Luisa Heréndira y/o Luisa Eréndira Maya Aviles
Expediente 83/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 83/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 04/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Luisa Heréndira y/o Luisa Eréndira Maya Aviles
- Junta Local de Conciliación y Arbitraje Número Especial 6, en Zamora, Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de enero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Causa ejecutoria sentencia. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no impugnaron dentro del plazo legal la sentencia dictada en el presente juicio; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se sobreseyó en el juicio, se determina que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente (destrucción, principal). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Valoración del incidente de suspensión. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se concedió la medida cautelar solicitada, se determina que los autos originales del incidente de suspensión es susceptible de DEPURACIÓN. Destino del expediente y transferencia. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión, su incumplimiento y el proveído que acuerde sobre su archivo como asunto concluido. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante; en conjunto con el expediente principal, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Destino del duplicado. Ahora, por lo que ve al duplicado del presente cuadernillo, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo su destrucción, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado, ello, siempre y cuando exista el expediente original. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese; mediante lista que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la licenciada Maira Flor López Valencia, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado Michoacán, encargada del Despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/5024/2021, de seis de diciembre de dos mil veintiuno, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no obra constancia de la notificación del oficio 4581/2021, dirigido a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje Número Especial Seis en Zamora, Michoacán, derivado de la sentencia dictada dentro del juicio en que se actúa. Por tanto, en obvio de mayor dilación procesal, se comisiona a uno de los actuarios judiciales adscritos, para el efecto de que reexpida y envíe el citado oficio, por medio de correo electrónico, para lo cual deberá dejar constancia en autos de su envío y confirmar su recepción; y, sólo en el caso de que ello sea imposible, los remita vía mensajería acelerada "ESTAFETA", debiendo agregar la constancia correspondiente en los expedientes impreso y electrónico. Notifíquese; mediante lista que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria que autoriza y da fe.
- Incidental
Acto seguido, la secretaria hace relación de las constancias existentes en autos en las que destaca por su importancia las siguientes: 1. Copia de la demanda de amparo; 2. Auto de dos de febrero de dos mil veintiuno, en que se concedió la suspensión provisional; y, 3. Informe previo. La Juez acuerda: Téngase efectuada la relación de constancias existentes en actuaciones y por rendido el informe previo. Se abre el periodo probatorio: en el que la secretaria hace constar con las pruebas documentales ofertadas por la parte quejosa y la autoridad responsable. La Juez acuerda: Con sustento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa y a la autoridad responsable, ofertando pruebas documentales. Enseguida, abierta la etapa de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos y que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no exhibió pedimento. Al efecto, la Juez, acuerda: Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, téngase a las partes por omisas en formular alegatos. Con lo anterior, se da por concluida esta fase de la audiencia y se procede a dictar la resolución correspondiente. RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA V I S T O S, los autos que integran el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto 83/2021; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Luisa Heréndira Maya Avilés y/o Luisa Eréndira Maya Avilés, promovió juicio de amparo indirecto contra la autoridad y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE: ORDEN AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO DEL INFORME 1 JUNTA ESPECIAL NÚMERO SEIS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, CON RESIDENCIA EN ZAMORA, MICHOACÁN. CIERTO ACTOS RECLAMADOS: La omisión por parte de la autoridad responsable de administrar justicia en los plazos y términos fijados por la ley dentro del juicio laboral 215/2020; esto es, no acordar la demanda laboral presentada el seis de julio de dos mil veinte. SEGUNDO. Mediante auto de dos de febrero de dos mil veintiuno, se ordenó abrir este incidente de suspensión y se señaló fecha para la celebración de la audiencia incidental la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 y 125 de la referida Ley de Amparo. SEGUNDO. Verificación de certeza del acto reclamado. Acto existente. La autoridad responsable negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, a su informe previo, no anexó documental idónea que dé sustento a su negativa. Ahora, no se inadvierte que a la fecha, en autos del juicio de amparo se encuentra rendido su informe con justificación y, que éste y sus constancias anexas, pudieran ser consideradas para efectos de resolver sobre suspensión definitiva; sin embargo, ello se estima improcedente, si se toma en consideración que tanto el incidente de suspensión como el juicio de amparo se tramitan por cuerda separada. Más aún, porque los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución Federal y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, lo cual resulta ser relevante en el caso, si se considera la naturaleza omisiva del acto reclamado que en el caso no impide su procedencia. Por esa razón, en el caso, resulta viable ponderar el asunto con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios); pues será en el juicio de amparo donde se valore la negativa expresada por la autoridad responsable y las documentales en que la sustente. Lo anterior, a efecto de no emitir un juicio anticipado que implique prejuzgar sobre una determinación o valoración que corresponde efectuar en el juicio principal. TERCERO. Se concede suspensión. Es procedente conceder la suspensión en razón de que se acreditan colmados los requisitos contenidos en los artículos 128 y 139 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y, II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional". La promovente del amparo solicita la suspensión del acto reclamado, por lo que se encuentra satisfecho el primer requisito. La segunda condicionante también se actualiza, habida cuenta que no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público. Por último, conviene asentar que de no conceder la suspensión solicitada se ocasionaría una afectación a la quejosa pues se continuaría con una actitud omisiva por parte de la responsable en hacer pronunciamiento sobre la demanda laboral presentada el seis de julio de dos mil veinte. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: I. La apariencia del buen derecho; II. Las posibles afectaciones al interés social; y, III. La posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal. Ahora bien, tomando en consideración que la quejosa reclama la omisión por parte de la responsable de hacer pronunciamiento respecto del escrito de demanda laboral que presentó el seis de julio de dos mil veinte. En ese orden, se justifica la concesión de la suspensión definitiva dado que, uno de los requisitos que condicionan la procedencia de la medida cautelar, es que la naturaleza del acto permita que sea suspendido, para después verificar el cumplimiento de las exigencias de carácter legal, entre ellas, que no se constituya un derecho y que del análisis ponderado entre la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación al interés público, sea mayor la afectación que pueda resentir la parte quejosa que, en su caso, la sociedad. Para abordar la primera interrogante, conviene tener presente el contenido del artículo 147 de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo." Del precepto reproducido se advierte que, en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación que habrá de imperar y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio hasta su terminación, pudiendo establecer requisitos de efectividad. Asimismo que, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que todo se mantenga en el estado que guarde y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente a la quejosa en el goce del derecho violado mientras se dicta ejecutoria en el juicio de amparo. En otras palabras, conforme al precepto analizado, de ser procedente la suspensión, y atendiendo a la naturaleza del acto, el juzgador ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser posible material y jurídicamente, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado en tanto se falla el juicio en lo principal. Con base en lo anterior, es claro que, atendiendo a cada caso en concreto y sin importar si el acto reclamado tiene carácter positivo o negativo, en vista de que la norma no hace distinción al respecto, sino con miras únicamente a las implicaciones que pueda tener en la esfera de derechos del agraviado, el juzgador podrá conceder la suspensión y fijar la situación que habrá de imperar, ordenando que todo se conserve en el estado en que se encuentra y, en su caso, de resultar jurídica y materialmente factible, restablecer de manera provisional a la quejosa en el disfrute de la prerrogativa que le fue afectada. Lo anterior se sostiene, ya que la redacción del mencionado precepto atiende a un fin garantista, que su propósito es otorgar una protección amplia e integral a los derechos de las personas; de ahí que el legislador, a través de la institución de la suspensión en la forma en que actualmente está regulada en la Ley de Amparo, buscó satisfacer una doble función: por un lado, conservar la materia de la controversia y, por otro, evitar que las personas sufran afectaciones a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto mediante el restablecimiento provisional del derecho transgredido. Conviene precisar que, tal como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios, en la actualidad la suspensión no solamente tiene una función de esa naturaleza, como gramaticalmente podría considerarse, sino que, en virtud de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, puede fungir como una medida restitutoria provisional de los derechos que se han visto afectados con motivo de un acto que, sin importar si implica un hacer o un no hacer, como acontece tratándose de los actos negativos, dada su propia naturaleza y características, involucra un menoscabo en la esfera jurídica del gobernado al tener efectos que perduran en el tiempo y que no se agotan en un solo momento. Tal como en el caso, en que la omisión de la responsable de hacer pronunciamiento respecto del escrito de demanda laboral que presentó la ahora quejosa el seis de julio pasado, genera una afectación sucesiva, en tanto que involucra que la parte quejosa no cuente con una respuesta sobre sus peticiones. En ese tenor, además de existir la apariencia del buen derecho y un inminente peligro en la demora, otro aspecto determinante que debe servir de parámetro para ordenar el restablecimiento provisional de la prerrogativa violada es que exista la posibilidad de hacerlo tanto jurídica como materialmente. En el presente caso, la responsable jurídica y materialmente está en condiciones de hacer pronunciamiento respecto del escrito presentado el seis de julio pasado, pues como se advierte de las propias constancias que adjuntó la quejosa al escrito de demanda de amparo, fue presentado en esa fecha ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje Número Seis con residencia en Zamora, Michoacán; circunstancia que no es definitiva, sino provisional, puesto que en la sentencia definitiva se puede determinar lo contrario y, de ser el caso, variar el efecto para el que fue concedida la suspensión. De ahí que existen elementos de juicio que permiten en este momento hacer una ponderación sobre la apariencia del buen derecho, pero sobre todo, atendiendo a que la quejosa tiene la calidad de trabajadora en el juicio de origen, y conceder la suspensión definitiva, como lo prevé el citado artículo 138 de la Ley de Amparo. Bien, como quedó precisado, para determinar si es posible suspender el acto reclamado a través de una medida precautoria en el amparo, se requiere de la existencia de una apariencia del buen derecho lo suficientemente fuerte para evidenciar la notoria inconstitucionalidad del acto reclamado de manera que, la concesión de la suspensión, sirva incluso como un adelanto provisional de los efectos protectores de una sentencia de amparo. Debe tenerse presente que los tribunales federales han conceptualizado a la apariencia del buen derecho como aquella pretensión seria de carácter provisional de inconstitucionalidad del acto reclamado, a fin de estar en aptitud de confrontar, de manera concreta y valorada, el interés individual frente al orden público e interés social. Para este examen del interés particular el juzgador debe tomar en cuenta las manifestaciones expresadas bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo, analizando, la verosimilitud del derecho que pudiera proyectarse sobre la posibilidad real y efectiva de que sea concedida en el fondo, la protección constitucional. A partir de las anteriores premisas, esta juzgadora considera que en el caso, sí es viable conceder la medida cautelar puesto que al encontrarse en controversia los derechos del trabajador, atendiendo a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora, se debe proteger, aunque sea de manera temporal, sus prerrogativas constitucionales y legales, lo cual es factible realizar a través de la emisión de una medida cautelar que dure hasta la emisión de la sentencia ejecutoriada, y ello se logra a través de la suspensión de los actos reclamados. De tal suerte que, conforme el artículo 147 de la Ley de Amparo, el juzgador puede tomar las medidas necesarias para evitar que se defrauden los derechos del trabajador, hasta en tanto se dicte lo relativo a la suspensión definitiva. Aunado a que, al realizar un análisis ponderado entre la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la posible afectación al interés social o al orden público, esta Juzgadora advierte que con la concesión de la suspensión, no se afecta al interés social ni se violan normas de orden público. Luego, tomando en consideración que la omisión implica un no actuar de la autoridad en materia laboral que impide que la trabajadora -aquí quejosa-, obtenga respuesta a una demanda laboral, resulta procedente conceder la suspensión. Si bien es cierto que, la principal finalidad de la suspensión es impedir que el acto reclamado se materialice y, con ello, impedir que el derecho subjetivo cuya salvaguarda se solicita en la instancia constitucional no sufra daños de difícil o imposible reparación. Excepcionalmente, la suspensión en el amparo también puede tener efectos restitutorios; para ello, se toma en cuenta la naturaleza de los actos reclamados y se realiza un ejercicio de ponderación entre el interés suspensional de la quejosa y la posible afectación al orden público e interés social. Es así que atendiendo a dichas circunstancias, emerge la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora como un instrumento ágil y eficaz para restituir provisionalmente a la peticionario en el ejercicio o disfrute del derecho del cual se dice agraviada. Bajo esa premisa, la suscrita juzgadora considera que atendiendo a las particularidades que presenta el caso en concreto, después de realizar una ponderación a la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, procede CONCEDER la suspensión definitiva, para que la autoridad responsable, con plenitud de jurisdicción, atienda el escrito presentado el seis de julio de dos mil veinte, y haga el pronunciamiento relativo; siempre y cuando a la fecha esto no haya acontecido. Tiene aplicación la jurisprudencia por contradicción 1a. /J.70/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, de la Décima Época, visible en la página 286, con número de registro 2021263, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." Se reitera que la presente determinación se emite para no prejuzgar sobre el fondo del asunto, pues ello será objeto de estudio en el cuaderno principal del cual derivan los presentes cuadernos incidentales. GARANTÍA. La suspensión concedida surte efectos desde luego, sin necesidad de que la parte quejosa otorgue garantía, pues de momento no se advierte alguna afectación al tercero. Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 122 a 144 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: ÚNICO. Se concede a Luisa Heréndira Maya Avilés y/o Luisa Eréndira Maya Avilés, la suspensión definitiva, dentro del cuaderno incidental 83/2021. Notifíquese a las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe con justificación del Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con residencia en Zamora, Michoacán; dese vista a las partes con él, para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Prueba documental. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecidas las documentales exhibidas por la autoridad oficiante, sin perjuicio de relacionarlas y recibirlas en la audiencia constitucional. Notifíquese; mediante lista que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria que autoriza y da fe.
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