Luis Roberto Guillén López

Expediente 582/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
582/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
27/06/2022

Partes del expediente

  • Luis Roberto Guillén López

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee: Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado en el presente juicio el ocho de junio pasado, que desechó la demanda; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se desechó la demanda de amparo, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese a las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. CUMPLE PREVENCIÓN. Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso Luis Roberto Guillen López, por medio del cual cumple con la prevención que le fue formulada mediante proveído de treinta de mayo de dos mil veintidós. SE DESECHA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Luis Roberto Guillen López, por propio derecho, contra actos de los integrantes de los Plenos de las Juntas Especiales Números Uno, Dos, Tres, Cuatro y Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado y otra autoridad. Tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Ahora bien, de la lectura íntegra del escrito de demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama: De los integrantes de los Plenos de las Juntas Especiales Números Uno, Dos, Tres, Cuatro y Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado: La negativa de prestar o dar información de los expedientes en los que es abogado representante de alguna de las partes, bajo diversas excusas, entre ellas, que el horario de atención es únicamente de las trece treinta horas y una vez que acude dentro del referido horario, no se encuentran los integrantes del pleno para brindarle información, lo que trae como consecuencia, la omisión de las responsables de otorgar justicia pronta y expedita en los juicios que gestiona. Del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado: La circular 002/2022, en la que se establecen los horarios vigentes a partir del cuatro de abril de dos mil veintidós, para desistir de demandas individuales de trabajo, celebración de convenios dentro del juicio, pago de convenios celebrados dentro del juicio, pago de laudos y consulta de expedientes, en las Juntas Especiales del Estado, correspondiendo a Morelia, el horario de trece horas a catorce horas con treinta minutos, asimismo, limita el número de personas a ingresar, atendiendo en todo momento los filtros sanitarios, la sana distancia y el uso obligatorio de cubrebocas. En ese sentido, la demanda se analizará en forma separada por cada acto reclamado a cada autoridad responsable. En ese sentido, por lo que hace al acto reclamado a los integrantes de los Plenos de las Juntas Especiales Números Uno, Dos, Tres, Cuatro y Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, resulta notoriamente improcedente, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, ambas de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]." De la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, se advierte que el amparo indirecto procede contra actos dentro de juicio que tengan efectos de imposible reparación. Por lo que si se aplica esta última disposición en sentido contrario, se concluye que el juicio de amparo indirecto no procede contra actos emanados dentro de una contienda jurisdiccional, que no tengan efectos de imposible reparación. El concepto de irreparabilidad está definido por la propia norma e interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no es susceptible de reparar con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación del derecho fundamental de que se trate; b) En contraposición, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, aun cuando puedan calificarse como de grado predominante o superior, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En ese contexto, un acto intraprocesal tiene una ejecución de imposible reparación cuando causan un perjuicio material a los derechos fundamentales del quejoso de forma tal que el daño no puede enmendarse aunque se obtenga una decisión favorable; como ejemplo se citan el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos, arresto, entre otros, sujetos también a las reglas previstas para el principio de definitividad. Así se advierte de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) IV.2o.C. J/2, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación5, de rubro y texto: Así se advierte de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) IV.2o.C. J/2, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En ese contexto, se considera que los actos que reclama en esa instancia constitucional el quejoso no constituyen actos dentro de juicio de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, toda vez que, el quejoso no señala en su escrito de demanda ni en el de cumplimiento de prevención, algún acto en específico de dilación procesal u omisión que se haya generado dentro de cada uno de los juicios laborales en los que refiere ser parte, derivado de la prestación de expedientes dentro del horario fijado por la Presidenta de la Junta. Esto es, para que el juicio de amparo sea procedente en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, es necesario que exista dentro de cada uno de los expedientes en los que refiere el quejoso es parte, una actuación concreta por parte de las juntas que señala como responsables que haga evidente una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. De los datos que proporciona hasta este momento, únicamente se advierte que los actos reclamados los hace depender de una organización interna de las juntas al prestar los expedientes dentro del término que de manera interna se fijó, y el impacto que ello genera al no poder revisar los expedientes en los horarios que él desea. Actos que no evidencian una afectación concreta a derechos sustantivos, en cada uno de los juicios laborales en los que dice es parte, y que haga procedente el juicio de amparo en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Por otro lado, por lo que hace al acto reclamado al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, se estima que en el caso se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis a que se refiere el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 1°, fracción I, y 5, fracción II, del mismo ordenamiento legal. Lo anterior es así, dado que en el caso concreto, contario a lo que expone la parte quejosa, la autoridad que fue señalada como responsable no tienen ese carácter para los efectos del juicio de amparo. Para corroborar lo anterior, conviene determinar cuándo se está en presencia de un "acto de autoridad para efectos del juicio de amparo" y para ello se requiere la presencia de mayores elementos, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Como es de verse, los elementos referidos en los anteriores incisos, no se satisfacen para tener como autoridad responsable a la señalada, para los efectos del juicio de amparo que nos ocupa. Ello es así, pues el quejoso reclama la circular 002/2022, en la que se establecen los horarios vigentes a partir del cuatro de abril de dos mil veintidós, para desistir de demandas individuales de trabajo, celebración de convenios dentro del juicio, pago de convenios celebrados dentro del juicio, pago de laudos y consulta de expedientes, en las Juntas Especiales del Estado, correspondiendo a Morelia, el horario de trece horas a catorce horas con treinta minutos, asimismo, limita el número de personas a ingresar, atendiendo en todo momento los filtros sanitarios, la sana distancia y el uso obligatorio de cubrebocas, misma que fue emitida con la finalidad de establecer las medidas preventivas frente a la emergencia sanitaria derivada del virus SARS-COV2 (COVID-19), al interior de las Juntas del Estado de Michoacán y preservar la salud, tanto de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y/o administrativas, así como abogadas y abogados postulantes, personas justiciables y demás público en general que acuden a las instalaciones de las Juntas para realizar trámites legales en las diferentes áreas y sedes de la extensión de la Entidad y estar en posibilidad de dar cumplimiento a las estrategias de actividades que se desarrollan en esta etapa de contingencia y regreso a la "nueva normalidad", así como la reapertura de la actividad jurisdiccional y administrativa. En ese tenor, se estima que en el caso no estamos en presencia de un acto de autoridad, en razón de que el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, emitió la Circular Número 002/2022, para que se establezcan las medidas preventivas frente a la emergencia sanitaria derivada del virus SARS-COV2 (COVID-19), al interior de las áreas jurisdiccionales y administrativas de las Juntas y preservar la salud, tanto de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y/o administrativas, así como abogadas y abogados postulantes, personas justiciables y demás público en general que acuden a sus instalaciones para realizar trámites legales y/o administrativos. Ello es así, pues la Circular que reclama la parte quejosa fue emitida por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado en uso de la facultad que tiene para la organización de las labores internas. Es decir, dicha circular reclamada no tiene el carácter de reglamento gubernativo o de policía, ya que fue expedido por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, en la esfera administrativa, para establecer las medidas preventivas frente a la emergencia sanitaria derivada del virus SARS-COV2 (COVID-19), al interior de las áreas jurisdiccionales y administrativas de las Juntas para lograr la atención a las partes respetando las medidas sanitarias establecidas y preservar la salud de las personas que trabajan ahí y los que acuden a realizar sus trámites. Apoya lo anterior la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen 139-144, Tercera Parte, página 195, Séptima Época, registro digital 237867, que establece: "CIRCULARES. Las circulares no tienen el carácter de reglamentos gubernativos o de policía, pues en tanto que éstos contienen disposiciones de observancia general que obligan a los particulares en sus relaciones con el poder público, las circulares, por su propia naturaleza, son expedidas por los superiores jerárquicos en la esfera administrativa dando instrucciones a los inferiores sobre el régimen interior de las oficinas, o sobre su funcionamiento con relación al público, o para aclarar a los inferiores la inteligencia de disposiciones legales ya existentes; pero no para establecer derechos o imponer restricciones al ejercicio de ellos. Aun en el caso de que una circular tuviera el carácter de disposición reglamentaria gubernativa, para que adquiriese fuerza debería ser puesta en vigor mediante su publicación en el Diario Oficial, puesto que las leyes y reglamentos solo pueden obligar cuando son debidamente expedidos, publicados y promulgados. También podría aceptarse que el contexto de una circular obligara a determinado individuo, si le ha sido notificada personalmente; pero si tal circunstancia no se acredita por la autoridad responsable, los actos que se funden en la aplicación de una circular resultan atentatorios." Con base en lo expuesto, se considera que la Circular que se reclama no puede ser considerado un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues a través de este no se crearon, modificaron o extinguieron situaciones jurídicas en forma unilateral u obligatoria en perjuicio de la parte quejosa. Pues se insiste, la circular reclamada fue emitida para que, en conjunto con el protocolo citado, organizar y administrar el interior de las áreas jurisdiccionales y administrativas de las Juntas y preservar la salud de sus trabajadores y de los usuarios. No varia el anterior criterio el hecho de que el quejoso refiere que la circular no se encuentra firmada por la Presidenta de la Junta Local; pues como se hizo notar, se trata de un documento que regula el funcionamiento administrativo de las juntas, que no tiene el carácter de una disposición reglamentaria gubernativa, que requiera de firma para su firmeza; aunado, no precisa algún conceptos de violación encaminado a combatir la falta de firma en la aludida circular. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable las causales de improcedencia citadas, resulta improcedente la demanda de amparo y, por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por la vía electrónica. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Estado de autos, pronunciamiento causa estado. De la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de inconformidad en contra de la resolución de veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, aplicados en sentido contrario, se declara que la misma ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración del amparo. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que por una parte, se sobreseyó en el juicio y por otra, se concedió la protección constitucional, se determina que el presente sumario es susceptible de DEPURACIÓN. Destino del expediente y transferencia. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar la demanda, resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que le otorga autoridad de cosa juzgada y la presente determinación, donde se declara el archivo definitivo. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Devolución de documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese a las partes en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria que autoriza y da fe.

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