Luis Segundo Arreola

Expediente 376/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
376/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
20/06/2023

Partes del expediente

  • Luis Segundo Arreola

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de junio de dos mil veintitrés. 1. Efectos del fallo protector. De autos se desprende que mediante sentencia de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, se concedió a Luis Segundo Arreola, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable, realizara lo siguiente: -Dictar acuerdo de admisión y/o desechamiento de las pruebas ofrecidas en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas celebrada el seis de diciembre de dos mil veintidós, dentro del juicio ordinario laboral 3C-1304/2021. -Notificar al quejoso el auto de admisión y/o desechamiento de pruebas. 2. Ejecutoria. Mediante proveído de dieciséis de mayo del año en curso, la sentencia de mérito causó ejecutoria, por lo que se requirió a la autoridad responsable, para que en un plazo de tres días diera cumplimiento con la misma. 3. Actos llevados a cabo para cumplir con la sentencia de amparo. -Por oficio J3-2472/2023-PRESIDENCIA recibido en auto de veinticuatro de mayo del año en curso, la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, remitió copia certificada del acuerdo de veintisiete de abril del año en curso, dictado dentro del expediente 3C-1304/2021, por medio del cual, realizó el pronunciamiento relativo a la admisión y/o desechamiento de las pruebas ofrecidas en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas celebrada el seis de diciembre de dos mil veintidós; asimismo, remitió las constancias de notificación realizada a las partes de dicho procedimiento respecto de ese proveído. 4. Conclusión. En tales circunstancias, la autoridad responsable restituyó al solicitante del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, ya que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, procedió a dictar el acuerdo de admisión y desechamiento de pruebas dentro del juicio de origen, notificando a las partes dicha determinación. En consecuencia, se declara cumplida la sentencia de amparo sin exceso o defecto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 5. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en medios electrónicos. 6. Valoración. En términos del artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES CONSERVABLE. 7. Transferencia. Por otra parte, con apoyo en los artículos 17 y 26 del mencionado acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años, con apoyo de la Administración Regional del edificio sede de este órgano jurisdiccional, transfiérase al depósito documental que el área coordinadora de archivos haya designado para tal efecto. 8. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, virtud a que no se tramitó incidente de suspensión 9. Documentos originales. En términos del artículo 19 del citado acuerdo, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. 10. Constancia. Como lo establece el capítulo décimo tercero, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria María del Rocío Ayala Carrizales.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. 1. Se recibe oficio. Agréguese el oficio proveniente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual en atención a lo requerido en autos, remite las constancias respectivas con las que da cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 2. Vista con cumplimiento de ejecutoria. Por tanto, dese vista a las partes con lo anterior, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que este juzgado con desahogo de la vista o sin ella se pronunciará en relación con el cumplimiento del fallo protector Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Alma Delia Gámez Puga.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. 1. CAUSA EJECUTORIA. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal de que disponían las partes, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente juicio, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que lo hubieren hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que pase por alto que no se haya realizado el cómputo a la autoridad responsable para recurrir la resolución de mérito, pues en términos del párrafo segundo del artículo 87. 1.1 Requerimiento. Con fundamento en los artículos 192 y 258 de Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado y la actuaria de su adscripción, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, cumpla con la sentencia de amparo, cuyos efectos se constriñen a lo siguiente: "Dictar acuerdo de admisión y/o desechamiento de las pruebas ofrecidas en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas celebrada el seis de diciembre de dos mil veintidós, dentro del juicio ordinario laboral ********************. Notificar al quejoso el auto de admisión y/o desechamiento de pruebas. Tales efectos se fijan tomando en consideración el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que refiere que, cuando se reclaman violaciones a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el alcance de la protección constitucional debe delimitarse en función del acto reclamado". 1.2. Apercibimiento. Apercibidas que, en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes o gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, les será impuestas una multa individual de cien unidades de medida y actualización equivalente a $********************), en términos de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al procedimiento de inejecución establecido en el numeral 193 de la ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad competente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Miguel Ángel Ramírez Argüello.

  4. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 376/2023, promovido por Luis Segundo Arreola, por alegada violación de los artículos 1°, 8°, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado y otra autoridad, este órgano jurisdiccional ha decidido: CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERA. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado y el actuario adscrito: La omisión de impartir justicia de manera pronta y expedita, ya que no se ha dictado el auto de admisión de pruebas y su notificación dentro del expediente laboral 3C-1304/2021. SEGUNDA. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, virtud a que se reclaman omisiones de una autoridad residencia dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción esta potestad federal. TERCERA. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Presidenta y Actuaria de Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, lo anterior pues al rendir su informe justificado aceptaron expresamente su existencia. Además, se corrobora con las copias certificadas de las principales constancias que integran el expediente 3C-1304/2021, que acompañaron junto con su informe justificado, mismas que se les concede valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según se advierte de su numeral 2º. CUARTA. Estudio de las causales de improcedencia. Las partes no alegan causales de improcedencia, ni esta juzgadora advierte de oficio la actualización de alguna, por tal motivo, procede analizar los conceptos de violación. QUINTA. Examen constitucional de los actos reclamados. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir las desavenencias formuladas por la parte quejosa, pues no existe disposición que obligue a ello. Sin embargo, a efecto de cumplir con el principio de congruencia deviene ilustrativo sintetizarlas. El solicitante del amparo, aducen substancialmente que desde el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, se celebró la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, en la cual la autoridad responsable se reservó emitir el pronunciamiento respecto de la admisión de las pruebas ofrecidas, sin que hasta el momento de la presentación de la demanda se haya emitido tal acuerdo, con lo cual, violenta el derecho humano de acceso efectivo a una justicia pronta y expedita. Resultan fundados los argumentos expuestos por la parte quejosa en el único concepto de violación, atento a las siguientes consideraciones. En efecto, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. La característica de prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. En sentido inverso, esta garantía constitucional impone la prohibición de tramitar y resolver controversias fuera de los términos y plazos establecidos en las leyes, es decir, no debe transcurrir demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, pues la justicia tardía es una forma de injusticia. Ahora bien, conviene señalar que el artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo , aplicable al momento que fue promovido el juicio natural de donde emana el acto reclamado, en lo medular dispone que en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, el actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos, inmediatamente después el demandado hará lo mismo quien además podrá objetar las de su contraparte y aquél a su vez podrá objetar las del demandado, asimismo, que una vez concluido el ofrecimiento la Junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche. En caso contrario, la Junta se podrá reservar para resolver dentro de los cinco días siguientes. Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad responsable con su informe justificado se advierte que: A las nueve horas del seis de diciembre de dos mil veintidós, se llevó a cabo el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, prevista en el artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo, dentro de los autos del juicio ordinario laboral 3C-1304/2021, en la que, tanto el actor aquí quejoso como la parte demandada ofrecieron las pruebas que estimaron pertinentes, objetando cada una de ellas las de sus contrarias, respecto de lo cual la Junta responsable acordó en lo conducente lo siguiente: ".SE ACUERDA: (.) IV.- Para una mejor valoración de las pruebas esta actuante se reserva el acuerdo sobre la admisión o desechamiento de las pruebas, una vez que se emita será notificado a las partes que tengan señaladas en autos para tal efecto. (.)" Sin que a la fecha en que se resuelve el presente sumario constitucional, se haya emitido la determinación anunciada y se haya realizado la notificación respectiva, pues no existe constancia que demuestre lo contrario, máxime que así lo reconocieron expresamente las autoridades responsables al rendir su informe justificado. En ese contexto, es evidente que ha transcurrido un término excesivo -un poco más de cuatro meses- para que la Junta responsable dicte el acuerdo de admisión y/o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas celebrada el seis de diciembre del año inmediato anterior dentro del juicio laboral 3C-1304/2021, de conformidad con el citado artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo, que prevé que tal pronunciamiento deberá emitirse en un plazo de cinco días; no haberlo hecho de esa manera implica una paralización del procedimiento laboral de origen. Con lo cual la autoridad responsable inobserva lo establecido en el artículo 17 Constitucional, en cuanto refiere que la impartición de justicia debe ser pronta. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Acorde con lo anterior, resulta claro que la junta responsable no se ha ajustado al término legal que establece el artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo, aplicable al momento en que fue promovido el juicio natural de donde emana el acto reclamado. Luego, esa dilación ha originado que el procedimiento de origen no se desarrolle dentro de los términos establecidos en la ley, en contravención al derecho de una administración de justicia pronta, contenida en el artículo 17 constitucional. Tiene aplicación por identidad jurídica sustancial, la tesis: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional." En consecuencia, lo procedente es otorgar al quejoso Luis Segundo Arreola, la protección constitucional solicitada. SEXTA. Efectos del fallo protector. Con fundamento en el artículo 77, de la Ley de Amparo, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado y la actuaria de su adscripción, deberán: 1) Dictar acuerdo de admisión y/o desechamiento de las pruebas ofrecidas en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas celebrada el seis de diciembre de dos mil veintidós, dentro del juicio ordinario laboral 3C-1304/2021. 2) Notificar al quejoso el auto de admisión y/o desechamiento de pruebas. Tales efectos se fijan tomando en consideración el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que refiere que, cuando se reclaman violaciones a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el alcance de la protección constitucional debe delimitarse en función del acto reclamado. Por último, no se soslaya que la fiscal adscrita a este órgano jurisdiccional formuló alegatos; sin embargo, como éstos constituyen simples opiniones o apreciaciones no tienen la fuerza procesal que la ley reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que resulta innecesario pronunciarse de esas manifestaciones. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 27/94, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Luis Segundo Arreola, contra los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el considerando primero; y, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Andrea Estephania Ortiz León.

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