Luisa Gomez Ventura
Expediente 1031/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1031/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 18/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Luisa Gomez Ventura
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de enero de dos mil veintidós. Agréguese el oficio con anexo signado por la Encargada del Despacho Logístico y Administrativo, Encargada de la Administración del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en sustitución de la Administradora, por el que acusa de recibo del oficio de veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno y del disco compacto DVD que remitió en su informe justificado, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que ninguna de las partes haya recurrido la sentencia dictada por este Tribunal, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ENRIQUE EUTIQUIO SALGADO FRANCO; por lo tanto, con fundamento en el artículo 2° de la Ley antes invocada, en relación con los diversos numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) (juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado, por lo que es susceptible de depuración. b) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los noventa días siguientes se deberá depurar este expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada. c) Terminado el proceso de depuración, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hacer constar que en este expediente no obran documentos originales exhibidos por las partes. Por último, devuélvase el DVD que remitió el juez Federal responsable, como justificación a su informe, que contiene registro de audio y video deducidos de la carpeta judicial 452/2021 de su índice. Solicítese el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 1031/2021; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. LUISA GÓMEZ VENTURA, por conducto de su defensor público federal Edgar Steeven Nicolás Pérez, mediante escrito presentado el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, residente en esta población, y que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Federal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Acusatorio Adversarial, en funciones de Juez de Control, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, siguientes: "V. ACTO RECLAMADO. La resolución mediante la cual se decretó de legal, la detención de mi representada LUISA GÓMEZ VENTURA, emitida dentro de la carpeta judicial OAX/000452/2021, en audiencia de veintiocho de agosto de dos mil veintiuno. La resolución mediante la cual se vinculó a proceso a mi representada LUISA GÓMEZ VENTURA, en la carpeta judicial OAX/000452/2021, de fecha dos de septiembre del actual, por el delito contra la salud, en la modalidad de transporte de canabbis marihuana, previsto y sancionado en el artículo 194, fracción I, del Código Penal Federal, en relación con el numeral 234 de la Ley General de Salud, en términos de los artículos 7, párrafo primero, fracción II, 8, 9 y 13, fracción II, del Código Penal Federal, por lo que en consecuencia y en la misma audiencia se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa." Que estima violatorios de los derechos humanos contenidos en los artículos 1°, 2°, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Admisión de la demanda. En proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, admitió la demanda, con el número de juicio de amparo 1031/2021, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, ordenó emplazar en su carácter de tercero interesado al Agente del Ministerio Público Federal quien instruye la carpeta de investigación 452/2021, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Seguido el trámite respectivo, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que el acto reclamado fue dictado por una autoridad que tiene su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener "(.) La fijación clara y precisa del acto reclamado; (.)", es necesario delimitar los actos combatidos que se desprenden de la demanda. En ese sentido, se advierte que LUISA GÓMEZ VENTURA, por conducto de su defensor público federal Edgar Steeven Nicolás Pérez, reclama del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Acusatorio Adversarial, en funciones de Juez de Control, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca: La resolución emitida en audiencia de veintiocho de agosto de dos mil veintiuno, en la que se decretó de legal su detención realizada en la carpeta judicial OAX/000452/2021. La resolución de dos de septiembre de dos mil veintiuno, en la que se vinculó a proceso a LUISA GÓMEZ VENTURA, en la carpeta judicial OAX/000452/2021, por el delito contra la salud, en la modalidad de transporte de canabbis marihuana, previsto y sancionado en el artículo 194, fracción I, del Código Penal Federal, en relación con el numeral 234 de la Ley General de Salud, en términos de los artículos 7, párrafo primero, fracción II, 8, 9 y 13, fracción II, del Código Penal Federal; y se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Control, convino en la existencia de los actos que se le atribuyen, pues afirma que en la carpeta judicial OAX/000452/2021 de su índice, en audiencia inicial celebrada el veintiocho de agosto de dos mil veintiuno, se ratificó la detención de la imputada Luisa Gómez Ventura, por estar satisfechos los requisitos del artículo 16 constitucional, párrafo quinto y la fracción I, del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales; asimismo, en audiencia de dos de septiembre de dos mil veintiuno, se le vinculó a proceso, por su probable participación en la comisión de los hechos que la ley señala como delito contra la salud, en la modalidad de transporte de canabbis sativa L., conocida comúnmente como marihuana, previstos y sancionado en el artículo 194, fracción I, del Código Penal Federal, en relación con el numeral 234 de la Ley General de Salud, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Lo que se corrobra con el DVD certificado que contiene el registro de audio y video de dichas audiencias; al que se concede valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Por tanto, se tienen por ciertos los actos reclamados. CUARTO. Causas de Improcedencia. Antes de estudiar la materia de fondo de la litis constitucional, se debe analizar la procedencia del juicio de amparo, ya que de advertir que se actualiza una causa de improcedencia que impida la resolución de la contienda en el fondo, se debe sobreseer; tópico que es de obligado examen lo invoquen o no las partes, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso concreto, la autoridad responsable, el tercero interesado, ni la Representación Social adscrita a este Juzgado Federal, hicieron valer la existencia de alguna causa de improcedencia. De igual forma, este Juzgador Federal, considera no se actualiza alguna de ellas; por lo que se procede al análisis de fondo del asunto. QUINTO. Estudio de fondo del asunto. Aun suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, de la Ley de Amparo, son infundados los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa. Respecto del acto reclamado al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Acusatorio Adversarial, en funciones de Juez de Control, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, consistente en: La resolución emitida en audiencia de veintiocho de agosto de dos mil veintiuno, en la que se decretó de legal su detención realizada en la carpeta judicial OAX/000452/2021. El artículo 16 de la Constitución Federal, en la parte conducente, establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. ." El Juez de Distrito responsable, en la resolución reclamada, con fundamento en el artículo 16, párrafo quinto, de la Constitución Federal, y 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, calificó de legal la detención de Luisa Gómez Ventura, con base en la sospecha razonable, conforme al informe policial homologado, de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, emitido por elementos de la guarda nacional, en el que se precisó lo siguiente: El veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, aproximadamente a las seis horas con diez minutos, sobre el kilómetro 50+500 de la ruta 190, Oaxaca-Tehuantepec, con dirección a Tlacolula, Oaxaca, donde se encuentra un tope, carretera de jurisdicción federal, los elementos de la guarda nacional, tuvieron a la vista un vehículo de motor, marca Nissan, tipo taxi, del servicio público de transporte, color guinda con blanco, con placas de circulación 74-49 del Estado de Oaxaca, cuyo conductor no portaba el cinturón de seguridad, razón por la cual le solicitaron se detuviera, pidiéndole la licencia de conducir y la tarjeta de circulación, para realizar la infracción de tránsito; que a bordo iban cuatro pasajeros, percatándose que una persona del sexo femenino, que viajaba en el asiento trasero del conductor, volteaba su mirada a la cajuela y agachaba su mirada, por lo que los elementos de la guarda nacional solicitaron al conductor realizar inspección en la cajuela, por lo que se percataron del fuerte olor característico de la marihuana, proveniente de una mochila color azul, a lo que preguntaron de quién era, que la señora Luisa que iba en el asiento trasero dijo que era de su propiedad, por lo que solicitaron a ella se bajara del vehículo, y en su presencia señaló como suya dicha maleta color azul con la leyenda TR, diciendo que era un encargo que tenía que entregar en Oaxaca, a la altura de Gurrión, que al abrir la maleta contenía dos paquetes de forma cilíndrica, confeccionados con cinta canela, por lo que procedieron a realizar una incisión en forma triangular para verificar su interior, conteniendo hierba seca verde, con las características de marihuana, que le preguntaron si tenía permiso por la Secretaría de Salud para transportar dicho narcótico, a lo que respondió que no; que aproximadamente a las seis horas con quince minutos, los elementos de la guarda nacional, le hicieron de conocimiento a Luisa Gómez Ventura, que se encontraba detenida desde ese momento. A dicho informe homologado, el Ministerio Público adjuntó la boleta de infracción de referencia; certificado médico efectuado a la detenida Luisa Gómez Ventura, a las siete horas con quince minutos del mismo veintiséis de agosto de dos mil veintiuno; registro nacional de detención de Luisa Gómez Ventura; la puesta a disposición de la detenida ante la autoridad ministerial a las nueve horas con dieciséis minutos del veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, esto es, tres horas con un minuto, de su detención policial; y la audiencia de calificación de legalidad de su detención, fue solicitada ante la autoridad judicial, a los quince minutos del veintiocho de agosto de dos mil veintiuno, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas con que cuenta la representación social para poner a disposición un detenido ante la autoridad judicial. Los que constituyen motivos objetivos y razonables que el Ministerio Público aportó para que el juez de Control, realice el control posterior de la detención. Precisó el Juez de Control responsable que, conforme al informe homologado, se verifica que la policía tuvo sospecha razonable para inspeccionar las pertenencias de una persona, por la posible comisión de un delito; ya que los elementos de la guarda nacional están facultados a realizar la detención de un vehículo para verificar la posible comisión de algún hecho; que los elementos al cuestionar a los pasajeros quien es el propietario de la maleta color azul, ellos dicen que Luisa Gómez Ventura, y ella confirma que sí, abren la maleta y verifican el contenido de los envoltorios, existiendo como datos objetivos: que se desprende olor a marihuana, la referencia de los pasajeros que esa maleta es propiedad de Luisa Gómez Ventura, y la afirmación de Luisa Gómez Ventura que es suya. Por lo que atendiendo a dicho informe homologado, se cumple con el estándar probatorio necesario para calificar de legal la detención de Luisa Gómez Ventura. Tras su detención policial, y la puesta a disposición de la autoridad ministerial, transcurrieron tres horas; lo que consideró el Juez de Control responsable, es tiempo razonable. Precisó que se cumple con el plazo de retención ministerial de cuarenta y ocho horas. Y no existe indicio de tortura, ni violación grave de los derechos humanos de la detenida Luisa Gómez Ventura. Por lo que en ese momento procesal, determinó no existe razón justificada para no calificar de legal su detención, por estar apegada a los parámetros constitucionales. Lo que se considera apegado a derecho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16, párrafo quinto, de la Constitución Federal, que establece en tratándose de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Por ende, con mayor razón la guardia nacional, al realizar sus labores de vigilancia, advirtieron la actitud de la inculpada, que originó en ellos, sospecha razonable para realizar una inspección en la cajuela del vehículo en que se transportaba, percatándose de la existencia de un narcótico, considerando en ese momento, la comisión de un delito en flagrancia, motivo por el cual la detuvieron; por consiguiente, su detención no fue arbitraria. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 5° J/5, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, visible en página 2210, Libro 10, septiembre 2014, tomo III, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2007357, de rubro y texto siguientes: "DETENCIÓN DEL INCULPADO. SI LOS ELEMENTOS APREHENSORES QUE REALIZABAN LABORES DE VIGILANCIA OBSERVARON QUE ÉSTE, AL NOTAR SU PRESENCIA, ADOPTÓ UNA ACTITUD EVASIVA Y AL PRACTICARLE UNA REVISIÓN PRECAUTORIA SE PERCATAN DE QUE ESTÁ COMETIENDO UN DELITO EN FLAGRANCIA (POSESIÓN DE NARCÓTICOS), AQUÉLLA NO ES ARBITRARIA. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por una parte, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento y, por otra, que en los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Por tanto, si el Constituyente Originario dispuso que cualquier persona puede detener a otra cuando se le sorprenda en flagrante delito, con mayor razón, los agentes de la policía, pues entre sus funciones, no sólo está la de detener a quienes realizan un hecho delictivo en el momento en que lo ejecutan o después de ello, ya que, en términos del artículo 21 de la Constitución Federal, también tienen facultades de prevención del delito y para vigilar la aplicación de los reglamentos. Ahora bien, si los elementos aprehensores, al realizar sus labores de vigilancia observaron que el inculpado, al notar su presencia adoptó una actitud evasiva y al practicarle una revisión precautoria se percatan de que está cometiendo un delito en flagrancia (le encontraron el narcótico afecto a la causa), motivo por el que lo detuvieron, la actuación de dichos agentes no fue una detención arbitraria que requiriera de un mandamiento escrito que cumpla con los requisitos constitucionales apuntados, sino que se trata de dos momentos distintos que concurren en dicha actuación, el primero, consistente en la revisión que los policías pueden realizar a cualquier persona con la finalidad de prevenir o investigar la comisión de algún delito, a fin de garantizar la seguridad pública y, el segundo -consecuencia del primero-, lo constituye la detención en flagrancia que pueden llevar a cabo si con motivo de la revisión observan la comisión de algún ilícito." La parte quejosa aduce que no se garantizó a la quejosa el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado, por ser persona indígena se debió cumplir con ciertos parámetros para llegar a determinar que no requiere un intérprete o traductor. Que en la audiencia de control de detención, la defensa hizo notar que durante le integración de la carpeta de investigación, la inculpada Luisa Gómez Ventura, en ningún momento estuvo asistida de traductor en su lengua y cultura, al ser indígena mixe; que para llegar a la renuncia de tal derecho, se debió realizar el procedimiento previsto en el artículo 2, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Federal. Lo que incide en la legalidad de su detención. Sobre este argumento, planteado por la defensa en la audiencia celebrada el veintiocho de agosto de dos mil veintiuno; el juez de Control responsable determinó que la designación de intérprete, debe realizarse en cada caso concreto; y el juez de Control advirtió y le consta por entablar comunicación verbal directa con la imputada Luisa Gómez Ventura, que ella comprende el idioma español; por lo que la falta de registro de intérprete no le dejó en estado de indefensión, por violación en el proceso penal, porque además de que entiende y habla el idioma español, fue asistida en dicha etapa procesal, por el defensor público bilingüe en lengua Mixe; por lo que consideró no existe consecuencia de esa violación, y tampoco anula la legalidad de su detención. Lo que se considera apegado a derecho, pues la quejosa durante la celebración de la audiencia de calificación de su detención, se expresó libremente en idioma español, atendiendo de manera precisa lo solicitado verbalmente por el juez de Control en dicha audiencia, en idioma español; y a pregunta directa respondió entender y hablar el español; lo que justifica que durante esa etapa del procedimiento, pudo comprender y hacerse comprender de los hechos que motivaron su detención, no existiendo por ende, barreras lingüísticas en esta etapa procesal que ocasionaran afectación real a su derecho de defensa adecuada. No obstante, la determinación del Juez de Control responsable, en tal sentido, no implica que precluyan sus prerrogativas previstas en el artículo 2°, apartado Am fracción VIII, de la Constitución Federal, ya que el derecho allí establecido no está sujeto a etapa procesal alguna. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. CCCXXX/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 611, Libro 11, octubre de 2014, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2007560, de rubro y texto siguientes: "PERSONAS INDÍGENAS. LOS EFECTOS O CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE SU AUTOADSCRIPCIÓN PUEDEN MODULARSE. La autoadscripción es el acto voluntario de personas o comunidades que, teniendo un vínculo cultural, histórico, político, lingüístico o de otro tipo, deciden identificarse como miembros de un pueblo indígena reconocido por el Estado Mexicano; esto es, se trata de una manifestación de identidad y expresión de pertenencia cultural que no depende de la anuencia del Estado o de algún proceso para su reconocimiento. Sin embargo, sus efectos o consecuencias jurídicas sí pueden modularse, como puede ser lo relativo a la reposición del procedimiento. En efecto, es posible que en un procedimiento jurisdiccional en particular una persona se autoadscriba como indígena una vez dictada la sentencia de primera instancia, y el juez decida no ordenar la reposición del procedimiento por estimar que no existió una afectación real a su derecho de defensa adecuada, toda vez que pudo comprender y hacerse comprender durante el juicio. Sin que lo anterior implique que precluyan las prerrogativas previstas en el artículo 2o., apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el derecho de una persona indígena a ser asistida por un intérprete que conozca su lengua y cultura no está sujeto a límites temporales ni materiales. De ahí que sea necesario distinguir el reconocimiento de la autoadscripción de una persona como indígena -el cual no resulta facultativo para el Estado- y las posibles consecuencias jurídicas que la manifestación de autoidentificación pueda traer en un procedimiento legal específico." Argumenta la parte quejosa, que la razón alegada de la revisión que realizaron los aprehensores, se sostiene en la actitud sospechosa de una de las tripulantes de la unidad de motor; lo que considera no constituye sospecha razonable que justifique la práctica de la inspección en la cajuela del vehículo; pues ésta debe estar sustentada en elementos objetivos y no en apreciaciones subjetivas de los agentes de policía. Es cierto, al respecto el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Control, en la carpeta judicial OAX/000452/2021 de su índice, en audiencia inicial celebrada el veintiocho de agosto de dos mil veintiuno, determinó que no es razonable o dato objetivo, que la mirada de una pasajera hacia atrás del vehículo, y el agachar su mirada, justifique la detención de alguna persona; sin embargo, precisó que sí existen datos objetivos, siguientes: que se desprende olor a marihuana, la referencia de los pasajeros que esa maleta es propiedad de Luisa Gómez Ventura, y la afirmación de Luisa Gómez Ventura que es suya. Por lo que, en el caso concreto, la autoridad judicial responsable si precisó que esos datos objetivos le permitieron verificar que los elementos de la guardia nacional, actuaron razonablemente, pues precisaron las circunstancias de modo, tiempo y lugar que razonablemente le llevaron a estimar que la persona posiblemente estaba cometiendo un delito. Elementos objetivos que permiten justificar un control preventivo provisional, que condujeron a la autoridad a proceder a la detención de Luisa Gómez Ventura. Continúa diciendo la parte quejosa, que la legalidad de su detención no está ajustada a derecho; pues las entrevistas realizadas a Plácida Gómez Ventura y Sandra Gómez Ventura, justifican por qué Luisa Gómez Ventura, se encontraba en ese taxi, al dirigirse del lugar donde trabaja en San Pablo Güilaa, a su domicilio en la población de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Al respecto, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Control, precisó que en ellas solo se manifiesta la situación personal de la imputada Luisa Gómez Ventura, dónde vive, dónde trabaja, y cuantos hijos tiene; sin que en ellas se precise que las entrevistadas estuvieron en el momento y lugar de los hechos que se le atribuyen a la quejosa; por lo que no es dable considerarlas a fin de corroborar lo manifestado por la imputada en el sentido de que no es de su propiedad la mochila azul que contenía dos envoltorios con marihuana, que ella no portaba esa mochila al abordar el taxi de referencia, y que era propiedad de diversa persona. En las relatadas condiciones, ante lo infundado de sus conceptos de violación, se concluye que la resolución reclamada de veintiocho de agosto de dos mil veintiuno, emitida en la carpeta judicial OAX/000452/2021, en la que se decretó de legal la detención de Luisa Gómez Ventura, no es violatoria de los derechos humanos tutelados en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, lo procedente es negar la protección de la Justicia Federal. SEXTO. Estudio de fondo del asunto. Aun suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, de la Ley de Amparo, son infundados los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa. Respecto del acto reclamado al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Acusatorio Adversarial, en funciones de Juez de Control, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, consistente en: La resolución de dos de septiembre de dos mil veintiuno, en la que se vinculó a proceso a Luisa Gómez Ventura, en la carpeta judicial OAX/000452/2021, por el delito contra la salud, en la modalidad de transporte de canabbis marihuana, previsto y sancionado en el artículo 194, fracción I, del Código Penal Federal, en relación con el numeral 234 de la Ley General de Salud, en términos de los artículos 7, párrafo primero, fracción II, 8, 9 y 13, fracción II, del Código Penal Federal; y se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Para la emisión de tal determinación, la autoridad responsable debe sujetar su proceder a los lineamientos establecidos en el artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. [.]". Esto es, debe reunirse los requisitos siguientes: De forma: Debe emitirse por una autoridad jurisdiccional. Contener la precisión del delito que se imputa al acusado. Indicar el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del ilícito de referencia. De fondo: d) Expresar los datos que establezcan que se cometió un hecho que la Ley señala como delito. e) Exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Apoya estas consideraciones, la tesis siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU NATURALEZA Y EFECTOS SON DISTINTOS AL DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). El auto de formal prisión en los procedimientos tradicionales y el auto de vinculación a proceso en el procedimiento penal adversarial son de naturaleza y efectos distintos, pues el primero no tiene sentido y sustento bajo el nuevo sistema de enjuiciamiento oral, de corte garantista, en el que los imputados deberán ser considerados inocentes, hasta que se dicte sentencia firme en su contra, además, cuenta con nuevas reglas procesales, ya que para dictar un auto de vinculación a proceso únicamente se requiere que los datos (no pruebas formalizadas) que fueron recabados en la carpeta de investigación establezcan el delito que se atribuye al imputado, el lugar, tiempo y las circunstancias de ejecución, y que exista la probabilidad de que él lo cometió o participó en su comisión; incluso se sustituyó la determinación de resolver sobre la libertad del imputado, pues eso, en su caso, será motivo de una medida cautelar, la que de manera independiente deberá solicitar la autoridad investigadora de los delitos; además, el Juez sólo puede decretar la prisión preventiva a petición del Ministerio Público cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado está siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso; y el Juez sólo podrá decretar la prisión preventiva de oficio, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como en delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, y que pongan en riesgo el libre desarrollo de la personalidad y la salud." (Tesis XIII.P.A.28 P, Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, Febrero 2011, página 2253, Novena Época, registro IUS: 162926). El primero de los requisitos enunciados en el artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, se acredita, al advertirse de autos que la resolución combatida por la quejosa proviene de autoridad judicial, como lo es el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones jurisdiccionales de Juez de Control, que dijo ser competente por razón de fuero, porque el hecho tiene la apariencia de ser un delito sancionado por una ley federal que es el Código Penal Federal y la Ley General de Salud. También es competente en razón del territorio, de conformidad con los Acuerdos Generales 36/2014, artículo 8, fracción II y 46/2015, artículo 17, fracción II, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, del Pleno del Consejo de la Judicatura; pues los hechos sucedieron dentro de su jurisdicción: sobre carretera federal 190, kilómetro 50+500, Oaxaca-Tehuantepec, con dirección a Tlacolula, Oaxaca. La segunda y tercera de las exigencias enunciadas en el artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acreditan, al advertirse de los registros de audio y video remitidos por el juez responsable quien manifestó que se encuentran acreditados los hechos que la ley señala como delito contra la salud en la modalidad de posesión del estupefaciente canabbis sativa L., conocida como marihuana, con fines de transporte, previsto y sancionado en el artículo 194, fracción I, del Código Penal Federal, en relación con el numeral 234 de la Ley General de Salud. Hechos delictivos que se llevaron a cabo conforme a las siguientes circunstancias de tiempo, modo y lugar: El veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, aproximadamente a las seis horas con diez minutos, sobre el kilómetro 50+500 de la ruta 190, Oaxaca-Tehuantepec, con dirección a Tlacolula, Oaxaca, donde se encuentra un tope, carretera de jurisdicción federal, los elementos de la guarda nacional, tuvieron a la vista un vehículo de motor, marca Nissan, tipo taxi, del servicio público de transporte, color guinda con blanco, con placas de circulación 74-49 del Estado de Oaxaca, cuyo conductor no portaba el cinturón de seguridad, razón por la cual le solicitaron se detuviera, pidiéndole la licencia de conducir y la tarjeta de circulación, para realizar la infracción de tránsito; que a bordo iban cuatro pasajeros, percatándose que una persona del sexo femenino, que viajaba en el asiento trasero del conductor, volteaba su mirada a la cajuela y agachaba su mirada, por lo que los elementos de la guarda nacional solicitaron al conductor realizar inspección en la cajuela, por lo que se percataron del fuerte olor característico de la marihuana, proveniente de una mochila color azul, a lo que preguntaron de quién era, que la señora Luisa que iba en el asiento trasero dijo que era de su propiedad, por lo que solicitaron a ella se bajara del vehículo, y en su presencia señaló como suya dicha maleta color azul con la leyenda TR, diciendo que era un encargo que tenía que entregar en Oaxaca, a la altura de Gurrión, que al abrir la maleta contenía dos paquetes de forma cilíndrica, confeccionados con cinta canela, por lo que procedieron a realizar una incisión en forma triangular para verificar su interior, conteniendo hierba seca verde, con las características de marihuana, que trasportaba diez kilos con setenta y cuatro gramos y setecientos miligramos de dicho estupefaciente, sin permiso de la Secretaría de Salud. En lo que atañe al cuarto de los requisitos de fondo que establece el artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al sistema acusatorio adversarial, sólo se requieren datos que establezcan se cometió un hecho señalado por la ley como delito y, exista la probabilidad que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, lo cual debe resolver el Juez de Control y analizar el Juez de Distrito en Amparo, esto es, únicamente con base en los datos de investigación que en la audiencia de vinculación a proceso refiera el Ministerio Público, o bien, con datos de pruebas que se desahoguen en la audiencia aludida, pero, si no es alguno de los supuestos de excepción, eviten formalizar las pruebas o exponer sobre su valoración, razonamientos que carguen de formalidad y valor irrefutable la información recabada en la carpeta de investigación. En esa tesitura, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones jurisdiccionales de Juez de Control, en la carpeta judicializada 452/2021 de su índice, en determinación de dos de septiembre de dos mil veintiuno, vinculó a proceso a Luisa Gómez Ventura, por su probable participación en la comisión de los hechos que la ley señala como delito contra la salud en la modalidad de posesión del estupefaciente canabbis sativa L., conocida como marihuana, con fines de transporte, previsto y sancionado en el artículo 194, fracción I, del Código Penal Federal, en relación con el numeral 234 de la Ley General de Salud, que establecen: Código Penal Federal Artículo 195. Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de cien a trescientos cincuenta días multa, al que posea alguno de los narcóticos señalados en el artículo 193, sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud, siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de realizar alguna de las conductas previstas en el artículo 194, ambos de este Código. ." Artículo 193, párrafo primero. Se consideran narcóticos a los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinen la Ley General de Salud, los convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria en México y los que señalen las demás disposiciones legales aplicables en la materia. ." Artículo 194. Se impondrá prisión de diez a veinticinco años u de cien hasta quinientos días multa al que: I. Produzca, transporte, trafique, comercie, suministre aun gratuitamente o prescriba alguno de los narcóticos señalados en el artículo anterior, sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud. ." Ley General de Salud Artículo 234. Para los efectos de esta ley, se consideran estupefacientes: . CANABBIS sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas." Al respecto refirió que se formuló imputación por parte de la representación social, y de los antecedentes de investigación se desprenden los datos de prueba siguientes: Evidencia material embalada en bodega de indicios de la Policía federal Ministerial, que son dos envoltorios de forma cilíndrica con cinta canela que contiene marihuana. Dictamen de química forense, de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, por el perito en química, Merlín Toledo Ortiz, de la Fiscalía General de la República, quien determinó se trata de canabbis sativa L, comúnmente conocida como marihuana, en cantidad de diez kilos, con setenta y cuatro gramos y setecientos miligramos, considerada estupefaciente por la Ley General de Salud. Dictamen en documentación fotográfica, de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, por el perito Verónica Ancesta Reyes, quien emitió veintitrés placas fotográficas de las que se aprecian las características de la maleta color azul y los dos paquetes ya referidos. Certificado médico, de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, de la médico oficial adscrita a la policía estatal, Virginia Adriana Arellanes Granados, quien asentó que la imputada manifestó consumir marihuana frecuentemente desde hace diez años. Entrevista realizada por elementos de la guardia nacional, al chofer del taxi Santiago Justo, en la que manifestó que el jueves veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, subió a bordo una muchacha con una maleta color azul, quien le dijo se iba a bajar en Gurrión. Formato de inspección de objetos, de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, por elemento de la policía federal ministerial, en la bodega de indicios de dicha policía, en la que asentó la existencia de bolsa de material sintético, color transparente, que contiene la maleta azul, de material sintético, al abrirla contiene dos paquetes cerrados, en forma cilíndrica, se desprende olor característico de marihuana. Formato de inspección, en el lugar de los hechos, por el elemento de la policía federal ministerial, en carretera federal Oaxaca-Tehuantepec, kilómetro 50+500, vía 1950, ruta 190, con croquis de localización del lugar de los hechos, más diez placas fotográficas del lugar. Formato de inspección de vehículos, de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, por elementos federal policial, del vehículo taxi, Nissan, guinda con blanco, más cuatro placas fotográficas de dicho vehículo. Informe policial homologado de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Determinó el juez de Control responsable, que dichos datos de prueba son suficientes, idóneos, pertinentes y relevantes para considerar: La existencia de la droga. Se encontraba la droga al interior del taxi, en dos paquetes con peso de diez kilogramos, setenta y cuatro gramos y setecientos miligramos. Esa droga se transportaba de un punto geográfico a otro, derivado que ese vehículo iba desplazándose. La naturaleza de la droga es canabbis sativa L. La imputada la poseía al interior de la mochila color azul con la que viajaba. Por consiguiente, consideró que la conducta que se atribuye a la imputada es sancionable en términos del artículo 194, fracción I, del Código Penal Federal, en relación con el numeral 234 de la Ley General de Salud. Por ello, se permite establecer de manera razonable la existencia de ese psicotrópico en la cantidad indicada. Conforme a esos datos de prueba adminiculados con el informe policial homologado que da cuenta de los hallazgos encontrados, permiten establecer, preciso el juez responsable, que alguien realizó una conducta de poseer un estupefaciente, lo que se evidencia con el informe policial homologado, los señalamientos que hacen los policías que lo suscriben y el dictamen en química forense, y lo informado por el conductor del taxi, en el sentido de que ese día veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, subió como pasajera a una mujer quien portaba una mochila azul. Por otra parte, no existe permiso o autorización de la Secretaría de Salud a favor de Luisa Gómez Ventura, para poseer esa droga, con la finalidad de transporte, pues no hay dato de prueba en tal sentido. Conforme a los argumentos jurídicos y preceptos legales invocados, el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones jurisdiccionales de Juez de Control, consideró existen suficientes datos de prueba para establecer de manera razonable la actualización de los elementos normativos descritos en la ley como hecho ilícito. Lo que se considera acertado, por los argumentos lógicos jurídicos que precisó el juez responsable. Si bien, la parte quejosa aduce que la resolución que vincula a proceso a Luisa Gómez Ventura, se basa en datos de prueba recabados ilegalmente, derivado de que la imputada no estuvo asistida durante esa etapa inicial de investigación, por un traductor en lengua mixe; como ya se precisó en el considerando que antecede, la quejosa durante la celebración de la audiencia de calificación de su detención, se expresó libremente en idioma español, atendiendo de manera precisa lo solicitado verbalmente por el juez de Control en dicha audiencia, en idioma español; y a pregunta directa respondió entender y hablar el español; lo que justifica que durante esa etapa del procedimiento, pudo comprender y hacerse comprender de los hechos que motivaron su detención, no existiendo por ende, barreras lingüísticas en esta etapa procesal que ocasionaran afectación real a su derecho de defensa adecuada. De tal forma que, contrario a lo manifestado por la quejosa en sus conceptos de violación, el auto de vinculación reclamado de dos de septiembre de dos mil veintiuno, se encuentra debidamente fundado y motivado, pues se evidencia que el Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, analizó y valoró los medios de convicción reseñados, conforme a los principios de la valoración de la prueba, esto es, la sana crítica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, contenidos en los artículos 259, 263, 265 y 320 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tal como se aprecia de la resolución oral contenida en el disco en formato DVD que remitió, considerando, en esta etapa procesal suficientes, pertinentes e idóneos para establecer de acuerdo al estándar probatorio que se acreditan los elementos de los tipos penales ya analizados; además que como ya se detalló, el Juez de Distrito responsable expone con claridad los motivos que toma en consideración para concluir en esos términos, resultando acertado su juicio de valor. En cuanto a la probable responsabilidad de Luisa Gómez Ventura, en la comisión del ilícito, el juez de Distrito responsable precisó que no se encuentra una causa de exclusión del delito, y existen requisitos y elementos que hacen probable que la imputada es quien en el día de los hechos, poseía y transportaba ese estupefaciente, en la cantidad precisada, son contar con la autorización de la autoridad competente; ello, quedó acreditado con el informe homologado de los elementos policiales, el dictamen en química forense, y la entrevista realizada con el conductor del taxi. Lo que permite establecer de manera probable su intervención de manera directa en la realización de los hechos. Que ello aconteció a título doloso, porque se trata de una persona mayor de edad -treinta y dos años-, que tiene acceso a los medios de comunicación y tiene criterio suficiente para saber que poseer drogas se encuentra sancionado como delito en la Ley. Dicha participación el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, tuvo por demostrada en grado probable, con el material probatorio ya detallado en líneas que anteceden en las circunstancias de lugar, tiempo y modo precisadas; encontrándose en consecuencia satisfechos los requisitos previstos en los artículos 19 constitucional, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, porque los datos recabados por el Ministerio Público, y que se precisaron con antelación son suficientes en la etapa procesal en que se dictó la resolución combatida, para determinar, como ya se dijo, que la imputada, aquí quejosa haya intervenido en los hechos que se le atribuyen, a título de autor. Cabe precisar que para tener por acreditada la probable participación del imputado en la comisión de los hechos tipificados como delito, no se requiere prueba plena, sino únicamente que existan datos que permitan sostener que pudo haberlo cometido o intervenido en su comisión. Luego, bajo el criterio de la sana crítica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia; debe decirse que resulta razonable la conclusión a la que arribó el Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, al emitir la resolución reclamada de dos de septiembre de dos mil veintiuno, en la que vincula a proceso a Luisa Gómez Ventura. Es aplicable, en lo conducente, la tesis XVII.1o.P.A.53 P (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, visible en página 2082, Libro 50, Enero 2018, Tomo IV, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL ESTÁNDAR DE VALORACIÓN PARA SU DICTADO NO DEBE REBASAR EL DEL DATO, AUN CUANDO EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EL MINISTERIO PÚBLICO O LA DEFENSA EN LA AUDIENCIA INICIAL, HAYAN INTEGRADO ALGÚN MEDIO DE PRUEBA. El Juez de control, quien interviene desde el principio del procedimiento y hasta el dictado del auto de apertura a juicio, al resolver, según sea el caso, sobre la calificación de la detención, la vinculación o no a proceso o la imposición de medidas cautelares al imputado, no debe estudiar los datos de la carpeta de investigación, sino valorar la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por la representación social y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor, considerando ambas hipótesis o teorías del caso, respaldadas con datos provenientes de la carpeta de investigación del Ministerio Público o de la investigación de la defensa y aun en caso de haber desahogado medios de prueba en la etapa inicial el imputado o su defensor, deben valorarse con el mismo rango que los datos de prueba del Ministerio Público, pues las pruebas en esta etapa sólo sirven para integrar datos, por lo que darle un mayor valor, en ese momento, rebasaría las directrices constitucionales, además de que originaría desigualdad de la defensa con el Ministerio Público y la víctima u ofendido, toda vez que, de acuerdo con los principios del Código Nacional de Procedimientos Penales, el único que puede desahogar prueba durante el plazo constitucional o su ampliación, es el imputado, por lo que valorarla con distinto estándar al dato, la colocaría en una situación invariablemente privilegiada, violando el principio de igualdad de las partes. Lo anterior, no obstante que el Ministerio Público en la carpeta de investigación reúna pruebas y no datos necesariamente, pues al igual que los de la defensa, deben valorarse en la etapa inicial como datos, en atención al principio de igualdad previsto en el artículo 10 del código mencionado." En las relatadas condiciones, ante lo infundado de sus conceptos de violación, se concluye que la resolución reclamada de dos de septiembre de dos mil veintiuno, emitida en la carpeta judicial 452/2021, en la que vincula a proceso a Luisa Gómez Ventura, no es violatoria de los derechos fundamentales tutelados en los artículos 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, lo procedente es negar la protección de la Justicia Federal. Conforme a lo anterior, el Juez de Distrito responsable, determinó la subsistencia de la medida cautelar preventiva oficiosa, durante el tiempo que dure el proceso; con fundamento en el artículo 19, segundo párrafo, constitucional, al tratarse de delito grave que la ley determina contra la salud de las personas. Lo que se considera conforme a derecho. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 1º, 76, 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a LUISA GÓMEZ VENTURA, contra los actos reclamados al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Acusatorio Adversarial, en funciones de Juez de Control, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, consistentes en: a) la resolución de veintiocho de agosto de dos mil veintiuno, en la que decretó la legalidad de su detención, en la carpeta judicial OAX/000452/2021; b) la resolución de dos de septiembre de dos mil veintiuno, en la que la vincula a proceso, por el delito contra la salud, en la modalidad de transporte de canabbis marihuana; y ratifica la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos quinto y sexto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Acusatorio Adversarial del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, mediante el cual, rinde su informe justificado; por tanto, con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de su parte las documentales y el disco que remite, en formato DVD; probanzas que se desahogan en este acto, en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Guárdese en la Secretaría de este Juzgado la copia certificada del disco que acompañó la responsable al oficio que se atiende. NOTIFÍQUESE.
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