegada de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca de la Secretaría de Bienestar, con sede en San Agustín Yatareni, negó la existencia de las omisiones reclamadas en la demanda de amparo y en su ampliación (fojas 43-46 y 69-71); sin embargo, su negativa se desvirtúa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de Bienestar, que establece que corresponde a las Delegaciones de Programas para el Desarrollo, realizar las funciones de brindar atención ciudadana en todo lo relativo a los programas para el desarrollo, a efecto de asegurar su debida atención por parte de las dependencias y entidades competentes. Aunado a que Luisa Delia Aquino Morales, exhibió en el presente juicio constitucional, el original del acuse de recibo, del escrito de quince de febrero de dos mil veintitrés, presentado en la Oficialía de Partes de la Secretaría de Bienestar, Delegación Oaxaca, el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, mediante el cual le solicitó que se le recabara la información personal a través del Formato de Registro Personas con Discapacidad y la cédula de verificación de discapacidad (fojas 8 y 9). Sin que exista constancia en autos que demuestre que a la fecha de presentación de la demanda de amparo -diecinueve de abril de dos mil veintitrés-, se haya iniciado el proceso para su incorporación al mencionado Programa, se le haya notificado el inicio del mismo, y en consecuencia, entregado el apoyo económico respectivo. Por tanto, las omisiones reclamadas sí existían al momento en que se presentó la demanda de amparo; por lo que se tienen por ciertos los actos reclamados. II. También existe el diverso acto que se reclama de la Delegada de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca de la Secretaría de Bienestar, con sede en San Agustín Yatareni, Oaxaca, consistente en: El oficio BIE/140/O/2855/2023, de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, mediante el cual se niega a iniciar el proceso de acceso al Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, para el ejercicio 2023. Pues la propia autoridad, al rendir su informe justificado manifestó que esa Delegación, en el ámbito de sus facultades, emitió el oficio reclamado, mediante el cual le hizo del conocimiento a Luisa Delia Aquino Morales, que la instancia ejecutora aún no informaba sobre los periodos de incorporación al Programa, y que el sistema se encontraba suspendido, lo que le impedía temporalmente iniciar con el proceso, sin que ello constituyera una negativa. Además, la quejosa exhibió el oficio original reclamado (foja 35), firmado por el Subdelegado de Desarrollo Social y Humano en la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca, en ausencia de la Delegada del Programa. Por lo que se tiene por cierto el acto reclamado. QUINTO. Causa de Improcedencia. Antes de estudiar la materia de fondo de la litis constitucional, se debe analizar la procedencia del juicio de amparo, ya que de advertir que se actualiza una causa de improcedencia que impida la resolución de la contienda en el fondo, se debe sobreseer; tópico que es de obligado examen lo invoquen o no las partes, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Este órgano de control constitucional considera que en el caso concreto, respecto de los actos reclamados consistentes en: la omisión de iniciar el proceso para la incorporación al Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, para el ejercicio fiscal 2023; la omisión de notificarle tal incorporación; y el oficio BIE/140/O/2855/2023, de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, mediante el cual se niega a iniciar el proceso de acceso al Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, para el ejercicio dos mil veintitrés; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al haber cesado en sus efectos. Ello es así, pues de las documentales que remitió el Subdelegado de Desarrollo Social y Humano en ausencia de la Delegada de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca de la Secretaría de Bienestar, con sede en San Agustín Yatareni, con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se obtiene que el nueve de junio de dos mil veintitrés, se registraron los datos de Luisa Delia Aquino Morales, en el Formato de Registro de Personas con Discapacidad, y el doce de junio de dos mil veintitrés se generó el ID captura 970056, con folio 01252711, mediante el cual solicitó su incorporación al referido Programa, al que anexó los documentos señalados en el numeral 3.3. de la Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés. Por lo tanto, a la fecha, ya inició el proceso para la incorporación de la quejosa, al Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés; de ahí, que la omisión a iniciar ese proceso, y el oficio BIE/140/O/2855/2023, de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, mediante el cual se le informó que temporalmente no le era posible iniciar el proceso de acceso al referido Programa, dejaron de subsistir, y en consecuencia, de producir efectos, constituyéndose consecuentemente una situación jurídica que hizo finalizar la que dio origen a este amparo; de ahí que al haber cesado la conducta que reclamó la parte quejosa de la autoridad responsable, se actualiza en la especie la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; razón por la cual, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2ª/J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos diez, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". SEXTO. Análisis de fondo del asunto. Son fundados los conceptos de violación. La parte quejosa aduce que se viola en su perjuicio los derechos humanos contenidos en los artículos 1°, 4°, 17 de la Constitución General, toda vez que la autoridad responsable no ha emitido determinación en el sentido de tenerla por incorporada al Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, ni le ha entregado el apoyo económico respectivo, de conformidad con el punto 3.5.1. de las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente. Aduce esencialmente que la autoridad responsable omitió dar trámite diligente a su solicitud, haciendo nugatoria la eficacia y efectividad del programa. Son fundados los sintetizados conceptos de violación. En el marco del Sistema de Planeación Nacional, el programa se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo dos mil diecinueve a dos mil veinticuatro, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de julio de dos mil diecinueve, en su Eje "Política Social" en su objetivo construir a un país con bienestar, que tiene como propósito favorecer el acceso a mejores niveles de bienestar y revertir la situación de desigualdad social en México. Asimismo, se vincula con los objetivos prioritarios, Estrategias prioritarias y líneas de acción puntuales del Programa Sectorial de Bienestar, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de junio de dos mil veinte, cuyo objetivo, entre otros, es contribuir a garantizar un conjunto básico de derechos humanos de manera efectiva y progresiva comenzando por quienes más lo necesitan, instrumentar las pensiones solidarias no contributivas, con pertinencia cultural, para personas con discapacidad y adultas mayores a fin de mejorar su bienestar, el que el Estado garantizara la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente. Este apoyo fue elevado a rango constitucional al establecer la obligación del Estado mexicano de cumplir y hacer cumplir la entrega de esos apoyos económicos. Teniendo presente que en el artículo 9 Derecho a la Seguridad Social del "Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales", toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. Derecho constitucional del que deriva la "Pensión para el Bienestar" porque la idea es establecer un Estado de bienestar social. Dentro del sistema de protección social en México se tienen dos tipos de pensiones: pensiones contributivas y no contributivas. En el caso de la pensión para personas con discapacidad permanente, al no estar condicionado a algún tipo de contribución por parte de los beneficiarios, se trata de una pensión no contributiva. En el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil veintidós, en la parte que interesa, se establece: "[.] 2.2 Objetivo Específico Otorgar apoyos económicos a la población objetivo del programa a través de una transferencia monetaria de manera bimestral, directa y sin intermediarios. Las personas beneficiarias de 0 a 17 años de edad podrán, adicionalmente, acceder a servicios de rehabilitación como apoyo en especie otorgado por las Instituciones de Salud con las que la Instancia Responsable firme convenio. 3.5 Características de los Subsidios (Tipo y Monto del Apoyo) El programa otorgará apoyos económicos, en especie o ambos de manera directa. 3.5.1 Apoyos Económicos El monto del apoyo será de $1,475.00 (Mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) mensuales pagaderos bimestralmente de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2023, el cual, se actualizará a partir del año 2024, para aquellas personas incorporadas en el Padrón de Beneficiarios y que no se encuentren en algún supuesto de retención, suspensión, o baja de acuerdo con lo establecido en las presentes Reglas de Operación. Tipo de Subsidio Monto Población Objetivo Apoyo Económico mensual. Entrega bimestral. $1,475.00 M.N. 1. Niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 0 a 29 años de edad cumplidos. 2. Personas de 30 y hasta un día antes de cumplir los 65 y cinco años de edad. Apoyo Económico de Pago deMarcha por única ocasión. $1,475.00 M.N. Se otorgará al adulto auxiliar de la persona derechohabiente fallecida, perteneciente al Padrón de Beneficiarios. 4.1.1 Procedimiento de Acreditación de las Instituciones Públicas o Privadas participantes para el apoyo en especie El proceso para la acreditación se llevará a cabo mediante la evaluación y evidencia de cumplimiento en su totalidad de la documentación solicitada para tal efecto, para comprobar que cuentan con las condiciones necesarias para brindar de manera efectiva y eficiente los servicios de rehabilitación de las personas con discapacidad permanente beneficiarias del programa. [.] 4.1.3 Entrega de los Apoyos Económicos La entrega de los apoyos económicos a las personas derechohabientes será de manera bimestral, directa y sin intermediarios, a través del medio de pago establecido. [.]" [Lo resaltado es propio de este órgano de control constitucional] Con este marco jurídico podemos señalar que el "Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente", que otorga el Gobierno Federal, constituye un mecanismo para otorgar apoyo económico a este grupo de personas. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4.1.2., presentada la documentación solicitada para comprobar que el solicitante acredita contar con las condiciones necesarias para brindar de manera efectiva y eficiente los servicios de rehabilitación de las personas con discapacidad, se emitirá una respuesta a dicha solicitud en un periodo máximo de dos meses, en caso de ser favorable será conforme a la disponibilidad presupuestal del programa. Bajo ese contexto, como ya se precisó en párrafos que anteceden, el nueve de junio de dos mil veintitrés, se registraron los datos de Luisa Delia Aquino Morales, en el Formato de Registro de Personas con Discapacidad, y el doce de junio de dos mil veintitrés, se generó el ID captura 970056, con folio 01252711, mediante el cual solicitó su incorporación al referido Programa, al que anexó los documentos señalados en el numeral 3.3. de la Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés. Sin embargo, no existe prueba de que esa solicitud fuera enviada a la Dirección General de Validación de Beneficiarios de la Secretaría de Bienestar, ni que haya sido incorporada la quejosa a dicho programa social. Y si bien es cierto, a la fecha en que se resuelve este juicio de amparo, aún no transcurre el plazo máximo de dos meses establecido en la normativa aplicable, para incorporar a la persona solicitante al Programa de Pensión de mérito -el cual concluirá hasta el once de agosto de dos mil veintitrés-; la quejosa demuestra que ella presentó su solicitud el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés; por tanto, tomando en consideración esa fecha, se evidencia que la autoridad responsable sí vulneró en perjuicio de la quejosa su derecho humano a la seguridad social, contenido en el párrafo décimo quinto, del artículo 4° constitucional. En tal virtud, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por ..., para el efecto de que la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca, de la Secretaría de Bienestar, realice la validación de la incorporación al Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, y de ser procedente, continúe con el proceso de entrega del apoyo económico. Lo que deberá acreditar con la documentación respectiva. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 76, 77, 78, 79, 80 y 155 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 383/2023, de conformidad con lo determinado en los considerandos tercero y quinto, de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ..., contra el acto reclamado de la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca, de la Secretaría de Bienestar, con sede en San Agustín Yatareni, Oaxaca, indicado en el considerando sexto; para los efectos legales precisados en la parte final del último considerando de esta sentencia. Notifíquese.

  4. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Informe de suspensión definitiva. Agréguese a los autos el oficio que firma el Subdelegado de Desarrollo Social y Humano en la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca, en ausencia de la Delegada de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca, dependiente de la Secretaría de Bienestar, residente en San Agustín Yatareni, Oaxaca, mediante el cual informa los trámites realizados en el ámbito de sus atribuciones, para cumplir con la suspensión definitiva concedida a la quejosa Luisa Delia Aquino Morales, anexando las documentales que acreditan su dicho; para los efectos legales a que haya lugar. Sobre devuelto. Finalmente, glósese a los autos únicamente para que obre como corresponda el sobre de cuenta que devuelve el Servicio Postal Mexicano, que contiene el oficio 8354/2023; sin que haya lugar a dictar providencia al respecto, toda vez que por auto de veintiséis de mayo del año en curso, se ordenó reexpedir dicho oficio vía estafeta. NOTIFÍQUESE.

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