Luis Roque Salazar
Expediente 782/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 19 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 782/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 22/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Luis Roque Salazar
- Representante del Núcleo Rural de Reforma, perteneciente al Municipio de San Andrés Dinicuiti, Distrito de Huajuapan de León, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Estado de los autos. De la certificación de cuenta se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia en que se sobreseyó en este juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales correspondientes. Archivo y valoración documental Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como definitivamente concluido. Con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en cuanto a la valoración de este expediente se determina encuadra en el supuesto a que se refiere el artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo que: a) No tiene relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado, ni este juzgador así lo estima, atendiendo a la importancia del asunto; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción; d) Remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Estado de los autos. Del estado de los autos advierte, con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión; en consecuencia, al advertirse que no se concedió medida cautelar a la parte quejosa, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. De igual forma, con apoyo en el artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina su valoración respectiva en términos del criterio de la Dirección General de Archivo y Documentación CUADERNO INCIDENTAL. ES DEPURABLE CUANDO SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA O LA DEFINITIVA Y PROVISIONAL Y DESTRUIBLE CUANDO SE CONCEDE SÓLO LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado. b) Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria (artículo 20, fracción II, inciso a). c) En cuanto al original de este incidente, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá procederse a su destrucción; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 782/2022; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el treinta de junio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta población, ********************, promovió demanda de amparo contra actos del Representante, Secretario, Tesorero y Comité del Agua Potable, todos del Núcleo Rural de Reforma, perteneciente al Municipio de San Andrés Dinicuiti, Distrito de********************Oaxaca, que más adelante se precisarán, los que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite. La demanda fue turnada a este Juzgado Tercero de Distrito, asignándole el número de expediente 782/2022, la que en auto de uno de julio de dos mil veintidós, se admitió a trámite, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, se otorgó a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado por Acuerdo General 45/2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: El corte del servicio de agua potable, llevado a cabo en el domicilio particular del quejoso, ubicado en la calle ********************casa marcada con el número ********************en el********************Distrito de********************Oaxaca. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Representante, Secretario y Tesorero del Núcleo Rural Reforma, así como el Presidente del Comité del Agua Potable del Núcleo Rural Reforma, todos en San Andrés Dinicuiti,********************Oaxaca, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia del acto que se les reclama; sin embargo, de las manifestaciones que vierten, se aprecia la existencia del mismo; motivo por el cual, debe tenerse por cierto, con base en el contenido de su propio informe justificado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." CUARTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de garantías es un presupuesto procesal de orden público que debe ser examinado de oficio y de manera preferente a la cuestión de fondo, lo aleguen o no las partes, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Previo al estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, deben analizarse las causales de improcedencia que hagan valer las partes o que de oficio se adviertan, atento a lo establecido por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, y en la jurisprudencia número 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja doscientos sesenta y dos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1985, que dice: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, este órgano jurisdiccional considera se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 6º, ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley. ." "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" Conforme a tales preceptos, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, es decir, es improcedente siempre que no se produzca una afectación real y actual en el derecho subjetivo que le asiste o bien, teniendo un interés legítimo, éste no sea afectado de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora bien, en relación con la existencia de una afectación al interés jurídico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el interés jurídico tiene que acreditarse fehacientemente, no inferirse a base de presunciones, conforme a dos elementos: 1) la existencia de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado, y 2) una afectación real y directa a él; además, para la procedencia del juicio no basta que el acto de autoridad afecte la esfera jurídica del quejoso, sino que se requiere también que quien promueva el juicio sea el titular del derecho vulnerado por el acto de autoridad. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 225, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Enero de 2008, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Respecto de la afectación a los intereses legítimos del particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó al sustentar la tesis 2a./XVIII/2013, que el interés legítimo como presupuesto procesal de la acción de amparo, no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella. Tal criterio se encuentra visible a página 1736 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella." De esta forma, debe estimarse que la procedencia de la acción de amparo sigue siendo delimitada, pues el reconocimiento del interés legítimo como presupuesto de procedencia, no implica que cualquier persona pueda accionar este medio de control constitucional, pues no basta el simple interés económico, ni aún el interés general de legalidad, ya que es necesario que se satisfagan los supuestos que demuestren la existencia de interés jurídico, o bien, legítimo y, que dichos intereses se vean afectados por el acto de autoridad. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, toda vez que la parte quejosa no exhibió medio probatorio idóneo con el que acredite que en la calle ********************casa marcada con el número ********************en el********************Distrito de********************Oaxaca, se realice el suministro de agua potable, pues no exhibió el contrato, los recibos o comprobantes de pago por concepto del suministro de agua. En efecto, el quejoso no exhibió las pruebas documentales conducentes para acreditar que dicho domicilio está conectado a la red de suministro de agua, así como que se le proporcionó tal servicio y que por alguna razón se le dejó de suministrar. De ahí, que si el quejoso expone que se le está privando del servicio de agua potable respecto del bien inmueble ubicado en la calle ********************casa marcada con el número ********************en el********************Distrito de********************Oaxaca, el cual dice poseer, era menester que acreditara que materialmente ejerce esa posesión y que la misma deriva de un título sustentado en alguna figura jurídica que genere el derecho a poseer; lo que no aconteció en el caso a estudio. Por lo que en el caso concreto, la parte quejosa no acreditó una afectación a su esfera jurídica, dado que para acreditar tal aspecto, exhibió con su escrito de demanda de amparo solo una documental en copia simple, consistente en: Credencial de elector expedida a nombre del quejoso por el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, dicha documental al haberse exhibido en copia simple carece de valor probatorio en términos de lo dispuesto en el artículo 217, relacionado con los diversos numerales 129, 133, 136 197, 202, 203 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, y por ende, en modo alguno resulta apta para justificar los extremos pretendidos por el quejoso, esto es, que cuenta con interés jurídico para acudir al amparo. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 18 emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página trescientos setenta y nueve, Tomo III, Primera Parte, enero-junio de mil novecientos ochenta y nueve, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, con registro electrónico 207434, cuyo rubro y texto es el siguiente: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." En esas condiciones, toda vez que el quejoso no acreditó que fuera la titular del contrato de suministro de agua potable respecto al domicilio ubicado en la calle ********************casa marcada con el número ********************en el********************Distrito de********************Oaxaca, y que tuviera en posesión el inmueble ubicado en dicho domicilio que pretende le sea protegido a través de este juicio constitucional, es evidente que en el caso no se acredita la afectación que el acto reclamado pudiera causar a su esfera jurídica, lo que lleva a concluir que carece de interés jurídico para promover el presente juicio. Finalmente, debe decirse que tal como acontece en la especie, no basta que se haya tenido por cierto el acto reclamado a las autoridades responsables para eximir a la parte quejosa de la obligación que le asiste relativa a acreditar que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley, en atención a que, entre otros requisitos de procedencia del juicio de garantías, el numeral 107 constitucional, en su fracción I, reglamentada por el ordinal 5o. de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue nuestra Carta Fundamental al quejoso, como lo es el agravio personal y directo, pilar fundamental del juicio de garantías. Se cita en apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número I.1o. A. J/13, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página novecientos veintitrés, del Tomo III, Segunda Parte - 2, correspondiente al período de enero a junio de mil novecientos ochenta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de sus garantías individuales, y lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así tenemos que para acudir al juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. Ahora bien, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de garantías, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Lo anterior es así ya que, entre otros requisitos de procedencia del juicio de garantías, el artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentada por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue nuestra Carta Fundamental al quejoso." En las relatadas consideraciones, al actualizarse la citada causa de improcedencia, procede sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el precepto 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado y, con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 782/2022, promovido por ********************, contra los actos señalados en el segundo considerando de este fallo, reclamados al Representante, Secretario, Tesorero y Comité del Agua Potable, todos del Núcleo Rural de Reforma, perteneciente al Municipio de San Andrés Dinicuiti, Distrito de********************Oaxaca, en términos del último considerando de la presente resolución. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio del Representante, Secretario, Tesorero, y Presidente del Comité del Agua Potable, todos del Núcleo Rural Reforma, San Andrés Dinicuiti, Oaxaca, mediante el cual rinden su informe previo; únicamente para que obre como corresponda, toda vez que en dieciséis de agosto del año en curso, se dictó la resolución interlocutoria en el presente incidente de suspensión. De igual manera, téngaseles proporcionando el correo electrónico nucleoruralreforma@hotmail.com y el número telefónico 9532146624, como medios de contacto para entablar comunicación no procesal en el presente asunto. NOTIFÍQUESE.
Quedan 15 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,308 expedientes
- Luis Rey López Martínez458/2019
- Luis Rey Vasquez Pérez677/2015
- Luis Reynaldo González Pérez1657/2015
- Luis Ríos Gonzalez O Marcelino "N" "N"274/2015
- Luis Roberto Marcial Morales561/2017
- Luis Rogelio Neri Agama1062/2019
- Luis Salazar Chávez727/2018
- Luis Santiago Hernández1963/2016
- Luis Tomás España Pérez159/2023
- Luis Tomas España Pérez606/2018
- Luis Yariel Núñez Cruz1932/2015
- Luisa Delia Aquino Morales383/2023